Fueron solo 57 segundos. Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, apareció de manera fugaz en la transmisión en vivo de una sesión extraordinaria, convocada por él mismo. Sucedió la tarde de este lunes, 23 mayo, en pleno feriado. Ulloa declaró la sesión como permanente e informó que la vicepresidencia del organismo, María Fernanda Rivadeneira, tenía problemas de conexión y ordenó un receso que se volvió interminable. Nunca más volvió. 

La anécdota no es menor. Era una sesión en la que estaba previsto tratar la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la encargada de seleccionar a las más altas autoridades del país. Pero en el caso del CJ existe un enredo político y jurídico que ha desembocado en una nueva crisis sobre la CJ que ha estado marcada por la inestabilidad en los últimos cuatro años.

Y en el centro de la crisis está el CPCCS. Este martes se reanudó la sesión fallida y arrancó con incidentes. El consejero David Rosero calificó como ilegal la actuación de Ulloa al declarar la sesión sin constatar el quórum. “Yo sé que hoy se pretende meter la mano a la justicia y aprobar un mamotreto de informe jurídico”, dijo. Rosero es parte de la minoría enfrentada con Ulloa a quien lo califica de “gobiernista”.

Solo tres de los siete vocales apoyaron a Rosero y Ulloa siguió al frente de la sesión en el que se leyó el informe del Departamento Legal sobre la “procedencia” para un nuevo concurso para la elección del titular del CJ.

Este trámite ha estado estancado en esa institución casi tres meses. Ese informe ha sido el principal argumento de Ulloa para mantener en espera el concurso. Eso provocó la reacción airada de Saquicela la semana pasada, quien decidió retirar la terna que había presentado para esa autoridad, mientras afirmaba que se preparaba un “nueva metida de mano en la justicia”.

La Constitución establece que el CJ esté integrado por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por la CNJ, Fiscalía, Defensoría Pública, Función Ejecutiva y Asamblea Nacional. El delegado de la CNJ presidirá la Judicatura, dice la Carta Magna. “Por primera vez en la historia del Ecuador un Consejo de la Judicatura se encuentra presidido por alguien que no es el representante de la CNJ y lo que es más, ni siquiera tenemos un delegado, ni principal ni suplente”, dijo Saquicela en la rueda de prensa del pasado 17 de mayo.

Acompañado de los magistrados de la CNJ, Iván Saquicela denunció el 17 de mayo de una nueva metida de mano en la justicia. Captura de video

Pero para Ulloa, esa norma constitucional no era suficiente. Por eso, solicitó el informe un mes después de que Saquicela enviara la terna. En ese pedido, Ulloa dice que el CPCCS Transitorio designó a Álvaro Román, miembro de la terna que envió la Asamblea, como suplente de María del Carmen Maldonado, quien estuvo al frente de la Judicatura por casi tres años hasta que renunció el pasado 2 de febrero. Esa decisión estaría blindada, argumenta Ulloa, por la sentencia de la Corte Constitucional, del 7 de mayo de 2019, que dictaminó que el actual CPCCS no podrá “revisar” las decisiones del CPCCS Transitorio, que estuvo liderado por Julio César Trujillo. En ese sentido, había una terna y un vocal que seguían en juego.

El informe, que se conoció este martes, confirmó lo que Ulloa había adelantado la semana pasada en respuesta a las críticas de Saquicela. Dijo que para este proceso era necesario primero una normativa que establezca los requisitos de los postulantes a una terna y segundo el pedido formal de la misma por parte del CPCCS.

Por eso, según Ulloa, la terna que remitió Saquicela fue “a priori” porque no había esos dos pasos previos. “Desde el inicio, el CPCCS se vio afectado con una imposición, una presión indebida para la designación de esta autoridad”, refutó Ulloa.

La misma conclusión tiene el informe que se leyó este martes. Y avala no solo las decisiones de Ulloa sino también del Pleno del CJ que eligió a Fausto Morillo como su presidente. El informe recomendó que no se proceda con un nuevo concurso “porque existe un miembro habilitado para principalizarse”. Es decir, Álvaro Román. Y al no haber terna -pues fue retirada por Saquicela- no había más que debatir, dijo Ulloa al clausurar la sesión.

Una vocalía suplente en medio de la disputa

Todo comenzó cuando el CPCCS Transitorio aceptó las impugnaciones contra la primera y el segundo de la terna de la CNJ (María Rosa Merchán y Julio Enrique Arrieta, respectivamente) para la elección del Consejo de la Judicatura definitivo en enero de 2019. La mayoría del CPCCS eligió por mayoría a la tercera de la terna, María del Carmen Maldonado, como vocal por la CNJ y presidenta de la Judicatura.

Al quedarse la terna de la CNJ sin más miembros para seleccionar a un suplente, el Transitorio resolvió por unanimidad escoger de entre los postulantes segundos de las ternas y que correspondan a órganos autónomos de la Función Judicial. De esa manera designaron a Álvaro Román, quien era de la terna de la Fiscalía, como suplente de Maldonado.

Esa en la raíz de la actual crisis, según Ulloa. “Ese era el momento para que el presidente de la CNJ de aquel entonces, o cualquier funcionario judicial, incluyendo al doctor Saquicela, que era juez nacional de la CNJ, eleve su voz de protesta para que se considere la designación de un vocal de la fuente de la CNJ y no de otra fuente, visualizando los problemas que hoy están afectando esta designación y de la cual no es responsable este Consejo de Participación definitiva y mucho menos de esta administración”, cuestionó.

Saquicela ha refutado el argumento de Ulloa. Recordó que la Función Ejecutiva se quedó sin delegados en el CJ cuando renunciaron -en diferentes fechas- Patricia Esquetini y Jorge Moreno, vocales principal y suplente, respectivamente. Entonces el CPCCS actual nombró a Elsy Celi, de la terna de la Asamblea, para la vocalía del Ejecutivo.

Ulloa -enfatizó Saquicela- pidió la reconsideración de ese nombramiento y más tarde el organismo dejó sin efecto el nombramiento de Celi. En medio de esas decisiones, el expresidente Lenín Moreno había enviado una terna, encabezada por Xavier Muñoz, para esa vocalía. Moreno incluso acudió a medidas cautelares contra el CPCCS por no seleccionar a un miembro de su terna. Finalmente, el CPCCS nombró a Muñoz como vocal.

Ese caso, sostuvo Saquicela, es “exactamente” el mismo al de la vocalía de la CNJ. “¿Cómo que no es posible que se envíe una terna?”, se preguntó Saquicela cuando el mismo CPCCS acogió la presentada por Lenín Moreno. Esa intención quedó explícita en un video, según Saquicela. El presidente de la CNJ expuso recientes declaraciones donde Ulloa dice que, si el CJ se encuentra debidamente estructurado, “no es necesario nombrar un vocal de la Judicatura”.

En medio de esta disputa, apareció el Consejo de la Judicatura que suspendió a Saquicela, el 20 de mayo, por dos denuncias. Estas se referían a los retrasos de la extradición de Rafael Correa y a la falta de calificación de una recusación en el caso del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión. Saquicela se declaró como víctima de una persecución por denunciar la “nueva metida de mano en la justicia”.

El 22 de mayo, envió una denuncia a la CIDH y pidió la intervención de Joel Hernández García, relator de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. También pidió al organismo internacional que solicite al Estado ecuatoriano informes sobre las medidas para asegurar la independencia del Poder Judicial.

Denuncié al país la metida de manos en la justicia, ahora soy víctima de persecución, me van suspender y luego pretende el CJ destituirme para dar paso a la impunidad. Seguiremos firmes, nos asiste la razón en defensa de la institucionalidad @CorteNacional @AsoJuecesEc

— Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) May 20, 2022

Otra disputa en las cortes

Álvaro Román, vocal suplente de la Judicatura, reapareció la semana pasada. Reacio a las entrevistas, encontró en la crisis desatada entre el CPCCS y la CNJ el mejor escenario para salir nuevamente a la opinión pública. El miércoles 18 de mayo presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para insistir en que a él le corresponde la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

El 18 de marzo, en medio de la crisis entre la CNJ y el CPCCS, Álvaro Román presenté ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección. Él alega que debió asumir la Presidencia del Consejo de la Judicatura después de la renuncia del María del Carmen Maldonado. Foto: Twitter de Álvaro Roman Marquez

Ese es el último recurso al que Román ha acudido tras dos fallos previos en contra. Tanto un juez de primera instancia como la Corte Provincial de Pichincha han rechazado su pedido. Román alega que él debía asumir “automáticamente” la Presidencia del Consejo de la Judicatura después de la renuncia de Maldonado. El 3 de febrero presentó su declaración de bienes para asumir el cargo, pero ese mismo día Saquicela envió una carta al Director General de la Judicatura donde lo desconocía al no pertenecer a la terna de la CNJ.

Por ese motivo, el Director General del CJ pidió un criterio jurídico que, según Román, olvidó el dictamen de la Corte Constitucional sobre el blindaje que tienen las decisiones del CPCCS Transitorio. Con ese criterio, los vocales Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo convocaron a una sesión extraordinaria a las 21:00 del 3 de febrero. En esa sesión también estuvo Román, pero la mayoría votó por Murillo como Presidente del Consejo de la Judicatura.

Para Murillo y el resto de vocales esta actuación fue legal porque aplicaron el inciso segundo del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial que dice que, en caso de ausencia o impedimento de ambos, el titular será el miembro que designe el Pleno. Esto fue mencionado en el informe jurídico del CPCCS que se leyó este martes y que además respaldó la permanencia de Murillo, a quien no lo consideran como titular temporal o encargado, sino como el presidente del CJ en plenas funciones.

La Sala Especializada de lo Civil, de la Corte Provincial de Pichincha, rechazó la apelación de Román y resolvió el pasado 22 de abril que no se había vulnerado ninguno de sus derechos. Ese fallo también estuvo marcado por incidentes. Román recusó a uno de los jueces de la Corte que iban a tramitar su apelación. Su defensa publicó en redes sociales que el magistrado Freddy Mauricio Macías, pese a tener una sentencia condenatoria, volvió a sus funciones.

Macías fue procesado por tráfico de influencia en 2015 y destituido en ese mismo año por la Judicatura a cargo de Gustavo Jalk. La Fiscalía lo acusó por intentar influir a favor de la empresa Inmoplaza en una demanda por expropiación contra Imboliar. En Inmoplaza funcionaba la Judicatura. Macías fue detenido el 17 de junio de 2015 y sentenciado a 30 meses de cárcel. Pero en 2019, una sentencia resolvió la nulidad de su destitución, ordenó la restitución del cargo como juez de la Corte de Pichincha y el pago de USD 270.000 por las remuneraciones que no recibió. PlanV pidió una entrevista a Macías, pero no respondió al correo electrónico. La recusación de Román fue aceptada.

Otros actores en el juego de tronos

Fausto Murillo. El presidente del Consejo de la Judicatura y el Pleno del organismo intervinieron en el conflicto entre el CPCCS y la CNJ de manera inesperada. El 20 de mayo, suspendieron a Saquicela, por tres meses, por una presunta infracción gravísima por las demoras del titular de la CNJ en la extradición de Rafael Correa. Murillo justificó la decisión y afirmó que no se trata de una sanción sino de una medida preventiva. Ese no fue el único movimiento del CJ la semana pasada. Antes de la sanción, pidió al Pleno de la CNJ que reincorpore en sus funciones regulares al conjuez encargado del despacho de Saquicela de causas que le corresponden al presidente de la CNJ, esto debido al aumento de la carga procesal. Luego, el CJ anunció que verificaría si los presidentes de las cortes provinciales que apoyaron a Saquicela “tenían licencias para cumplir actividades ajenas a sus cargos” (ver apartado). Por último, este 24 de mayo, el CJ removió a Darío Ordóñez, director provincial de Azuay del CJ, de su cargo. Ordóñez era el primero en la terna de Saquicela para la Presidencia del CJ.

Guillermo Lasso. El pasado 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso dijo: “Yo demando que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, se ponga firme porque él es el responsable de la Función Judicial. Él tiene que solucionar estos problemas, así como yo estoy solucionando los problemas que le corresponden al Gobierno, al Ejecutivo”. Esto en referencia a las actuaciones recientes de la justicia en casos polémicos, donde según Lasso, los jueces actúan por miedo o interés económico, o ambas. El 29 de abril, Lasso también se quejó de Saquicela y dijo que, en el caso de libración de Jorge Glas, el responsable es el titular de la CNJ. “A quien yo llamé el domingo pasado para decirle que el Ecuador demanda una respuesta y la tiene que dar usted, el presidente de la CNJ, porque muchos en el Ecuador se quieren pasar de vivos. Todo lo que sucede en el país, responsabilidad del presidente. La responsabilidad en este caso es del presidente de la CNJ, quien no está actuando de manera técnica sino política, con cálculos políticos. Pide la extradición de Correa, cuando Correa ya tenía un asilo en Bélgica. Eso no me vengan a decir que no lo sabían. Lo sabía. Por eso todos los casos en materia judicial, tenemos que enfocar todas las cámaras al presidente de la Corte Nacional”.

Rueda de prensa de los presidentes de las cortes provinciales. 

Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia. El grupo salió a apoyar a Saquicela y coincidió en que “se estaría fraguando una nueva metida de mano en la justicia, puesto que se forja un Consejo de la Judicatura indebidamente conformado”. Rechazaron que la Judicatura “lesione flagrantemente el principio de independencia judicial”. La Judicatura remitió un memorando en el que insta a los Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura a que iniciaran las investigaciones y sumarios para una posible destitución de los magistrados que expresaron ese apoyo.

Fausto Jarrín. El asambleísta correísta es uno de los proponentes del juicio político contra los vocales de la Judicatura, incluida la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. Asegura que hubo incumplimiento de funciones durante el proceso de evaluación de los jueces de la CNJ, desarrollado en 2019, y que derivó en la destitución de 26 jueces y conjueces. La Corte Constitucional (CC), en una sentencia de diciembre de 2021, concluyó que el reglamento que usó para la evaluación fue inconstitucional. Jarrín, dijo a PlanV, que entre las pruebas que tiene está la sentencia de la CC y más de 45.000 páginas sobre ese concurso que le envió la Judicatura. “Allí se les perdieron carpetas de postulantes y hay calificaciones modificadas”, dijo. Jarrín reconoce que su pretensión está relacionada con los nuevos jueces que asumieron esas vacantes y que resolvieron el caso Sobornos en que Rafael Correa fue sentenciado. El Consejo de Administración Legislativa calificó ese pedido, pero está a la fila de otras solicitudes contra otras autoridades.