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11 de Octubre del 2022
Historias
Lectura: 10 minutos
11 de Octubre del 2022
Redacción Plan V
La grieta dejada por el paro nacional no se zanjó en la mesa de seguridad
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En la mesa de seguridad y justicia se pidió frenar las investigaciones a procesos del paro nacional y no criminalizar la protesta y el derecho a la resistencia. Foto: Cortesía de Edu León

 

Las consecuencias del paro nacional, el saldo de la represión y los procesos legales contra dirigentes fueron algunos de los ejes de la Mesa sobre seguridad y justicia, en donde los dos puntos más polémicos no pudieron ser solucionados. Las investigaciones abiertas luego de las manifestaciones del paro de junio de 2022 y la criminalización de la protesta fueron los dos ejes donde no hubo encuentros.



 


El 30 de junio se instaló esta mesa con la CONAIE, FENOCIN, FEINE del lado de las organizaciones indígenas y el Ministerio del Interior, el SNAI, la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía del lado del Estado. Las negociaciones duraron varias sesiones y por pedido de las organizaciones se unieron también delegados del Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana.

Esta mesa de diálogo trató 36 puntos. Aunque en número fueron muchos los acuerdos, se alcanzaron 32 acuerdos, dos de los principales temas no llegaron a un entendimiento. Esto es lo que hará en materia de seguridad y justicia.

Sin consensos sobre el paro nacional

Las organizaciones solicitaron la creación de un fondo emergente para la atención a personas afectadas en las movilizaciones de 2019 y 2022. Se demandó la reparación integral a los familiares de las víctimas y disculpas públicas. Pero el Gobierno no aceptó proceder con la reparación integral y respondió con la propuesta de  identificar a las personas que requieran “atención inmediata” y definir el tipo de asistencia que necesiten.

Se instalará una mesa técnica permanente con la Secretaría de Derechos Humanos para el desarrollo de un protocolo de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Se acordó identificar a comuneros y defensores que hayan sido criminalizados.

El Gobierno acordó diseñar, en los próximos 30 días, un sistema de capacitación para sus instituciones con enfoque no discriminatorio y de protección de derechos. Propuestas similares a lo que se visto en otras mesas de diálogo

En el mismo plazo, el Gobierno se comprometió a entregar un informe de implementación de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos para la protección de derechos en el marco de las protestas sociales. La Defensoría del Pueblo hará el seguimiento de las medidas de cumplimiento obligatorio en las movilizaciones.

Hubo un desacuerdo en el pedido de las organizaciones a la Fiscalía de abstenerse de utilizar los tipos penales para criminalizar el derecho a la resistencia y la protesta de quienes fueron parte del paro de junio de 2022. La Fiscalía dijo que no se puede disponer el archivo de investigaciones aperturadas, “siendo esa facultad de los agentes fiscales asignados”, argumentó la Fiscalía.

Las organizaciones solicitaron a los ministerios del Interior, Gobierno y Defensa entreguen los protocolos que emplean para el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones y protestas. En este punto hubo un desacuerdo total y el Gobierno no ofreció ninguna medida en reemplazo.

El 31 de agosto de 2022 las mesas de Derechos Colectivos y de Seguridad y Justicia iniciaron de manera simultánea en la Conferencia Episcopal. Foto: El Universo 

La rehabilitación social, una búsqueda más allá de lo punitivo

Se acordó invitar a la academia, organizaciones de familiares, organizaciones civiles y de derechos humanos al Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Nacional. Se exigió que cese la política de austeridad para el sistema de rehabilitación, el Gobierno deberá entregar un informe de gestión presupuestaria en 30 días. También se acordó aumentar el presupuesto para fortalecer el Mecanismo de Prevención de Tortura.

El SNAI actualizará el protocolo para la reinserción social con una mayor participación de familiares en el monitoreo de los derechos. Hasta marzo de 2023 el SNAI entregará un sistema tecnológico y biométrico que permita hacer un seguimiento al cumplimiento de la pena y excarcelación de forma automática.

Se instalará una mesa técnica liderada por el Consejo de la Judicatura para identificar a los privados de la libertad en situación de vulnerabilidad, a aquellos que no hayan tenido buenas defensas técnicas en especial a quienes se autodefinan como parte de las nacionalidades indígenas para llegar a sentencias con interpretaciones interculturales.

También se capacitará a los operadores de justicia respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva. Se facilitarán los trámites de movilización de privados de libertad a centros penitenciarios cercanos a sus núcleos familiares.

Otros puntos en los cuales se llegó a buen puerto fueron facilitar procesos de régimen penitenciario semiabierto, mecanismos de reparación a familiares de víctimas de las masacres carcelarias, la construcción de una política pública de prevención de delincuencia juvenil con un enfoque de derechos, crear y difundir mecanismos de alerta temprana y de disuasión ante motines carcelarios.


Una de las masacres carcelarias en Guayaquil tuvo lugar en agosto de 2021. Los familiares de los reclusos se congregaron en las afueras del centro penitenciario. Foto: Getty Images

La Fiscalía entregará un informe respecto a procesos abiertos contra funcionarios públicos que debían estar encargados de prevenir motines carcelarios. El Gobierno trabajará un proyecto de ley para revisar la institucionalidad del SNAI para que sea un servicio público de relevancia.

El Gobierno solicitará a la Cancillería el presupuesto y los acuerdos con EE. UU. en materia de seguridad. Dentro del censo penitenciario se identificará el número de personas indígenas. La Defensoría Pública no estuvo presente, a pesar de haber sido invitada, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo respecto a dar información sobre el número de personas indígenas patrocinadas por esa institución.

Se acordó integrar a las organizaciones indígenas en la preparación del Plan Nacional de Seguridad Integral para alejarse de un modelo punitivista y securitista. También se pidió mecanismos de reparación integral a víctimas de femicidio. El Gobierno entregará un informe donde conste el enfoque de prevención y erradicación de la violencia de género. También diseñará una política con la participación de las organizaciones para erradicar el femicidio.

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales, sobre Seguridad y Justicia cerró con 32 acuerdos de un total de 36 puntos. Foto: Cortesía del Ministerio de Gobierno / El Universo

   Punto de vista   

Andrés Tapia, director de Comunicación de la Confeniae

El director de comunicación de la CONFENIAE, Andrés Tapia, estuvo como asesor técnico de las organizaciones indígenas en la mesa de seguridad y justicia. Según el asesor la gran cantidad de acuerdos que se resolvieron tienen un menor nivel de conflictividad que los temas medulares que quedaron sin acuerdos. “En número hay más acuerdos, pero los puntos centrales no se acordaron”.

Andrés Tapia es el dirigente de Comunicación de la CONFENIAE. Fue asesor de las organizaciones indígenas en las mesas de diálogo.

Tapia afirma que el Gobierno no ha logrado reconocer los excesos durante el paro nacional que condujo al fallecimiento de ocho personas y que ocasionó víctimas. “El Gobierno se niega a reconocer su condición de víctimas. También dicen que no hay sentencias ejecutoriadas y que no pueden hacer nada. Hay una afectación a las víctimas que necesitan ser reparadas”, afirma Tapia. No se logró el reconocimiento, pero sí la atención a las familias de las ocho víctimas y 22 heridos graves.

El segundo eje central que a juicio de Tapia se mantuvo en desacuerdo fue el de no impulsar procesos a los 505 casos de criminalización a la protesta del último paro nacional de junio de 2022. “Fiscalía señala que son indagaciones previas. Los familiares de las víctimas nos pidieron que se trate el tema en la mesa. Prácticamente nos dijeron que no pueden hacer nada y que se reservan el derecho de independencia”, afirmó Tapia. Habrá una comisión en la revisión de los casos del paro.

El activista señala que el Estado es suscriptor del acuerdo de Escazú que protege a los defensores de los DDHH y de la naturaleza, y que por tanto ya hay normativas que obligan al Gobierno a respetar los derechos. Tapia confirmó que habrá equipos de trabajo que verán los casos uno a uno. Los equipos estarán formados de delegados de las dos partes que tendrán que sentarse, no ya a discutir, sino a afrontar la parte operativa.

“Ha habido una disputa de sentidos muy fuerte, muy encontrada. Las dos partes no han renunciado. Ha existido una política de represión desmedida, posterior a ello se ha dado una política de criminalización. Ese es el sentido que le damos a lo sucedido en el paro y luego de ello. Esto ha hecho que dos visiones contrarias no hayan podido encontrarse”, concluyó Tapia, que afirmó que esta mesa se basó en propuestas y documentos concretos.

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La grieta dejada por el paro nacional no se zanjó en la mesa de seguridad
 


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