Un Alexis Mera con terno y poco expresivo se vio en la pantalla ubicada al lado derecho de la jueza Daniella Camacho, en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia. Allí se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio por el caso sobornos 2012-2016 o mejor conocido como ‘arroz verde’. La diligencia inició el 17 de octubre. Pero fue suspendida el 18 de ese mismo mes y reinstalada el pasado 11 de noviembre. Hasta este martes 19, llevaba siete días de audiencia. Esta es una cronología de los hechos más importantes que han marcado esta maratónica diligencia.

Los testigos. El martes 19 de noviembre, la Fiscalía informó que llamará a 130 personas y a 40 peritos para rendir su testimonio en caso de un juicio. Mientras que la Procuraduría llamará a más de 25 peritos y más de 40 personas como testigos. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitará la reproducción de los testimonios anticipados de Pamela Martínez y Laura Terán.

La indemnización. Este lunes 18 fue el turno de la Procuraduría para intervenir en la audiencia preparatoria de juicio. El procurador Íñigo Salvador calculó en 7,7 millones de dólares el perjuicio en contra del Estado por los presuntos sobornos. Por eso pidió una reparación integral para el Estado de 23,3 millones, es decir el triple del monto del perjuicio. Tanto para Salvador como para la fiscal Salazar, el expresidente Rafael Correa fue el líder la estructura criminal detrás de los sobornos registrados entre 2012 y 2016. 

Salazar pide juicio. La Fiscalía pidió el viernes, 15 de noviembre, que los 24 procesados, entre ellos Correa, sean llamados a juicio por el delito de cohecho. En lo principal, la fiscal Diana Salazar sostiene que entre 2012 y 2016 funcionó una estructura integrada por funcionarios públicos que facilitaron la entrega de recursos a través de dos modalidades (cruce de facturas y dinero en efectivo) por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado. 

Un caso solo por cohecho. El giro importante que ha dado la Fiscalía en esta fase ha sido reducir el número de delitos por los que estaban siendo investigados los funcionarios públicos y empresarios. En un inicio la Fiscalía formuló cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. Ahora solo acusará por el último. Este le permitirá juzgar en ausencia a los procesados y es imprescriptible. Este delito estuvo tipificado en el artículo 286 del Código Penal que estuvo vigente al momento de los hechos. Pero se mantiene el artículo 280 del actual COIP en el que las penas llegan hasta 7 años. Esta ha sido señalada como una jugada para dejar sin piso las posibilidades de una nueva candidatura de Correa. Según el artículo 113 de la Constitución, no podrán ser candidatos “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado”. 

Los procesados. El caso sobornos inició primero con la detención de Laura Terán y de Pamela Martínez, ambas exasesoras de Correa. Martínez además fue exjueza de la Corte Constitucional. De los apuntes de Terán, archivos y correos se nutrió la teoría fiscal que apuntó al expresidente como líder de la banda. Su aprehensión fue el 4 de mayo de 2019, un día después de la publicación de la investigación de Christian Zurita y Fernando Villavicencio. El 31 de mayo fueron detenidos los dos primeros ex altos funcionarios del anterior Régimen: Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. El 8 de agosto, la jueza Daniella Camacho aceptó el pedido de Fiscalía de vincular a 22 personas a la trama: 10 exfuncionarios, incluido Correa, y 12 empresarios. De los 26 involucrados durante la instrucción fiscal, ahora solo 24 siguen en el proceso. Salazar se abstuvo de acusar a Ítalo Centanaro y Francisco Noboa, a quienes la Fiscalía los señaló en un inicio por estar relacionados supuestamente con pagos por seguridad civil al llamado Escuadrón Verde Operativo. De los 24, 22 fueron señalados como presuntos autores del delito y dos como cómplices, María Augusta Enríquez y Yamil Massuh. 

La jueza Daniella Camacho dirige la audiencia preparatoria de juicio que lleva ya seis días: dos fueron usados para resolver si era legal o no la diligencia y cuatro para presentar los elementos de cargo contra los 24 procesados.

837 indicios. La fiscal Salazar se tomó tres días para presentar los elementos con los cuales acusa a los procesados. Fueron horas maratónicas donde leyó primero 238 indicios generales para todos los procesados y luego enlistó aquellos que involucran de manera individual a cada uno de los funcionarios y empresarios, llegando a un total de 837. Eso ante las críticas de los abogados quienes dijeron que la Fiscal no estaba señalando específicamente los elementos por los cuales sus defendidos estaban siendo acusados. En la primera jornada, la Fiscal dijo que en un delito de cohecho por lo general no hay facturas. Pero en este caso, hay un "cohecho con factura". Al final del tercer día la Fiscal mencionó de forma escueta los elementos haciendo referencia a que aquellos ya habían sido leídos y ahondados previamente para agilitar la diligencia. Los abogados se mostraron cansados y distraídos. Sobre Correa pesan 21 elementos; sobre Glas, 19; Mera tiene 25 y Duarte, 29. 

Correa, el líder de la banda. Entre los 21 elementos que tiene la Fiscalía contra Correa está el depósito en la cuenta corriente No. 7429967 realizado por Cristian Paredes, excolaborador de Pamela Martínez, a la cuenta de Rafael Correa Delgado por 6.000 dólares, el 16 de mayo de 2014. Ese dinero supuestamente provendría de los recursos ilegales. Para la Fiscalía, el expresidente supo del delito y puso a una persona de su confianza reciba los “sobornos”. A su vez él “supervisaba y aprobaba” la recepción y distribución de los dineros que entregaban los empresarios. En el esquema delictivo, Correa fue registrado bajo las siglas RC, RCD o A1.

Los nuevos hallazgos. En la diligencia la Fiscalía aportó con nuevos elementos y detalles o profundizó en otros. Por ejemplo, dijo que la trama de sobornos no solo funcionó en la campaña electoral del 2013, cuando Correa fue reelecto. Sino que sirvió para la campaña gubernamental, es decir para la propaganda del gobierno durante esos años. Con el dinero de los sobornos se pagaban las cuentas de los servicios usados para el Gobierno nacional, la Presidencia de la República y del movimiento oficial Alianza País. Estos pagos se realizaban a través de empresas que luego obtenía contratos con el Estado. “Es decir que entre el 2012 y 2016 hubo muchas de las campañas que  fueron canceladas por las empresas privadas a petición de los funcionarios que hoy están siendo procesados”, dijo la fiscal.  Mencionó que el número de las facturas investigadas y halladas coincide con el registro de los archivos en excel de Laura Terán, por ejemplo en los documentos ‘verde’ y ‘Victoria andrade’. 

Estructura circular. También informó de la existencia de lo que llamó ‘estructura circular’. Lo explicó así: “porque eran fungibles en los cargos, se iban reemplazando entre uno y otro, pero jamás abandonaron los sectores que estaban relacionados con este tipo de contratación”. A ellos se suman quienes llevaban y traían los sobres y que formaban parte de esta estructura. 

Pauta y ‘trolls’. Entre una de las versiones que apareció en la audiencia y que fue mencionada por la Fiscal en varias ocasiones fue la de Juan Carlos Vásconez, quien a la fecha de los hecho era socio de Ximah Digital, empresa que fue cuestionada por estar relacionada con cuentas ‘troll’ del anterior gobierno y por ganar varias contrataciones. Plan V investigó este tema en 2014. Según su versión, que anunció la Fiscal, Vásconez recibió pagos para la pauta digital para la campaña de Viviana Bonilla. Vásconez dijo que realizó la compra de medios para Bonilla y las empresas que le pagaron fueron Fopeca y Metco por un valor de 42.000 dólares.

Lo que pesa sobre Viviana Bonilla. Sobre Bonilla pesan 30 elementos de convicción, que fueron publicados por diario El Universo. Entre ellos está un informe ejecutivo de la UAFE que contiene información relacionada con los movimientos financieros de Bonilla. Además está el archivo Verde Final en el que se registran entregas de dineros por el valor de 590.000 dólares. Según la Fiscalía, Gustavo Bucaram, trabajador de la gobernación del Guayas, recibió en la oficina del edificio Concorde 100 mil dólares a nombre de Bonilla. Bucaram contó en su versión que viajó a Quito y mientras él se dirigía a la sede del Movimiento AP, en la avenida de los Shirys, telefónicamente Bonilla le dijo que vaya al edificio Concorde. Indicó haber tomado contacto con una mujer joven y que en esa oficina le entregaron un cantidad de dinero, que él contó personalmente esos fondos y que era la suma de 100.000. Además contó que se trasladó a Guayaquil vía aérea, con el dinero en una mochila, y que fue al domicilio de Bonilla en donde entregó ese dinero.

Los documentos. La fiscal para sostener su teoría ha usado versiones, pericias y una serie de facturas de contrataciones realizadas mediante cartas de invitación y convenios de pago, para evadir la ejecución de una contratación regular. 

Recusaciones y tropiezos. La audiencia preparatoria de juicio se suspendió durante 24 días. Entre el 17 y 18 de octubre, luego de escuchar los argumentos sobre presuntos vicios de competencia, prejudicialidad, procedimiento y procedibilidad, por parte de todas las partes procesales, la jueza Daniella Camacho hizo un alto para tomar una decisión. En sus intervenciones, las defensas de la mayoría de los procesados solicitaron la nulidad del proceso y afirmaron que una de las razones era las recusaciones presentadas contra la jueza. La fiscal Salazar mencionó que para la Fiscalía no existen vicios que afecten al mismo, pues se respetaron los principios legales y constitucionales, razón por la cual solicitó que se declare la validez de todo lo actuado. A este criterio se sumó la Procuraduría General del Estado, que actúa como acusador particular en la causa. Pero una semana después se dio trámite a las recusaciones planteadas por las defensas de Correa y Vinicio Alvarado. Las dos acusaciones se resolvieron el 25 de octubre pasado. Primero, el conjuez Wilman Terán, de la Corte Nacional de Justicia, rechazó el recurso interpuesto por Correa. Después, el juez Marco Rodríguez hizo lo mismo con el pedido presentado por el exministro Alvarado. Así la jueza Camacho quedó habilitada para retomar el caso e seguir con la audiencia preparatoria de juicio. La jueza Camacho volvió a instalar la audiencia el 11 de noviembre. En una primera parte de la diligencia, luego de haber revisado los argumentos presentados por las partes procesales, declaró la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento.