En el Ecuador, la minería ilegal se ha enfocado principalmente en la extracción de oro depositado sobre todo en la arena de los ríos amazónicos. Al contrario de las grandes concesiones legales, esta se da en puntos de fácil acceso. A inicios de 2023, el país conoció sobre esta actividad en las afueras del Tena, capital de la provincia de Napo. Reportes aseguran que hay más de 700 puntos de minería ilegal a nivel nacional, un 64% de ellos en las fronteras norte y sur.

A pocos minutos de Tena, en las orillas del río Jatunyacu, que separa a las comunidades de Yutzupino y Naranjalito, la minería ilegal está en auge. Operadores turísticos aseguran que la extracción de oro se ha dado con tanta intensidad que las arenas de Yutzupino ya se han agotado y, ahora los ilegales van hacia Naranjalito y otros frentes en la región

Los locales aseguran que el fenómeno de minería ilegal se da hace más de 20 años. Pero en 2022, la situación en Tena se desbordó. En febrero de 2022, un operativo de la Agencia de Regulación y Control de Recursos no Renovables decomisó 124 retroexcavadoras. A fines de noviembre de 2022 autoridades estatales intentaron nuevamente ingresar a Yutzupino, pero personas armadas los amenazaron y el operativo falló.

El 6 de enero de 2023, la Agencia realizó otro operativo en Naranjalito, frente a Yutzupino, donde se encontraron indicios de actividad minera reciente, maquinaria y frentes de explotación. En la zona se encontraron dos zarandas metálicas, mangueras y vestigios de combustibles. Además, se desmanteló un campamento provisional y se incautó una excavadora.

En un operativo en Naranjalito y Anzu La Victoria se decomisó maquinaria pesada y equipos. Foto: Diario Independiente de la Amazonía. 

Este 18 de enero de 2023, la Agencia lideró un nuevo operativo en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, a pocos minutos de Yutzupino. El operativo paralizó tres frentes de explotación y dos excavadoras, mientras que  tres clasificadoras fueron inhabitadas, además,  se decomisó 2660 galones de combustible y se destruyó siete campamentos donde había equipos y herramientas.

Los operadores turísticos y organizaciones civiles han denunciado una actividad ilegal que opera las 24 horas. Los ilegales llegan a pequeñas comunidades mestizas o indígenas y cooptan sus territorios. Los ilegales ofrecen dinero por el uso de sus predios. Ambos sectores  alertan de que hay incluso líderes indígenas y comuneros que, ante el abandono del Estado, optan por la minería ilegal.

Las redes sociales de la Agencia de Regulación postean cada semana sobre operativos de minería ilegal en todo el país. Son cientos de frentes que operan sin control del Estado y cuyos procesos químicos están destruyendo el medio ambiente. Este reportaje presenta lo sucedido durante el último año en los alrededores de la capital de Napo.

En Yutzupino se decomisó maquinaria pesada en coordinación con las Fuerzas Armadas. Foto: Agencia de Regulación y Control de Recursos no Renovables.

Un operador turístico que alzó la voz

Miller Valdivieso es operador turístico en Tena. Sus videos en redes sociales se viralizaron a inicios de este año. Desde una lancha turística, alertaba sobre la actividad de retroexcavadoras al borde del río Jatunyacu, en la comunidad de Yutzupino. Según Valdivieso, ya “acabaron” con esa comunidad y ahora han cruzado a explotar del otro lado del río, a la comunidad de Naranjalito.

La zona es rica en oro. El operador turístico asegura que, en menos de cuatro meses, “acabaron con todo”. En sus viajes en lancha, Valdivieso ha advertido el modus operandi de la minería ilegal y lo ha registrado con sus cámaras. Así se lo contó a PlanV.

El oro se obtiene de la arena que se lava en la orilla del río, ahí mismo se sustrae el metal a través de una filtración. Los ilegales crean riachuelos para aprovechar el agua del río Jatunyacu, luego de trabajar el metal depositan esa agua en el río. Los cráteres que se crean con la excavación de maquinaria pesada reciben agua del río, pero según Valdivieso los mineros usan cianuro que contamina el agua que retorna al Jatunyacu. Los pozos con agua contaminada que se divisan desde el aire son evidencia de la actividad.

La maquinaria pesada remueve el material de la superficie. Una vez removida la tierra, la gente ingresa con sus bateas por el metal. “Hay gente que ha muerto dentro de los huecos porque el suelo se desprende”, dice Valdivieso sobre mineros  que habrían sido enterrados vivos en la tarea.

La minería ilegal tiene como gran ventaja el uso de agua del río sin ningún costo. El agua tampoco es reutilizada ni pasa por procesos de descontaminación, con lo que  se evitan costos. Ganancia total para los ilegales.

En esta zona, las comunidades ribereñas son especialmente vulnerables a la contaminación del río. La gente se baña y bebe de su agua. Otros cruzan el río para cosechar productos como guaba o verde. Las familias pescan y cocinan de este recurso. Los niños nadan y juegan en el río.

De acuerdo a lo que este operador turístico ha visto, la minería ilegal ha traído gente de todo el país, sobre todo hombres jóvenes que se encuentran en situación de desempleo. “Llegan y se hospedan en hoteles, esto trae alcoholismo, narcotráfico y prostitución. Los peces gordos están alejados de las zonas de explotación, contratan guardias, contadores, choferes”, asegura, al referirse a quienes ponen el capital de este tipo de operaciones.

La actividad minera no discrimina tiempo ni clima, opera las 24 horas del día. Los operadores turísticos de la zona han declarado públicamente que durante la noche se escucha maquinaria trabajando. Para Valdivieso, los operativos del Gobierno son “una farsa”. “El mismo director de la Agencia (de Regulación y Control) hace públicas las inspecciones. Hemos visto hasta máquinas de la Prefectura (de Napo)”, asegura.

En esta zona extraen oro desde individuos con su batea, un recipiente en forma de plato que filtra las impurezas del metal, hasta gente a cargo de maquinaria pesada. Valdivieso asegura que para entrar a las zonas de explotación hay que pagar una cuota. Según el operador, los valores los recaudan los mineros ilegales y los dueños de los predios de las comunidades donde se lava el metal. El hecho de que haya dinero también para los moradores del sector explica porque algunas de estas comunidades no protesten por lo que ocurre.

Según Valdivieso, hay una división en las comunidades a donde llega la actividad ilegal. Algunos optan por la minería ilegal. Otros se oponen. Desde presidentes de GADs comunitarios, hasta líderes indígenas, la minería ilegal les estaría haciendo fuertes ofertas económicas a cambio de su apoyo.

Por eso, Valdivieso no duda en calificar lo que sucede en su provincia como “la fiebre del oro”. El operador sostiene que las autoridades locales sabían del tema, pero “se les escapó de las manos” cuando a fines de año se viralizaron videos de la actividad al borde del Jatunyacu.

El 70% del Napo es un área protegida

Patricio Meza es asesor de la CONAIE y la CONFENIAE. También es miembro del Frente Nacional Antiminero. Meza también sostiene que hay un boom por la minería ilegal. El Frente y otras organizaciones como Napo Resiste o Napo Ama La Vida organizan plantones cada semana en el Tena. Los colectivos demandan que se declare en emergencia ambiental a la provincia. Más del 70% del Napo es área protegida.

Meza confirmó que al interior de Yutzupino había grupos armados. Desde el Frente acudieron a la fuerza pública para que a través del Ministerio de Gobierno les desalojen, algo que se logró, pero ahora están en Naranjalito y río abajo.

En esta zona donde ha proliferado la minería ilegal hay una concesión del Estado a Terraearth Resources, una empresa con capitales chinos. Según Meza, una estrategia de la empresa es permitir la minería ilegal para llegar como “salvadores”. “Terrearth es la empresa más grande de la zona, antes era Merendon de Canadá, es la empresa que marca hegemonía por acá”, afirma. Esta concesión superaría las 7 mil hectáreas.

Cada lunes, ambientalistas y líderes comunitarios organizan plantones en Tena en contra de la minería. Fotos: Facebook de Napo Ama la Vida

El activista asegura que hace unos días se concedió la licencia ambiental a la empresa. “Se puso una acción de protección con colectivos y la Nacionalidad Quichua Amazónica de Napo donde se tuvo una sentencia parcial. El estudio que presentan para la licencia ambiental es ex post, para exploración y explotación, porque eso hacían al mismo tiempo”, explica. Meza asegura que no hay cumplimiento a la sentencia y que están pidiendo que el caso suba de la Corte Provincial  de Napo a la Corte Constitucional.

El representante del Frente sostiene que de las comunidades donde se hace minería legal e ilegal sale el alimento para la zona. De estos territorios agrícolas salen alimentos que luego se comercian en las ciudades cercanas, “se pone en riesgo la soberanía alimentaria del Tena”, sostiene Meza y asegura que los ilegales se están movilizando a la vecina provincia de Pastaza.

Un caso de vulneración a la naturaleza

José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida, ha sido parte de los plantones que se dan en Tena cada lunes. Según explica, la explotación está a solo ocho minutos de la capital del Napo. “No es un fenómeno nuevo, ya se da hace 25 años en (los cantones) Carlos Julio Arosemena Tola y Tena”, afirma.

Moreno asistió el 2 de febrero de 2020 al proceso de socialización del estudio de impacto ambiental a cargo de la empresa china Tearraerth Resources. Afirma que fue para constatar de qué se trataba el proyecto, pero sostiene que las firmas de asistencia fueron tomadas como actos de consentimiento. Moreno advierte que ninguna de las autoridades comunitarias ni parroquiales estuvo presente.

En esa socialización, la empresa aseguró a la comunidad que no había especies importantes en su área de concesión y que según sus estudios esa zona ya estaba contaminada. Moreno afirma que les dieron un plazo de siete días para presentar revisiones a un estudio de 958 páginas. El activista argumenta que dicho plazo no es suficiente para que la ciudadanía evalúe los impactos. “Adicional a eso, presentaron solo una hoja con un resumen de que en la zona no había especies”.

En San Francisco de Chucapi, cantón Julio Arosemena Tola, se encontró un nuevo frente de explotación ilegal. Foto: Agencia de Regulación y Control de Recursos no Renovables.

Ese mismo año, lanzaron una alerta al Estado, pero ninguna autoridad les ha dado respuesta. “Las principales cuencas hídricas del Napo están comprometidas en la concesión. Hay un estudio de una universidad que encontró ríos muertos”, indica Moreno.

Dos colectivos, la asamblea cantonal de Carlos Julio Arosemena Tola, la Defensoría del Pueblo de Napo, seis GADs parroquiales y dos organizaciones indígenas y campesinas presentaron una acción de protección por la vulneración a los derechos humanos y de la naturaleza a causa de la minería legal e ilegal. La acción fue presentada en contra de los ministerios de Ambiente y Energía, y la Agencia de Regulación de este último ministerio.

Los jueces reconocieron la vulneración de los derechos de la naturaleza, pero no de los derechos humanos. La Corte de Napo dispuso a los demandados la ejecución de un plan de reparación y a la Fiscalía del Napo realizar investigaciones en los ríos Ila, Blanco, Chimbiyacu, Anzu, Jatunyacu, Napo y Misahuallí, donde se encontraron indicios de minería ilegal. Entre otras medidas, Moreno afirma que solo se cumplió con ofrecer disculpas públicas.

Operativos fallidos

El ambientalista Moreno asegura que hay mineros que vienen de otras provincias. “Parte de los mineros ilegales son testaferros de alguna autoridad”, dice. Con su colectivo presentaron una denuncia cuando encontraron cinco máquinas en Naranjalito el 25 de agosto de 2022. Desde esa fecha hasta el 3 de enero de 2023, contabilizaron otras 65 máquinas operando en 12 frentes diferentes en el sector. Moreno indica que los ilegales cambiaron su modo de operar de Yutzupino, donde concentraban todas las máquinas en el mismo sector.

El Gobierno hizo público un operativo que se hizo el 7 de enero de 2023 en Naranjalito, pero Moreno afirma que los ilegales ya tenían el documento que anticipaba el operativo el 3 de enero. El operativo solo encontró una retroexcavadora.

El colectivo Napo Ama La Vida indica que en Yutzupino trabajaron entre 2000 y 3000 personas. En Naranjalito se ha llegado a contar hasta 1000 personas. El activista alerta que la empresa Terrearth Resources lo denunció por divisionismo e invasión a la propiedad privada y que él ha recibido amenazas de autoridades locales, “han sido las más fuertes porque han ido contra mi vida y mi familia”.

Según Moreno la minería ilegal ingresa con mayor facilidad en comunidades con menor organización. Se crea un divisionismo entre los comuneros que optan por explotar los recursos y los que se oponen. “Algunos líderes comunitarios son los primeros en ser sobornados”, dice Moreno, sobre comunidades que son atraídas por ofertas de $4000 por arrendar los terrenos a las actividades ilícitas.

Algunas de estas comunidades que viven de la siembra y la recolección de frutos aceptan el trato por “hacer unos huequitos, luego no les pagan y les amenazan”, asegura Moreno. “En la Amazonía vivimos menos de un millón de habitantes, pero más del 80% vive en pobreza. ¿Dónde está el desarrollo que viene de la extracción?”, concluye.