PRIMERA PARTE   

En el valle del Intag, un hotspot de biodiversidad, dos empleados mineros escoltan la visita de un ecologista, dos comuneros y el equipo de PlanV. La concesión minera abarca 4829 hectáreas, algo así como once veces la extensión del Parque Metropolitano Guangüiltagua, al norte de Quito.

EMSAEC mantiene un registro con los visitantes que recorren el sendero turístico dentro de su concesión. En el campamento se registró la presencia de al menos diez trabajadores mineros.

Los dos trabajadores de la empresa, que provienen de comunidades compuestas de 40 a 60 familias cercanas a la concesión, visten uniformes anaranjados con franjas reflectivas, gafas oscuras, cascos y botas industriales. Ambos reciben un mensaje a través de sus receptores portátiles de radio por medio de códigos. Enseguida bajan el volumen al receptor y responden con otro código y su ubicación.

Éric Suárez escoltó la visita de PlanV por la concesión minera. En el camino se hicieron presentes otros trabajadores que se comunicaban con radios portátiles. 

En horas de la tarde, algunos trabajadores dejaron el campamento para trabajar en un nuevo proyecto de viveros dentro de la concesión.

Uno de ellos es un joven de 24 años, Eric Suárez, que viene de la comunidad de Chalguayacu Alto, que está por fuera del límite de la concesión. Él es uno de los tantos moradores a los que la empresa minera  emplea para mantener las vías de lastre y vigilar la concesión. Recientemente también se contrató personal para el desarrollo de viveros. Se dedican a esto debido a que el proyecto minero está paralizado, pero la presencia de la minera se mantiene en el campamento de la concesión.

En el campamento, un grupo de cerca de diez trabajadores se apresta para iniciar una nueva jornada de monitoreo y mantenimiento. Todos han aparcado sus motocicletas debajo de tiendas hechas de madera y techos de plástico. En la base del campamento, los trabajadores conversan sentados debajo de la pequeña infraestructura de madera que tiene vista a gran parte de la concesión.

La empresa Exploraciones Mineras Andinas del Ecuador (EMSAEC), filial de la estatal chilena CODELCO en Ecuador, el mayor productor de cobre del mundo y la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) de Ecuador están a cargo de este proyecto.

De camino a la concesión, grupos de uniformados mineros trabajan en las vías de lastre, o al menos así parece. Según Israel Pérez, un hombre de 65 años que se opone a la minería, “si llueve (los trabajadores) escampan de la lluvia, si hace sol también descansan. No trabajan”, dice. Dentro de su familia el apoyo y el rechazo a la minería están presentes, su hijo consiguió un trabajo en la empresa.

Varios grupos de trabajadores de EMSAEC trabajan en el mantenimiento y limpieza de vías, algunos comuneros anti mineros denuncian que los trabajadores descansan durante gran parte de la jornada.

El joven Suárez asegura que en su comunidad no hay otra alternativa, los productos de la agricultura no son rentables. “Necesitamos empleo, queremos minería”, dice. El joven sostiene que no se puede comparar la estabilidad que ofrece la minera con lo que le ofrece la producción de sábila en su comunidad. “Este es el primer empleo que tengo en mi vida”, dice Suárez.

El morador argumenta que con o sin minería, “esto (se refiere al bosque en el sector) se va a talar”. “En la Amazonía es lo mayor la tala”, asegura. Muchos han optado por trabajar en la empresa minera, otros siguen una resistencia de treinta años a la instalación de una gran mina de cobra en el sector, que podría destruir las montañas, los ríos y la vegetación en el sector. Las comunidades están divididas. Luego del diálogo, Eric y su compañero reconocen que “les toca” acompañar nuestra visita por el bosque operado por la minera. Al parecer, los trabajadores no tenían ninguna labor para ese día, ya que acompañaron el recorrido de este portal durante toda la jornada. A pesar de que no se restringió el acceso a la concesión, los trabajadores reconocieron que tienen instrucción de escoltar a cualquier visitante.

El presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), Gustavo Redín, afirma que hay trabajadores de la empresa “acostados en la vía”. Según el ambientalista, los trabajadores pasan desocupados y realizan esporádicos trabajos de mantenimiento en las vías que conectan a las comunidades rurales.

La concesión minera en el valle del Intag está en un área de alta biodiversidad que también es una zona de amortiguamiento de la reserva Cotacachi Cayapas.

Durante el recorrido se encontraron dos especies de anfibios. Según el centro Jambatu, en el valle del Intag hay más de 20 especies de ranas.

Según Carlos Zorrilla, de la organización por la Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), la empresa instruye a los trabajadores a mantener la vía “lentamente”. En las vías aledañas, grupos de trabajadores mantienen con palas y carretillas la vía. Zorrilla cree que esos grupos no tienen mucho más que hacer. Por momentos trabajan y luego descansan. Sin embargo, ganan sueldos más altos de lo que podrían optar en otras actividades en la zona.

Carlos Zorrilla, miembro de DECOIN, ha estado presente en la resistencia anti minera por más de treinta años. 

El proyecto lleva paralizado desde 2018 por diversas razones. El Estado firmó un acuerdo con CODELCO en 2015 que le otorgaba el 51% de las acciones a ENAMI EP y el 49% a la empresa chilena. Pero en 2020, el Gobierno habría ofrecido su parte del proyecto a inversionistas internacionales. La minera chilena acudió a las cortes internacionales en un arbitraje que sigue sin resolución.

Klever Zumárraga trabaja como guía en un emprendimiento de turismo comunitario en Junín. En una aplicación de teléfono móvil, registra las especies que encuentra en sus recorridos. 

Por otro lado, tanto la Contraloría como la Defensoría del Pueblo han señalado irregularidades en el proyecto. El Ministerio del Ambiente también señaló una serie de errores del estudio de impacto ambiental de 2018 que la empresa ha venido resolviendo. Adicionalmente, hay una acción de protección contra el Ministerio de Ambiente y ENAMI EP presentada por comuneros de Intag por vulneración de derechos a la Naturaleza y falta de consulta ambiental.

Todas estas razones tienen al proyecto paralizado. La empresa continúa empleando personal para tareas de mantenimiento. Según confirmaron los trabajadores en el campamento, las plataformas de exploración están en desuso. 

El futuro de dos ranas está en jaque

Durante 27 años se creyó que la rana arlequín hocicuda estaba extinta. Hasta que en 2016 un grupo de biólogos del centro investigativo Jambatu la encontró en Junín, la única comunidad formalmente dentro de la concesión minera. Según Andrea Terán, bióloga del centro Jambatu, la rana pertenece a la familia atelopus, uno de los géneros más amenazados a nivel mundial. Para Terán fue como “revivir un muerto”. Ante esa segunda oportunidad, y con la mina a pocos metros, llevaron individuos al centro de investigación en Quito para su conservación.

Andrea Terán es bióloga en el centro Jambatu. El centro investigativo funciona en coordinación con la empresa Wikiri en la capital del Ecuador. 

Ejemplares de la arlequín hocicuda están en estudio en el centro Jambatu en Quito. Desde su redescubrimiento en 2016, lograron reproducir individuos con éxito en el laboratorio.  

La investigadora cuenta que el país tiene 653 especies de ranas, lo cual le convierte en el tercer país con mayor número de especies del mundo, solo superado por Colombia y Brasil. Según Terán, cerca del 60% de las especies en Ecuador están en alguna categoría de peligro de extinción. La mayoría de las ranas habitan en los Andes, donde justamente están gran parte de los grandes proyectos mineros. De las 25 ranas arlequín registradas en el país, unas 10 se creen extintas. Según la bióloga, los estudios de impacto ambiental de 2014 y 2018 omitieron mencionar la presencia de la arlequín hocicuda.

En 2019, en tres cascadas dentro de la concesión minera, los investigadores encontraron una nueva especie, que todavía está en proceso de descripción. A través de una votación internacional, la especie tomará el nombre de cohete Resistencia de Intag, en honor a la lucha por su conservación.

Durante el recorrido por la cascada Velo de Novia, acompañados por un funcionario de la empresa, encontramos un ejemplar de la rana Resistencia debajo de una roca. Al pie de la cascada, el anfibio se prestó a ser fotografiado y observado por los funcionarios mineros, el equipo de prensa y los ecologistas. A pesar de que el agua transparente de la cascada aparenta ser limpia, los funcionarios reconocen que la empresa les provee agua embotellada, ninguno bebe del río.

Cerca de las cascadas, un tramo del río tiene un color rojizo. Los comuneros aducen que son rastros de la contaminación generada por la empresa. En ese mismo tramo, cae agua caliente al río. Se desconoce la razón, aunque organizaciones como CEDENMA afirman a que se debe a la exploración minera realizada en la zona. 

Un tramo del río tiene aguas que aparentan estar contaminadas. Los trabajadores que caminan día a día en estos ríos no beben de esta agua.  

La Velo de Novia es una de las tres cascadas donde habita la rana Cohete Resistencia de Intag. Una plataforma de exploración está a pocos minutos de su hábitat.  

La Cohete Resistencia de Intag es una nueva especie descubierta en Intag en 2019. Algunos ejemplares de este anfibio están en estudio en el centro Jambatu en Quito. Fotos: Luis Argüello / PlanV

Los investigadores reportaron al menos 22 especies de anfibios en la zona del Intag. La accidentada geografía de los Andes influye en el alto endemismo de los guacharacos, tímbalos o uilli-uillis, como se les conoce en distintas regiones nacionales.

En el centro Jambatu, en Quito, se observan otras especies en conservación. La rana de cristal esconde su sangre en el hígado durante el día y se vuelve translúcida, así puede dormir más tranquila. Hay especies que parecen hongos, otras que parecen hojas mordidas o gigantes hojas otoñales. La especie es parte de una cadena trófica, si se extingue podrían aumentar las plagas y los insectos.

El centro Jambatu exhibe distintas especies en Wikiri Sapo Parque. Algunas se aparentan ser hojas, otras se vuelven translúcidas para esconderse de sus depredadores. Los patrones en el dorso de las ranas sirven para el estudio científico de las especies.   

El centro de investigación también alberga especies venenosas, que secretan químicos para repeler a sus depredadores. En la piel de estos anfibios, venenosos y no venosos, reposa un potencial farmacológico inmenso. Los investigadores de Jambatu descubrieron moléculas con potencial antifúngico y antibacterial. La piel de las ranas es porosa, “respiran por la piel”, dice Terán. Por lo mismo, son especialmente vulnerables a cambios en la calidad del agua y el aire.

Los antimineros son aislados por sus vecinos

Intag está ubicado entre el bosque del Chocó y los Andes tropicales, dos regiones de alta biodiversidad. También limita con la reserva ecológica Cotacachi Cayapas. Abarca más de cien comunidades que se encuentran sobre las cordilleras de Toisán, una zona en los Andes con valles encañonados y cobijada por bosques nublados en sus empinadas laderas.

Un 25% de la concesión minera fue destinada para la exploración avanzada. Las fuentes de agua del valle son necesarias para la exploración tanto como la explotación.  

En Junín, una comunidad de unas 40 familias, vive Klever Zumárraga, de 34 años. El se opone a la minería. A causa de eso, dice que la comunidad ya no lo invita a las mingas, las relaciones comunitarias de la empresa no lo toman en cuenta y dejó de jugar vóley con sus amigos en la cancha de la comunidad. Junín es la única comunidad que está en medio de la concesión minera, el resto están cercanas a los límites, pero están fuera.

Junín, en la parroquia de García Moreno, es una comunidad agraria ubicada dentro de la concesión minera de Llurimagua. 

Unas cuarenta familias viven en Junín. El centro poblado tiene una escuela, una iglesia y una cancha construida por la minera. 

Los niños de Junín son parte de las primeras generaciones que nacen en centros de salud. Hasta hace pocos años, la población nacía en sus hogares con la ayuda de parteras.  

Klever tiene un cultivo de moras. Sus tierras son el sustento de vida de su esposa y su hija. El reparte la cosecha en gavetas que transporta en su Rally, una motocicleta a la que recién le puso llantas especiales para los caminos lastrados. Si llueve, algo que sucede a menudo, se complica el transporte en las vías de lastre. El comunero dice que termina agotado.

Kléver Zumárraga es un guía turístico del emprendimiento comunitario Cabañas Eco Junín. Kléver también tiene un cultivo de moras en Junín. 

Klever quiere comprar otra moto más pequeña para que su esposa pueda ir a dejar a su hija al colegio. Quieren cambiar a la pequeña de institución porque alegan que la docente de Junín solo tiene el bachillerato terminado y es pro minería. El anti minero asegura que hace cinco años los encuestadores estatales no llegan a su casa porque los vecinos indican que más allá del centro poblado no hay pobladores. Klever dice que tampoco recibe visitas de los relacionadores comunitarios de la empresa.

Con uno de los pocos comuneros con que Klever mantiene una relación de confianza es con Javier Ramírez, quien fue acusado en 2014 de rebelión y pasó 10 meses en la cárcel de Ibarra. Ramírez cuenta que en la parroquia, la gente busca ser presidente de la comunidad, ya que la empresa siempre da trabajo a esos cargos. En Junín, asegura que el esposo de la presidenta trabaja en EMSAEC.

Javier Ramírez produce sábila, naranjilla, café y ganado. Su finca está a pocos metros del centro poblado de Junín. 

Durante su tiempo en la cárcel, tenía que recoger su colchoneta del pasillo junto con otros reclusos a las 05:00am. Pocas personas tenían un “cambuche”, que es como se conoce a los dormitorios ahí adentro. Los demás debían despejar el pasillo para que empiecen a circular los guardias y los reclusos. Según dice, tuvo que pelear para hacerse respetar, ya que muchos pensaban que estafó a su comunidad con dinero de la empresa. Durante su tiempo como recluso hizo cursos de tallado y hacía figuras y llaveros en taguas para mantenerse ocupado. Desde las 6 de la tarde los encerraban en una celda.

El activista antiminero ha vuelto a tener calma. Ahora desayuna a las 6 de la mañana y alimenta a sus gallinas y sus animales. Luego se lleva el almuerzo y trabaja en sus cultivos hasta que cae el sol. Ramírez produce sábila, naranjilla y café de exportación. Dice que antes de la presencia minera vivían mejor. Además, sostiene que con el valor del avalúo de sus tierras, no podría sobrevivir de la agricultura en otro lado en caso de ser desalojado.

Comunidad divida, conservación o trabajo

Las comunidades aledañas a Llurimagua viven una calma momentánea. Lejanos están los días de enfrentamientos entre los comuneros y la fuerza pública que marcaron durante décadas a estas comunidades. De los últimos enfrentamientos registrados, Zorrilla, de la DECOIN, recuerda que en 2014 el Estado ingresó en Intag con 389 policías y militares de élite. En ese año Hugo Ramírez, hermano de Javier, tuvo que huir de su comunidad de Chalhuayacu Alto.

Luego de que detuvieran a su hermano, Hugo tuvo que vivir escondido. Su familia y sus vecinos le llevaban comida al monte mientras duró la orden de captura en su contra. Ahora, algunos de sus tíos, primos y cuñados trabajan para la minera, “no topamos el tema”, dice.

Hugo Ramírez huyó en 2014 de Chalhuayacu Alto luego de los enfrentamientos de la comunidad con la fuerza pública.  

Bryan Ramírez, hijo de Javier y sobrino de Hugo, es un joven que busca alternativas a la minería. A sus 25 años, tiene un sitio de conservación de orquídeas, hace turismo comunitario, es modelo, recientemente ganó las elecciones seccionales y será parte del equipo de una concejalía en Cotacachi. También afirma que hay división comunitaria, “mis compañeros de escuela trabajan en la mina”, afirma Bryan, y agrega que ahora la gente hace grupos dependiendo si son trabajadores de la empresa, “ya no jugamos vóley ni salimos a fiestas".

En la casa de Javier Ramírez, hay un letrero con el rostro de su hijo, Bryan, que fue candidato a una dignidad municipal en Cotacachi. 

Bryan Ramírez es el nuevo director de las cabañas de turismo comunitario Eco Junín. 

Marcía Ramírez, prima de los hermanos Ramírez, también está en resistencia contra la minería. Afirma que han perdido espacios en común con su comunidad en Chalhuayacu Alto. Afirma que, si el Estado hace un programa de salud, la empresa se hace presente, si se hacen fiestas, la minera ofrece financiar el disco móvil. “La gente sabe que el proyecto es malo, pero no hay oportunidades”, dice.

Marcia Ramírez tiene una tienda donde vende alimentos y bebidas a la comunidad. En la parte posterior de su hogar tiene cultivos. 

En las reuniones comunitarias ya no se habla del tema ambiental. Para unos significa desarrollo, para otros es destrucción. En Chalhuayacu, Marcía afirma que la gente a favor de la minería ya no busca planificar trabajos comunitarios, “todo piden que les haga la minera, se han vuelto dependientes”, sostiene.

De izquierda a derecha, Carlos Zoriila, Marcia Ramírez, Hugo Ramírez, Israel Pérez y Javier Ramírez se reunieron en las cabañas de turismo comunitario que administran los moradores.   

Cooperativismo y peleas de gallos, parte de la cultura rural

En estas comunidades se come lo que se produce. Si es rentable, se vende la producción. Otras veces el producto se pudre en la tierra. Los moradores cuentan que en ocasiones, luego de pagar por las cajas para embalar el producto, el transporte y el empacador, no les queda ninguna ganancia. Sumado a eso, los costos de abonos y pesticidas incrementaron el último año por el conflicto bélico en Ucrania.

La naranjilla y el tomate son parte de los alimentos que salen del valle del Intag. Esta producción llega a los mercados de Quito e Ibarra. 

Los locales aseguran que no han accedido a los créditos al 1% a 30 ofrecidos por el presidente Lasso, según dicen, BanEcuador entrega montos menores a los $5000 y por menos plazo de lo ofrecido. Este escenario es tierra fértil para las cooperativas. Según Orlando Villalba, morador de Chalhuayacu Alto, esas instituciones ofrecen dinero inmediato. Si se piden montos pequeños, el dinero está disponible al siguiente día. Para montos sobre los $15 mil, el dinero llega en ocho días. Pero el dinero fácil viene acompañado de tasas de interés que superan el 20%. Villalba asegura que muchos locales se ven envueltos en deudas eternas.

Pero el dinero no falta para apostarle al mejor gallo del caserío. Según cuentan los locales, la apuesta mínima es de $50, de ahí para arriba no hay límite. Los dueños apuestan entre ellos y pueden recolectar una cuota para formar un grupo incremente la apuesta. El público también abre su pozo. El ánimo dentro de las chozas es “ensordecedor”. Las peleas duran doce minutos y se arman combates entre aves del mismo peso y talla. Las peleas son a muerte, o hasta que un gallo deje de pelear.

Un habitante cuenta que confía más en un gallo en su primera pelea, luego de eso quedan heridos. Un buen gallo puede llegar a ganar hasta diez peleas. Para ganar influye la raza del gallo. De los combates locales se pasa a las grandes ciudades. En Quito, asegura el morador, los gallos llegan con “guardaespaldas”, quienes los cargan en estuches de plata. Los encargados del ave cobran o reparten el dinero, según si pierden o ganan.

La presencia minera ha cambiado el modo de vida de las comunidades cercanas a su territorio. A pesar de que el proyecto este paralizado por cuatro años, los locales siguen divididos. Este 16 de marzo habrá una inspección judicial en las comunidades afectadas y el territorio minero en Intag. La empresa buscará obtener la licencia ambiental. En la segunda parte de este reportaje se hará un recorrido histórico y legal de un territorio que lleva más de 30 años en conflicto.