Los abacaleros conocen de las medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus por la televisión. Lo confirma un trabajador. Al otro lado de la línea, se escucha su voz gruesa y preocupada. Es una persona de avanzada edad, que pese a tener un contrato firmado con Furukawa ha tenido problemas para sacar un préstamo en el IESS por falta de pago del empleador.

Contó que una veintena de personas eran sospechosas de coronavirus y que fueron enviadas por la empresa para que se realicen las pruebas. “En la línea salió una persona contagiada, ahora mandaron a dos compañeros más de allí, son dos choferes”, afirmó el abacalero a la Alianza por los DDHH en Ecuador. Cuando menciona la línea se refiere a uno de los kilómetros de la vía Santo Domingo-Quevedo en los que se encuentran cada uno de los campamentos de Furukawa.

Esta semana, la Alianza informó que un trabajador de la hacienda ubicada en el km 33 de la vía Quevedo-Santo Domingo fue diagnosticado con COVID-19. Dijo además que tres miembros de su familia también tendrían síntomas asociados a la enfermedad. Otro caso se registró en la hacienda del km 30. Mientras que en el km 37 habría al menos dos mujeres tendaleras –quienes cuelgan la fibra para su secado– con síntomas, según los datos obtenidos por esa red de organizaciones de derechos humanos. Furukawa confirmó a Plan V que 18 personas dieron positivo a pruebas PCR.

El trabajador entrevistado dijo que estuvo en el mismo vehículo con una de las personas contagiadas. Furukawa los recoge en buses y luego los transborda a camiones para circular dentro de las fincas más alejadas. Pasan por ellos a las 05:00 y los regresan a las 17:30 en el mismo camión. “Cuando vamos en el bus, vamos uno a uno, otras veces vamos dos. Cuando nos bajamos en la entrada del (km 30), de ahí para allá nos vamos todos reunidos en el mismo camión y en el mismo camión salimos hasta el 30. Ahí tenemos que esperar el bus, que pasa a las 17:30. Eso es todo los días. Hasta 25 y 30 trabajadores vamos metidos en ese carro”. 

“Justamente ese pelado está con el corona”, aseguró el testigo al referirse a un joven de ese primer grupo de contagiados. “Creo que hasta la propia mamá del muchacho puede estar contagiada”.

En uno de los centros de producción, llamado CEPROA 2, en el km 37, sí existen todos los implementos de bioseguridad, narró este jornalero. “El rato que la gente va a cobrar, si no tiene mascarilla no pueden cobrar. Pero en las líneas que entra la gente a trabajar allí no hay nada. Hoy día iban a poner una bomba para fumigar la entrada y de ahí nada más”.

Pero la denuncia de dos posibles casos prendió las alarmas de la Alianza. “Los contagios en esta hacienda se dan a pesar de ser la única que cuenta con mínimas normas de bioseguridad e, incluso, con agua potable”, denunció.

La empresa tiene cuatro CEPROA. Antes de la denuncia del sistema de explotación al que eran sometidos los trabajadores, en el número 2 solo funcionaban las oficinas y bodegas de Furukawa. Centralizaba la fibra para su empaque y posterior exportación.

Después de la publicación de informes periodísticos de Plan V, La Barra Espaciadora y de la Defensoría del Pueblo, en febrero de 2019, sus administradores iniciaron la demolición de los otros campamentos y trasladaron la maquinaria y los tendales hacia CEPROA 2. Un grupo de trabajadores presentó una acción de protección contra la empresa y les fueron otorgadas medidas cautelares para evitar más desalojos en estas plantaciones.

Pero el abacalero relató que en las fincas hay un estero sucio y con esa agua no pueden lavarse las manos. “Nos dan guantes para el trabajo y cuando ya nos toca el almuerzo nosotros nos tenemos que sacar esos guantes y comer con las manos sucias porque no tenemos agua adentro. Tenemos una poma que dura un ratito porque es para tomar, porque uno suda”.

Los trabajadores llevan su propia comida. La consumen a las 11:00 y fría. De acuerdo a su testimonio, en el último año les negaron el pago de sus utilidades, pero han recibido puntual sus pagos quincenales.

“Esto es un problema grave. ¿Ahora Furukawa qué es lo que hace? Está mandando a hacer las pruebas (a los sospechosos de contagio) y les está cobrando 120 dólares”. El trabajador narró a la Alianza por los DDHH que el gerente les anunció que les prestará el dinero para las pruebas. “Nos dijeron que nos iban a cobrar de poco en poco”. La empresa, a través de su gerente de operaciones, confirmó el cobro, pero aseguró que están siguientos todos los protocolos establecidos por el Gobierno. 

Las organizaciones solicitaron al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el acceso a pruebas para COVID-19 para estos trabajadores. “Estas deberán ser gratuitas o en su defecto pagadas por Furukawa, en ningún caso por los trabajadores”, exigieron.

La máquina desfibradora es una de las herramientas básicas para el abacalero. Pero asimismo es una máquina que se puede convertir en mortal. Algunos han perdido sus brazos y piernas durante su uso. 

La conversación con el abacalero fue registrada el pasado 20 de mayo. Este miércoles 27, en una entrevista con Plan V, informó que hay un nuevo gerente de Furukawa, quien les hizo un pedido: “que nunca más le paralicemos la línea”. Se refería a la protesta del pasado lunes 18 de mayo.  Los abacaleros reclamaron por los camiones en los que eran llevados hacia la compañía, donde creen se dieron los contagios. “Nos paralizamos para que nos atiendan, que nos den mascarilla, guantes”. Pero, según este testigo, no les dieron nada y solo hay fumigación al ingreso a la empresa.

“Pero nosotros tenemos derechos a reclamar algo”, dijo este abacalero. Trabajadores y extrabajadores han protestado contra la empresa, desde el 2018, tanto en manifestaciones en Quito como en las propias haciendas, donde algunos no han permitido que les quiten la máquina desfibradora –fundamental para el proceso del abacá– como medida de resistencia.

Organizaciones nacionales e internacionales han exigido la intervención del Estado en su conjunto para mejorar las condiciones de vida de los abacaleros que trabajaban y vivían en la misma hacienda. En febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo definió su condición como de esclavitud moderna. Pero desde entonces –aseguran activista de DDHH– sus violaciones de derechos aumentaron. En la pandemia, el eterno olvido de los abacaleros se repitió. 

Un gerente salido del Ministerio de Agricultura

Al nuevo gerente al que se refiere este abacalero es el santodomingueño Byron Flores Loayza, exviceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario del Ministerio de Agricultura (MAG). Estuvo en esa cartera de Estado hasta febrero pasado, según los distributivos del personal del MAG. Su nombramiento aún no aparece en la Superintendencia de Compañías, pero en su perfil de Linkedin ya actualizó su nueva designación como gerente de operaciones.

Flores tiene un historial en el sector público. En el 2009 fue asistente técnico en el Municipio de Santo Domingo, provincia donde está domiciliada Furukawa. Al 2010 ascendió a asesor y en el 2011 fue director y asesor de esa Alcaldía. En el 2018 fue subsecretario de Agricultura y en el 2019 llegó al Viceministerio del que salió hace poco.

Pero también tiene experiencia en el sector privado. Flores fue gerente de Agrotropical Ecuador y Colombia. Esta es una empresa dedicada a la producción de cacao y teca. Estuvo al frente de Agrotropical en tres periodos, el último de los cuales coincidió con su cargo de Subsecretario de Producción Agrícola.

La única vez que se refirió públicamente a Furukawa, cuando era funcionario del actual Gobierno, fue en el programa Visión 360, el 6 de octubre de 2019. “A mí me parece una exageración. Es una empresa que ha estado en el sector durante 50 años. Puedes hablar con toda la gente que habita y trabaja en los alrededores de Furukawa y es una empresa que ha sido muy importante”, dijo.

Pero el 13 de septiembre, ya tuvo otra intervención, no pública, ante varios funcionarios de los ministerios de Salud, Trabajo, Inclusión Económica, Agricultura, y del Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Política, Defensoría del Pueblo, IESS, Registro Civil, Fiscalía, entre otras instituciones. Era una reunión en la Cancillería por un nuevo pedido de información de la ONU sobre la situación de los trabajadores. La Cancillería estaba preocupada porque era la primera vez que siete relatores habían enviado un comunicado conjunto sobre este tema.

Plan V entrevistó a dos funcionarios que estuvieron presentes en esa reunión. Sus identidades se mantendrán bajo reserva. Una de estas fuentes contó que el exviceministro afirmó que conoce muy bien el caso porque es vecino de Furukawa. Llamó vándalos a los trabajadores.

La otra fuente relató que en esa cita estuvieron aproximadamente 30 funcionarios. La fuente recordó que Flores dijo que Furukawa da dinero al país, que no había irregularidades, que los denunciantes solo quieren dinero y que se oponía a la expropiación de tierras de la empresa para los trabajadores. ‘Yo tengo familiares que trabajan en Furukawa’, habría afirmado ante la sala llena de funcionarios.

Plan V entrevistó a Flores y sobre esa cita confirmó que él habló sobre Furukawa. Pero negó que hubiera mencionado que en su despacho estaba el trámite de la expropiación, pues según dijo el Viceministerio de Desarrollo Rural era el encargado. También consideró que no hay un conflicto de intereses al asumir la gerencia de la empresa que defendió como funcionario. “Ya como profesional en libre ejercicio tengo la posibilidad de vincularme a la empresa que considere conveniente”, afirmó. (Lea toda la entrevista más adelante).

La cita se dio una semana después de la visita de cinco asambleístas de la Comisión de Derechos Colectivos y el Defensor del Pueblo a Furukawa.  En el kilómetro 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo fueron impedidos de ingresar con sus vehículos. Los funcionarios y la prensa ingresaron a pie y confirmaron la precariedad en que vivían  los abacaleros. En enero, esa Comisión aprobó un informe con seis recomendaciones que incluía un llamado de juicio político al Ministro de Agricultura y reportes semestrales sobre avances y sanciones en el caso. Pero nunca pasó al Pleno. Antes, llegó la pandemia. 

En esos campamentos, los abacaleros vivían dentro de las haciendas. Algunos de estos han sido demolidos. 

Para los más vulnerables el bono sigue pendiente 

Los abacaleros contagiados del virus viven su aislamiento sin ayuda. El testigo consultado asegura que a sus compañeros no les ha llegado una canasta de víveres. Ni de la empresa, menos del Estado. El Ministerio de Inclusión (MIES) hizo una entrega de 65 kits alimenticios a este grupo durante la emergencia. El mismo Estado ha registrado 1.200 personas afectadas por la empresa.

El 10 de abril, Granda se comprometió con el Comité de Solidaridad de Furukawa incluir a los abacaleros en el Bono de Protección Familiar de 60 dólares que se entrega a los más vulnerables en la pandemia. Es un bono para abril y mayo, pero este último mes está por terminar y aún no llega. Consultado sobre este punto, el ministro afirmó a Plan V que envió un oficio a la Unidad de Registro Social (URS), que es la encargada del mapa social del país. Aseguró que esta entidad es autónoma del MIES y es la encargada de levantar la información de los beneficiarios. “Es esta Unidad la que tiene que incluir a estas personas, entregarnos la base de datos y nosotros proceder a pagar, así funciona el mecanismo”. El oficio tiene como fecha el 11 de abril. 

Fabricio Alejandro Vallejo, director de la URS, afirmó a Plan V que esperan tener en 10 días la información actualizada de los abacaleros. Informó que algunos ya están en el registro y otros no. “Los que ya están en el Registro Social deben entrar en un proceso de actualización”. Agregó que tienen previsto no solo ingresarlos al Bono de Protección Familiar sino a los bonos para personas con discapacidad y tercera edad. La lista que está revisando tiene 43 nombres.

Según las 23 organizaciones que conforman la Alianza, “la compañía estaría aprovechando la crisis sanitaria, así como la coyuntura social, económica y política, para despedir al personal antiguo y contratar a nuevos “arrendatarios”, quienes, a su vez, contratan “cuadrillas” de trabajadores/as”. Denuncian que eso podría ser otra forma de tercerización laboral, que está prohibida en la Constitución. Flores, sin embargo, dijo que en esta época han contratado más personal, pero que también están requiriendo el servicio de empresas agrícolas.

La Fiscalía abrió el año pasado contra la empresa una investigación previa por trata de personas, explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.

‘Estamos siguiendo los protocolos exactamente como dice la ley’

Entrevista a Byron Flores, gerente de Operaciones de Furukawa
 

¿Desde cuándo es gerente de operaciones de la empresa?

Desde hace tres meses.

¿Desde que salió del Ministerio?

No. Desde hace tres meses.

¿Cuándo salió del Ministerio?

En enero.

Hay denuncias de que trabajadores de la empresa tienen coronavirus.

Bueno, en todo el país hay contagios de coronavirus y algunos trabajadores de la compañía también han salido infectados. Hemos seguido el protocolo que recomienda el Ministerio de Salud Pública para el aislamiento. Tenemos una doctora que trabaja en la empresa que está monitoreando permanentemente a los trabajadores. Sí, se hicieron varios tests y salió que varias personas son positivas.

¿Cuántos positivos?

En el último test fueron once positivos y en el anterior, sino me equivoco, siete.

¿Se les hizo pruebas PCR o pruebas rápidas?

PCR, con todo el protocolo que exige el Ministerio de Salud.

El pasado 18 de mayo hubo una protesta en las instalaciones de la empresa. Eran trabajadores que reclamaban por implementos como mascarillas y guantes. ¿Qué puede decir al respecto?

Sí yo estuve allí. Lo que los señores estaban pidiendo era ciertas medidas de bioseguridad para el ingreso de los vehículos a la finca. Nosotros tenemos medidas de bioseguridad normales que tienen todas las empresas, entonces se les manifestó que al ingreso serán fumigados. Estamos siguiendo los protocolos exactamente como dice la ley. De ahí entregamos todos los equipos de protección, mascarillas, oportunamente.

¿Tienen agua para lavarse las manos, jabón?

Dependiendo de las fincas. Usted sabe que no hay agua potable, agua corriente por tubería en las fincas. Cuando ellos vienen porque son de Santo Domingo, Patricia Pilar. Son transportados mediante todas las normas de bioseguridad en buses institucionales.

Pero nos dicen que hasta un km son transportados en buses, pero de ahí deben tomar camiones y allí van todos juntos. Los trabajadores están preocupados porque ese puede ser un foco de infección.

Ellos llegan hasta su sitio de trabajo en bus, por las carreteras nacionales. Ya dentro de la finca, en algunos casos si es que ellos están trabajando en la parte de atrás de la finca, pues van en un camión, porque los buses no entran por el tipo de camino. Pero nunca van en hacinamiento con mucha gente. Igual eso es normal en el campo, en ese tipo de vehículos adentro de las propiedades.

También contaron que usted les había anunciado que esas pruebas para COVID les van a cobrar 120 dólares y les serán descotados de su salario. ¿Eso es así?

Nosotros nos dirigimos como lo determinó el Ministerio de Trabajo y Salud Pública, donde la prueba la paga la persona que se la hace, el trabajador. La empresa le facilita el dinero, las condiciones para que ellos se hagan las pruebas, obviamente se les va descontado poco a poco.

¿Cuánto gana un trabajador de Furukawa al mes?

Dependiendo. Trabajadores que ganan 600 dólares, otros ganan 400 dólares. Tienen contratos de trabajo a destajo, entonces de ellos dependen lo que hagan en el mes.

Pero, ¿un cobro de 120 dólares por la prueba no puede afectar su economía? ¿No sería mejor pedir al Ministerio de Salud que haga un testeo dentro de la empresa?

Nosotros somos una empresa común y corriente como cualquier otra. Y estamos procediendo como tal dentro del país. En todos los casos, la persona que recibe el examen es el que lo cancela. Nosotros obviamente reportamos al Ministerio de Salud los casos positivos. Ellos vienen y están en pleno conocimiento porque tenemos un departamento de salud ocupacional. Más allá de eso, como todas las empresas estamos apegándonos estrictamente a lo que ha determinado el Ministerio de Salud.

¿La empresa ha seguido trabajando normalmente en la emergencia?

Por supuesto que sí. Hemos implementado las medidas de prevención normales. Somos una empresa agrícola dedicada a la exportación. Estamos dentro de las empresas exentas a la paralización.

Trabajadores también han denunciado que no han podido hacer préstamos al IESS, en esta época de tanta necesidad, al parecer porque no está al día el pago del seguro social por parte de la empresa.

Estamos al día en el pago de todos los trabajadores. Nuestros compromisos laborales están al día. Desconozco si hay algún trabajador que ha tenido un problema.

¿Han contemplado el despido de personal en esta época?

No. Estamos con nuestras operaciones normales. Más bien hemos incrementado nuestra nómina sensiblemente. Hemos contratado mucho personal nuevo. Inclusive necesitamos contratar más personal. Todavía tenemos la capacidad de poder hacerlo y la necesidad. Si usted ve las altas en el IESS, somos de las pocas personas que hemos contratado más personal. A pesar de la crisis, hemos mantenido a nuestro personal.

¿Cuántos empleados tiene la empresa?

Más de 400 trabajadores.

¿Cuántos más van a contratar?

Si pudiese contratar unos 50 trabajadores más estaría bien. Nosotros tenemos la capacidad para seguir contratando personal. Hay mucho trabajo y la empresa está más bien queriendo reforzar áreas, hacer cosas nuevas.

La empresa has ido denunciada por tercerización laboral a través de la figura de arrendatarios. Ahora, ¿cómo expandirán el número de empleados?, ¿a través de qué figuras?

Esas denuncias las conozco como todo ciudadano. Pero nunca se determinó si hubo tercerización laboral y que tuvieron relación laboral con la empresa. Esos son procesos de antes, pero el Ministerio de Trabajo no ha determinado la relación laboral. Nosotros estamos recurriendo a las figuras que la ley lo permite, entre ellas la de contratación directa de personal en ciertos casos y en otros contratamos empresas que nos brindan servicios agrícolas, porque no contamos con todo el personal necesario. Aquí hay empresas formalmente constituidas con todas las normas. Brinda servicios a muchas compañías de la zona. Hemos contratado desde personal a tiempo completo, a destajo y también a estas empresas. Estamos contratando también servicio de transporte para reforzar la operación de la compañía. Pero siempre dentro del marco de lo legal y permitido por la ley.

¿Aún hay trabajadores que todavía viven dentro de las haciendas? Porque algunos fueron desalojado y destruidos.

Todavía no me unía al equipo de Furukawa, pero tengo entendido que muchos de los trabajadores que antes vivían en los terrenos de la empresa, pues llegaron a acuerdo de dejarlos en los campamentos. Hay ciertos campamentos que todavía funcionan, son muy pocos, pero la gran mayoría de personal que vivían esos campamentos se fueron a vivir a la ciudad o a los pueblos, de donde ahora los traemos. Un servicio institucional que brinda la empresa.  

¿Usted mencionó en una reunión con varios funcionarios, cuando era viceministro, que en su despacho estaba el caso de Furukawa y el pedido de expropiaciones de las tierras? ¿Y que usted comentó que no lo iba a hacer, porque conocía a la empresa y que esta había hecho mucho por el país?. Ahora usted es gerente de Furukawa. ¿No hay un conflicto de intereses?

Bajo ningún concepto. Porque para empezar en el viceministerio que yo manejaba no se ventilaba el caso Furukawa. Eso era en el Viceministerio de Desarrollo Rural, yo era viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario. Y es verdad que conozco a la empresa muchos años, porque yo me crié en esa zona, soy de esa zona. Yo comenté que conozco a Furukawa. Pero en ese momento no era la persona competente para decidir si seguía el proceso de expropiación o no. Ahora entro a trabajar en Furukawa, yo tengo 22 años de experiencia en el manejo de empresas agrícolas en diferentes zonas del país. Si usted revisa el currículo mío me avala perfectamente para operar esta y cualquier otra empresa agrícola. Yo salí del Ministerio y luego se me invita a participar y ya como profesional en libre ejercicio tengo la posibilidad de vincularme a la empresa que considere conveniente.