“¿Cuándo, en la vida de derecho internacional, una embajada puede solicitar orden de captura?”, preguntaba el abogado Jorge Sosa Meza durante una entrevista sobre la extradición de Washington Prado Álava, alias Gerald o mejor conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano. En enero de 2018, Sosa habló con el medio Telenorte 24 sobre la solicitud de la Embajada de EEUU para que Gerald sea detenido y extraditado a ese país.

Entrevista a Jorge Sosa en el medio Telenorte 24.

Sosa es ahora candidato a juez de la Corte Constitucional (CC). Fue postulado por la Función de Transparencia y Control Social. En entrevista con PlanV, el jurista afirmó que su participación en ese caso solo correspondió a una consulta que se le hizo en el campo del derecho internacional.

Esto también lo mencionó en la entrevista de 2018. Específicamente, dijo, se le preguntó por qué las autoridades ecuatorianas no habrían cumplido con lo que establecen las leyes ecuatorianas para iniciar con la extradición del narcotraficante a Ecuador. “En el caso de Gerald hay una cosa bastante dudosa que me dejó perplejo. Tanto la Corte Nacional como los jueces que llevan los casos de Gerald se peloteaban y el uno le decía al otro: ‘tú inicia, no tú inicia’. Evasivas”, afirmó al medio local en 2018.

En ese mismo espacio, Sosa manifestó que la Ley de Extradición exige que el juez que tramitaba el caso de Gerald debía solicitar a la Corte Nacional de Justicia que inicie el proceso de extradición en el país donde estaba prófugo el ecuatoriano, es decir Colombia. Gerald fue capturado en el país vecino en abril de 2017 y fue extraditado finalmente a EEUU el 24 de febrero de 2018.

El abogado guayaquileño, sin embargo, negó este martes, 18 de enero, haber sido parte del equipo de juristas de alias Gerald. “Yo no he patrocinado ninguna causa del señor Prado Álava a nivel nacional. Es una noticia falsa. Si me solicitan una consulta en plano internacional, porque soy experto en el tema de DDHH, yo tengo alguna decena de casos ganados en el Sistema Interamericano, lo que se me preguntó específicamente es algo que está evidente en la Constitución. Te preguntan como especialista si un ecuatoriano puede ser extraditado desde otro país, y ¿qué voy a decir yo como abogado? Voy a decir no”.

PlanV le consultó si ese caso podría causar algún conflicto ético con su postulación a la Corte. “Obviamente que no, yo no tengo ningún conflicto porque no he patrocinado ninguna causa. No he firmado nada, en ningún juicio, ni penal, civil ni constitucional. Tampoco he sido parte del equipo de Gerald”.

Aunque Sosa no aparece como abogado de ninguno de los cuatros procesos penales contra Gerald, sí consta como abogado en el pedido de medidas cautelares a favor de Gerald, de octubre de 2017. En el proceso está su nombre, su correo y casillero judicial, junto al de Walter Vallejo, otro de los abogados de Prado Álava.

Las notificaciones sobre el pedido de medidas cautelares llegaron a los abogados Sosa y Walter Vallejo. 

El 1 de noviembre de 2017, el juez Patricio Vidal, de la Unidad Judicial Sur Penal de Guayaquil, aceptó el pedio y ordenó que se inicie en el plazo máximo de 72 horas el trámite para que Gerald sea juzgado en Ecuador por asesinato, tentativa de asesinato y narcotráfico. También solicitó a Colombia, a través de su embajada en Ecuador, que informe sobre la situación jurídica y las condiciones físicas y carcelarias de Gerald, quien estaba recluido en la Picota, una cárcel de máxima seguridad en Bogotá. Sosa reclamó en ese entonces la falta de respuesta de las justicias ecuatoriana y colombiana ante ese fallo.

En la entrevista que ofreció a Telenorte 24 también se observan documentos oficiales colombianos dirigidos a Sosa. El mismo abogado los mostró en la cámara al periodista. Las imágenes registraron un oficio del 15 de enero de 2018 dirigido a alias Gerald con copia a los correos de los abogados Sosa y Walter Vallejo. La respuesta fue de Magaly Romero, asesora jurídica de la Presidencia del Senado Colombiano, quien le dice que esa cámara no puede involucrarse en temas judiciales y por lo tanto remitirá el pedido de los abogados a la Fiscalía colombiana. Esta institución respondió a su vez el 18 de enero de 2018 en una carta dirigida a Sosa donde niega posibles faltas al debido proceso en la extradición de Gerald.  “Yo no me meto en estos casos a menos que vea que existen irregularidades” dijo en 2018.

En esa entrevista, el abogado afirmó que hubo un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares contra Colombia porque, en su opinión, no cabía la extradición del ecuatoriano desde otro país que fuese el suyo. E hizo esta comparación en la entrevista de 2018: “El caso Julian Assange es idéntico en el fondo con el caso Gerald. Los dos quieren ser extraditados a EEUU desde un suelo que no corresponde al suelo territorial de ellos”. Ahora, en la entrevista con PlanV, dijo que no fue una solicitud sino una alerta.

En publicaciones de medios locales en 2018, Sosa aparece citado como abogado de Gerald. “Muchas veces las notas de prensa hacen una relación genérica. Vallejo sí fue abogado, pero a mí se me consultó únicamente sobre el tema de extradición”.

Sosa presentó una hoja de vida de 406 páginas para el concurso de jueces de la CC. El documento incluso tiene un índice de los capítulos que contiene: experiencia laboral, títulos profesionales, premios, seminarios, publicaciones y sentencias y casos ante el Sistema Interamericano.

Sosa llevó a la Corte Interamericana de DDHH y a la CIDH ocho casos, entre ellos el de Melba Suárez Peralta por una mala práctica médica, el de Rafael Cuesta Caputi que reclamó por la falta de investigaciones acerca de una bomba que le explotó en las manos durante sus actividades periodísticas; el de dos estudiantes ecuatorianos que viajaron a Chile y asesinados durante la dictadura de Pinochet, entre otros.

Pero en el curso, la postulación de Sosa fue impugnada. Natalia Roca, activista, cuestionó al abogado. Uno de los requisitos para ser juez de la CC es que el candidato no haya pertenecido en los últimos 10 años a la directiva de algún partido político. Sosa, según Roca, no acreditó tal requisito. En la carpeta del jurista está un certificado del CNE, del 22 de noviembre de 2021, que afirma que no consta como afiliado a ningún partido u organización política. Para Roca era insuficiente, pues “ha participado activamente de la política nacional del movimiento político Fuerza Ecuador (FE) como candidato a asambleísta por el distrito 2 en Guayas en 2017”.

En los documentos que acompañan la denuncia, está un tuit de FE que lo presenta como integrante de la comisión jurídica de dicho partido, según información publicada en el Twitter de FE. En el plan de trabajo de FE para el 2017 al 2021, la primera firma fue la de Sosa. Para el abogado, lo importante en este punto es no haber pertenecido nunca a una directiva de un partido político o haber estado afiliado. “Usted tiene otros jueces que han sido candidatos. Por eso creo que es un estigma, tiene que ver con expresiones de odio y de discriminación. Por ejemplo, el juez Iván Saquisela fue afiliado a la ID y concejal electo, el doctor (Enrique) Herrería fue dos veces asambleísta por el Partido Social Cristiano, la doctora Nina Pacari también fue asambleísta por Pachakutik. Hasta el doctor Hernán Salgado militó en el Partido Socialista”.

Mañana a las 8h00 por Radio Forever estará el Dr. Jorge Sosa Meza @ZADIG357, miembro de la comisión Jurídica de #FE pic.twitter.com/GUwCvQnusA

— FUERZA ECUADOR (@fuerza_ecuador) June 13, 2016

Roca mencionó además que Sosa fue deudor por tres años de pensiones alimenticias y que solo se puso al corriente de sus obligaciones un día antes de ser postulado. Otro de los requisitos para ser miembro de la CC es no tener este tipo de deudas. “Es un juicio que no genera pensión porque fue suspendido debido a que yo tengo la tenencia de mi hijo desde 2017”, afirmó Sosa. Las dos impugnaciones fueron rechazadas.

En 2020 fue asesor de Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sosa ha sido cercano a la familia de la Presidenta del CPCCS. Fue asesor del asambleísta Luis Almeida, del PSC. Sosa le auspició una demanda internacional cuando el gobierno de Rafael Correa retiró una de las frecuencias de Radio Morena, de su propiedad. Asimismo fue abogado de Pedro Almeida, quien fue designado en 2021 como subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sofía Almeida es hija de Pedro Almeida, hermano de Luis.

Otros cargos públicos que Sosa registra en su hoja de vida es la de haber sido asesor en la Prefectura del Guayas durante la gestión Jimmy Jairala.