La tensión entre el correísmo y Fernando Villavicencio fue una de las tónicas en el Salón de la Libertad del Palacio Legislativo, en donde la Comisión de Fiscalización se ha instalado para las comparecencias que se han convocado en el marco del trámite del proceso de juicio político al presidente Guilllermo Lasso.

La Comisión dejó su habitual sala de reuniones, en donde hay poco aire y espacio, y se trasladó al Salón que en alguna época albergó al Senado de la República. Ahí se realizarán las comparecerencias con las que la oposición y el Gobierno buscarán apuntalar sus argumentos con miras al proceso político contra el presidente Guillermo Lasso. La dirección de la sesión está en manos de la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, lo que ha destrabado el ritmo de las comparecencias. 

Luis Verdesoto, el ex secretario Anticorrupción del régimen y el ex secretario jurídico y financista de campaña de Lasso, Fabián Pozo, fueron las dos figuras más importantes que comparecieron ante la Comisión en el inicio del proceso, que se extenderá hasta el 26 de abril, cuando el propio Lasso ha sido llamado a comparecer y a presentar sus descargos. Ese día se ha dedicado exclusivamente a los descargos del presidente, pero aún no está claro si irá en persona o lo representará su abogado, Edgar Neira. El presidente se encuentra con complicaciones de salud, que lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar por una severa infección. 

Luis Verdesoto sostuvo que se reunió con Oswaldo Rosero por pedido de él. Foto: PlanV

En el hemiciclo del salón se sentaron en espacios distintos los asambleístas interpelantes, como Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo, Viviana Veloz y Pedro Zapata, mientras al otro lado se instalaron el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz y el abogado particular del presidente, Edgar Neira. Fue éste último que llevó los interrogatorios por parte de la defensa del mandatario. 

En su intervención, Luis Verdesoto insistió en algunos ejes que ya había planteado: entre ellos, el rol meramente preventivo de la tarea de la Secretaría de Políticas Públicas contra la Corrupción que ideó y dirigió. Verdesoto señaló nuevamente lo que ya había indicado de manera pública: entregó al presidente Lasso por lo menos 30 fichas en donde se describían riesgos de corrrupción en varias instancias del Estado, y una de esas fichas se refirió a la Flopec, la empresa pública en donde se habría cometido un presunto peculado con el flete de buques petroleros. 

Los asambleístas interpelantes y otros integrantes de la Comisión de Fiscalización.  Foto: PlanV

Verdesoto aprovechó para señalar que había investigado al propio presidente Lasso, lo que le permitía afirmar que, al menos sobre el mandatario, podía certificar su integridad personal, aunque dejó claro que no extendía esa confianza a nadie más en el Gobierno lassista. 

El ex secretario reveló que un ex asesor y luego gerente de la Flopec se reunió con él y su equipo para explicar el funcionamiento de la Flopec, pero precisó que no revisó ningún contrato en esa empresa naviera, y que tampoco tuvo conocimiento ni del informe de la Contraloría ni del contrato de la Flopec con Amazonas Tanker para fletar buques tanqueros.

Luego de que se excusaran varios de los convocados, se presentó el ex secretario jurídico Fabián Pozo, quien defendió los decretos de Lasso, preparados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, relacionados con el caso de la Empresa Coordinadora, así como el nombramiento de Hernán Luque, a quien describió como un ejecutivo de larga trayectoria y experiencia en el sector privado.

El ex secretario aclaró que no todas las cartas de ese tipo llegan al despacho presidencial y mucho menos las lee directamente el presidente. 

Las intervenciones concluyeron en horas de la noche, pero dejaron entrever la tónica de lo que serán los próximos días en las comparecencias en la Comisión de Fiscalización. Pero, ¿qué es lo que se busca obtener de los testigos y cuáles son las estrategias de ambas partes? Aquí las describimos. 

1.- ¿Guillermo Lasso sabía o no del caso de Amazonas Tanker?

Para los interpelantes es clave probar que el presidente Guillermo Lasso sí conoció de los cuestionamientos al contrato de flete de buques en donde la Contraloría había hecho observaciones y en donde se había denunciado un presunto perjuicio. De hecho, en las comparecencias de Verdesoto y Pozo se insistió, desde el correísmo, en sostener que el presidente fue informado de que había hechos de corrupción en la Flopec, lo que obligó a Verdesoto a aclarar que nunca se refirió al caso en particular de Amazonas Tanker. El mismo eje se siguió en el caso de Fabián Pozo, insistiendo sobre si el presidente, el Gabinete o alguien en el Palacio llegó a discutir sobre aquel contrato en particular.

El ex secretario jurídico del Palacio, Fabián Pozo, trazó una línea argumentativa que están siguiendo otros funcionarios y ex funcionarios convocados: el Gobierno no conocía sobre Amazonas Tanker.  Foto Mauricio Muñoz / Asamblea Nacional

En contraste, la defensa del mandatario, encabezada por su abogado particular, Edgar Neira, se enfoca en lo contrario, en asegurar que el presidente nunca supo lo que estaba ocurriendo en la Flopec. Otros nombres que aparecen en la lista de los convocados tienen la misma explicación: se llama al actual ministro de Energía, Fernando Santos, y a los ex ministros de este Gobierno Xavier Vera Grunauer y Juan Carlos Bermeo, en busca de lograr encontrar algún indicio de que Lasso conocía sobre el tema del contrato de flete, y su posible sobreprecio.

Pero para la mañana del 19 de abril cuando comparecieron Santos y Bermeo, quedó claro las limitaciones de la estrategia: ambos sostuvieron que las empresas como Flopec son autónomas y que el contra de flete de buques no fue puesto en conocimiento del Gobierno. Iván Correa se limitó a decir que tampoco conoció ninguna carta de Jhonny Estupiñán. 

2.- ¿Es responsable Guillermo Lasso de las acciones de Hernán Luque?

Para los interpelantes, las acciones y omisiones de Hernán Luque, el ex gerente del Banco Guayaquil que formaba parte del entorno presidencial, son responsabilidad de Guillermo Lasso, mientras que la defensa sostiene que la responsabilidad de lo que haya hecho o dejado de hacer es personal. Pero algunos de los citados tienen relación con ese eje, como el pedido de comparecencia a Iván Correa, ex secretario de la Administración. La defensa del Gobierno plantea que el presidente Lasso no tendría responsabilidad política en ese tema. Otras comparencias relacionadas con el tema son las de Marcelo Cabrera, ex integrante del Directorio de la Empresa Coordinadora y Joaquín Ponce Díaz, actual presidente de ese mismo Directorio. Se convocó también al propio Hernán Luque, quien salió del país y no se ha manifestado públicamente, con la esperanza de que aclare los hechos. 

Fernando Villavicencio dejó la dirección de las audiencias tras varios roces con los otros legisladores. Foto Mauricio Muñoz / Asamblea Nacional 

3- ¿Cabe la opinión de otros abogados, a título de expertos?

Tanto el Gobierno cuanto la oposición convocaron a por lo menos 13 abogados para que presenten un criterio en calidad de "testigos expertos", una figura que para dos de los convocados, Ismael Quintana y Rafael Oyarte, no tiene ningún asidero. Ambos, que junto con el jurista Stalin Raza, habían sido convocados para este 19 de abril, se excusaron, y destacaron que en resumidas cuentas, su presencia y su opinión en el proceso no tendría más valor que la de cualquier otro ciudadano, pues no están en calidad de peritos.

Para el 24 de abril, se habían planteado las comparerencias de por lo menos diez juristas que se han manifestado públicamente a favor del Gobierno, como Pablo Santillán, José Chalco, André Benavidez, Mario Cuvi, Gonzalo Muñoz, Emilio Suárez, Ramiro García, Jorge Benavidez, Juan Francisco Guerrero, Pablo Encalada, con la invitación a "aclarar la procedencia" del juicio político. Hasta el momento, sin profundizar en su razones, el cuencano José Chalco también se excusó, mientras se espera la respuesta de los otros letrados y se discute sobre la pertinencia de su presencia. 

4.- ¿Qué ocurrió realmente en la Flota Petrolera Ecuatoriana?

Otro bloque de testigos son funcionarios de la Flopec y la Contraloría, relacionados directamente con la administración del contrato con la Amazonas Tanker, una empresa de papel que realmente hace gestiones para arrendamiento de naves en todo el mundo y que no tiene barcos propios. Con esos testimonios, Gobierno y oposición quieren probar sus puntos sobre el supuesto peculado.

De su lado, los interpelantes buscan probar, y hacía allá ira el interrogatorio, que se conocía desde el gobierno de Lenin Moreno que el contrato era lesivo para la Flopec, pues según la denuncia de Estupiñán, en muchas ocasiones se pagó más dinero del que producía el viaje por el arrendamiento de naves extranjeras y que en muchas ocasiones las naves volvían al Ecuador vacías. 

Se busca también enfocarse en la participación de Petroecuador en el transporte internacional del crudo ecuatoriano (la mayoría del cual es enviado a un puerto en California, en donde se realiza la entrega) y en las posibles pérdidas que se habrían producido. Es en esa línea que se convocó al actual gerente de la Flopec y a varios ex gerentes, entre ellos los involucrados en la firma del contrato durante la gestión de Lenin Moreno: Oswaldo Rosero, Jhonny Estupiñán, Cristian Panchi, Jaime Condoy,  Pilar Ferri Moncayo y Luis Lavayen Cardoso. Además, han sido convocados dos ex funcionarios de Petroecuador: María Elisa Soledispa y Galo Garzón Játiva.

Hasta la tarde del 19 de abril, había intervenido Rosero, quien sostuvo que sí se cumplieron las recomendaciones de la Contraloría y que la Flopec tiene utilidades. De su lado, Estupiñán no asistió, pero en una carta reiteró que el contrato con Amazonas Tanker, que considera lesivo para los intereses nacionales, fue renovado hasta 2024, ya en esta administración. 

5.- El informe de la Contraloría y el rol de la Procuraduría

La elaboración del informe de la Contraloría General del Estado, que responde a una auditoría realizada en 2020, durante la presidencia de Lenin Moreno, es otra de las claves de la serie de comparecencias. Para la oposición, y así lo anticipó la interpelante Mireya Pazmiño (Ex PK), la presencia del contralor será clave, pues permitirá determinar cuán lesivo es el contrato para los intereses nacionales. Para la defensa del Gobierno, en cambio, está claro que el informe no estableció ninguna responsabilidad penal y, en estricto sentido, se refiere a hechos ocurridos durante el gobierno de Moreno, por lo que no cabe responsabilizar de ellos a Lasso. 

La lista de los invitados a comparecer con este eje está encabezada por el propio contralor subrogante, Carlos Riofrío,  y por ex funcionarios de la Contraloría como Carlos Varela Núñez, así como Manuel Arroyo Álvarez, quien deberá explicar si la Contraloría ha dado seguimiento a las recomendaciones del informe. Ellos están invitados para el 20 de abril.

Carlos Riofrío es el contralor subrogante y ha sido invitado a la Comisión de Fiscalización. 

El papel de la Procuraduría en el caso también es motivo de análisis, pues las intenciones de terminar de manera unilateral el contrato con Amazonas Tanker podrían provocar un reclamo internacional y es importante conocer los criterios de la entidad al respecto. Por ello se convocó a Íñigo Salvador, ex procurador y a Juan Carlos Larrea, actual titular de la Procuraduría. También se ha convocado a la fiscal general, Diana Salazar. 

6.- Mireya Pazmiño y sus criterios sobre Amazonas Tanker

Desde la defensa del Gobierno, se cuestiona la postura de la interpelante Mireya Pazmiño en el juicio político, alegando que conoció del caso de Amazonas Tanker y emitió una serie de comunicaciones en las que recomendaba no terminar el contrato con la firma extranjera, alegando perjuicios posteriores para el Estado en instancias internacionales.

Ella, de su lado, asegura que no tiene interés alguno en la defensa de la empresa y de sus negocios con buques del Estado.

Pero este punto también se refleja en las convocatorias, sobre todo, en las del 21 de abril, cuando se ha llamado a ex asesores legislativos que estuvieron al tanto de la gestión de Pazmiño en la Comisión de lo Económico.

Se trata de Carlos Andrés Onofre Ruiz, Juan Carlos Jaramillo y Andrea Poveda. Para ese mismo día, se ha previsto que la propia Pazmiño explique su postura, así como otros legisladores que forman parte de la Comisión de lo Económico y aprobaron un informe relacionado, como son Jhonny Terán Barragán, Blasco Luna, Ana Cecilia Herrera, Eitel Zambrano, Guido Chiriboga, Byron Maldonado, Blanca Sacancela y Jahiren Noriega.