La crisis institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pasa factura a las designaciones de autoridades nacionales. Una de ellas es la selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), cuyo proceso está paralizado desde hace un mes.

El 22 de febrero, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, presentó la terna para dicho cargo, después de que María del Carmen Maldonado renunciara al CJ por desacuerdos con la Corte Constitucional. Fausto Murillo, uno de los vocales del CJ, asumió la titularidad del organismo de forma temporal. Pero desde la presentación de la terna, el CPCCS no ha iniciado el proceso.

Según el reglamento para la designación de los vocales del CJ, aprobado por el CPCCS el 17 de febrero de 2021, una vez presentada la terna, se debe conformar una comisión técnica con siete delegados de cada uno de los consejeros del CPCCS. Esa comisión verificará los requisitos e inhabilidades de los postulantes y conocerá las impugnaciones. También debe conformar una veeduría ciudadana. Los candidatos deben tener un título en derecho y experiencia mínima de 10 años.

¿Por qué no ha avanzado este proceso? Es una pregunta que no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. El CPCCS no respondió al pedido de entrevista con Hernán Ulloa, quien asumió la presidencia del CPCCS en medio de pugnas y polémicas con su antecesora, Sofía Almeida.

El último pronunciamiento de Ulloa sobre esta designación la dio el mismo día que recibió la terna de Saquicela. Dijo que hará una consulta al departamento de asesoría jurídica del CPCCS “con el fin de no deslegitimar las acciones del CPCCS Transitorio”.

Según una alta fuente judicial, que prefirió mantener su nombre bajo reserva, la designación del presidente de la Judicatura está cruzada por un contexto importante: la selección de los jueces anticorrupción. Este concurso estará a cargo de la Judicatura. Se teme que al realizar un concurso sin un presidente titular, este proceso fundamental para el combate judicial al crimen organizado y a la corrupción termine por ser afectado, cuestionado e incluso invalidado.

La terna está conformada por Darío Alberto Ordoñez Aray, actual director del CJ en Azuay; Mónica Paola Jarrín Aldaz, jueza que ejerce actualmente en Guayaquil; Gonzalo Andrés Valencia Arévalo, abogado en libre ejercicio profesional. En entrevistas con PlanV, ninguno de los tres ha recibido una notificación del CPCCS sobre el inicio del proceso. La jueza Jarrín dice que podría haber incumplimiento de funciones del CPCCS porque no ha cumplido los plazos.

Mientras tanto, los tres integrantes de la terna tienen listos sus planes de trabajo para una institución afectada por la acumulación de causas, la corrupción y el retraso tecnológico.

Darío Ordóñez, un militante de la ID, que promete independencia judicial

Darío Alberto Ordoñez Aray es el primero de la terna. Nació en Cuenca y tiene 54 años. Pero vivió en Quito durante 15 años hasta que volvió a su ciudad natal para terminar el colegio. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de esa ciudad y se graduó como abogado en 1995. Se ha dedicado a su oficio por un cuarto de siglo y es especialista en derecho constitucional y contencioso administrativo.

Cuenta que fue uno de los primeros abogados del país que presentó un amparo constitucional (figura que hoy se conoce como acción de protección). En 1997, se estableció este recurso después de que se reformara la Constitución. Quedó asentado el derecho, pero no el procedimiento.

Pese a ello, Ordóñez presentó un amparo constitucional a favor de una madre que no había logrado matricular a sus hijas porque la directora de escuela se negaba. El jurista recomendó a la jueza del caso que llamara a una audiencia. En 1998, con la nueva Constitución el procedimiento quedó establecido.

Esta anécdota la recuerda para asegurar que es un apasionado defensor de los derechos humanos. Por eso afirma que una de sus líneas de trabajo será impulsar desde la Judicatura que los casos de sectores vulnerables como jubilados, personas con discapacidad o de bajos recursos sean resueltos de forma prioritaria.

A eso se ha dedicado durante el libre ejercicio profesional y esa mirada, dice, le servirá para su gestión en la Judicatura, en caso de ser elegido.

Pero Ordóñez también tiene un breve paso por la función pública y la política. Entre 1996 y 2001, trabajó en el IESS como abogado y juez de coactivas en Cuenca y Azogues.

En 2002 se postuló como diputado por la provincia de Azuay por la Izquierda Democrática (ID) para el periodo 2003-2007, pero no alcanzó el escaño. Sin embargo, reemplazó a los tres diputados de su provincia que sí fueron electos por su partido cuando estos salían de vacaciones o por viajes.

En 2002 también hubo elecciones seccionales y en estas Iván Saquicela, actual presidente del CNJ, ganó para concejal de Cuenca por la ID. Ordóñez y Saquicela no solo han sido coidearios en la política. Su amistad se remonta a las aulas de la Universidad Estatal y han coincidido en el ejercicio de su profesión, el primero como abogado y el segundo como fiscal. Fue además presidente del Frente de Profesionales de la ID en Azuay.

Después del Congreso, Ordóñez regresó a su consultorio jurídico hasta que nuevamente intentó llegar a la Asamblea Nacional (antes Congreso) por la ID en 2017. Tampoco logró una curul. En 2016, consta como presidente de la ID en Azuay.

En abril de 2021 fue designado como director del Consejo de la Judicatura del Azuay. Cuando llegó a esa dependencia, Azuay se ubicaba en el puesto 23 de las 24 provincias en productividad judicial. Ahora, asegura, que está en el puesto número uno.

Esa fórmula, anuncia, la llevará a la Judicatura y consiste en ‘no meterse’ en los procesos judiciales. Cuestiona que la Judicatura se haya convertido en anteriores administraciones en un órgano represor y de persecución contra los magistrados. “En caso de ser designado, total respeto a los señores jueces”.

Otro de sus objetivos será la implementación del expediente electrónico y espera que en su administración se llegue a que el 100% de los abogados usen la firma electrónica. Asimismo, buscará la modernización del sistema de justicia, pues sostiene que el 90% de los equipos tecnológicos de la Función Judicial está obsoleto.

¿Cómo lograrlo si el actual CJ dice que no tiene suficiente presupuesto? Ordóñez dice que hará gestiones internacionales y con el Presidente de la República.

Otro problema es la burocratización de los procesos internos. Dice que tras la renuncia de un juez las demoras para su reemplazo llegan hasta los seis meses. Cree que es necesario descentralizar al Consejo de la Judicatura y entregar más facultades a las direcciones provinciales.

¿Coincide con la propuesta del jefe de Estado, Guillermo Lasso, de eliminar el CJ? En su opinión, la Constitución de 2008, afirma, dio un superpoder a la Judicatura y ahora es necesario replantear su rol. Cree que solo debe ser un órgano de apoyo a la administración de justicia.

Mónica Jarrín, una jueza que impulsará la justicia indígena

Mónica Paola Jarrín Aldás es la segunda jurista de la terna. Nació en Quito y tiene 35 años. Pero creció en Ambato y estudió derecho en la Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Su especialidad es el derecho civil.

Entre 2010 y 2012, trabajó en la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (antes llamado INDA), del Ministerio de Agricultura. Inició en el departamento jurídico en Tungurahua y luego fue trasladada a la Dirección Distrital en Riobamba, que tiene competencia en cinco provincias.

Su paso por esta dependencia le permitió trabajar directamente en zonas rurales para la titulación de tierras y acercarse a la justicia indígena. “He visto cómo ellos organizan la justicia de acuerdo a sus costumbres, que es totalmente diferente a la justicia ordinaria, pero tienen directrices para cumplir un debido proceso”.

Asegura que este tema le impactó y ahora es parte de una de las monografías del doctorado en Responsabilidad Civil que estudia en Argentina. Por eso en su plan de trabajo, en caso de ser elegida como presidenta de la Judicatura, propone un acercamiento con la justicia indígena. “El artículo 171 de la Constitución establece que tiene que haber cooperación coordinación y apoyo entre la justicia ordinaria y la justicia indígena”, sostiene y cree que ese es uno de los pendientes del organismo.

Cree que la Judicatura debe abarcar este tema, pero no como una intromisión a este tipo de justicia, sino en capacitar a mediadores indígenas o entrenar a los jueces de paz para que no se pierdan las costumbres ancestrales.

Entre 2012 y 2014, fue ayudante judicial y defensora pública. En 2014 conoció a Iván Saquicela en la Escuela de la Función Judicial en Cuenca, donde Jarrín estuvo cinco meses. En esa misma época, Saquicela cursaba para ser juez de la Corte Nacional y juez provincial al mismo tiempo.

Desde 2015 es jueza de la Unidad Civil, Mercantil e Inquilinato de Guayaquil, cargo que mantiene hasta la actualidad.

Desde ese puesto cree que es importante avanzar en el expediente electrónico. “Se transparentaría aún más los procesos”, dice la jurista porque permitiría seguir las diligencias, los escritos, así como el sorteo de las audiencias, que han dado lugar a actos de corrupción.

Sobre este tema, considera que esta es una forma de luchar contra la corrupción en la justicia, porque se podrán observar las actuaciones judiciales y al tener todo el expediente en la web, los procesos no podrán ser manipulados. “Ya no será posible que se pierda el expediente, que se saque algún folio o se mantengan los procesos rezagados hasta que sea conveniente una audiencia o una diligencia”.

Afirma que otro problema son los altos costos de los arriendos que deben pagar las unidades judiciales y asegura que esas dependencias son las que están más deterioradas y sin servicios mínimos como agua o aire acondicionado.

Propone que a través de Inmobiliar se busquen bienes inmuebles que puedan ser donados a la Función Judicial o cedidos a través de contratos de comodato, con el fin de destinar los gastos de arriendos al mantenimiento de las unidades. “No tenemos papel para imprimir, no tenemos impresoras, no tenemos computadoras”.

Cuestiona que existan unidades judiciales con jueces multicompetentes en todas las áreas. “Si queremos dar un servicio adecuado, necesitamos que el juez esté especializado por materia”.

Cree que por lo menos se debe disgregar las materias penales de las no penales para no sobrecargar de trabajo a los funcionarios. También propone jueces especializados en materia constitucional.

Jarrín ha sido docente de Uniandes y de la Escuela de la Función Judicial. Este último, dice, debe ser un espacio no solo para el servidor judicial, sino también para los abogados en libre ejercicio, defensores públicos, fiscales y estudiantes. Propone una especialización en todas las materias, que incluyan simulaciones de audiencias antes de obtener la acreditación de la especialidad.

No es partidaria de que el Consejo de la Judicatura sea eliminado, pero cree que sus funciones deben ser delimitadas. “La Judicatura es un simple administrador que coadyuva a la Función Judicial”.

Gonzalo Valencia, un empresario y jurista que buscará la evaluación de los jueces

Gonzalo Andrés Valencia Arévalo también es cuencano y tiene 44 años. Es el último de la terna. Estudió derecho en la Universidad del Azuay y obtuvo su título en 2002. Tiene una especialización en derecho procesal y una maestría en la misma materia por la Universidad Andina Simón Bolívar, que aún no consta en la página web de la Secretaría Nacional de Educación Superior.

Asimismo, tiene una especialidad en derecho empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja y un título como mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay.

Se inició en la función pública en 1996 cuando fue secretario general de la Gobernación de Azuay. En 2006 trabajó en la Empresa Pública Vial del Azuay. Entre 2010 y 2011 se vinculó a la unidad de préstamos hipotecarios del IESS y luego al BIESS.

Entre 2004 y 2008 fue asesor jurídico en la Prefectura del Azuay, durante la administración de Paúl Carrasco.

En 2009, Carrasco fue denunciado y la Fiscalía abrió una investigación por presunto peculado contra él y cinco personas más, incluido Valencia. El jurista explicó que los hechos sucedieron cuando estuvo encargado de la sindicatura de la Prefectura por ocho días. En este tiempo, la institución suscribió un convenio con la Asociación de Agropecuaria de la parroquia Sinincay, en Cuenca, para abrir un camino hacia un mirador.

El 12 de enero de 2009, la Fiscalía los acusó porque la Prefectura supuestamente favoreció con la apertura de este camino a la radio Esplendí y por haber usado maquinaria y obreros del consejo provincial del Azuay para realizar obras en terrenos de ese medio. De los seis, tres fueron llamados a juicio y los otros tres, incluidos Valencia y Carrasco, tuvieron el sobreseimiento provisional. Pero en mayo de 2010, la Segunda Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay revocó esa decisión y llamó a juicio a los seis procesados.

Los funcionarios llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para la suspensión condicional del procedimiento. Este consistía en labor comunitaria y un programa de concienciación ambiental para fortalecer el turismo en la parroquia durante dos meses. Tras ello, en octubre de 2011 se archivó la causa.

En 2012, Valencia fue juez temporal y coordinador en la Agencia de Regulación de Control Minero. También se desempeñó como conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo en Cuenca, en 2014.

Tiene un estudio jurídico desde hace 20 años y ha sido presidente de las empresas Rootours, Publigestión, ConsuAzuay, Proturaustro, Interlog y Consulaplic. También fue vicepresidente en Plásticos Rival.

Fue representante de los abogados en el Azuay y vicepresidente del Colegio de Abogados entre 2019 y 2020. Dice que estas funciones le permitieron vincularse con autoridades y ha promovido reuniones con Saquicela. El Colegio ha hecho eventos académicos en los cuales Saquicela ha participado como ponente. Pero conoce al presidente del CNJ desde que este fuera fiscal en Cuenca.

En octubre de 2020, antes de las elecciones presidenciales, Valencia rechazó la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la Dirección Provincial del CNE en Azuay. Se excusó por compromisos profesionales. Su nombramiento causó el rechazo de los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita.

Además de impulsar el expediente electrónico, Valencia dice que uno de sus ejes de trabajo será incrementar personal en la Función Judicial. Para ello plantea una reforma a la Ley Notarial para que sus ingresos se destinen al CJ para solventar sus necesidades.

Asimismo, Valencia promete respaldar a los jueces, pero está consciente que no todos hacen un trabajo efectivo. En ese sentido, cree que es necesario un proceso de evaluación.

En corrupción, propone tramitar de forma inmediata las denuncias que lleguen al organismo y más capacitación para los jueces.

Para el jurista, el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo que no tiene que involucrarse con las decisiones jurisdiccionales. Cree que es un acierto la propuesta de Lasso para que un solo organismo maneje lo administrativo y jurisdiccional.