El intento del gobierno de Lenin Moreno de crear en el Ecuador una comisión de expertos internacionales, apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción terminó muy mal.

Ahora los cinco ex comisionados, patrocinados por un estudio jurídico capitalino, han anunciado que demandarán al Estado para que les paguen por lo menos USD 100 mil a cada uno -medio millón de dólares- por el tiempo que invirtieron y los gastos en los que incurrieron durante el fallido intento morenista de crear algo parecido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo objetivo, habían dicho los funcionarios del morenismo, era combatir la corrupción en el Ecuador y apoyar y capacitar a los fiscales. 

El caso de la comisión internacional que el gobierno de Moreno intentó instalar en el país parece otro ejemplo de los anuncios de la administración pasada, reactiva a las coyunturas y con perspectivas de corto plazo, piezas de marketing político antes que decisiones reales.

Esta vez, el anuncio lo hizo el ex presidente Lenin Moreno el 18 de febrero de 2019. Fue una de sus ofertas de campaña: crear una Comisión Internacional, con el auspicio de las Naciones Unidas, que realice una tarea similar a la que ya han ejecutado en el país organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales y la que teóricamente debe realizar el Consejo de Participación: luchar contra la corrupción en el Estado y presentar investigaciones y denuncias de posibles delitos para que sean investigados por la Fiscalía.

A cargo estuvieron varios de los secretarios anticorrupción del gobierno, empezando por Iván Granda, quien hasta llegó a afirmar se había trabajado mucho más rápido que en otros países en el proceso, que nunca se concretó. 

En un diálogo con este portal, Iván Granda había sostenido que sin voluntad política no habría solución al cáncer de la corrupción; si no hay voluntad política en la lucha contra la corrupción nada se resuelve. Pero estamos en un momento de aprendizaje de cómo se hace cuando se respetan las instituciones y su independencia. "El correísmo reventó la institucionalidad y seguir con ese error es estar proclive para siempre al populismo y al autoritarismo y esto es sinónimo de impunidad y corrupción", dijo el ex secretario.

"Estos temas son muy técnicos y demoran, dijo Granda sobre las demoras en el proceso, que finalmente no se concretó. Todos quisiéramos que la Comisión esté en su segunda fase, y en este caso se plantea un modelo que debe irse engranando. Si se demoran tres meses en un estatuto es porque este es «la Biblia» de la Comisión, que garantiza su total autonomía, y en eso estamos de acuerdo tanto el coordinador residente del Sistema ONU en Ecuador, Arnauld Peral, el canciller y nosotros, reiteraba. No queremos que sea apéndice de nadie, que sea autónoma y ese estatuto es lo que lo garantiza su modelo institucional".

La entidad se inspiraba, supuestamente, en la Comisión que funcionó en Guatemala, conocida como la CICIG que operó por 12 años en ese país. Esa Comisión, que contó con la participación directa de la Organización de las Naciones Unidas, fue creada en el país centroamericano para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto interno que asoló a ese país, pero sobre la marcha, fue "reintepretando" su misión, al extremo de dedicarse a investigar el cometimiento de delitos de varios tipos: desde el tráfico de personas hasta el contrabando, pasando por el peculado, las coimas en obras públicas, el financiamiento irregular de las campañas electorales y la participación de grandes grupos de presión en el control del Estado guatemalteco.

La CICIG, cuyas investigaciones lograron la caída de un presidente de la República, Otto Pérez,  funcionó en Guatemala por  medio de un acuerdo entre el Estado guatemalteco y la ONU. Estuvo conformada por ex jueces y ex fiscales de los países vecinos, que llegaron a tener gran influencia en la Fiscalía, la política y la Policía guatemaltecas. La polémica que desató en el país centroamericano que abogados extranjeros se convirtieran en una especie de superfiscalía llevó -en privado- al régimen morenista a tomar distancia de ese modelo... hasta quedarse en el limbo. 

El ex presidente Lenin Moreno hizo el anuncio y firmó el decreto. Se reunió una sola vez con los comisionados.

El anuncio que nunca se concretó

El 13 de mayo de 2019, el ex presidente Moreno anunció que la Comisión de Expertos Internacionales Contra la Corrupción (CEICCE) sería un evento significativo para el país y la región.  La ceremonia fue en La Capilla del Hombre de Guayasamín, que le gustaba al régimen para sus eventos internacionales A cargo del tema quedó el entonces secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda, y el canciller José Valencia, quien se encargó de la negociación con los diplomáticos internacionales. Las altas autoridades del Estado dieron su apoyo, con su presencia, a la iniciativa del régimen. En la foto aparecieron el contralor Pablo Celi (paradógicamente hoy preso por acusaciones de corrupción), la fiscal general, Diana Salazar, o la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.

Y para darle vida jurídica a la supuesta Comisión, Moreno firmó el decreto ejecutivo 731, con un plazo de 90 días, que podían ser prorrogados. Tras una prórroga, esa vida jurídica terminó el 13 de noviembre de 2019. Los integrantes de la Comisión solo lograron hacer un estatuto, antes de que el régimen diera por terminada la operación sin lograr ningún avance. A los pocos meses, desembarcó en el país la pandemia y el tema, como muchos otros, pasó al olvido. 

En un oficio del 24 de julio de 2019, el ex secretario anticorrupción Iván Granda le informó a Dorothee Gottwald, una funcionaria de la ONU quien fungía de secretaria técnica de la Comisión, que el Ecuador había transferido un millón de dólares el 3 de julio de 2019, con el comprobante de pago 4771 para los gastos. Jamás se pudieron usar en la iniciativa. 

Cinco abogados extranjeros fueron nombrados como integrantes de la Comisión y se les confirió el cargo de consejeros presidenciales, cargo público ecuatoriano que, según explicó Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrolllo, nunca aceptaron.

Los integrantes de la Comisión fueron Stacy De la Torre, de Estados Unidos; Nicolás Rodríguez-García, de España; Claudia Escobar, de Guatemala; Vladimir Aras, de Brasil; y Carlos Hernández, de Honduras. Ahora los cinco comisionados demandan al Estado para que se les reconozca por lo menos 100 mil dólares a cada uno, es decir, medio millón de dólares, por el tiempo y los viajes que realizaron para el proyecto morenista que nunca se concentró. 

Según sus hojas de vida, De la Torre es experta en cooperación internacional en materia penal anticorrupción y fue Fiscal en el Departamento de Justicia de EE.UU. y también en el Tribunal de Guerra de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia.

Rodríguez es un experto en investigación y persecución de delitos de corrupción, con título de Doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de Salamanca, con experiencia en decomiso y recuperación de activos.

Escobar es doctora en Derecho (Ph.D.), docente en Georgetown University, denunció el caso de corrupción del expresidente guatemalteco Otto Pérez frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Aras fue Fiscal Federal de la Corte de Apelaciones de Brasil, con experiencia en casos de extradición, narcotráfico y corrupción

Finalmente, Hernández fue Director ejecutivo del capítulo en Honduras de Transparencia Internacional y secretario Técnico de la Comisión de Selección Anticorrupción.

Pero sus compententes hojas de vida no fueron suficientes para que el gobierno anterior lograra cumplir con el propósito. ¿Qué fue lo qué pasó? Conversamos con Claudia Escobar, actualmente residente en Washington, sobre los detalles de lo que la abogada internacional llama, de plano, "una estafa" de Moreno y sus ministros.

  ENTREVISTA  

"Nunca nos pagaron ni los honorarios, ni los viáticos, ni los gastos, esto fue una estafa a los comisionados, nos sentimos estafados"

¿Por qué no se pudo concretar la Comisión propuesta por Lenin Moreno?

En primer lugar, quiero aclarar que hablo a título personal. Respondiendo a su pregunta, hubo varias razones, pero principalmente porque no había la voluntad política del Gobierno. Fue solamente un discurso en el que daban un paso para adelante y luego dos para atrás.

¿Y a qué atribuye esa falta de voluntad política? ¿Cuáles fueron los pasos para atrás?

Bueno, ellos hicieron un anuncio sobre la comisión, contactaron a los expertos, nos ofrecieron un panorama que cuando llegamos al Ecuador vimos que era totalmente distinta. Se apresuraron a lanzar el proyecto, a anunciar una comisión cuando no existía una base jurídica sólida para sostener su propuesta. En 2019 crearon una comisión con un decreto ejecutivo, pero solo para tres meses, lo que ya era de entrada absurdo. Nos explicaron que íbamos a tener toda la libertad y la independencia y que íbamos a trabajar bajo la sombrilla de Naciones Unidas, pero luego nos dijeron que lo que proponían era que tuviéramos un vínculo laboral con la Presidencia, como asesores del Gobierno. Ahí les dijimos que los expertos no podíamos ser empleados del Gobierno porque eso no sería una comisión independiente. Eso no tenía nada que ver con las Naciones Unidas ni con lo que se nos planteó en un inicio. 

¿Pero ustedes plantearon esta inquietud al gobierno de Moreno?

Claro, nos dijeron que lo iban a solucionar, tuvimos muchas reuniones con el personal de Naciones Unidas, en especial con Arnaud Peral, coordinador residente en Ecuador, con el canciller José Valencia, con el secretario Anticorrupción Iván Granda, sin embargo, en el momento en que tenían que suscribirse el proyecto para darle el margen al trabajo, el gobierno no lo suscribió. El error fundamental es que primero se debió hacer el proyecto con Naciones Unidas y luego presentar la Comisión que vendían públicamente. En el evento de presentación fuimos los primeros sorprendidos al enterarnos que nuestra única garantía legal era un decreto de tres meses. Cumplimos con la responsabilidad que habíamos asumido, y pensábamos que era un esfuerzo al que valía la pena apostarle, pues podía ser un ejemplo para otros países con problemas similares. A pesar de que el proyecto empezó con un mal paso, este pudo haber sido un legado de Lenin Moreno. No tuvimos el respaldo de Iván Granda, quien lanzó esto con bombos y platillos y llegó a afirmar que lo que Guatemala y Honduras habían hecho en años él lo había logrado en meses, pero realmente no había logrado nada. 

¿Es decir, más allá de las palabras, nunca hubo un acuerdo con las Naciones Unidas? ¿Quiénes eran sus interlocutores en Ecuador?

No lo tenían. Y nuestros interlocutores fueron siempre los secretarios anticorrupción, como Iván Granda, Dora Ordóñez, José de La Gasca y los cancilleres José Valencia y Luis Gallegos. También hablamos con María Paula Romo, quien creo que era la persona que tenía una visión  más clara sobre lo que tenía que ser la Comisión, aunque nunca se llegó a concretar. Una vez nos reunimos con el presidente Moreno en Washington. Nos pidió disculpas y nos aseguró que iban a cumplir con nosotros y que iban a suscribir el convenio con Naciones Unidas. Eso fue en febrero de 2019. La última reunión era para el 16 de febrero de 2020 y se canceló por la pandemia.

¿Nunca recibieron dinero del Estado ecuatoriano? ¿Qué papel jugó la ONU en el fracaso?

No nos dieron ni un centavo, aunque el Estado depositó un fondo de un millón de dólares en Naciones Unidas. Hubo responsabilidades compartidas con Naciones Unidas en el fracaso de la comisión, debo decir. La Agencia contra el Crimen y el Delito de la ONU asumió el acompañamiento de este esfuerzo del Ecuador. Pidieron y recibieron un millón de dólares del Ecuador en marzo o abril de 2019, participaron en la designación de los expertos y a los dos meses de recibido el dinero recién dijeron que necesitaban un proyecto para poder administrar el dinero. No fueron claros en eso desde un inicio. Yo estuve esa reunión, cuando funcionarios de la ONU le dijeron a Granda que primero debían presentar un proyecto y Granda no sabía de qué le estaban hablando. Los de la ONU no fueron claros ni transparentes y ese proyecto debió realizarlo el Gobierno y la ONU, eso era algo en lo que no teníamos qué ver los comisionados. 

¿Se presentó o no el proyecto a la ONU?

Se presentaron un sinfín de borradores, dimos nuestra opinión y en mayo de 2020 se dio una opinión favorable al proyecto. Pero el Gobierno eliminó la Secretaría Anticorrupción que debía firmar el proyecto y realmente nunca se llegó a suscribir. No sé qué pasó con el millón de dólares que entregó el Ecuador o se si usó en otra cosa. Por eso nunca nos pagaron ni los honorarios, ni los viáticos, ni los gastos, esto fue una estafa a los comisionados, nos sentimos estafados. Expresamos nuestras preocupaciones desde un inicio. 

¿Y cuánto dinero estiman que se les debe?

Los primeros viajes los pagó el Gobierno. Luego algunos los cubrió Naciones Unidas, pero no los viáticos, de los que solo nos dieron anticipos. Se pagaron parcialmente algunos gastos y en las últimas dos misiones no nos pagaron ni los pasajes. Se trata de por lo menos 100 mil dólares a cada uno de nosotros. Llegamos a un acuerdo por escrito pero nunca nos han pagado ni un centavo. 

¿Era verdad que la inspiración de esta propuesta era la CICIG de Guatemala?

No estoy de acuerdo con que la CICIG haya sido la inspiración de esto. El propio Iván Granda y Peral mencionaron en varias oportunidades que esto no era una CICIG. La polémica entre el Gobierno de Guatemala y la Comisión hacía que ellos quisieran desmarcarse de esa figura. Lo que sí decían es que querían una misión independiente, con el respaldo de la ONU. Pero ahora creo que eso era parte de su discurso político, por un lado hablaban de independiencia, mientras la ONU no quería que la comisión pudiera investigar casos, todo ello para evitar que ocurriera una polémica similar a la de Guatemala y la CICIG. Aclaro que la CICIG no podía presentar casos sin cooperar con la Fiscalía, por lo que también suscribimos un convenio con la fiscal Diana Salazar para darles respaldo. 

¿Es posible rescatar esta iniciativa con el nuevo Gobierno?

El estatuto que presentamos al Ecuador tiene todas las bases para plantear esto. Estudiamos un marco qu evitar los errores de esfuerzos anteriores en otros países y que la comisión diera un acompañamiento al Ecuador. Hay una base sobre la cual construir este esfuerzo, pero se necesita apoyo de Naciones Unidas al más alto nivel. La Comisión debe poder investigar, no quedarse solamente en la asistencia técnica. No hemos tenido contactos con el nuevo gobierno pero les hemos demandado por nuestros honorarios por medio de nuestros abogados de la firma Paz Horowitz de Quito. Seguiremos reclamando como profesionales que trabajamos en Ecuador por más de un año y no se cancelaron nuestros honorarios. 

Foto: El Universo

IVÁN GRANDA:

La responsabilidad fue de la ONU, que aún no devuelve el millón de dólares 

El ex ministro de Inclusión y ex secretario Anticorrupción de Lenin Moreno, Iván Granda, remitió una carta a este portal con su versión de los hechos, de la que reseñamos las partes más importantes. El ex secretario atribuye los problemas de gestión económica y la falta de pago de los ex comisionados a las Naciones Unidas y destaca que el gobierno de Moreno efectivamente desembolsó un millón de dólares para este proyecto que no han sido devueltos aún al Estado ecuatoriano. 

En su misiva, de tres páginas, Granda destaca, sobre la participación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el proceso que "Luego de varias sesiones de trabajo con UNODC y sus consultas con Viena, se determinó la viabilidad técnica de la propuesta de creación de una Comisión con las características que el gobierno ecuatoriano planteó. Es decir, una Comisión que apoye de manera directa a las instituciones con competencia en la investigación y lucha contra la corrupción a más de un apoyo hacia el fortalecimiento de sus capacidades técnicas. Una vez que se contó con dicha viabilidad técnica, la Cancillería remitió al Secretario General de las Naciones Unidas, la necesidad de contar con el apoyo de ONU para la conformación de una comisión internacional contra la corrupción en Ecuador. Mediante comunicación del 16 de abril de 2019, suscrita por el Representante de UNODC para Ecuador y Perú, Kristian Hölge, manifestó: “Haciendo seguimiento a nuestra conversación en dicha reunión y en el marco del Memorando de Entendimiento para la Lucha contra la Corrupción suscrito, tengo el placer de confirmar que UNODC está presto para brindar el acompañamiento técnico en el proceso de conformación de la Comisión de Expertos Internacionales”.

Granda precisa también que "A través del Decreto Presidencial Nro. 731 se creó la Comisión de Expertos Internacionales de lucha Contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE), con este Decreto se designó a los Expertos Presidenciales por un plazo de 90 días prorrogables por un período de tiempo similar y se precisó que la Secretaría Técnica de la CEICCE estará a cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y para la ejecución y seguimiento se encargo a los Ministerios de Relaciones Exteriores ( quién lleva la relación con los multilaterales) y la Secretaria Anticorrupción como ente especializado".

Según el ex secretario Anticorrupción, "el Gobierno de Ecuador mediante comprobante de pago Nro. 4771 del 03 de julio de 2019, transfirió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos Internacionales de lucha contra la Corrupción en Ecuador, su contribución por un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD$ 1’000.000.00)".

Con estos antecedentes, Granda afirma que "Y es en este momento, cuando UNODC contó con los recursos en su cuenta en Viena, que el Gobierno del Ecuador cumplió con la totalidad de sus obligaciones. Por cuanto la UNODC asumió su rol de Secretaría Técnica de la Comisión, es más, ya para aquel entonces se contó con la presencia de Dorothee E. Gottwald, funcionaria de carrera de UNODC, quien se haría cargo de dicha actividad".

De ahí que, para Granda, si hubo problemas en los pagos a los comisionados, estos fueron responsabilidad de la Secretaría Técnica, que siempre estuvo a cargo de la UNODC, una entidad de las Naciones Unidas.

"Se debe manifestar que como Secretaría Anticorrupción se instó por varias ocaciones (SIC) y por solicitud de los expertos, a UNODC en cabeza de Dorothee E, Gottwald y de su representante regional Kristian Hölge, para que cumplan con su rol de Secretaría Técnica de la Comisión, ya que al parecer durante la primera etapa de la Comisión no se llegaban a ciertos acuerdos entre los Expertos y la Secretaría Técnica, para dicho efecto se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo en donde participamos autoridades del gobierno como también de Naciones Unidas, incluido el Coordinador Residente que a la época era Arnaud Peral (adjunto oficio de 17 de Septiembre de 2019 enviado tres semanas antes de terminar mi gestión con Secretario Anticorrupción en el que se podrá apreciar mi posición)".

Al respecto, Granda agrega que "Enfatizo entonces que, precisamente para garantizar independencia, la responsabilidad del Gobierno Nacional se cumplió al momento de crear la Comisión de Expertos Internacionales de lucha Contra la Corrupción y enseguida trasladar los recursos para su funcionamiento. En lo personal, respaldo el reclamo de los expertos que colaboraron con esta iniciativa y que tuvieron en todo momento convicción y compromiso para llevar adelante su tarea. Lamento como el que más, que los procesos internos de UNODC hayan sido un impedimiento que frustró una iniciativa tan importante. Es indispensable que esa Secretaría Técnica de las explicaciones pertinentes al país, cumpla con las obligaciones pendientes con los expertos y reembolse al Estado ecuatoriano los recursos que no se hayan destinado a este proyecto".

Granda había dirigido una carta al ex canciller José Valencia el 17 de septiembre de 2019, destacando que las falencias en la gestión que la funcionaria de la ONU a cargo de la secretaría técnica estaban complicando el avance del proyecto y pidiendo que la Cancillería realizara gestiones diplomáticas con la ONU para destrabar el proceso. 

Según el documento de la transferencia, el millón de dólares salió directamente de las cuentas de la Presidencia de la República a una cuenta en Viena, de la ONU.