Solo el 15% de los efectivos de la Policía Nacional -cerca de 8000 personas- son mujeres, según la rendición de cuentas de la Comandancia General, publicada en 2021. A los problemas estructurales que ya habían sido identificados en la Policía, a los escándalos que cada cierto tiempo sacuden a los uniformados, se sumaron críticas a la indolencia y complicidad de quienes presenciaron los sucesos que terminaron con el femicidio de María Belén Bernal, ocurrido en la propia escuela de formación de los oficiales de la institución.

Hay voces que reclaman una reestructura de la Policía Nacional y un replanteamiento que debe provenir de instancias externas. Pero desde el Gobierno se sostiene la tesis de los "malos elementos" que actualmente se enfoca en un puñado de uniformados que la noche del crimen de Bernal estuvieron en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. 

La debilidad política del régimen no le permitiría enfrentar una reforma policial profunda. Desde el Gobierno de Rafael Correa, que creó una comisión para la reforma policial integrada por tres generales y dos civiles, que se acomete un intento de cambio significativo en la institución. El Gobierno de Correa debió enfrentar también una revuelta policial que incluyó la retención -o secuestro, dependiendo del relato- del propio presidente de la República por parte de policías sublevados. 

La Policía ha recibido constante apoyo y un paulatino incremento de sus efectivos en los últimos 20 años. 

Según el último informe de rendición de cuentas de la Comandancia General de la Policía, correspondiente a 2021, la Policía Nacional tenía a fines de ese año 51.452 efectivos, de los que apenas el 15%, equivalentes a 7915 eran mujeres. Es una institución mayoritariamente masculina, con 43.573 hombres, que representan el 85% del total de efectivos. Y aunque sobre el papel se promueve el catolicismo y los valores familiares de la cultura popular como referentes, ni la fe ni las costumbres pueden evitar casos de corrupción, infidelidades y conflictos personales al interior de las filas policiales. El modelo castrense, que se basa en el concepto de "obediencia debida" que se considera superado internacionalmente cuando se trata de temas que involucren delitos, parece estar en la raíz de los problemas de la policía ecuatoriana. 

Cerca de 8000 mujeres, el 15% de los efectivos, sirven en la Policía Nacional. 

La mayoría de policías, el 76%, sirven en el subsistema preventivo, el 15% en el subsistema investigativo, y el 3% en el subsistema de inteligencia. El 6% restante se dedica al apoyo operativo estratégico.

Los repartos policiales cubren toda la República, organizados en 9 zonas, 24 subzonas, 140 distritos, 1.134 circuitos y 1871 subcircuitos. En cuanto a los locales, tienen 1591 unidades de policía comunitarias, y 16 unidades de vigilancia comunitaria. Para ocuparlos, los policías viajan desde las zonas de las que son originarios a otras localidades del país, en un sistema de "pases" que ha sido fuente de otros escándalos de corrupción, como una red en 2017 -también entonces se habló de "malos elementos- que cobraba dinero a policías de todos los rangos para acomodarles los destinos de servicio según sus intereses personales. 

Los vehículos también alcanzan un número significativo: el informe de rendición de cuentas habla de 7.241 vehículos y 7.716 motocicletas.

Controlar ese grupo tan grande de personas requiere de sanciones de diversos tipos. Según el informe de rendición de cuentas de 2021, el control disciplinario de la Policía logró la destitución de 182 uniformados en ese año, se aplicaron 373 sanciones pecuniarias mayores y 1168 sanciones disciplinarias leves.

Además, se aplicaron pruebas de confianza a 8306 policías en 2021, lo que incluyó 1784 pruebas de credibilidad, 1246 pruebas sicológicas, 356 pruebas financieras y y 4920 pruebas toxicológicas. Es decir, este tipo de controles alcanzaron a poco más del 16% de los uniformados a nivel nacional.

Según las cifras de la propia Policía, los controles a su personal llegan a un porcentaje muy pequeño de los oficiales y tropa, mientras que gendarmes son relacionados con actos criminales desde hace varios meses.

¿Intervención o autodepuración?

Desde el Gobierno se suscribe la tesis de los "malos elementos": una suerte de negacionismo de problemas sistémicos sociales, culturales o económicos, que responsabiliza a un pequeño grupo de personas descarriadas a las que hay que expulsar. El Gobierno había mantenido el discurso de apoyo total a la Policía, ofreciendo inclusive indultar a policías condenados por delitos cometidos en servicio aun cuando la justicia hubiera probado su culpabilidad.

Pero la magnitud del escándalo ocasionado por el caso de María Belén Bernal llevó al Gobierno a una purga del Alto Mando, empezando por el voluntarioso ex ministro Carrillo, a quien el presidente Lasso le pidió la renuncia desde la pista del aeropuerto de Tababela, nada más llegar a Quito de un viaje a Estados Unidos.

Manifestantes rechazaron las acciones de la Policía como consecuencia del crimen de María Belén Bernal. 

Además, el presidente Lasso visitó la Escuela de Policía, en donde se dijo que iba a hacer una clausura simbólica del edificio de dormitorios de oficiales pero luego anunció una demolición de los dormitorios, lo que provocó críticas de diversos sectores sociales y políticos, empezando por la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo. Inclusive la Fiscalía presentó una medida cautelar para impedir cualquier intento de demolición del edificio de dormitorios. 

El presidente Lasso anunció la demolición de los dormitorios de oficiales, medida que encontró poco apoyo. 

El Gobierno no ha mencionado ni una intervención, ni un reestructura, ni una depuración, aunque la purga del Alto Mando parece ir en esa dirección. Tampoco la Policía ha anunciado una autodepuración, más aún cuando su actual comandante, el general Fausto Salinas, está en capilla también y el plazo para darle resultados a la captura del teniente Germán Cáceres se le acaba hoy. Lo que se decida hacer estará en manos de Juan Zapata, el nuevo ministro del Interior, un teniente coronel en retiro que fue la cara amable de la Policía en campañas cívicas del pasado.

El desafío del nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, es recuperar la credibilidad de la Policía. 

Uno de los partidarios de la reestructura es el académico Santiago Basabe, quien en un reciente artículo sostuvo que se deben analizar "temas que vayan más allá del gobierno de turno y de la coyuntura. La reestructuración de la Policía Nacional es uno de ellos y es hacia el que la sociedad debería girar su atención. Lo ocurrido con Bernal no es un caso aislado de incumplimiento de protocolos y de errónea comprensión de los alcances y límites del mando policial, sino una práctica recurrente en dicha institución. Aunque esta premisa no es absolutamente concluyente, hay una serie de hechos que han rodeado a la gestión de la Policía Nacional en los últimos meses y años, que refuerzan esta apreciación".

Basabe agregó que "lo que revela lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía no es más que un reflejo, doloroso y frustrante, de algo que es estructural y que es un secreto a voces: la institución policial necesita un reordenamiento de su doctrina, de sus lógicas de operación y de la formación que reciben sus miembros. No se trata, por tanto, de renovar los mandos policiales. Eso es cambiar todo para que todo siga igual. Allí el problema no es de personas (aunque sí en alguna medida) sino de la concepción del servicio policial como un campo de articulación entre el aparato estatal y la ciudadanía".

Basabe destacó que el problema de la Policía podría estar en su esquema militarizado, que comparte con las policías de países como Chile o Colombia: "Desde esa perspectiva, un razonamiento inicial, que puede parecer evidente, pero que en general no se lo asume como tal, es que el policía no es militar. El servidor policial es un agente civil encargado de ejecutar ciertas prerrogativas estatales para las que necesita no solo tener una formación técnica, sino además una comprensión amplia de la realidad nacional e internacional. En ese aspecto, una formación holística, en la que las artes liberales cumplan un papel determinante, es esencial en el nuevo servidor policial. Bajo el esquema que actualmente se impone en la Escuela Superior de Policía y en las distintas instancias de formación de esa institución, ese objetivo es inalcanzable. Nuevamente, no es cuestión de personas, es un tema estructural".

Para el experto en seguridad de la Universidad Central, Luis Córdova, quien participó en nuestro programa Mesa de Análisis, la posibilidad de una reforma policial profunda pasa por un clima político que actualmente no existe en el país. El experto propone algunos elementos que serían necesarios para una eventual reforma policial: voluntad política, contexto electoral favorable para el Gobierno, operadores políticos capaces de llevar adelante esa reforma y una visión estratégica de cómo implementarla, aspectos que en su criterio el actual Gobierno no reúne.

Córdova explicó que las funciones de la Policía son básicamente la protección de la población y el mantemiento del orden público, dos tareas que son indispensables para la sociedad. Pero no se puede caer en ninguno de los dos extremos del debate actual: ni disolver la Policía ni sostener que no ha pasado nada y que se trata solamente de malos elementos.

En los últimos 25 años, la Policía ha recibido gran cantidad de recursos y apoyos de todo tipo, así como planes de modernización, pero Córdova precisa que el modelo de policía militarizada de la fuerza de orden ecuatoriana no ha sido lo suficientemente cuestionado a pesar del proceso de democratización del país desde 1979.

Córdova destaca que el modelo militarizado provoca el desarraigo de los policías, que deben servir en localidades alejadas de sus hogares lo que crea un clima de infidelidad y embarazos no deseados además de otras problemáticas sociales.

El modelo militarizado implica una cultura organizacional castrense, destaca Córdova, que no ha cambiado a pesar de las reformas a las normas disciplinarias. En el Ecuador, la Policía tiene una gran autonomía institucional, un régimen de seguridad social y aspira a una universidad.

De su lado, Sofía Llerena, abogada de derechos humanos y asesora jurídica de la Fundación Inredh, señaló varios aspectos de  la concepción del mando  que se tiene en la Policía. Es partidaria de una reforma educativa que defina hasta qué punto las órdenes deben ser acatadas.

Llerena destaca que hay una concepción machista en la sociedad que se ve reflejada también en el interior de la Policía. Aunque hay mujeres en la Policía, Llerena destaca que el machismo continúa vigente en instituciones como esas en donde la mayoría de personas son hombres.

La abogada sostiene que es necesaria una educación en género y sobre las diversidades sexo genéricas en la Policía. Los gestos simbólicos recientes no resolverán el problema, dice la abogada, quien cree que se requiere un mediano plazo de cinco o diez años.  Para Llerena es poca la información que se tiene de la situación de las mujeres en las escuelas policiales y militares, pues no está claro hasta dónde ciertas órdenes deben ser acatadas.

Llerena destaca cómo la cúpula policial está conformada por personas que han sido formadas en el pasado con crierios que actualmente puede ser considerados violatorios de derechos, y por ello sostiene que un cambio de mentalidad en la institución puede tomar varios años.

La activista de derechos humanos destaca que la Policía se convierte en un reflejo de cómo está funcionando el Gobierno y la sociedad, por ello hay una arista política en el balance que se hace de la labor policial.

Ambos analistas coiciden en que los cambios en la Policía serán graduales y que una reforma profunda e inmediata es improbable en la actual coyuntura.

Carrillo en el confesionario

En una declaración ante el Alto Mando policial que se hizo pública en su totalidad, el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, admitió que hay casos de policías que presuntamente han cometido asesinatos, como el ocurrido en el centro de Cuenca, donde se captó en vídeo a dos policías en una patrulla saliendo de la casa de un ciudadano que fue encontrado muerto, o han participado en bandas delincuenciales. En aquella reunión, Carrillo confesaba que debieron remover al comandante provincial de Azuay por esos hechos, pero que no lo hicieron oportunamente.

El mea culpa del ex ministro incluyó la confesión de que sabían de policías involucrados en excesos de alcohol y en otras cosas peores, pero su discurso, enfocado a los oficiales de rando de coronel para arriba, era una reflexión sobre la necesidad del liderazgo de los generales y coroneles en este caso. 

Carrillo expresó dos preocupaciones adicionales: la primera, que la Policía pierda el control de la Policía Judicial, en especial luego de que la fiscal Diana Salazar cuestionara que fueran los propios policías lo que hagan las pericias en el caso de la muerte de María Belén Bernal, y la segunda que la institución carecía de presencia en la redes sociales. Mientras blandía un libro de autoayuda de un motivador mexicano, Carrillo sostenía que era necesario que las familias y amigos de los policías entren a Twitter para responder los ataques contra los uniformados. 

El rechazo de la población a los escándalos de corrupción en la Policía se amplificó con el crimen de Pusuquí. 

El ex ministro se refirió también a las protestas por el femicidio que llegaron ante la Comandancia General de Policía, al norte de Quito, edificio que fue abandonado y mínimamente protegido para evitar que se exacerben los manifestantes. 

Atrás quedaron los días en que algunos sectores de la población capitalina, en la avenida de Los Shirys, aplaudían a mujeres policías subidas en tanquetas antimotines, manifestando así su rechazo al paro indígena. Y Carrillo era conciente, según les dice a sus subordinados -a las pocas horas los audios de la reunión fueron filtrados, presuntamente por ellos mismos- que la crisis de la Policía es casi como la del 30S. El ex ministro habla también de "miserables" en referencia a los propios policías que quieren medrar a costa de conspirar contra sus colegas, y también a los críticos de la institución comom periodistas, usuarios de redes sociales y otros. 

Aunque la Policía se esfueza en mantener una relación cercana con la comunidad, los enfrentamientos del paro nacional de junio de 2022 evidenciaron matices en esa relación. En Puyo, manifestantes indígenas y población mestiza de la capital provincial asaltaron el cuartel de Policía y lo incendiaron. Todos los policías debieron huir o esconderse y dos de ellos fueron retenidos por los indígenas, que inclusive les quitaron sus armaduras antimotines. Solo con la intervención del vicario católico y el comandante del Ejército en la zona se logró la liberación de los policías. Un alto oficial de la Policía también tuvo que ir a Puyo a pedir perdón por la brutal muerte de un manifestante, que recibió un impacto de bomba a quemarropa en el cráneo. 

El rechazo unánime a lo ocurrido con María Belén Bernal se suma a lo que ya era una relación conflictiva con una población que mira con desconfianza la situación. Y en la Policía lo saben: en su monólogo ante los oficiales, que dura 45 minutos, el ex ministro Carrillo señalaba que encuestas corridas tras el caso de Bernal evidenciaban un rechazo de más del 90% de la población a la Policía ecuatoriana. 

Las relaciones de la Policía con la población no siempre son armónicas. En 2021 se registraron 1435 agresiones contra los policías durante los procedimientos. De éstas, 645 fueron agresiones físicas, 559 agresiones verbales, 116 daños a bienes policiales y 115 casos de ataque y resistencia. Y eso que en ese año no hubo un conflicto social de la magnitud del que acabamos de presenciar en junio de 2022. 

Las carencias de la vida policial

En 2021, el presupuesto para la Policía fue de USD.1.332’957.338,40 del que se ejecutó el 99,75%. De este dinero, el  95,16%  se gasta en remuneraciones, el 4,39% en Bienes y servicios de consumo, el 0,09%  en Gastos corrientes y apenas el 0,08% Bienes de larga duración. La precariedad del servicio policial crea problemas sociales que ya habían advertido los oficiales. Por ejemplo, la falta de vivienda fiscal y de uniformes, así como las situaciones de la vida cotidiana de los uniformados.

En el llamado atraco del ISSPOL están involucados oficiales y ex oficiales de alto rango de la propio Policía, que autorizaron las inversiones riesgosas. 

Estos factores explican el sobreendeudamiento de muchos policías, su constante búsqueda de créditos en instituciones como el ISSPOL, y la participación de algunos en pirámides y otras formas de conseguir dinero fácil y también aumentan las posibilidades de corrupción. Entre oficiales de alto rango se admite que el estilo de vida policial motiva que los hombres que se mudan constantemente en el interior del país terminen teniendo varios compromisos, y, en ocasiones, familias paralelas, lo que complica su situación socioeconómica. Muchos policías se desplazan al interior del país solos, lo que provoca tensiones familiares, infidelidades y rupturas.

Las dudas sobre la Policía Judicial

En el caso de la María Belén Bernal, la fiscal general, Diana Salazar, pidió peritos civiles para investigar la muerte de la abogada, poniendo en duda la imparcialidad de la Policía Judicial, el cuerpo de investigación a órdenes de la Fiscalía pero conformado por policías en servicio activo. La fiscal ordenó que no participen en este caso y la familia también se mostró partidaria de la presencia de expertos extranjeros. Pero no es la primera vez que se hace esa crítica.

El abogado defensor de Leonidas Iza, Carlos Poveda, pidió en el juicio contra el dirigente indígena en Cotopaxi, el cual fue anulado, que se pide asistencia internacional para que expertos extranjeros realicen las pericias. Las razones fueron las mismas que las del caso Bernal: era la propia Policía la que hace los informes, los seguimientos y los peritajes, no solo en el caso de Iza, sino también en las muertes violentas durante el paro nacional. Poveda había señalado que en el caso de la Comisión de la Verdad se trajo expertos extranjeros por considerar que no se podía confiar en los informes policiales sobre posibles delitos cometidos por la Policía. 

Carrillo dejó bastante claro el tema ante los generales en su discurso: podrían perder la Policía Judicial, pues la fiscal general habló de un cuerpo civil para investigaciones que ya no esté a órdenes de la Policía. Hasta el momento, esa podría ser una de las posibles consecuencias del caso de la muerte de María Belén Bernal en los predios policiales de Pusuquí.