La transmisión de la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos, la tarde del 31 de enero, inició con la imagen de un ministro en primer plano. Era Pedro Álava, titular de Agricultura y Ganadería (MAG), quien apareció sorpresivamente. Estaba conectado desde su celular y lo tenía tan cerca que su rostro llenaba la pantalla. Pero apenas inició el video, lanzó un reclamo antes de que el presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, instalara la sesión. “Yo tengo aquí 13 minutos esperando”, dijo Álava y después desapareció de la transmisión y de la sesión.

El ministro Pero Álava apareció por pocos segundos al inicio de la transmisión de la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos. El tema a tratar era el caso Furukawa. 

Álava fue convocado para comparecer por el caso Furukawa ante la Comisión que ha llamado a instituciones y ministerios para que informen sobre el cumplimiento de las medidas de reparación para los trabajadores y extrabajadores de la empresa de capital japonés dedicada a la exportación de abacá.

El 15 de enero de 2021, el juez constitucional Carlos David Vera Cedeño aceptó la acción de protección que 123 jornaleros solicitaron contra el Estado y contra esta compañía por vulnerar sus derechos durante casi seis décadas. El 15 de octubre de 2021, la Corte Provincial de Santo Domingo ratificó la sentencia. Y con ello, estableció medidas de reparación a favor de los demandantes. A estas resoluciones, se ha sumado la Fiscalía quien investiga a gerentes y exgerentes de Furukawa por trata de personas con fines de explotación laboral.

El fallo a favor de los trabajadores ha sido considerado histórico, pues Furukawa es la primera empresa del Ecuador y segunda de la región sentenciada por esclavitud moderna. Pero a las comparecencias en la Asamblea, los titulares de los ministerios encargados de esas reparaciones no se han presentado. A excepción de Álava, que tuvo un aparecimiento fugaz para reclamar por el atraso de la Comisión. Nadie entendió si Álava tenía previsto participar o no. Él ya había delegado por escrito, al igual que otros ministros, a sus funcionarios la tarea de contar qué han hecho estos meses para cumplir la sentencia.

El juez Vera dispuso como medida de reparación la entrega de cinco hectáreas para cada uno de los 123 abacaleros demandantes, es decir un total de 615 hectáreas que debían ser expropiadas a la empresa. También dispuso una indemnización económica por los años de trabajo y por mutilaciones sufridas en sus jornadas laborales. En segunda instancia, aunque la Corte ratificó la primera resolución, modificó esas dos medidas. En su aclaración a la sentencia, emitida el 9 de noviembre, la Corte estableció que esas medidas económicas deben “conjugarse” en una sola. Para las organizaciones y los demandantes, esa decisión pone en riesgo la reparación integral.

En ese contexto, la Corte dispuso al MAG que determine si la tierra rural, de propiedad de Furukawa y que comprende 34 haciendas, “cumple su función social y ambiental”. La Ley de Tierras Rurales ecuatoriana establece que en este tipo de predios debe haber actividades productivas permanentes y generar trabajo familiar y empleo (función social), además contribuir al desarrollo sustentable y tener un uso racional del suelo (función ambiental). Esta ley da competencias al MAG para “expropiar tierras rurales de dominio privado que no cumplan con la función social o la función ambiental”.

El encargado de hablar sobre este tema fue Luis Alfredo Muñoz, viceministro de Desarrollo Rural del MAG, quien tampoco explicó sobre el paso fugaz del ministro Álava. Pero lo primero que hizo fue enfatizar que el MAG nunca fue contraparte procesal de la acción de protección. Es decir, los demandantes no incluyeron a ese ministerio entre sus demandados. 

Con esa acotación, el funcionario informó que el 17 y 21 de junio de 2021 se comunicó a los directores distritales de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo para que ejecutaran la parte que les correspondía de la sentencia. El 28 de junio de ese año, la Subsecretaría de Tierras hizo una inspección en los predios de Santo Domingo y Esmeraldas inclusive “con la participación de la Policía Nacional”, dijo Muñoz. Sostuvo que, en ese día, los funcionarios no pudieron ingresar porque “existe una posesión por parte de los extrabajadores”.

Ser abacalero implica un esfuerzo físico arduo. Pero en la empresa Furukawa sus trabajadores vivían en predios precarios, sin servicios básicos y pagos mínimos. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

Pero Juliana Quintero no recuerda la llegada de funcionarios del MAG a los dos campamentos de la Hacienda Isabel, que está en el km 42, en la vía Quevedo-Santo Domingo. Es decir, a una de las 34 haciendas de Furukawa. Ellos son los únicos abacaleros que se mantienen en el lugar y Quintero es su vocera. Dice que a este sector han llegado funcionarios de los ministerios de Salud, Inclusión Económica y hasta del Registro Civil, pero ninguno se ha identificado como del MAG. Lo que sí ha sucedido, menciona Quintero, es la llegada de vehículos acompañados de policías y de Wálter Sánchez, quien ha sido identificado como aliado de la empresa Furukawa. Estas visitas han sido calificadas como intimidatorias.

La limitación del ingreso parte de la misma sentencia a favor de los trabajadores, según el viceministro, porque existe una prohibición de desalojo de estas personas. La primera sentencia, en efecto, tenía esta disposición más medidas cautelares hasta que se garantice el derecho a la vivienda de las personas afectadas. En segunda instancia, los jueces de la Corte de Santo Domingo revocaron las medidas cautelares que fueron otorgadas a los abacaleros en 2020 ante los desalojos que emprendió Furukawa desde el 2019. Pero mantuvieron la prohibición.

Esa medida, para el MAG, es un impedimento para cumplir la parte de la sentencia que les compete. Incluso, dijo el viceministro, por esa razón no ingresaron a ninguno de los predios que están en ‘posesión’ de estos jornaleros. Pero Quintero, en entrevista con PlanV, aseguró que nunca le negarían la entrada a personal de este ministerio.

En Furukawa, los abacaleros se exponían a riesgos que han derivado en mutilaciones o deformaciones de sus extramidades. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

Pero esa no es la única traba legal que el MAG ha encontrado para una posible expropiación. El viceministro Muñoz también citó la Constitución y sus artículos 425 y 426 que hablan de la jerarquía de las normas y que todas las autoridades están sujetas a lo que dice la Carta Magna. Sin explicar bien sus argumentos, sostuvo que al existir una prohibición de desalojo de un predio privado esa medida “limitaría el accionar por parte del MAG”. Dio a entender que una expropiación iría contra la prohibición de desalojo del juez. Pero el mismo juez Vera dispuso la expropiación.

Este enredo legal se suma a otros argumentos del MAG sobre la expropiación de las tierras de Furukawa. Patricia Carrión, abogada de la CEDHU y quien ha estado de cerca en este proceso, recuerda que el MAG ha mencionado que no pueden expropiar porque el Estado no tiene dinero para pagarla o porque no hay una sentencia de un tribunal contencioso administrativo que confirme la intermediación laboral. 

“Si nosotros procedíamos al desalojo en esas tierras -agregó Muñoz- hubiésemos incurrido en la conducta tipificada en el 282 del COIP en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente”. El funcionario terminó su exposición tras enfatizar que no pueden analizar las funciones social y ambiental “sino se tiene acceso a dicho predio” hasta el día de hoy. Aunque ese predio ocupado al que se refiere representa solo el 3% de total de las haciendas de Furukawa. 

La expropiación de Furukawa ha sido un tema espinoso dentro del MAG. Una fuente que prefirió el anonimato dijo a PlanV, en mayo de 2020, que en una reunión en la Cancillería, Byron Flores Loayza, exviceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario del MAG, se opuso a la expropiación de esas tierras. ‘Yo tengo familiares que trabajan en Furukawa’, habría afirmado ante la sala llena de funcionarios. Después de su paso por el MAG, Flores fue gerente de Furukawa.

En la sesión de la Comisión, el asambleísta Gluber Zambrano -quien renunció al PSC y ahora es independiente- abogó para que no se ‘ahuyente’ la inversión extranjera. Dijo ser ganadero y agricultor de Santo Domingo de los Tsáchilas, de donde es oriundo, y que también ha dado trabajo. “Hay mucha gente que se filtra”, dijo el asambleísta en referencia a los demandantes y los líderes abacaleros al tiempo que negó conocer a los representantes de la empresa.

La Asamblea y el Ejecutivo han sido actores cercanos de los sectores productivos más poderosos del país. Y aunque el caso Furukawa ha removido el debate nacional e internacional sobre los derechos más básicos de los trabajadores del campo, el Estado camina lento hacia una reparación para uno de los grupos más vulnerables y abandonados históricamente del país. Y donde un ministro no tiene tiempo, reclama y desaparece.

Furukawa responde: "La Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas no ratificó la existencia de esclavitud moderna en los predios de la empresa"

La empresa Furukawa envió a esta redacción, el pasado 3 de febrero,  un pedido de réplica a este artículo, que relata la comparecencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura (MAG) y de su titular, Pedro Álava, quien solo apareció por segundos al inicio de la transmisión virtual de la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea.

En la crónica se recogen los argumentos del MAG sobre por qué no ha avanzado en la disposición judicial de que determine si la tierra rural, de propiedad de Furukawa y que comprende 34 haciendas, “cumple su función social y ambiental".

Furukawa, en su carta, lo primero que aseguró es que la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas no ratificó la existencia de esclavitud moderna en los predios de la empresa. "Al contrario la revocó. Si bien la revocatoria fue parcial, no se puede interpretar bajo ningún punto de vista que se haya ratificado, tal como se afirma".

En otro apartado insistió: "Furukuwa no ha sido sentenciada por esclavitud moderna, pues como se mencionó anteriormente la Corte revocó la sentencia de primera instancia y en su resolución no se ratificó la existencia de esclavitud. Siendo este el único argumento para calificar al fallo como histórico, esta afirmación también resulta errada".

También afirmó que es incorrecto decir que la reparación a los 123 abacaleros demandantes no arranca porque "la tasación de la reparación integral, está en proceso desde hace meses (sic)". Afirmó que el cumplimiento de esas medidas no está en manos de ese ministerio. "Si bien se ordenó la verificación del cumplimiento del rol social y ambiental de la tierra propiedad de la empresa, esto no tiene nada que ver con ma reparación integral". Esto en referencia al texto de artículo que refiere sobre el motivo de la comparecencia de funcionarios de varias instituciones ante la Comisión.

Por otro lado, la empresa manifestó que no existe ninguna prohibición de desalojo. "Las medidas cautelares que prohibían el desalojo fueron extinguidas al momento de emisión de la sentencia por parte de la Corte Provincial de Santo Domingo, no revocadas. Quienes permanecen y explotan nuestras haciendas sin autorización lo hacen ilegalmente, lo cual se ha denunciado a la Fiscalía. Por otro lado, Furukawa no ha realizado ningún desalojo ni actualmente ni en el pasado. Este es un argumento que se ha posicionado falazmente por nuestros detractores que no se ha comprobado en ningún foro. La prohibición no se ha mantenido como se afirma, pues al haberse revocado la ilegal y confiscatoria asignación de tierras, no cabría la existencia de dicha prohibición".

"No existe ninguna resolución judicial ni administrativa que haya dispuesto la expropiación de las tierras de Furukawa. El juez Vera tampoco dispuso expropiación alguna en su sentencia. Esto es completamente falso. La sentencia del juez Vera, de forma ilegal, confiscatoria y arbitraria directamente asignó, si es que cabe el término, cinco hectáreas a cada accionante, lo cual posteriormente fue revocado, pero nunca dispuso la expropiación, lo cual en el caso de se hubiera ordenado, también habría sido ilegal, ya que esto no se puede ordenar a través de un proceso de garantías constitucionales", sostuvo la empresa.

Esta es la carta. Plan V prepara una respuesta al respecto, pero la empresa será entrevistada este jueves 17 de febrero. (JCCV) 

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