Uno de los argumentos de la defensa de Jorge Glas para presentar un pedido de hábeas corpus fue el supuesto desconocimiento del paradero del exvicepresidente durante un intento de amotinamiento en la cárcel de Latacunga. Esto ocurrió el 5 de abril después de que dos días antes se produjera una matanza de 20 reos en el centro penitenciario de Turi (Cuenca). Los líderes de las bandas que protagonizaron los enfrentamientos fueron trasladados el lunes, 4 de abril, a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil.  Y el 5 de abril, hubo disturbios en tres cárceles del país, entre ellas la de Latacunga, por presuntos reclamos contra esa medida.

Glas y funcionarios de ese centro fueron evacuados por los incidentes. Esto lo relató Alexis Oviedo Vásconez, quien estuvo en la audiencia de hábeas corpus como representante del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI). El funcionario contó que Glas fue trasladado porque hubo un “conato” de amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi, específicamente en el área de máxima seguridad. Su intervención consta en la sentencia escrita que el juez Diego Javier Moscoso, de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, hizo pública este lunes 11 de abril.

El 5 de abril, todo el personal administrativo fue evacuado y la Policía sacó a Glas, según dijo. Pero este martes, 12 de abril, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó a PlanV que Glas no salió de la cárcel, y que solo fue reubicado en otro espacio del mismo centro como lo establece el “protocolo” de seguridad que tenía, agregó el ministro.

Sin embargo, el funcionario del SNAI dio otra versión de los hechos durante la audiencia del hábeas corpus. “En ese sentido se sabía de la evacuación, pero en lo personal no se sabía en cuanto al retorno al centro de privación de libertad”, manifestó Alexis Oviedo Vásconez en referencia a Glas. Aseguró que el personal administrativo retornó a la hora y media cuando se tomó el control del centro, “pero en lo personal desconozco si el señor Jorge David Glas Espinel fue reingresado el mismo día o en la tarde o en al siguiente día, a la presente el señor se encuentra en el centro de Cotopaxi”.

El supuesto paradero desconocido de Glas dio la base a la defensa de Glas para pedir el hábeas corpus en Manglaralto, en Santa Elena. En esa provincia vive Nicole Raquel Malave Illescas, militante del expresidente Rafael Correa y excandidata a asambleísta alterna por UNES. Malave se presentó como peticionaria del recurso a favor de Glas porque le preocupaba la situación de riesgo del exvicepresidente por los incidentes en Latacunga. El documento lo ingresó el 7 de abril a las 23:44, dos días después del intento de motín en dicha cárcel. 

Édison Loaiza actuó como abogado de Malave y de Glas en la diligencia. Loaiza afirmó que -con lo manifestado por la defensa del SNAI- “se está diciendo claramente que al ingeniero lo sacaron del centro sin conocer si lo regresaban el mismo día o al siguiente día, con esto se tiene plena vigencia lo expuesto en la demanda respecto al hábeas corpus que genera la competencia hacia su autoridad”.

La coincidencia entre los argumentos del SNAI y la defensa de Glas lo destacó también el juez Moscoso. “Conforme a los hechos procesales del considerando primero, se desconocía el lugar de privación de libertad del afectado Jorge David Glas Espinel, como lo señaló la accionante en su libelo de demanda, y lo manifestado por el SNAI (...), en consecuencia desconociéndose el lugar de privación de libertad de la persona privada de libertad, los jueces competentes para la interposición de la acción son los jueces y juezas del domicilio de la accionante. El suscrito juez es competente en las parroquias de Manglaralto y Colonche, lugar de domicilio de la accionante”.

El juez citó el artículo 44, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para justificar su competencia en este caso. Ese artículo dice: “Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante”.

El ministro Carrillo manifestó que están investigando decisiones administrativas. Agregó que la matanza en Turi creó las condiciones para un tinglado judicial en este caso.

En la audiencia no solo estuvo el funcionario del SNAI, sino también el abogado Jorge Washington Comasisin, en representación de la Policía Nacional, así como Iván Sebastián Pozo, en representación del Ministerio de Gobierno. Ninguno de los dos apeló o contradijo las intervenciones del abogado, accionante o testigos a favor de Glas.

Los ministerios del Interior y Gobierno fueron informados de la audiencia de Glas por el SNAI, confirmaron los ministros Carrillo y Francisco Jiménez. Carrillo reconoció que hubo “falta de reacción” ante el pedido de hábeas corpus de Glas.

En un conversatorio con medios, Carrillo afirmó que el caso de Glas sucede después de una serie de eventos. Después de la última masacre en Turi, el 6 de abril hubo una amenaza de bomba contra un edificio de la SNAI en Quito y el mismo día, un agente de seguridad fue herido de bala mientras trabajaba en la dependencia de la Av. 12 de Octubre. Esos eventos podrían estar relacionados y, según el ministro, fue un mensaje contra los funcionarios de esta institución. En ese contexto adverso, cómo alguien del SNAI podría defender u oponerse a una decisión, justificó Carrillo.

La audiencia para el hábeas corpus fue convocada en dos ocasiones. Primero para el 8 de abril a las 22:00, pero se suspendió por la inasistencia de Glas. Pero a las 00:12 del 9 de abril, el juez Moscoso hizo una nueva convocatoria para las 11:00 de ese mismo día. En esa segunda convocatoria, el juez ordenó notificar al Comandante General de la Policía Nacional, así como al Ministerio de Gobierno para “que realicen las gestiones necesarias” a fin de que comparezca Glas. Glas compareció y hacia las 19:00, el juez falló a favor de Glas. El trámite que dejó libre a Glas solo duró 21 horas.

El juez Moscoso también convocó a 20 directores de cárceles del país para que estén presentes en la diligencia. A la primera audiencia fallida asistieron representantes de las cárceles de Esmeraldas y de El Rodeo (Manabí). En la segunda, no se presentó ninguno de ellos.

Los personajes tras la salida de Glas

Diego Javier Moscoso Cedeño. Es el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglaralto, en Santa Elena. Está en esa unidad desde el 30 de noviembre del 2017. En su sentencia escrita, sostuvo que era competente para conocer sobre la situación de Jorge Glas porque la accionante o peticionaria, Nicole Raquel Malave Illescas, vive en esa provincia. Aseveró que la defensa de Glas justificó la necesidad de protección de Glas porque “ha sido tratada de forma inhumana y degradante, respecto a su integridad física y psíquica”. Afirmó que “podría existir el riesgo de un daño permanente” a su integridad o “incluso devengar en un acto de tortura”.

Esta es una de las pocas imágenes del juez Diego Moscoso. En Ecuavisa, dijo que le tiene sin cuidado las críticas sobre él.

Édison Loaiza, abogado de Glas. Afirmó en la audiencia que el exvicepresidente debió haber obtenido beneficios penitenciarios como la prelibertad, pero les fueron negados. El abogado enfatizó lo dicho por el funcionario del SNAI respecto a que la matanza en Turi repercutió en los centros de rehabilitación social. Como documento a favor de su cliente, adjuntó un certificado de trabajo del exvicepresidente como profesor y la declaración juramentada de la madre del exfuncionario acerca de que Glas va a permanecer en su casa, en Guayaquil.

Alexis Oviedo Vásconez, representante del SNAI. No objetó nada frente a los testimonios de los médicos que, en la audiencia, relataron que Glas tuvo episodios psicóticos y riesgo de suicidio. Dijo que se ha entregado la documentación que ha sido solicitada como el historial clínico y los informes médicos de Glas. Agregó que, si bien el Ministerio de Salud trabaja en el interior del centro de Cotopaxi, este no tiene una relación de dependencia con el SNAI. Coincidió en que en la cárcel no laboran psiquiatras en esa especialidad, solo psicólogos y ellos no pueden medicar. “De los galenos que participaron dentro de esta audiencia no se tiene nada que objetar”, insistió. Según la sentencia escrita, el funcionario no se opuso al hábeas corpus.

Nicole Raquel Malave Illescas. Es militante del expresidente Rafael Correa en Santa Elena. En su perfil de Instagram promociona el colectivo “Es tiempo de mujeres”, que imparte cursos de belleza y defensa personal. En las elecciones generales del 2021, fue candidata a asambleísta alterna por la provincia de Santa Elena del candidato principal Carlos Víctor Yagual Bazán. En esa ocasión, por la provincia, se presentaron también  Winellys Nora Naranjo Rosales, Ronald Lupercio Pilay Valeriano y Lenín Francisco Mera Cedeño. Este último fue electo como legislador. Ella aparece en sus redes sociales junto a jóvenes y seguidores de la provincia del exmandatario. Malave dijo que presentó el hábeas corpus porque Glas estaba en riesgo por los incidentes en Latacunga, del 5 de abril, de donde supuestamente fue trasladado a otro centro. Pero el ministro Carrillo lo negó. Malave alegó que Glas “se encontraría siendo víctima de tratos crueles y degradantes” en la cárcel y solicitó medidas alternativas para el cumplimiento de su pena.

Nicole Raquel Malave fue candidata a asambleísta alterna por UNES en 2021. Foto: Facebook de Nicole Malave Illescas