El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la antítesis del respeto al pronunciamiento ciudadano, o esa es la percepción generalizada. Un largo historial de inconsistencias numéricas, convenientes apagones electorales, sospechosas demoras en los escrutinios, silencio cómplice de sus autoridades ante las infracciones en las que incurren aspirantes de ciertas tiendas políticas, pugnas internas, filiaciones partidistas superpuestas a la función técnica del organismo y, derivado de esto, acuerdos opacos para beneficio de los partidos con cuotas de participación en las consejerías, además de una participación desregulada y un sistema de partidos y organizaciones políticas fallido, gatillaron la desconfianza que, en su estadio actual, derivó en apatía colectiva y resignación.

Todo esto ocasiona que la custodia de la voluntad popular expresada en las urnas se convierta en letra muerta. Las condiciones que, en teoría, debieran configurar un correcto ejercicio de la democracia representativa en Ecuador, son empañadas por una serie redundante de omisiones. En una edición previa, Plan V ya reseñó el escándalo de las firmas falsas en el que algunos partidos, en su pretensión de recolectar el porcentaje mínimo de respaldos que acredite su participación en los comicios de 2013, estuvieron involucrados. Este requisito fue impuesto por el correísmo, al amparo de la Constitución de Montecristi y el Código de la Democracia. Pero esta es solo la punta de iceberg en una extensa lista de irregularidades propiciadas, la más de las veces, por la Revolución Ciudadana y su herencia institucional.

La cronología de la usurpación de la democracia y el desastre administrativo

I. 2013, Domingo Paredes y la era de los impostores

El 30 de octubre de 2014, la Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el informe del examen especial realizado a los gastos de los contratos suscritos por concepto de verificación y validación de las fichas de afiliación y adhesión del 2012. En el documento de 96 páginas, el organismo de control concluyó que el software Control Cap, de la empresa uruguaya Controles S.A., cuya adjudicación se realizó sin concurso por un monto de USD 1'980.000, fue injustificada. Domingo Paredes, entonces presidente del CNE, dispuso la contratación del sistema como parte de la declaratoria de emergencia en el órgano electoral por el escándalo de las firmas falsas. Entre sus observaciones, la Contraloría también señala que el programa desarrollado por el equipo técnico del CNE soportaba más información que el ostentoso dispositivo, era más rápido y poseía los filtros de seguridad necesarios.

Así también se identificaron incompatibilidades entre las firmas entregadas por las organizaciones políticas y aquellas que constaban en el padrón electoral. Esto coadyuvó a que los digitadores tuvieran la decisión concluyente sobre la aprobación o anulación de firmas, lo que permitió la admisión de 24.770 firmas repetidas.

Domingo Paredes, ex presidente del Consejo Nacional Electoral.

No hubo, asimismo, ninguna verificación a los números de cédula, por lo que se presentaron identificaciones con hasta 12 dígitos. A tal efecto, se registraron afiliaciones y adherencias ficticias y nombres repetidos en los listados de los diferentes movimientos y partidos políticos.

Para la comprobación de la autenticidad no se consideró el último dígito de la cédula, sino los primeros nueve números. Por ello, se validaron 6.648 afiliaciones y adherencias de personas fallecidas y 1.527 pertenecientes a menores de 16 años.

Por si fuera poco, la Contraloría advirtió que la empresa Controles S.A., además de los 25'776.336 DE registros con firmas suministrados por el CNE, agregó otros 3'713.957 ficheros a sus archivos de procesamiento sin razón aparente.

Para mayor escarnio, el CNE perdió la licencia de uso ilimitado y el derecho de propiedad sobre el sistema, pese a que, según Paredes, Controles S.A. presentó la oferta más barata para la adquisición del sistema de verificación de firmas.

II. 2017, el ADN correísta del ex secretario relator del Congresillo

El sucesor de Domingo Paredes fue Juan Pablo Pozo, personaje cercano a Fernando Cordero y ex secretario relator de la Comisión Legislativa y de Fiscalización (CLF) —mejor conocida como “Congresillo”— de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Asumió la titularidad del órgano electoral el 16 de enero del 2015, con la promesa de continuar con el modelo de obsecuencia institucional al correísmo. Para este fin, Pozo organizó los preparativos para las elecciones de 2017, las primeras en las que el expresidente sentenciado por cohecho y prófugo de la justicia, Rafael Correa, legaría la representación de su partido a Lenín Moreno.

Este proceso electoral, bajo la entera advocación de Pozo, de nuevo activó las alertas de la CGE. Mediante un informe de auditoría que analizó su periodo y fue aprobado el 26 de julio del 2019, el organismo de control encontró una disparidad entre las actas de escrutinio y el número de votantes por mesa, votos no contabilizados y algunos otros añadidos sin justificación.

Tampoco se tenía información certera sobre el manejo de las actas desde su salida de las juntas receptoras del voto ni copias certificadas del proceso de digitación de la información contenida en las actas de escrutinio a la base de datos del CNE.

El presidente Rafael Correa (i) condecoró de la orden nacional Al Merito en el grado de Gran Cruz a Juan Pablo Pozo (d), presidente del Consejo Nacional Electoral, luego de los cuestionados resultados que pusieron a Lenín Moreno en la presidencia de la República . Cortesía Foto: El Universo

Pese a los rumores de un presunto fraude electoral,  a través de una cadena nacional Pozo presentó los resultados “oficiales e irreversibles” el 4 de abril del 2017. Menos de un mes después del anuncio del triunfo de Lenín Moreno (51,16%) sobre Guillermo Lasso (48,4%), Correa decidió galardonar, en el salón amarillo, a su subordinado por su “total entrega al servicio a la Nación” con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz. Parte del Decreto 1418, emitido para este fin, reza que, “pese a haber recibido constantes amenazas a su integridad física durante el pasado proceso electoral, supo mantenerse fiel a su deber”, insinuando, socarronamente, su consabida lealtad al correísmo.

En su discurso de agradecimiento, Pozo intentó, sin éxito, desmarcarse del correísmo. “Nunca me imaginé recibir esta condecoración del Presidente que sentó la estabilidad en el país”, dijo con desparpajo. La ceremonia de la exaltación a la obediencia concluyó con la felicitación de Correa y su Gabinete Ministerial a Pozo. Entre los asistentes a su premiación estaban Gustavo Jalkh, Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Viviana Bonilla y Paola Pabón.

III. 2019, un experimento electoral fallido

En el marco de las elecciones seccionales y de vocales del CPCCS, celebradas el 24 de marzo de 2019, varias inconsistencias detectadas en los cantones Mocache, en la provincia de Los Ríos, y Alfredo Baquerizo Moreno-Juján y Salitre en la provincia del Guayas, fueron denunciadas por el exconsejero y exsecretario de la Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, y el vicepresidente del CNE, Enrique Pita.

Todo inició el 2 de abril de 2019, con la clausura unilateral de la audiencia de escrutinios por disposición del expresidente de la Junta Provincial Electoral de Los Ríos, Luis Páez —alineado al socialcristianismo—, sin subsanar los reclamos de las organizaciones políticas. Se aducía, por ejemplo, que existían inconsistencias numéricas y papeletas de votación “planchadas”, por lo que se exigía la repetición de las elecciones de todas las dignidades en toda la provincia.

Ante la desatención de Páez a estas quejas, una serie de enfrentamientos entre militantes de los partidos y movimientos políticos y varios agentes policiales, en calles aledañas a la Delegación Electoral de Babahoyo, se extendieron hasta la madrugada del 3 de abril. Mientras la reyerta continuaba, el Pleno del CNE dispuso, tras una moción planteada por Pita, prorrogar el escrutinio en Guayas, Manabí y Los Ríos por diez días adicionales, en aplicación del artículo 132 del Código de la Democracia, a saber:

Art. 132.- Las juntas electorales distritales, regionales, provinciales y especiales del exterior se instalarán en sesión de escrutinio a partir de las diecisiete horas (17h00) o diecinueve horas (19h00) en el caso de la Junta Especial del Exterior. Existirá un solo escrutinio en cada nivel. El escrutinio no durará más de diez (10) días contados desde el siguiente al que se realizaron las elecciones; por razones justificadas y de forma extraordinaria, el Consejo Nacional Electoral podrá autorizar la ampliación del tiempo de duración del escrutinio. La sesión permanente podrá suspenderse temporalmente por resolución del Pleno de la Junta cuando el tiempo de duración de la jornada lo justifique.

En su defensa, Páez aseguró que las 1969 actas electorales fueron validadas y desestimó los reclamos interpuestos por los representantes de los partidos afectados. “El objetivo de los delegados y de ciertos vocales era volver a validar las urnas, cuando todo ya está validado. Ahora lo que sigue es el proceso de apelación que lo deben realizar directamente al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral con sede en Quito”, concluyó.

De su parte, la vocal de la JPE de Los Ríos, Estefany Puente —allegada a Pachakutik (PK)—, sostuvo que las objeciones de los partidos fueron injustamente desestimadas por Páez. “Yo no tuve conocimiento de la clausura de la sesión y al parecer los demás vocales tampoco. Esto es ilegítimo. Rechazo la actitud del compañero presidente, porque está afectando la democracia del proceso electoral. No estamos para beneficiar o perjudicar a nadie. La ciudadanía sabrá juzgar quién está a beneficio de la transparencia y quien no”, apuntó.

Dos días después, Páez, visiblemente molesto, se refirió a su remoción de la JPE de Los Ríos. En entrevista con el medio digital Click Noticias, el expresidente de la Junta Electoral dijo que tenía información sobre su cesación del cargo. “Fui cesado con cuatro votos a favor y un voto, posiblemente de algún tartoso que no tiene personalidad, que se abstuvo. Hubiera preferido que vote a favor también”, espetó, en alusión al voto salvado de José Cabrera.

Asimismo, Páez afirmó que Michael Acuña, responsable de informática de la Delegación Provincial de Los Ríos, le comunicó que desde la matriz del CNE en Quito había culminado el escrutinio del 100% de las actas validadas. “Lógicamente yo había revisado, en varios días, las inconsistencias numéricas que presentaban (los representantes legales de los partidos), sin embargo, el sistema me había reportado la noche anterior que estaban validadas al 100%. ¿Y qué hace el sistema informático del CNE? Revisar que no haya inconsistencias numéricas, que no haya inconsistencias de firma. Entonces, si todo ya fue validado y el CNE me reporta que ha concluido, lo lógico, lo obvio, lo inteligente era clausurar la sesión”, explicó.

También acusó a Pita, quien propuso su remoción de la presidencia de la JPE, de ser “multipartidista”, de haber pasado por todos lados —en alusión a su presunto transfuguismo partidista— e incluso de tener un pasado correísta. “El responsable de la provincia de Los Ríos es el Ingeniero Enrique Pita. Un hombre que no responde a Guillermo Lasso, responde a un candidato. Lo que él no quiere es que el problema le pase a Quito porque entonces el tendrá que responderle a su patrón, a su jefe”, dijo.

Además, Páez precisó que Byron Rivas, director de Procesos Electorales en la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos, retrasaba permanentemente el proceso electoral. Su objetivo, según Páez, era conseguir la llave de la bodega donde se depositaron las urnas, para lo cual presentaron un documento falso que acreditara su acceso, no obstante ello, las Fuerzas Armadas lo impidieron. Del mismo modo, Páez afirmó que sí atendió a los pedidos de las organizaciones políticas y dispuso la apertura de 198 juntas, sin embargo, los resultados no cambiaron.

Sobre las supuestas actas “planchadas” en los kits electorales, Páez matizó que se trata de una estrategia política “porque no saben cómo hacer ganar” a ciertos candidatos y negó cualquier vinculación con el PSC.

Abril del 2019. Con cuatro votos a favor y una abstención, el Pleno del CNE cesó en funciones al presidente de la Junta Electoral de Los Ríos, Luis Páez. Foto: El Universo

Eliut Sánchez, ex secretario de la JPE de Los Ríos, quien abandonó la audiencia de escrutinios tras su abrupta terminación tomado del brazo por Páez, también fue cesado luego de que se filtrara un video de las cámaras de vigilancia del edificio en el que, la madrugada del 3 de abril, abría los casilleros de los partidos y colocaba documentación. Sánchez contradijo esto y aseguró que actuó conforme lo establecido en el primer párrafo del artículo 137 del Código de la Democracia; esto es:

Art. 137.- La notificación de los resultados electorales a los sujetos políticos, se efectuará en el plazo de un día, contado a partir de la fecha de cierre y culminación de los escrutinios, a través de correo electrónico, casilleros electorales y en la cartelera pública.

Sánchez vituperó que se lo tache de delincuente por informar a los partidos políticos sobre las resoluciones emitidas al cierre de la audiencia de escrutinios. Incluso, sostuvo que un policía vigilaba la zona, a efectos de que no se cometa ningún ilícito.

Aunque se rumoraba que Rosalía Ordoñez, también cercana al PSC, reemplazaría a Páez, dos días después, el 5 de abril de 2019, Patricio Márquez Carbo, perteneciente a Alianza País (AP), fue designado para tal efecto en sesión extraordinaria. Estefany Puente fue promovida a la vicepresidencia y Grace Escudero asumió la secretaría. El primer acto de Carbo como máxima autoridad de la JPE de Los Ríos fue ordenar el reconteo de votos en 13 juntas y reinstalar la audiencia de escrutinios suspendida por su antecesor.

El escrutinio de estas actas culminó el 7 de abril de 2019 y subvirtió la tendencia a favor de Yenny Domínguez, candidata de Alianza País (AP) sobre María Cristina Holguín de Andrade del Partido Social Cristiano (PSC). No obstante, esta resolución fue anulada por la mayoría del Pleno del CNE en sesión del 9 de abril de 2019. Con los votos a favor de la Presidente Diana Atamaint, y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, y en contra de Luis Verdesoto y el vicepresidente Enrique Pita, se acogió la impugnación a la reinstalación de la audiencia de escrutinios en la JPE, planteada por el exrepresentante legal del PSC y actual embajador de Ecuador en Qatar, Pascual del Cioppo.

Entre las objeciones al recuento expuestas por el PSC se alegaba una supuesta afectación a la candidatura de Holguín al cantón Mocache, por el sorpresivo ascenso de su contendora de la 35. Por ello, la resolución PLE-CNE-3-7-9-4-2019-ORD-R aprobada por el CNE anuló todas las disposiciones desde la reinstalación de la audiencia de escrutinios y estableció que todo lo actuado en la JPE de Los Ríos, bajo la administración de Carbo, fue “inconstitucional, ilegal y violatorio de derechos”.

Otro punto del documento reconocía la legitimidad de lo resuelto desde el 24 de marzo (fecha de los comicios) hasta el 2 de abril (día previo a la cesación de funciones de Luis Páez). Finalmente, la mayoría del Pleno conminó al personal del CNE a eliminar los registros del Sistema de Procesamiento y Transmisión de Resultados (SPTR) correspondientes a las actas recontadas desde el 5 de abril en adelante.

Pita amonestó, con duras invectivas, a sus colegas de mayoría, acusándolos de actuar con arreglo “a sus simpatías, sus afectos y sus compromisos”. Verdesoto, de su parte, sucedió la atropellada aprobación de la resolución que invalidaba el reconteo de votos en Los Ríos con una moción que proponía el traslado de las quejas respecto de un presunto fraude en la provincia a la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, Diana Atamaint, presidenta del organismo, lo interrumpió y en su lugar mocionó la creación de un comité técnico integrado por personal de cada consejería para que, al término de ocho días, presentaran un informe jurídico que diagnosticara los problemas acecidos para su análisis y posterior derivación a la FGE. Zanjada la suspensión de los actos administrativos en la JPE de Los Ríos y obstaculizada la iniciativa de Verdesoto, Atamaint suspendió la sesión en medio de los reclamos.

A pesar del boicot premeditado por Atamaint y sus camaradas de mayoría, Verdesoto acudió el miércoles 10 de abril de 2019 a la FGE para presentar una denuncia por presunto fraude electoral en Los Ríos. Entre los indicios recopilados por Verdesoto constaban seis actas de escrutinio con inconsistencias en los cantones Mocache, en Los Ríos y Alfredo Baquerizo Moreno-Jujan, en Guayas.

El exconsejero sospechaba, de acuerdo con su teoría del caso, que los votos nulos y blancos sirvieron para adulterar los datos de las actas durante el reconteo. Sin embargo, fue cauto y señaló que se trataría de un “hecho aislado” cometido por agentes delictuales de poca monta que la Fiscalía deberá identificar y procesar.

Pero la inestabilidad en la JPE de Los Ríos continuó. En menos de diez días, el organismo sufrió su tercer cambio de administración con el nombramiento de Danilo Zurita en reemplazo de Stalin Cabezas, quien renunció el martes 9 de abril. Zurita provenía de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE, por lo que el Pleno resolvió designarlo, en principio, como vocal sustituto. Sin embargo, el 13 de abril de 2019 fue promovido a la presidencia de la JPE de Los Ríos, con tres votos a favor, uno en contra, de la vocal Linda Sandoval y la abstención de Estefany Puente, quien se desempeñaba como vicepresidente, con Carbo a la cabeza.

En la madrugada del 8 de abril de 2019, de igual manera, el Pleno del CNE removió del cargo al exdirector de la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos, Juan Carlos Jaramillo, debido a sus declaraciones a medios de comunicación en las que apoyaba la tesis de los movimientos y partidos políticos respecto de actas supuestamente “planchadas”. La moción fue presentada por el vicepresidente Pita y obtuvo el respaldo de todos los consejeros, no así el segundo punto de su propuesta que sugería encargar provisionalmente, en reemplazo de Jaramillo, a una funcionaria del área de Talento Humano del CNE para que lo subrogue en sus funciones hasta efectuar la designación definitiva.

Luego de dos votaciones fallidas al segundo planteamiento de la moción de Pita, la presidente Atamaint, al amparo de su facultad dirimente, sometió a consideración del Pleno la nominación de Juan Francisco Cevallos y se aprobó su designación con el respaldo de Cabrera, Acero y la propia Atamaint, mientras que Pita y Verdesoto se opusieron

Las arbitrariedades cometidas por los consejeros de mayoría fueron corregidas en la jurisdicción electoral, en principio, con un recurso ordinario de apelación interpuesto por Martha Moreira, Procuradora Común de la Alianza 21-10 CREO-FE en contra de la resolución PLE-CNE-3-7-9-4-2019-ORD-R emitida por el Pleno del CNE el 9 de abril de 2019.

Así, el 5 de mayo, Arturo Cabrera, en calidad de juez sustanciador de la causa, dispuso, entre otras medidas, que: se anule la resolución PLE-CNE-3-7-9-4-2019-ORD-R; se invalide el acto administrativo del 5 de abril de 2019 con el que se reinstaló la audiencia de escrutinio de la provincia de Los Ríos; se abrogue la suspensión unilateral de la audiencia de escrutinios dispuesta por Luis Páez; se reinstale la audiencia de escrutinios, en la ciudad de Quito, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos, en estricta sujeción a la norma electoral, a fin de dar trámite y resolver las reclamaciones (686) ingresadas hasta el 2 de abril por las organizaciones políticas inscritas para los comicios seccionales de 2019, con la salvedad de lo relativo a las vocalías del CPCCS.
Dos meses después, una segunda admonición del Tribunal Contencioso Electoral socavó la ya diezmada reputación del CNE y sus vocales de mayoría. En tal sentido, a través de la sentencia 129-2019-TCE, el juez sustanciador, Ángel Torres, el 8 de julio de 2019, acogió la acción de queja interpuesta por la candidata de AP, Yenny Domínguez, contra los consejeros Atamaint, Cabrera y Acero.

Con base en el principio non bis ibidem, (principio legal que prohíbe el juzgamiento dos veces por un mismo ilícito) el TCE determinó en su dictamen que: se sancione a los tres consejeros con el pago de una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, esto es, USD 7.880, —proporcional a los USD 394 a los que ascendía el SBU en la época— que debían ser depositados en la Cuenta Multas del CNE en el término de 30 días.

Tres sanciones eran posibles, según la Ley: la destitución del cargo, la suspensión de los derechos políticos o una multa económica. Con base en la gravedad de lo actuado, según la sentencia, se optó por la multa.

A partir de entonces, el CNE reveló a cuentagotas los resultados de los escrutinios en la provincia de Los Ríos. La audiencia de escrutinios trasladada a Quito y reinstalada en el Parque Bicentenario concluyó el 12 de mayo, sin embargo, las reclamaciones interpuestas dilataron la declaración de resultados.  Primero, se entregaron las credenciales a un grupo de 134 autoridades electas el 29 de mayo entre los que constaban 3 alcaldes, 35 concejales urbanos, 20 concejales rurales y 75 vocales de Juntas Parroquiales Rurales. Quedaron por fuera de ese listado 44 autoridades electas adicionales, entre ellas la Prefectura, 10 alcaldías, 23 concejalías urbanas y 10 vocalías de juntas parroquiales.

De ese número, el 7 de junio se oficializó la entrega de credenciales al segundo grupo integrado por 25 autoridades electas, a saber: 1 alcalde, 20 concejales urbanos y 5 vocales de las Juntas Parroquiales Rurales. El 9 y el 27 de junio, respectivamente, se dispensaron las ultimas credenciales, con lo que se concluyó un proceso electoral plagados de ilegalidades y que se extendió 95 días.

Pero el escándalo apenas empezaba. Al cabo de cinco días, Pita y Verdesoto denunciaron supuestas anomalías en el proceso electoral del 24 de marzo. Los hallazgos de su investigación develaron las vulnerabilidades del Sistema Informático de Transmisión y Publicación de Resultados, STPR. Entre las debilidades expuestas por ambos funcionarios se señaló una falta de control al total de sufragantes en las actas para diferentes dignidades en una misma Junta Receptora del Voto, lo que coadyuvó la disparidad de votantes en 9.557 JRV, es decir, el 24% de las 40.276 JRV a escala nacional.

También se encontró que la calificación de las actas con la firma del secretario y el presidente de la JRV depende de un operador, por lo que muchas actas que no cumplen con estas especificaciones son ilegalmente admitidas. El sistema informático, asimismo, permite la creación de usuarios supervisores facultados para cambiar el estado de un acta de escrutinio de “acta en proceso de digitación o control de calidad” a “acta con inconsistencia”, lo que posibilita la reimpresión de un acta de reconteo y al conteo desde cero de las papeletas. Por ejemplo, en la lista de usuarios del Sistema Informático de Transmisión y Publicación de Resultados se identificó la creación de un usuario a nombre de una Secretaría de Dirección en una de las Delegaciones provinciales. Pese a la importancia de los datos que circulan a través de este canal, el STPR no almacena los registros de autoría con los que se vincule a los usuarios que realizan estas modificaciones y el número de actas que cambian.

De igual manera, no existen los filtros de seguridad que impidan el acceso de equipos y dispositivos externos a la red electoral del STPR. A propósito de la reimpresión de actas de reconteo, el informe señala que el sistema autoriza la reimpresión de estos documentos en formato PDF las veces que se desee, toda vez que su versión original se clasifique como “acta inconsistente”. Es más, el sistema permite escanear la fotocopia de un acta de reconteo para su validación. Se colige, por lo tanto, que se pueden reimprimir y llenar actas de manera ilimitada para consignarlas en el sistema sin ninguna restricción. Para colmo de males, ninguna de esas actas de reconteo reimpresas son entregados a los delegados de los partidos políticos para su cotejamiento con el acta original y constatar que contengan los mismos datos.

Los votos nulos y blancos tampoco coincidían entre las actas originales y las actas de reconteo. Es más, su variación era proporcional al incremento y disminución en la votación de algunos candidatos Hubo, además, actas mal recortadas en las que los resultados obtenidos por los candidatos se desplazaban subsecuentemente. En otras palabras, la votación obtenida por el primer candidato era asignada al segundo, y la de este último al tercero y así sucesivamente.

Finalmente, el informe indicó que las actas de reconteo no contaban con la firma de los delegados de las organizaciones políticas, de ahí que se vulnerara su derecho a la participación. “De las 3.188 actas recontadas en la provincia del Guayas, 2.480 no cuentan con firmas de delegados de organizaciones políticas; es decir que las Ops (organizaciones políticas) no participaron en el escrutinio del 78% de actas”, reza un fragmento del documento.

Vaticinando el anuncio de sus colegas de oposición, Atamaint, acompañada de Cabrera, convocó a otra rueda de prensa con treinta minutos de anticipación para anunciar el inicio de un proceso de reingeniería del sistema informático con motivo de implementar mejoras a su capacidad y funcionamiento.

Sobre la base de sus declaraciones, Atamaint designó al Ing. Enrique Mafla como Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales. Mafla, el 26 febrero de 2019 fue escogido junto a otros académicos para integrar la Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático que vigiló y evaluó el funcionamiento del STPR.

La pantomima del cambio que nunca llegó

En diálogo con Plan V, Mafla reveló que las recomendaciones que formuló para reemplazar el actual sistema informático e instalar un sistema integrado que aglutine los ocho procesos informáticos del CNE, (Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados, STPR, del registro de organizaciones políticas, de la fiscalización, del registro electoral, de cambios de domicilio, de consultas del lugar de votación, de los miembros de juntas receptoras del voto y de promoción electoral) no fueron acogidos y que renunció a los dos meses de ser nombrado porque, según dijo, existían presiones de todas las consejerías.

“Mi interés era profesional, no político, pero existía un ambiente en el que yo le diría que no era difícil, sino imposible trabajar”, comentó.

En el informe que presentó poco antes de dimitir de su cargo, Mafla descubrió que las fallas en el proceso electoral del domingo 24 marzo de 2019 se originaron un día antes, el sábado 23 de marzo, luego de una visita inusitada de funcionarios del CNE al Centro de Datos Alterno de Guayaquil ubicado en la planta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Según Mafla, estos funcionarios sometieron al sistema informático a dos pruebas de carga, pese a que este había sido sellado con anterioridad en presencia de notario público. La primera prueba se realizó a las 18:00 y duró solamente cuatro minutos antes de ser suspendida. Luego de una hora, a las 19:00, se ejecutó una segunda valoración de su rendimiento en la que finalmente se colapsó el sistema de contingencia por el excesivo flujo de datos creado por la simulación de tráfico.

“Esto provocó la suspensión del proceso de replicación de datos mediante el cual las actas escrutadas en el sistema son registradas en tiempo real en el aplicativo. Es decir, se colapsó el balanceador de carga, que es el dispositivo con el que se actualizan los datos y se desconectó el servidor de Quito con el de Guayaquil”, señaló.

En consecuencia, el Firewall (sistema de seguridad diseñado para bloquear accesos no autorizados a los servidores) fue desbordado. A pesar de la urgencia para reparar la avería, los ingenieros trataron de solucionar el problema por sí solos, sin reportar el incidente a las autoridades y conculcando los protocolos.

Independientemente del criterio del experto informático de la Escuela Politécnica Nacional, el CNE no adoptó ninguna de sus consideraciones y se decantó por reciclar un sistema informático obsoleto y discrecional.

Lea en la PARTE II: 2021, la polémica por el balotage y la metida de pata del CNE