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14 de Marzo del 2023
Historias
Lectura: 13 minutos
14 de Marzo del 2023
Redacción Plan V
Íntag, un conflicto legal de 30 años que sigue sin resolución
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La comunidad de Junín ha estado en el centro de la disputa del proyecto minero. Con el tiempo parte de su población ha pasado a trabajar para la minera. Foto: Luis Argüello / PlanV

 

Una de las luchas anti mineras más antiguas del país se resiste a la explotación hace más de 30 años en esta zona del Chocó y los Andes Tropicales. Por Íntag han pasado mineras de Japón, Canadá, Chile y Ecuador, ninguna ha logrado una buena relación con las comunidades. Al contrario, múltiples enfrentamientos tienen a uno de los mayores proyectos mineros del país paralizado.


   SEGUNDA PARTE   


La concesión, llamada Llurimagua, tiene una superficie de cerca de 4900 hectáreas y su explotación podría significar la destrucción de los bosques primarios y la contaminación de los ríos, explican los moradores. En el lugar se estima hay un gran yacimiento de cobre y molibdeno.

Según fuentes consultadas por PlanV, hay al menos tres estimaciones de las reservas de cobre que existirían en Íntag. Las cifras han ido variando de acuerdo con los estudios realizados por una serie de empresas mineras que han pasado por el sector.  Los japoneses habrían calculado 2.2 millones de toneladas, según los canadienses serían 5 millones de toneladas. Las más recientes estimaciones en manos de CODELCO serían de más de 17 millones de toneladas, de ser cierto sería el proyecto más grande del país.

A principios de los años 90, Bishimetals, filial de la japonesa Mitsubishi, inició las primeras exploraciones mineras en Íntag, un paraje al occidente de Ibarra, en el cantón Cotacachi de Imbabura, donde se estima hay un gran yacimiento de cobre. En esa época, los estudios de la minera asiática ya alertaban de los impactos que podría tener la minería a nivel artesanal en este frágil ecosistema.

Desde el inicio, las comunidades del sector rechazaron el proyecto. En 1997 la movilización comunitaria quemó un campamento minero. Cientos de comuneros participaron de enfrentamientos con la minera japonesa, que perdió la batalla y se retiró de la concesión.

Como respuesta a la arremetida  minera, se fundó la organización por la Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN) que ha sido dirigida desde ese entonces por Carlos Zorrilla. Desde su origen, la Decoin ha impulsado una estrategia de conservación de 38 reservas comunitarias de protección hídrica que abarca 12 mil hectáreas de bosque.

Carlos Zorrilla es escoltado por un funcionario de EMSAEC mientras recorre la concesión minera. Foto: Luis Argüello / PlanV

Según Zorrilla, la primera victoria fue dulce mientras duró. Asegura que enseguida, el Estado le dio a Roque Bustamante, a quien califica como “un traficante de concesiones mineras”, el derecho de minar 7 mil hectáreas en la zona por 30 años. En 2003, el alcalde de Cotacachi llevó al Estado a los tribunales por falta de consulta a la población.

El caso se ganó en primera instancia, pero Bustamante recurrió al Tribunal Constitucional, donde los jueces fallaron a favor del gobierno de Cotacachi y de las comunidades de Íntag. Pero no hubo unanimidad, así que el caso pasó al pleno del Tribunal. Allí, los jueces fallaron en contra del cantón y a favor de la parte demandada, que según la DECOIN era una minera canadiense, Ascendant Exploration, empresa a la que Bustamante vendió los derechos de las concesiones en medio del proceso judicial.

El ambientalista y defensor de Íntag argumenta que empresas “juniors” como Ascendant Exploration, filial de Copper Mesa, se forman para las fases de exploración para luego atraer a grandes empresas que puedan llevar a cabo la explotación. La llegada de la minera canadiense dio paso a una nueva etapa de enfrentamientos.

El impulso a la megaminería

En 2005 los comuneros nuevamente quemaron un campamento minero, esta vez en manos de los canadienses. Durante años, la comunidad obstaculizó a la minera para realizar y posteriormente socializar el estudio de impacto ambiental. Los enfrentamientos no cesaron, Zorrilla asegura que en 2006 la canadiense empleó paramilitares contratados a través de empresas fantasma. “Contrataron una empresa colombiana supuestamente de seguridad que no tenía permiso para trabajar aquí”, relata.

En 2006, fuerzas paramilitares de una empresa "fantasma" agredieron a la comunidad. Foto: Elisabeth Weydt.

La empresa habría contratado 57 paramilitares, “el grupo estaba supuestamente conformado por exmilitares, quienes habrían disparado a la comunidad”, asegura Zorrilla. El ambientalista sostiene que la empresa estuvo detrás de un operativo policial en su contra con 19 uniformados que lo fueron a buscar a su finca, de la que tuvo que huir.

El ambientalista radicado en Íntag, dice que países como Canadá o China tienen sistemas más laxos, que las empresas mineras aprovechan para operar con impunidad en el extranjero. Según el ecologista, estas empresas “junior” también pueden actuar con impunidad porque al no ser empresas grandes y reconocidas, no tienen una reputación que defender.

Hasta Canadá llegó el ambientalista y otros comuneros de Íntag, junto a Friends of Earth Canada y Mining Watch Canada decidieron seguirle un juicio a la empresa y a la Bolsa de Valores de Toronto, de donde la empresa obtenía recursos mientras, asegura, violaba derechos humanos en Íntag.

"en 2006 la empresa canadiense empleó paramilitares contratados a través de empresas fantasma. Contrataron una empresa colombiana supuestamente de seguridad que no tenía permiso para trabajar aquí”, carlos zorrilla, defensa y conservación ecológica de intag.

“Si se quiere crear una empresa corrupta se hace en Canadá, que tiene poca regulación. Las chinas ni siquiera tienen sus empresas en bolsas de valores. Hay empresas que se crean de la noche a la mañana. Venden una mentira, inflan las proyecciones de cobre para atraer inversores, eso en Estados Unidos es fraude, donde se les sigue una causa penal”, asegura el ambientalista, y agrega que las “junior” generalmente ocultan los conflictos sociales a los inversores. En 2009 retiraron la demanda en la Corte canadiense, porque veían que era improbable ganar el caso, pero Zorrilla asegura que al menos la Bolsa expulsó a la empresa.

Luego de la llegada del presidente Correa al poder en 2007, los días de la canadiense estaban contados. En los primeros años de ese Gobierno se aprobaron leyes que establecían como motivos suficientes para revocar concesiones la incapacidad de las empresas de aprobar estudios de impacto ambiental y la realización de consultas. Fue precisamente lo que alegó el Ministerio de Minas cuando anularon las licencias de Copper Mesa en Llurimagua. Pero las autoridades gubernamentales no tomaron en cuenta un detalle, el tratado bilateral de inversión entre ambos países.

Copper no pudo con la resistencia comunitaria y abandonó Íntag. Pero la empresa le siguió y ganó un juicio al Estado por $24 millones en un tribunal en Columbia. Tras los infructuosos pasos de los asiáticos y los norteamericanos en el bosque nublado del Íntag, llegaría la chilena estatal CODELCO, en su intento por internacionalizar su producción de cobre.

Comuneros criminalizados y otro juicio al Estado

Durante el gobierno de Correa se impulsó la minería a gran escala a través de la Ley de Minería. Para llevar a cabo los grandes proyectos, la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) fue creada en su administración. Desde la marcha de Copper, la gigante chilena manifestó su interés por el proyecto, y en 2011 CODELCO y la ENAMI EP suscribieron un acuerdo binacional entre Chile y Ecuador para explotar Llurimagua.

El Gobierno ha colocado letreros sobre la entrega del proyecto en las vías que conectan a las comunidades. Foto: PlanV

Funcionarios de la ENAMI y CODELCO entraron en Chalguayacu Alto resguardados por una masiva presencia de la fuerza pública. Foto: Cortesía de la comunidad. 

Pero las comunidades mantuvieron su rechazo a la minería en la zona y los conflictos escalaron. En 2014 se registró uno de los años más violentos en Íntag, cuando organizaciones sociales denunciaron el ingreso de 389 efectivos policiales con uso de fuerza. En ese año se detuvo a Javier Ramírez, en ese entonces presidente de Junín, una comunidad dentro de la concesión, y se lo acusó de rebelión. Su hermano también fue criminalizado.  

Luego de ser criminalizados en 2014, los hermanos Javier y Hugo Ramírez han vuelto a vivir de sus cultivos. Foto: Luis Argüello / PlanV

La madre de Javier y Hugo Ramírez reclamó por la libertad de su hijo, que estuvo diez meses en prisión. Foto: Ivan Kashinsky, Ivonne Ramos. 

Desde el 2018, luego de finalizar la primera fase de la exploración avanzada, el proyecto paralizó sus actividades. El Estado enfrenta un juicio constitucional por los impactos que causaría la minería en especies amenazadas. Las medidas fueron presentadas en 2020 por Andrea Terán, bióloga del centro investigativo Jambatu, contra el Ministerio de Ambiente por no respetar los derechos de la Naturaleza, que están consagrados en la Constitución de 2008

En primera instancia se ganó el reclamo. Según Gustavo Redín, presidente de CEDENMA, las medidas fueron rechazadas en segunda instancia por errores de la Corte. El caso sigue en la Justicia. Por otro lado, hay informes con irregularidades presentados por la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.  Además, la minera chilena acudió a dos arbitrajes internacionales donde alega que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con el acuerdo para desarrollar el proyecto.

Medidas contra el Ministerio de Ambiente y el arbitraje internacional

Andrea Terán, quien interpuso las medidas cautelares en 2020, encontró una serie de irregularidades en las medidas de conservación publicadas por la empresa para el estudio de impacto ambiental. Empezando por el estudio de 2014, que omitió reportar un anfibio redescubierto en 2016. En 2018, un nuevo estudio de impacto ambiental volvió a omitir la presencia del anfibio, la rana llamada Arlequín Hocicuda.

Andrea Terán encabezó un proceso legal contra el Ministerio de Ambiente por vulneración a los derechos de la Naturaleza. Foto: Luis Argüello / PlanV

“La propia empresa reconoce en su estudio que no se reportan todas las especies que puede haber en la zona. ¿Cómo se puede hacer un plan de protección si no se sabe lo que hay en la zona?”, cuestiona la investigadora.

La bióloga enfrentó el proceso con el apoyo de CEDENMA, DECOIN y comuneros anti mineros. El trabajo colaborativo apuntó contra el Ministerio de Ambiente por no proteger los derechos de la Naturaleza y poner en peligro a las dos especies emblemáticas de anfibios en la zona.

Al mismo tiempo, Redín alertó que el Estado estaría deliberando sobre si aprobar la licencia ambiental del proyecto. “En el 2018 la empresa solicitó una ampliación de la zona de exploración. Ambiente lo aprobó internamente”, dice Redín, y agrega, “falta que emitan la licencia”.

Paralelamente el Estado enfrenta dos procesos internacionales. CODELCO llevó al Estado al CIADI acusando a ENAMI EP de no cumplir los acuerdos para formar la sociedad para el desarrollo del proyecto. Este es el segundo arbitraje en el caso, luego de que la minera acudiera a la Cámara de Comercio Internacional. La minera chilena ha suspendido el arbitraje durante varias ocasiones mientras dialoga y espera llegar a buenos términos con el Gobierno.

El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, le dijo a BNamericas que a inicios de 2023, una comisión de la minera chilena estuvo en Quito analizando los mecanismos de viabilidad sobre un proyecto que gira en torno a los $3 mil millones para la extracción de cobre y molibdeno. 

BNamericas asegura que las conversaciones estarían en torno a la búsqueda de un experto internacional que determine el valor de los recursos del yacimiento. “De acuerdo a la valoración, CODELCO tendría que asignar el equivalente a su participación de 49%”, le dijo Santos al portal.

Este 16 y 17 de marzo habrá una inspección judicial sobre las medidas cautelares contra Ambiente en donde las autoridades visitarán Íntag. Según organizaciones ambientalistas la resolución del caso está vinculada al arbitraje internacional. De no aprobarse la licencia ambiental, el Estado podría llegar a una nueva condena millonaria en las cortes internacionales.

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