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3 de Enero del 2022
Historias
Lectura: 26 minutos
3 de Enero del 2022
Fermín Vaca Santacruz
Ecuador no recupera el millón de dólares que entregó a la ONU para anticorrupción
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La Comisión Internacional contra la Corrupción de Lenin Moreno e Iván Granda fue solo un anuncio son concresiones.  Foto: Presidencia de la República

 

Tres integrantes de una fallida Comisión Internacional contra la Corrupción propuesta durante el gobierno de Lenin Moreno obtuvieron una acción de protección en su reclamo por un pago de más de 300 mil dólares por sus servicios y viáticos. Mientras tanto, por lo menos un millón de dólares fueron enviados a una agencia de la ONU en Austria para el mismo fin sin que hasta el momento se hayan podido recuperar.


Más de dos años después de haber sido presentados en un acto público, tres expertos extranjeros a los que el Gobierno de Lenin Moreno invitó a formar parte de una comisión que encabezaría la lucha anticorrupción siguen sin lograr que les paguen ni los honorarios ni los viáticos, pues las veces que vinieron al Ecuador pagaron los pasajes y los hoteles de su bolsillo.

El insólito caso es uno de aquellos anuncios que, con frecuencia, no pasaban de la declaración, que eran parte del estilo de gobierno de Lenin Moreno y su entorno. Mientras tanto, el dinero que el Estado había destinado para la fallida comisión sigue en Viena, Austria, en las cuentas de una agencia de la ONU que no responde a ningún pedido de información sobre qué ocurrió y en qué se gastaron esos fondos públicos ecuatorianos. 

El proyecto estuvo a cargo de varios secretarios anticorrupción, quienes eran funcionarios de la Presidencia de la República encargados de una instancia que antes de finalizar el gobierno de Moreno sería suprimida, sobre todo, por cuestionamientos del Poder Judicial y la Fiscalía. Se trataba de una oficina que pretendía ser una suerte de fiscalía paralela, funcionando en Carondelet, y haciendo sus propias investigaciones, lo que para la Fiscalía no aportaba realmente.

Pero cuando Moreno suprimió la Secretaría, los juristas extranjeros que habían sido invitados personalmente por el ex secretario Iván Granda descubrieron que su tiempo y su trabajo no estaban siendo reconocidos por el Ecuador, lo que los llevó a presentar una acción de protección, que les fue concedida el año pasado por la justicia de Pichincha. 

Un juez de Pichincha reconoció que el Ecuador de Moreno les violó el derecho al trabajo y la seguridad jurídica, y declaró que se le debería pagar por lo menos 99 mil dólares a cada uno por su tiempo y también, devolverles los viáticos, pues hasta los pasajes los pusieron de su bolsillo.

Mientras tanto, el ex secretario anticorrupción, Iván Granda, dispuso que se envíe un millón de dólares a  la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONODC) una agencia de la ONU con sede en Austria, que supuestamente debía pagar los gastos de la Comisión, en su papel de secretaría técnica internacional. El actual Gobierno busca los mecanismos para recuperar el dinero, mientras, en el país, tres de los ex comisionados reclaman su pago. 

Un juez de Pichincha reconoció que el Ecuador de Moreno les violó el derecho al trabajo y la seguridad jurídica, y declaró que se le debería pagar por lo menos 99 mil dólares a cada uno por su tiempo y también, devolverles los viáticos, pues hasta los pasajes los pusieron de su bolsillo.

La odisea de los comisionados

El 11 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia en Quito. Se trató del trámite de una acción de protección, presentada por los abogados extranjeros Claudia Escobar, Carlos Alberto Hernández y Nicolás Rodríguez, quienes fueron patrocinados por el abogado Agustín Acosta.

En la acción, los tres juristas alegaron  “la omisión violatoria de derechos que produjeron  daños a los accionados que consiste en la falta de formalización y consecuente falta de certeza respecto a la situación jurídica -relación contractual- entre los accionantes, en su calidad de comisionados, y el Estado ecuatoriano”.

Los tres abogados reclamaron ante la justicia  de Pichincha que  “a pesar de que prestaron diversos servicios a favor del Estado, que se encuentran recibidos a su entera satisfacción e incurrieron en gastos personales para la provisión de los mismos, estos no han sido remunerados ni reembolsados”.

De estas violaciones responsabilizaron a la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y afirmaron en la audiencia que se les violó “el derecho a la seguridad jurídica, prescrito en el artículo 82 de la Constitución, el derecho a la libertad de trabajo que prohíbe el trabajo gratuito, prescrito en el artículo 66 numeral 17 de la Constitución y el derecho a recibir una retribución justa por el trabajo efectivamente realizado y recibido a satisfacción, prescrito en el artículo 33 de la Constitución”.

En su alegato, los tres ex comisionados recordaron que el pasado 31 de enero de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional consideró necesario investigar, rastrear y recuperar  recursos sustraídos por medio de la corrupción, por lo que exhortó al ex presidente Lenin Moreno para que se creara una Comisión Internacional de Anticorrupción con respaldo de las Naciones Unidas.

Los tres abogados reclamaron ante la justicia  de Pichincha que  “a pesar de que prestaron diversos servicios a favor del Estado, que se encuentran recibidos a su entera satisfacción e incurrieron en gastos personales para la provisión de los mismos, estos no han sido remunerados ni reembolsados”.

Las gestiones de Iván Granda

Ejecutar esta decisión política recayó en la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, entonces a cargo de Iván Granda, esposo de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien ocupó varios cargos en el Gabinete morenista, entre ellos, el de ministro de Inclusión Social.

Según los tres ex comisionados, en el mes de marzo del 2019, el ex secretario Iván Granda les llamó personalmente a cada uno de los tres, “señalando que el Gobierno tenía la intención de crear un Comisión Internacional Anticorrupción totalmente independiente, para investigar los casos de corrupción y que tendrían el apoyo de las Naciones Unidas”. En la misma llamada, Granda, les ofreció 13 mil dólares mensuales de honorarios a cada uno, y ofreció también que cada comisionado tendría dos asesores locales. 

Pero aunque la llamada fue en marzo, según relataron los tres juristas, recién el 24 de abril de 2019, se creó un Comité para la selección de los integrantes, conformado por la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores que contaría con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

La supuesta selección de los expertos, quienes ya habían sido efectivamente invitados desde marzo, se oficializó el 01 de mayo del 2019, cuando el Comité de Selección eligió de forma unánime a Stacy de la Torre, Nicolás Rodríguez García, Claudia Escobar Mejía, Vladimir Aras y Carlos Hernández Martínez como comisionados. 

En la misma llamada, Granda, les ofreció 13 mil dólares mensuales de honorarios a cada uno, y ofreció también que cada comisionado tendría dos asesores locales.

La Comisión se presenta sin nada firmado

Los comisionados fueron invitados a Quito para el 13 de mayo del 2019  y con esa misma fecha, Moreno firmó el Decreto Ejecutivo 731 con el cual creó la “Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en el Ecuador” (CEICCE).


Lenin Moreno firmó un decreto que le dio a la Comisión solo noventa días de vida. 

Esta Comisión, recordaron los tres juristas, debía “apoyar al país en el combate integral de la corrupción a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, el acompañamiento técnico de casos de corrupción de alto impacto y la articulación con la sociedad en asuntos de materia anticorrupción”, Y aunque el decreto solo hablaba de un plazo de 90 días, para convencerlos se les ofreció que trabajarían los dos años que le faltaban al gobierno de Moreno, es decir, hasta 2021. En uno de los documentos que se les entregó al llegar a Quito, se estableció que sería la Secretaría Técnica, a cargo de la UNODC, la que debería pagarles “pasajes aéreos y viáticos, de conformidad con lo que determina el reglamento financiero de la Organización de las Naciones Unidas".

Ante la justicia, y dado que su estrategia es probar que efectivamente realizaron el trabajo, los ex comisionados destacaron sus actividades en cada uno de sus viajes al Ecuador.

Por ejemplo, en su primer viaje, del 12 al 15 de mayo del 2019, ya habían advertido que aunque se los presentó ante la prensa, con la presencia de Moreno y sus ministros, no tenían ese día ningún documento firmado. Desde ese primer día, ellos se cuestionaron sobre si era buena idea que fueran empleados de la Presidencia con el cargo de consejeros presidenciales, que era la salida legal que les había propuesto Granda para poder pagarles.

¿Qué hacía UNODC?

Además de Granda, otra actora en el tema fue la encargada de la UNODC en Ecuador, Dorothee Gottwald, cuya errática conducta llenó de incertidumbre tanto a los comisionados como al Gobierno de Moreno.

Para el 3 de junio de 2019, Gottwald les mandó un correo electrónico: “Contratos: Los contratos de consejeros presidenciales serán listos para su firma durante la misión de la próxima semana. La Presidencia le va a hacer llegar un listado de requisitos que se pide que traigan (copias diplomas etc.) para que la firma se pueda realizar la próxima semana. Equipo: Desde mañana hasta finales de junio nos van a apoyar tres oficiales de la Secretaria Anticorrupción (expertos en derecho penal, derecho internacional y comunicaciones). De Ustedes lamentablemente nadie me ha contestado si han recibido los archivos con la legislación (o sea que nadie los recibió?)”.

Efectivamente, los comisionados volvieron a Quito y Guayaquil entre el 9 y el 15 de junio del 2019 y nuevamente plantearon su inquietud sobre los contratos y los pagos de los viáticos, pues el hotel y los pasajes los estaban pagando ellos. También se quejaron sobre Dorothee Gottwald, pidiendo que la reemplace otra persona. Sus preocupaciones, según relataron, las compartieron con los funcionarios de la ONU Kristian Hoelger, Arnaud Peral y con el ex secretario Iván Granda.

Además de Granda, otra actora en el tema fue la encargada de la UNODC en Ecuador, Dorothee Gottwald, cuya errática conducta llenó de incertidumbre tanto a los comisionados como al Gobierno de Moreno.

Siguen las largas

A pesar de que les daban largas sobre quién y cómo les iban a pagar los tres comisionados volvieron a Ecuador entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2019, y entregaron al Gobierno su propuesta para el Estatuto de la Comisión. Destacaron que aunque ellos seguían cumpliendo con lo acordado, ni les daban los contratos, ni les pagaban ni les reconocían los viáticos.

De todas maneras, volvieron por cuarta vez entre el 20 y el 30 de julio del 2019, “con el propósito de llevar a cabo visitas a instituciones gubernamentales, reuniones con distintos sectores, funcionarios públicos y de la ONU en las ciudades de Guayaquil y Quito”. Relataron que los días  22, 23 y 25 de julio del 2019, Claudia Escobar, Carlos Hernández, Stacy De La Torre y Nicolás Rodríguez-García “se dedicaron plenamente a implementar correcciones y mejoras en la versión del Estatuto de la CEICCE, en virtud de las sugerencias hechas por UNODC, por la Secretaria Anticorrupción y por la Fiscalía General del Estado”.

Inclusive, esta vez la comisionada Stacy de la Torre dio una entrevista a Radio Centro, y afiorman que se reunieron en este viaje con la ex ministra María Paula Romo, con la Directora de la Escuela de Formación de la Fiscalía General Estado, con el Director de Quito Honesto del Municipio de Quito, con el Presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación, con el Procurador Síndico Municipal de Quito, además de visitar universidades y centros de posgrado, como FLACSO-Ecuador, la Universidad Central del Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, entre otros.

Reunión con Otto Sonnenholzner

El 26 de julio del 2019 se realizó un acto de entrega del Estatuto al entonces Vicepresidente de la Republica, al Canciller, a la Ministra de Gobierno y al Secretario Anticorrupción, en donde también participó Dorothee Gottwald  de la UNODC en su calidad de secretaria técnica de la Comisión.


Los juristas internacionales fueron recibidos por el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. 

Pero a pesar de los anuncios de los funcionarios morenistas, los tres comisionados seguían en el limbo: el 01 de agosto del 2019 enviaron un correo electrónico al ex secretario Anticorrupción, Iván Granda, “que contenía un documento exponiendo con detalle sus inquietudes y la falta de cumplimiento de las condiciones ofrecidas a los expertos”. Sin respuesta, volvieron a insistirle a Granda el  17 de agosto del 2019.

Volvieron al Ecuador entre el 27 y el 31 de octubre de 2019, e insistieron en la necesidad de concretar su situación, así como en la forma en que se debía usar el millón de dólares que el Ecuador entregaría a la agencia de la ONU como capital semilla. Los comisionados ya no volverían al país y la siguiente y última reunión con los funcionarios del Gobierno morenista fue en Washington, entre el 12 y el 16 de febrero de 2020, en vísperas de la cuarentena global desatada por la pandemia.

los tres comisionados seguían en el limbo: el 01 de agosto del 2019 enviaron un correo electrónico al ex secretario Anticorrupción, Iván Granda, “que contenía un documento exponiendo con detalle sus inquietudes y la falta de cumplimiento de las condiciones ofrecidas a los expertos”. 

Para entonces, ya Granda había dejado la Secretaría Anticorrupción y tuvieron nuevos interlocutores, como el nuevo secretario, José De la Gasca, a quien le dijeron que "es necesario pagar los servicios prestados a la fecha. Para fijar la forma de remuneración se tomará en cuenta los acuerdos previos con los Comisionados sobre los montos de honorarios (Referencia, acuerdo del 28 de agosto del 2019, entre Cancillería, UNDOC y SAC), y el decreto ejecutivo 731. La Secretaría Anticorrupción  buscará la forma para hacer pagos estos servicios, pudiendo incluso requerir la devolución de los dineros entregados a las Naciones Unidas mediante la UNODC”.

Para marzo de 2020, De la Gasca “reconoció que los comisionados Claudia Escobar, Carlos Hernández y Nicolás Rodríguez, a la fecha y desde su nombramiento el 13 de mayo de 2019, no han recibido ningún honorario (estaba ya pactado un monto de USD $10,000 por mes), y además han adelantado importantes cantidades económicas en concepto de viáticos (Claudia: USD $5.949,50, Nicolás: USD $ 7.794,37, Carlos: USD $ 3,720.00) que tampoco han sido reembolsados”.

El  26 de marzo de 2020, De la Gasca propone un acuerdo: se pagaría a cada comisionado la suma de USD 100 mil por su consultoría, “menos gastos administrativos”, lo que significa cerca de USD 95 mil. Finalmente, en mayo de 2020,  acordaron con De la Gasca y su equipo el pago de 99 mil a cada uno, sin contar con los viáticos. Pero el acuerdo no duró nada: el 21 de mayo de 2020, Moreno eliminó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y ello significó la salida de De la Gasca. Las negociaciones quedaron en cero.

En junio de 2020, los comisionados se comunicaron con la ex ministra María Paula Romo quien les hizo un nuevo ofrecimiento de cumplir con lo acordado. Para agosto de 2020, y ante la falta de respuesta, los comisionados anuncian que ya no harán nada más. A pesar de varias reuniones virtuales con Romo y con el ex canciller Luis Gallegos sin éxito, para septiembre Romo les dijo que el tema lo resolvería Nicolás Issa, secretario de la Presidencia. Pero Issa tampoco resolvió nada: aseguró que no le entregaron documento alguno y por tanto no iba a autorizar los pagos. En ese punto se acabó el periodo de Lenin Moreno, el 24 de mayo de 2021. 

De la Gasca “reconoció que los comisionados Claudia Escobar, Carlos Hernández y Nicolás Rodríguez, a la fecha y desde su nombramiento el 13 de mayo de 2019, no han recibido ningún honorario (estaba ya pactado un monto de USD $10,000 por mes), y además han adelantado importantes cantidades económicas en concepto de viáticos (Claudia: USD $5.949,50, Nicolás: USD $ 7.794,37, Carlos: USD $ 3,720.00) que tampoco han sido reembolsados”.

Derecho al trabajo

Con el fin del morenato, los comisionados decidieron presentar una acción de protección, que fue calificada el pasado 1 de junio de 2021. Según el abogado de los juristas, el gobierno de Moreno admitió que no les habían pagado, pero aseguró que para eso era el dinero enviado por Granda a la UNODC.

En su declaración ante el juez de esta causa, el ex secretario José de La Gasca precisó que “cualquier fórmula de pago tenía que hacerse entre la oficina técnica de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Droga y el Delito, y que el dinero había sido realizado por el Ecuador a esta oficina de la Naciones Unidas, que no había un acuerdo entre el Ecuador, la oficina de las Naciones Unidas y los comisionados”, pero que no se firmó documento alguno ante las discrepancias evidenciadas.  

En su decisión, el juez reconoció que nunca se firmó un documento con los comisionados aunque ellos sí entregaron su trabajo, con lo que se violaron sus derechos.

El juez decidió que “se admite la acción de protección considerando la responsabilidad del Estado por la existencia de vulneración del derecho al trabajo consagrado en los arts. 33, 325, sustentado en los principios señalados en el Art. 326, numeral 2, numeral 3 y 4 de la Constitución de la República, al no existir claridad en la situación jurídica de los comisionados y pago justo y a tiempo de remuneraciones a los accionantes de esta causa, así como a la seguridad jurídica al no haberse establecido los parámetros claros sobre la situación de los pagos, para lo cual la determinación del monto se tramitará conforme lo dispone el Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remitiéndose el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo para el trámite respectivo en cuanto a los liquidaciones ya que no existe documentación que se evidencie el pago. Una vez ejecutada la sentencia se publicará en la página web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Esta sentencia fue apelada ante la Corte Provincial y hasta el momento se no tramita en esa instancia. Además, se conoció que se ha iniciado un proceso de mediación sobre los montos reclamados. Este portal se comunicó con la ex comisionada Claudia Escobar, pero ella declinó hacer más comentarios al respecto del caso.

¿Y el millón de dólares?

Iván Granda dice que la responsabilidad es de la ONU.

Pero mientras los ex comisionados reclaman su pago por vía judicial, el Gobierno no logra recuperar el millón de dólares que Granda ordenó transferir a una cuenta de la UNODC en Europa. El 27 de septiembre de 2021, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo remitió una carta al nuevo representante de la ONODC en Ecuador,  Antonino de Leo.

En dicha carta, el representante de la Fundación, Mauricio Alarcón, citando la Constitución del Ecuador y la Ley de Acceso a la Información, solicitó a UNODC que se le entreguen todos los documentos de respaldo de la transferencia ordenada por Granda de un millón de dólares a esa agencia de las Naciones Unidas.

Alarcón pidió que se le entregue el documento de transferencia de fondos por parte del Ecuador a UNODC, así como información acerca del estado de los fondos transferidos. Según el principal de Ciudadanía y Desarrollo, es necesario conocer los respaldos de los gastos, en caso de que estos se han hayan realizado.

Sin embargo, hasta la fecha, la carta no ha sido respondida ni por la misión de la ONU en Ecuador, a cargo de la sueca Lena Savelli, ni por la UNODC.

Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, solicitó a UNODC que se le entreguen todos los documentos de respaldo de la transferencia ordenada por Granda a la agencia, sin tener respuesta hasta el momento. 

En Palacio de Gobierno, se sigue la ruta de esos fondos. El consejero presidencial para la lucha contra la corrupción, Luis Verdesoto, precisó en diálogo con este portal que se mantienen conversaciones con la ONU para lograr la devolución del dinero, una vez que se haya descontado los gastos que se hayan efectuado, aunque los comisionados aseguran que ni el Gobierno del Ecuador ni la UNODC les han dado, hasta el momento, ni un centavo.

Este portal intentó contactar al ex secretario Anticorrupción, Iván Granda, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, en una ocasión anterior, se refirió al envío del millón de dólares en estos términos: "el Gobierno de Ecuador mediante comprobante de pago Nro. 4771 del 03 de julio de 2019, transfirió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos Internacionales de lucha contra la Corrupción en Ecuador, su contribución por un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD$ 1’000.000.00)".

Y agregó que "es en este momento, cuando UNODC contó con los recursos en su cuenta en Viena, que el Gobierno del Ecuador cumplió con la totalidad de sus obligaciones. Por cuanto la UNODC asumió su rol de Secretaría Técnica de la Comisión, es más, ya para aquel entonces se contó con la presencia de Dorothee E. Gottwald, funcionaria de carrera de UNODC, quien se haría cargo de dicha actividad".

Según Iván Granda, "el Gobierno de Ecuador mediante comprobante de pago Nro. 4771 del 03 de julio de 2019, transfirió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos Internacionales de lucha contra la Corrupción en Ecuador, su contribución por un millón de dólares".

Iván Granda sostuvo que "enfatizo entonces que, precisamente para garantizar independencia, la responsabilidad del Gobierno Nacional se cumplió al momento de crear la Comisión de Expertos Internacionales de lucha Contra la Corrupción y enseguida trasladar los recursos para su funcionamiento. En lo personal, respaldo el reclamo de los expertos que colaboraron con esta iniciativa y que tuvieron en todo momento convicción y compromiso para llevar adelante su tarea. Lamento como el que más, que los procesos internos de UNODC hayan sido un impedimiento que frustró una iniciativa tan importante. Es indispensable que esa Secretaría Técnica de las explicaciones pertinentes al país, cumpla con las obligaciones pendientes con los expertos y reembolse al Estado ecuatoriano los recursos que no se hayan destinado a este proyecto". 

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