Desde el extremo sur del país, en la provincia fronteriza de Zamora Chinchipe, el padre Jorge Cumapi rechaza el acuerdo del Estado con la minera Ecuacorriente. Este sacerdote católico, de origen shuar, realiza su labor pastoral en Uwintz, en el cantón El Pangui, una comunidad de al menos 600 indígenas shuar cercana a la concesión minera Mirador, que opera la empresa de capital chino.

Jorge Cumapi conversó con PlanV vía Zoom. El sacerdote se conectó desde la comunidad shuar de Uwintz.

Cumapi denuncia que la operadora Ecuacorriente recibe subsidios de diésel y electricidad. “La empresa dice que aporta con las regalías, pero por otro lado tienen beneficios en electricidad y diésel. Hemos documentado las gasolineras que se están instalando para abastecer a la empresa. El Ministerio de Ambiente no los controla, por acá pasan diariamente cientos de trailers sin control”, dice el religioso.

El sacerdote Cumapim mantiene creencias del pueblo shuar, por lo que se ha abanderado del reclamo de las comunidades.“Las autoridades de Zamora son juez y parte, y quien reclama es perseguido” dice el también ex dirigente de la Federación Shuar de Zamora.

Los combustibles subvencionados

Uno de los sectores beneficiados por el subsidio de diésel es el minero, El galón en Ecuador tiene un precio actual de $1.75. En realidad le cuesta al Estado por lo menos $4, según varios expertos consultados.

Una fuente reservada del sector energético estima que Ecuacorriente tiene al menos 400 trailers que transportan por tierra el mineral desde la mina en las montañas de Zamora Chinchipe hasta Puerto Bolívar, en El Oro. Según la fuente, para recorrer este tramo de ida y vuelta (600 kms) cada trailer necesita 220 galones de diesel.

Ya que no hay una cifra oficial de la cantidad de trailers que operan en Mirador, se puede hacer un análisis más conservador y tomar en cuenta solo la mitad de lo que se estima que existe. Para hacer este análisis se pueden considerar 200 trailers, aunque según las fuentes consultadas la cifra puede ser mucho mayor.

Si el precio que en realidad le cuesta al Estado es de $4, el país estaría subsidiando $2,25 por galón. Es decir, se destinan $495 de recursos públicos por cada tanqueada. Si se multiplica ese valor por los 200 trailers son $99.000. Asumiendo que los trailers trabajan al menos 300 días al año, el valor que se subsidia en diesel sería de $29'700.000.

El acceso a la concesión Mirador es restringido. La mina ha creado 2700 empleos directos. Foto: Gianna Benalcázar

Además, según la fuente consultada, en Mirador operan unas 100 excavadoras, que necesitan al menos 80 galones diarios para funcionar. Con el mismo cálculo, serían $18.000 diarios en subsidios. Si esta maquinaria también opera al menos 300 días al año el valor del subsidio sería de $5'400.000.

Ecuacorriente también emplea alrededor de 100 volquetas, que necesitan 120 galones cada una. Bajo los mismos parámetros son $8'100.000 más que se subvencionan al año.

Una volqueta con señalización china recarga combustible en Zamora. Se estima que cientos de volquetas de la minera recorren la ruta Zamora-Puerto Bolívar. Foto: Gianna Benalcázar

La suma de los tres rubros da como resultado $43'200.000 subvencionados por el Estado por la vía del combustible en un año.

También se subsidia el consumo eléctrico

El sector industrial con alto consumo de voltaje paga entre 5 a 9 centavos por kWh, según el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Pero la tarifa que ha fijado el Estado es un valor subsidiado. Según el informe Análisis y Determinación del Costo Total del Servicio Público de Energía de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el valor real es de 15 centavos por kWh.

El informe fue realizado en 2018, año con menor capacidad de generación eléctrica, por lo que el precio real en 2023 sería incluso mayor.

Una planilla de consumo energía eléctrica de Ecuacorriente a la que tuvo acceso este portal confirma que en un mes, Ecuacorriente tuvo una cuenta mensual de $3'340.629.

Planilla de servicio eléctrico de febrero de 2023 de Ecuacorriente.

Según el Tarifario, las empresas mineras están asignadas a una categoría en la que pagan en promedio 7 centavos por kWh, un valor incluso menor al que pagan sectores de bajo voltaje, como muchos de los usuarios domésticos del país, que pagan desde 9 centavos en adelante.

Una diferencia de dos centavos puede parecer pequeña, pero es un 22% más, que en una cuenta mensual de $3'336.627 representa $734.057 adicionales. Ese valor anualmente asciende a $8'808.695.

En Ecuador, el cobro por alumbrado público se fija de acuerdo al consumo de servicio eléctrico. El valor pagado por alumbrado público (APG) por Ecuacorriente evidencia que ese rubro no equivale ni al 1% del consumo de servicio eléctrico (SE) de la empresa, cuando las tarifas, incluso para usuarios no comerciales de bajo consumo energético, tienen valores superiores al 10%.

Para determinarlo basta comparar las cifras con una planilla doméstica. En una cuenta con un subtotal de servicio eléctrico de $4.82, se cobra un valor de alumbrado público de 0,63 centavos. Es decir, un 13% del consumo energético de un hogar.

Planilla de servicio eléctrico de un hogar en Quito.

Volviendo a la primera planilla, la de Ecuacorriente, si se le cobrara a la empresa el mismo valor que se cobra a los usuarios no comerciales, en lugar de $4.000, tendría que haber pagado unos $433.761 por alumbrado público. Un valor que al año ascendería a los $5'205.138 que el Estado deja de percibir.

Los valores que el Estado dejaría de percibir en un periodo anual, solo en electricidad, estarían cerca de los $14'013.833 millones. Esto en un contexto de sequía que ha disminuído la producción eléctrica y ha obligado al país a importar la electricidad de Colombia.

Si a esto se le suman los subsidios por combustibles el valor con el que carga el Estado asciende a $57'200.800 al año.

Según el Boletín Minero del primer trimestre de este año, entre 2010 y el primer trimestre 2023, Ecuacorriente pagó en regalías anticipadas $100'000.000, y en regalías $124'015.000, un total de $224'000.000 en 12 años, es decir, $18'666.666 al año.

Ecuacorriente proyecta regalías de $2'531.900.000 entre 2012 y 2049, el periodo de vida útil de la mina. El aumento en la producción podría significar mayores regalías para el país, pero si el nivel de las subvenciones sigue creciendo, las arcas del Estado seguirán perdiendo.

El desvío del Río Tundayme y la planta de explosivos

En 2017, el Ministerio de Ambiente comprobó mediante una inspección de campo que la operadora construyó infraestructura para el trasvase del río Tundayme previo a obtener la autorización de la Secretaría de Agua (SENAGUA).

La infraestructura está relacionada con la construcción de una piscina de desechos, conocida como relavera, con un muro de contención de una altura proyectada de más de 260 metros, una infraestructura que por sí misma ha levantado alertas por riesgo de colapso.

La relavera Quimi tiene la mayoría de su capacidad de almacenamiento llena. A pocos metros de la piscina de desechos pasa el río. Foto: Luis Argüello. PlanV

La empresa incurrió en infracciones “muy graves” de acuerdo con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, al modificar el suelo y sus condiciones sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Según un Examen de la Contraloría, los impactos ambientales del desvío fueron la disminución del caudal del río, la pérdida total de la fauna acuática, alteración a la calidad del agua e impactos en la protección y conservación de las reservas de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrográfica del río Tundayme.

Así se ve lo que queda del caudal natural del río Tundayme. Una especie de laguna sirve para almacenar desechos mineros. Foto: Gianna Benalcázar

A pesar de que Ecuacorriente no ha presentado los diseños definitivos de su infraestructura obtuvo una licencia ambiental y realizó obras. Entre los diseños que la empresa no ha presentado están los planos del dique de almacenamiento de la relavera Tundayme (una piscina de desechos que proyecta almacenar el equivalente a cuatro cerros del Panecillo de Quito), el dique de control de inundaciones, instalaciones de descarga, entre otros.

Tres años después de que Ecuacorriente iniciara las obras, SENAGUA otorgó los permisos. Por su parte, ARCOM emitió la factibilidad de la obra.

El caudal del río Tundayme se ha disminuido, afectando a las especies y la diversidad de la zona. Foto: Gianna Benalcázar

El Procurador Jurídico de Ecuacorriente, indicó que, hasta el 2020, no se inició ningún proceso de desvío de las aguas del río Tundayme, y que únicamente se avanzó en forma parcial con las obras civiles y estructurales que a futuro servirían para la desviación, pero no correspondía a obras hidráulicas principales o que afecten a los recursos hídricos. Dichas obras civiles también debían contar con el permiso de SENAGUA.

Por otro lado, la empresa construyó una planta de explosivos sin contar con la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entidad del Ministerio de Defensa, según el mismo informe de la Contraloría. La obra inició en 2017 con el subcontratista Auxin Norbence S.A. El Comando Conjunto respondió oficios a Auxin indicando que le faltaban requisitos, sin embargo, la infraestructura se hizo.

Ecuacorriente mantiene en reserva la planta de explosivos. Desde tomas aéreas se distingue la magnitud de la planta. Foto: Gianna Benalcázar

Foto: Luis Argüello. PlanV

Con esto, la empresa incurrió en dos nuevas infracciones, esta vez en la Ley de Armas, Municiones y Explosivos. Según el Examen de la Contraloría, dos vehículos que entraron de forma irregular al país para transportar y mezclar los explosivos.

La concesión minera se encuentra en los 20 kilómetros de seguridad fronteriza, cerca del límite con el Perú. Por tanto, el Estado debe verificar los acuerdos internacionales que podrían prohibir la construcción de una planta de explosivos tan cerca de un país vecino.

En este caso, el ARCOM entregó los permisos años después de que se iniciaran las obras y sin la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

   Punto de vista   

“Las empresas mineras se llevan el 100% de la renta”

Henry Llanes, analista

En 2022 se dijo que las exportaciones mineras serían de $2.775 millones, pero según el sociólogo y analista Henry Llanes, al país no le queda nada de la renta minera, “todo se lo llevan las empresas”.

“El Estado no hace público cuánto le queda de la renta minera. El Gobierno calla, es lo mismo que sucede con el petróleo. Yo envié una solicitud al CNE para que se pregunte esto en el debate presidencial, ellos también se negaron. No se sabe cual es la renta minera que le queda al país”, asegura Llanes.

Henry Llanes es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, analista petrolero, del seguro social obligatorio y de la seguridad social.

El analista sostiene que las empresas mineras tienen subsidios en el pago del consumo eléctrico y de combustibles como parte de una fallida política de incentivos a la industria. “Los beneficios que debe recibir el Estado no deben ser menores a los que recibe la empresa que lo explota, pero eso no se cumple”, asegura.

Llanes ejemplifica la situación con el caso del consorcio CEPE-Texaco, donde el Estado era accionista con 62%. “Echaron abajo ese modelo de contrato porque no les permitía llevarse los beneficios que las empresas querían. Al Estado le quedaron $23'500.000 de renta, y Texaco se llevó $1.750'000.000”, dice.

“El mineral que se saca del país se lo llevan a procesar a Finlandia. Cuán rentable debe ser para que se industrialice allá. El Estado solo recibe beneficios en función de lo que le informa la empresa, porque acá nadie les fiscaliza. Se deja escapar la riqueza del país, se subsidia a sectores que no lo requieren”, concluye Llanes.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y los ministerios de Energía y Ambiente fueron contactados pero no respondieron a las preguntas de este portal.