A pocas horas de que su nombre completo circulara por las redes sociales y hasta en documentos judiciales, la Fiscalía informó sobre el ingreso del testigo del crimen contra Fernando Villavicencio al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (SPAVT). Sucedió la mañana de este martes, 10 de octubre, durante la audiencia de revisión de la medida cautelar que tenía esta persona. 

Desde el pasado 2 de septiembre, el testigo fue vinculado a un proceso por delincuencia organizada, un caso distinto al proceso que la Fiscalía sigue por el asesinato del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto. En ese expediente consta que el testigo es parte de una banda delincuencial que opera en el sur de Quito. Pero algunos de los miembros de esa organización sí fueron vinculados al caso de Villavicencio. Por el caso de delincuencia organizada, un juez le dictó presentaciones periódicas, grillete y prohibición de salir del país.

Pero esas medidas fueron revocadas este martes, cinco días después de que otros siete detenidos por el magnicidio de Villavicencio fueran asesinados en la Penitenciaría del Litoral (seis) y en la cárcel de El Inca (uno), en Quito. La Fiscalía argumentó que las presentaciones periódicas podrían poner en riesgo al testigo porque lo podrían vigilar. El mismo razonamiento dio para el uso del grillete. El ingreso del testigo al SPAVT garantizará la comparecencia al proceso, según el Ministerio Público.

El juez aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso que se informe al Servicio de Apoyo Migratorio y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) para que deje sin efecto la prohibición de salida del país y el retiro del grillete al testigo.

La Fiscalía relaciona al testigo y a otra persona procesada con el asesinato de Villavicencio porque ambos habrían usado dos motocicletas para el atentado. Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, afirmó que el testigo no pudo llegar al lugar y la hora pactada porque su moto se dañó. “Pero él conocía a quien iban a asesinar, quién los contrató y la manera en que iba a participar cada uno”, dijo. Sarauz ha dicho que cree en esa versión porque ha sido corroborada con la de los sicarios que terminaron muertos. Además, dio nombres, según confirmó

El delator rindió su versión bajo juramento, desde las 11:30, del pasado domingo, en la Cámara de Gesell de la Unidad Judicial de Garantías Penales, con sede Iñaquito, en el norte de Quito. Además del testigo, estuvieron presentes la fiscal del caso, los abogados y defensores públicos de los procesados, y un psicólogo. La jueza Irene Pérez dirigió la diligencia. El testimonio quedó grabado en audio y video y bajo custodia de esa Unidad Judicial. 

Pero pocas horas después, circularon las primeras versiones sobre ese testimonio. Uno de los primeros en reaccionar fue expresidente Rafael Correa. A las 16:31, de ese domingo, Correa escribió en su cuenta de la red social X: “Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que de falso testimonio contra nosotros, a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad”.

A estar listos. Como en la primera vuelta, están desesperados. A propósito aumentaron un mes la investigación del asesinato de Villavicencio para que termine el 10 de octubre. Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que de falso testimonio contra…

— Rafael Correa (@MashiRafael) October 8, 2023

Pasadas las 21:00, Christian Zurita, amigo de Villavicencio y quien lo reemplazó en las elecciones, dio detalles de lo que habría mencionado el testigo. “Señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el ‘gobierno de Correa’. Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar. Es su fin”, escribió también en X. También contó que el valor pactado para terminar con la vida de Villavicencio fue de USD 200.000. 

#Urgente: Testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar (y que se encontraba protegido) señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el "gobierno de Correa". Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar. Es su fin

— christian zurita :. (@christianzr) October 9, 2023

#Urgente: el valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue 200 mil dólares. Existió un 1er intento el 1 de junio en la gran caravana de Santo Domingo, lo concretaron el 9 de agosto. El responsable es "el gobierno de Correa", dice el testigo bajo juramento

— christian zurita :. (@christianzr) October 9, 2023

Zurita agregó que, antes del 9 de agosto, los sicarios intentaron atentar contra la vida del político durante una caravana en Santo Domingo, el 1 de julio. Su paso por esa ciudad quedó grabada en las redes sociales de Villavicencio. 

A estas reacciones se sumó la de José Serrano, exministro del Interior del gobierno de Correa. “A pocas horas de cerrar la instrucción fiscal del asesinato de Fernando Villavicencio, se nos pretende, con falso positivo, endilgarnos una responsabilidad por haber denunciado la permanente corrupción”, expresó el ex alto funcionario en un video publicado en X. Según él, las denuncias que ha hecho sobre el caso León de Troya serían el motivo para relacionarlo con el caso. Informó que entregó una copia del contenido de su teléfono, computadora y de su Ipad a su abogado para que se realice un peritaje. 

Ahora, uno de los principales delatores del caso cuenta con resguardo policial. La misma Fiscalía, en un comunicado oficial, confirmó que el testigo “narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen”. Con estos insumos, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación para dar con los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. 

#COMUNICADO | En torno al cierre de la instrucción fiscal sobre el presunto asesinato del excandidato a la Presidencia, Fernando V., #FiscalíaEc informa  pic.twitter.com/fV4tH43RLT

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 9, 2023

El testigo tiene un pasado judicial importante. Fue relacionado a cuatro procesos por tráfico de armas, de drogas, receptación y el más reciente que es por delincuencia organizada. 

Un ajetreado cierre de la instrucción fiscal

A las 23:23 del sábado, 7 de octubre, apareció una razón en el sistema judicial. Era el pedido de la Fiscalía, que había llegado a la Unidad Judicial de Anticorrupción, para la realización de dos diligencias urgentes a un día de que se cierre la instrucción fiscal del caso Villavicencio. Una de ellas era la toma del testimonio anticipado del testigo. 

Ese mismo día, a las 23:35, la jueza fijó el día y hora para la audiencia. El documento judicial, firmado por la secretaria de esa unidad, fue el que reveló el nombre completo del testigo y su número de cédula. Posteriormente, una vez que la Fiscalía informó de esta diligencia, cuentas de medios correístas publicaron esa acta con los nombres completos en redes sociales. Después, el Ministerio Público recordó que revelar la identidad de un testigo protegido está penado por la ley. 

La segunda diligencia urgente que la Fiscalía pidió a la jueza fue la autorización para la apertura de la aplicación de WhatsApp de 10 números telefónicos con el fin de examinar y extraer la información que contienen, tales como imágenes, videos, números telefónicos y más información que tengan relación con el caso. El periodo de extracción se fijó desde el 1 de enero de 2023 hasta el 4 de septiembre de 2023. 

El 6 de octubre, la Fiscalía también solicitó una audiencia privada para la apertura y extracción de contenido de los celulares de Christian Zurita, Carlos Figueroa, Patricio Carrillo y tres personas más del círculo cercano de Villavicencio. 

El expediente tiene más de 400 páginas, que tiene como anexo dos CD. Esto se conoce porque uno de los procesados, Carlos Edwin A.L., pidió a la Unidad Judicial que le entregara una copia certificada para apelar la prisión preventiva que existe en su contra. 

Se busca director para la Penitenciaría 

El teniente José Antonio M. V. estuvo pocos días al frente de la Penitenciaría como director encargado cuando seis involucrados en el caso Villavicencio fueron asesinados en ese centro, el pasado viernes, 6 de octubre. En el sistema judicial, apenas existe un proceso constitucional que debió atender como el representante legal de ese centro penitenciario. 

La designación le llegó después de que su antecesor, Jimmy Ronald Sánchez Loayza, fuera vinculado a un proceso por omisión. Esto sucedió el pasado 4 de agosto, cuando militares y policías ingresaron a la Penitenciaría y encontraron gran cantidad de municiones, droga y celulares. Sánchez fue detenido, pero quedó libre al siguiente día porque, según el juez que conoció el caso, no estaba cometiendo ningún delito y tampoco se le encontró con  evidencias. 

Tras el asesinato de los seis implicados, “nadie quiere hacerse cargo de la Penitenciaría”, dijo Fausto Cobo, actual director encargado del SNAI, en las entrevistas que diera este martes.  Cobo regresó por tercera vez a dirigir esta institución después de que el presidente Lasso destituyera a Luis Ordóñez. Cobo dijo que una mujer aceptó el cargo de directora subrogante de la Penitenciaría y la calificó de valiente. “A ver ecuatorianos aquí está un trabajo digno, un trabajo honesto, valiente, de responsabilidad en la Penitenciaría del Litoral. Y si no aceptan le voy a apoyar a esa señora y voy a estar yo allí con casco y chaleco antibalas”, manifestó Cobo, quien además es director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). 

A pesar de que Cobo inició una gira de medios esta semana -algo inusual en los directores del SNAI- poco o nada dijo sobre los hechos relacionados con los sicarios asesinados. Según trascendió, hubo un reporte de inteligencia que alertaba sobre el riesgo que corrían. Cuando el periodista Milton Pérez le preguntó por qué no se cambió de cárcel a estos detenidos y quién detuvo esos traslados, Cobo manifestó: “La justicia va a determinar eso. Yo no puedo interferir en el tema que ya está aperturado, que es una indagación previa, yo no he hecho las leyes”. 

Bajo ese argumento, Cobo no ha dado detalles de lo que pasó en la Penitenciaría. “No me gusta ir más atrás, me toca asumir lo que me toca asumir. Las cárceles no son el cielo sino el infierno”, reconoció el funcionario que ha insistido que la situación de las cárceles no se van a solucionar ni en los dos meses que estará al frente del SNAI hasta el cambio de gobierno, pero tampoco “en dos años”. Cobo manifestó que el poder del narcotráfico ha logrado infiltrar estas estructuras. 

Pero el principal problema de las cárceles, según Cobo, fue haber ubicado a los presos por bandas en lugar de haber sido clasificados por su peligrosidad. “Esto no se puede cambiar de la noche a la mañana”, justificó Cobo y agregó que para reorganizarlas se necesita una cárcel libre. 

Ahora, el exdirector de la Penitenciaría está detenido en la cárcel N.4, en Quito. Cobo aseguró que tanto él como los seis involucrados en el caso de Villavicencio que aún están con vida están con las seguridades adecuadas.