Actualizado al 12 de septiembre con la descalificación del candidato Leonardo Vinicio Rosillo Abarca

El concurso para la designación de 14 jueces anticorrupción prácticamente ha concluido. La última fase fue la impugnación, en la que los ciudadanos tenían la oportunidad de cuestionar a algunos de los 37 aspirantes que obtuvieron más de 80 puntos sobre 100. Pero ninguna de las siete impugnaciones que llegaron fueron admitidas, por lo que el Consejo de la Judicatura se prepara a oficializar el paso de 37 postulantes a la siguiente etapa: un curso de formación de 52 días con expertos nacionales y extranjeros.  A este entrenamiento irán 10 candidatos a las dos vacantes que existen para jueces de Unidad Judicial Penal; 12 para las seis plazas para jueces de Tribunal Penal; y 15 para otros seis lugares como jueces de Corte Provincial. Estos son los perfiles de los aspirantes que quedaron en los dos primeros lugares de cada categoría.

Candidatos a jueces de Unidad Judicial Penal

José Sebastián Cornejo Aguiar                             

Nació en Quito y es uno de los aspirantes más jóvenes a juez especializado en crimen organizado y corrupción. Con solo 30 años busca ser uno de los dos jueces de la Unidad Judicial Penal. Obtuvo la calificación más alta en su categoría: 91,35 puntos sobre 100. Junto a nueve postulantes más pasará al curso de formación de 52 días.

Es abogado por la Universidad Internacional SEK, tiene una especialización y dos másteres en derecho penal, procesal y litigación oral. En la actualidad, es candidato a PHD en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Ha pasado por tres firmas privadas de abogados. De esa experiencia le quedó en la memoria la sentencia de una jueza de primer nivel contra uno de sus clientes que enfrentaba un proceso por usurpación. Cornejo dice que su defendido era inocente, pero la magistrada lo condenó sin pruebas.

Pero la mayor parte de su tiempo ha estado en el sector público. Ha formado parte de los departamentos jurídicos o de patrocino de los ministerios de Trabajo, Finanzas, Agencia Metropolitana de Tránsito y de Control, Secretaría de Movilidad y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero su experiencia más cercana al cargo que postula la tuvo en la Fiscalía cuando fue parte de la Unidad Especializada de Determinación de Autores, Cómplices y Encubridores (DACE), entre 2013 y 2014. Allí elaboró oficios, planes investigativos, pedidos de archivos de causas, de actos urgentes, revisión de asistencias internacionales, entre otras actividades.

Cornejo ha sido docente de siete universidades, dos de ellas en Bolivia y Perú, donde dicta derecho penal. Su interés por participar en el concurso nace justamente en la academia, desde donde ha observado las falencias en el sistema de justicia y de sentencias que contradicen los principios básicos del derecho. Ha publicado 12 libros y 13 artículos en libros coleectivos, de los cuales resalta “Código Orgánico Integral Penal Comentado, Tomo I, II y III” (Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones), que escribió en coautoría con otros 11 expertos, donde hacen observaciones a la norma penal ecuatoriana.

Este aspirante considera que es una ventaja no llegar del sector judicial al cargo de juez anticorrupción porque el sistema judicial necesita de nuevos talentos, sobre todo de la academia. Para él no fue una sorpresa haber quedado en el primer lugar del grupo que busca una plaza como juez de primer nivel y está a favor de la especialización y evaluación constante a los funcionarios judiciales que manejan los temas penales.

Sobre el concurso, manifestó que las pruebas teórico y práctica tuvieron un alto grado de dificultad, pero le sorprendió que en la oral se haya tenido más componentes de derecho internacional que penal. Espera que el curso de formación, que es la siguiente etapa, sea igual de transparente. Recomienda que las pruebas orales sean transmitidas en vivo para que la ciudadanía pueda validar la preparación de los candidatos.

Renán Eduardo Andrade Castillo

Nació en Portoviejo y tiene 36 años. Es abogado por la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí, y tiene una especialización y un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo estudios adicionales en la Escuela de la Función Judicial en Derecho Procesal Penal.

Es uno de los candidatos cuya experiencia se forjó en el sector público y está convencido en que es necesario hacer carrera en la Función Judicial. Primero trabajó en ventanilla y luego fue citador hasta que en 2012 se inició como secretario de una notaría pública. Ascendió en 2013 a ayudante judicial de la Unidad Multicompetente de la misma ciudad. Tuvo un paso breve por la Secretaría Nacional del Agua (hoy extinta) hasta que en ese mismo año fue designado como defensor público de Pedernales.

Por eso cree que el siguiente paso es ser juez de primer nivel. Eso lo motivó a postular a una de las dos plazas para juez anticorrupción de la Unidad Judicial Penal. También vivir en un cantón afectado por el terremoto y la corrupción es otro impulso, asegura. “Vivo en sector donde las aguas servidas salen a la calle, eso debió haberse corregido en la reconstrucción”.

Como defensor público -dice- ha observado la corrupción y al crimen organizado de cerca porque existe una gran cantidad de causas de este tipo en esa ciudad manabita. Uno de los casos que recuerda fue el de una banda que fue capturada en 2016. La Policía detuvo a 27 de sus miembros, incluidos cinco policías en servicio activo. El ministro del Interior de entonces, José Serrano, les atribuyó al menos 50 muertes violentas en Manabí, además de otros delitos como desaparición de personas, extorsión, robo, microtráfico.

Andrade defendió a la mayoría de los involucrados, pues era el único defensor público en la zona. Tras el terremoto de 2016, escasearon los abogados particulares y en la mayoría de los casos la Defensoría Pública debió asumir el patrocinio de los procesados por delincuencia organizada y narcotráfico que en esos años registró un ascenso, afirma Andrade.

Otra de sus facetas es la radio. Desde 2015 es invitado frecuente a las radios locales para hablar sobre derecho penal y explicar a la gente qué es conciliación, mediación, tipos penales o sanciones.

En su opinión, el concurso para jueces anticorrupción ha sido transparente. Es uno de los postulantes que pidió la recalificación en la prueba teórica y práctica. En esta última, pasó de 25.75 a 30 puntos. Eso le dejó con una calificación final de 88,40 puntos sobre 100 y así se ubicó en el segundo lugar.

Candidatos a jueces de Tribunal Penal

Luis Israel Ortega Falcón

Nació en Quito y tiene 38 años. Es abogado por la Universidad Central del Ecuador. Su investigación académica y personal, asegura, ha estado enfocada en el lavado de capitales y eso le motivó a participar en el concurso para jueces anticorrupción. Por ejemplo, ese fue su tema de tesis para graduarse como jurista después de que se promulgara la primera ley sobre esa materia en el Ecuador.

El país, agrega, no tiene jueces que conozcan sobre lavado de activos porque es compleja y necesita una especialización. Por eso estudió, en 2020, una maestría en Derecho Penal Económico, en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Allí aprendió sobre Sistemas de Gestión de Compliance (antisoborno) e investigó sobre la flagrancia de blanqueo de capitales.

Tiene una especialización y una maestría en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. En esa institución hizo también una tesis relacionada con el crimen organizado. Abordó la violación de las garantías constitucionales de las personas narcodependientes que son usadas por la delincuencia organizada para la comercialización a pequeña y mediana escala. Es postulante al doctorado Estado de Derecho y Gobernanza de la Universidad de Salamanca, en España.

Su experiencia laboral inició en el 2001 cuando fue asistente jurídico del Consorcio Lex & Asociados. Pero pronto llegaría a la Fiscalía, donde ha trabajado durante 15 años. En 2007 inició su carrera judicial como asistente en la Fiscalía del cantón Mejía y después se trasladó a Quito. Es secretario de la Fiscalía de Pichincha desde el 2010. Esa función la ha cumplido en las fiscalías de Tránsito, Flagrancia, Patrimonio Ciudadano, Soluciones Rápidas, Delincuencia Organizada, Personas Desaparecidas y Violencia de Género, donde se encuentra en la actualidad.

Cree que esta experiencia como servidor judicial le da una ventaja para su desempeño como juez anticorrupción en caso de obtener una de las seis plazas que existen para los dos tribunales que se abrirán.

En su opinión, el concurso fue organizado y transparente, pues lo compara con otra convocatoria en la que participó para juez multicompetente. La única observación que tiene es que le tocó resolver un caso de apelación, cuando ese tema debió ser para los postulantes a Corte Provincial. Su puntaje final fue de 88,70 puntos sobre 100 y eso lo ubicó en el primer lugar de su categoría.

Consuelo Marcella Tapia Guerrón

Nació en Tulcán y tiene 41 años. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador. Tiene dos especializaciones en Derecho Penal y Constitucional en la Universidad Andina, y una maestría en Derecho Procesal, mención en Derecho Penal, por la Universidad Tecnológica Indoamérica.

Ingresó a la Función Judicial en 2012 primero como defensora pública. En 2013, después de participar en el concurso para fiscales, obtuvo un nombramiento provisional como fiscal de Pichincha. Desde entonces permanece en este cargo y es especialista en género. Tapia fue la fiscal que investigó el caso de Martha, una mujer que fue violada por un grupo en un bar de Quito.

En el concurso para jueces anticorrupción logró el segundo lugar con el puntaje total de 87,20 sobre 100 puntos. Tapia no contestó los pedidos de entrevista de PlanV, pese a que este medio insistió por llamadas y mensajes.

Candidatos a jueces para Corte Provincial

Ana Gabriela Sánchez Tapia                                                                   

Nació en Latacunga y tiene 38 años. Es otra candidata a jueza anticorrupción a Corte Provincial. Aunque en un primer momento aceptó la entrevista, horas después se excusó. Pero envió su hoja a vida a esta redacción. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador y tiene una especialización y una maestría en Derecho Penal. Además, cuenta con otro máster en Derechos Humanos, democracia, globalización por la Universitat Oberta de Catalunya y es candidata a un PhD en el Programa Estado de Derecho y Gobernanza Global de Universidad de Salamanca, España.

Lleva 14 años como servidora judicial. En 2008, inició como asistente fiscal en la Fiscalía de Provincial de Tungurahua y después se trasladó a Quito para ser analista jurídico de la Fiscalía General del Estado. En 2013, volvió a su tierra natal para ser fiscal de Latacunga. Ese mismo año asumió el cargo de jueza de la Unidad Judicial Penal de esa ciudad con competencia en delitos penales y de tránsito, cargo que aún lo mantiene.

Pero al mismo tiempo, Sánchez es Jueza de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Latacunga, función que la desempeña desde 2019. Este cargo le ha traído tropiezos. Esta jueza negó la prelibertad del albanés Dritan Rexhepi, recluido en la cárcel de Latacunga y pedido en extradición por tres países.  

Harrison Salcedo, abogado de Rexhepi, puso una denuncia contra Sánchez en enero de 2021.
Salcedo -quien fue defensor del exvicepresidente Jorge Glas y fue asesinado por sicarios en el 2021- dijo que la jueza no atendió su pedido de aclaración y ampliación de su resolución. La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi negó la solicitud de Salcedo.

Otro caso que recayó en sus manos fue el habeas corpus de Glas, después de que fuera detenido el 21 de mayo pasado. Glas había sido liberado con un fallo del juez Diego Moscoso, de Manglaralto, un mes antes, pero la Policía lo volvió a aprehender después que se declarara nulo todo lo actuado por Moscoso. Glas fue trasladado a la cárcel N.4 de Quito, por lo que la jueza Sánchez remitió a la capital el pedido de habeas corpus que solicitaba el exfuncionario.

En el concurso, Sánchez es una de las personas que más escaló posiciones después de la recalificación. Pasó del quinto al segundo lugar tras obtener una calificación final de 92,75 puntos sobre 100.

Leonardo Vinicio Rosillo Abarca

Este abogado alcanzó el mayor puntaje en el concurso para jueces anticorrupción, pero fue descalificado. El Consejo de la Judicatura informó que Rosillo fue destituido el 11 de diciembre de 2012 y esa es una inhabilidad establecida en el artículo 77 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que quedó fuera del concurso.

En 2012, era fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. En ese año, la Fiscalía lo acusó por presunto acoso sexual contra una estudiante universitaria. Pero su inocencia fue ratificada en tres instancias y la Judicatura destituyó al fiscal del caso. En su defensa dijo que fue víctima de una trampa y que  había “intereses creados para que no vuelva a su cargo e investigue casos muy delicados”, según declaraciones citadas por diario El Universo. En esos momentos, era aspirante al cargo de Juez de Garantías Penales de Santo Domingo. También fue fiscal Provincial de Tungurahua.

Rosillo nació en Loja y tiene 49 años. En el concurso obtuvo 94,3 puntos sobre 100 y eso lo ubicó en el primer lugar de los 15 aspirantes que lograron más de 80 puntos en su categoría y además de todo el concurso. Pese a las insistencias -a través de llamadas, mensajes de texto y correos-, no atendió el pedido de entrevista con este medio.

Es abogado por la Universidad Central del Ecuador. Tiene una especialización en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UniAndes). Además, cursó dos maestrías, una en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja y otra en Derecho Penal y Criminología por la UniAndes. Es catedrático universitario.

También fue director de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas durante la administración Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tania Arias en el Consejo de la Judicatura Transitorio. Se desempeñó como abogado externo del Municipio de Santo Domingo.

Ha escrito artículos académicos sobre la educación intracarcelaria como mecanismo para evitar la reincidencia en la cárcel de Santo Domingo de Los Tsáchilas y derecho penal. En su hoja de vida cita además que es instructor profesional de karate.