

El presidente Guillermo Lasso se reunió en Palacio de Gobierno con dirigentes del transporte para la focalización de los subsidios. Foto: Twitter @GuillermoLasso
Las primeras protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso llegaron cerca de Carondelet la semana pasada. La Policía blindó el Centro Histórico capitalino con el habitual cercado de vallas, alambre de púas, agentes antimotines y hasta canes. A diferencia del gobierno de Lenin Moreno, aún no se han colocado alambradas en las escalinatas del Palacio de Gobierno, pero la Policía mantuvo a los manifestantes a varias cuadras de la Plaza de la Independencia.
La protesta, que avanzó de norte a sur por la calle Guayaquil, llegó a la Plaza de Santo Domingo, donde dirigentes sindicales y del movimiento indígena reiteraron su rechazo a algunas de las decisiones anunciadas por el régimen.
Encabezando las marchas estuvieron dirigentes como Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Mesías Tatamuez, dirigente del sindicalismo urbano. Estuvieron también líderes Ángel Sánchez, del Frente Unitario de Trabajadores. Las protestas tuvieron mediana intensidad en el Centro Histórico, y se produjeron algunas detenciones, pero la discusión parece estar en el mismo punto que luego de las protestas de octubre de 2019: el aumento de los precios de los combustibles, que detonó el estallido contra Moreno, sigue estando en el debate.
Dirigentes sociales marcharon en el Centro Histórico de Quito este 11 de agosto de 2021. Foto: Conaie
Sobre todo, porque el presidente Guillermo Lasso decidió mantener la vigencia de los decretos aprobados por la administración anterior.
Lasso defendió los decretos que, en la práctica, establecieron un sistema de aumento gradual de los precios de los combustibles en el país, como una medida que debe ser mantenida para evitar que suba el riesgo país y las tasas de interés. Lasso también se mostró dispuesto a dialogar con la dirigencia de los movimientos sociales, pero anticipó que no aceptará "populismo, autoritarismo o leyendas urbanas que no responden a la realidad" del país.
Las protestas tuvieron mediana intensidad en el Centro Histórico, y se produjeron algunas detenciones, pero la discusión parece estar en el mismo punto que luego de las protestas de octubre de 2019: el aumento de los precios de los combustibles, que detonó el estallido contra Moreno, sigue estando en el debate.
Las primeras protestas contra el Gobierno se enfocaron en el precio de los combustibles. Foto: Conaie
De su lado, Iza dijo que espera una "invitación formal" de Lasso para concurrir al diálogo, aunque advirtió que el régimen pueda seguir el mismo camino de confllictividad social generado por el cuestionable manejo político de Lenin Moreno, que terminó provocando el estallido de octubre de 2019.
El régimen ha iniciado conversaciones directas con los gremios de transportistas, para buscar mecanismos focalizados de subsidios, que podrían aplicarse por medio de tarjetas de débito, reembolsos contra la presentación de facturas y otro tipo de beneficios solamente para los operadores de transporte privado, como buses y taxis. Además, el régimen analiza promover el refinanciamiento de los créditos que tienen los transportistas, pero las medidas aún están en estudio.
Críticas por la minería y la extracción de petróleo
Otra decisión del régimen que motivó críticas fue un decreto en donde estableció la política minera del nuevo gobierno y otra decisión presidencial sobre la política petrolera. Ambos han sido criticados por sectores conservacionistas y antimineros como medidas extractivistas, aunque la agenda del régimen en esa materia ya había sido advertida por el ex candidato presidencial Yaku Pérez, quien se apartó de Pachakutik luego de la alianza con Lasso que llevó a Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional. Ambos decretos le abren un nuevo frente al Gobierno de Lasso.
El activista Carlos Zorilla advierte sobre un sesgo pro mineras.
Para el activista antiminero Carlos Zorilla, el decreto 151 emitido por el presidente Lasso tiene un evidente sesgo a favor de las industrias, y no toma en cuenta a los pueblos ancestrales. El decreto establece un plazo de 100 días para la promoción de la minería en el país. Zorrila cree que la reciente decisión del gobierno solo va a "aumentar los atropellos" que ya comenten, en su criterio, los explotadores mineros. Zorilla destacó un artículo de este portal sobre la escasa recaudación que produce realmente la minería en el país. El actual gobierno, estima Zorilla, no está valorando la naturaleza sino solamente el valor de los minerales.
El ex ministro de Energía, Alberto Acosta, destacó que casi 50 años de explotación minera en el norte de la Amazonía solo provocó destrucción y pobreza en provincias como Orellana y Sucumbíos. Cuestionó la decisión del Gobierno de aumentar a un millón de barriles la explotación petrolera diaria, pues llevará a una destrucción masiva de la Amazonía ecuatoriana.
Alberto Acosta cuestiona los cálculos del régimen.
Para Acosta, el aumento de la producción solo se podría producir con mayores beneficios para empresa extranjeras en campos ya maduros, o explotando los campos de la Amazonía centro sur, en donde hay petróleo de baja calidad y comunidad indígenas en resistencia. Esto, advierte, significa que se pretende explotar el ITT y afectar a pueblos en aislamiento voluntario.
Acosta recordó al Gobierno que en pocos años el país podría dejar de exportar petróleo y aumentar su importación de derivados, pues el Gobierno no analiza los contratos petroleros a fondo ni tiene una agenda ecológica.
El ex ministro sostuvo que Lasso quiere abrir las puertas a una "megapandemia de minería" con un sistema de entrega "exprés" de licencias ambientales y yacimientos petroleros. El mandato constituyente de 2008 no ha sido respetado, destaca Acosta, y no se han realizado consultas previas con la comunidades ni estudios de impacto ambiental.
Alberto Acosta recordó al Gobierno que en pocos años el país podría dejar de exportar petróleo y aumentar su importación de derivados, pues el Gobierno no analiza los contratos petroleros a fondo ni tiene una agenda ecológica.
"Los voceros hablan de cifras de exportación pero no mencionan los ingresos para el Estado", destaca Acosta, y afirma que en 50 años se podrían exportar 132 mil millones de dolares y solo 27 mil millones de dólares le quedarían al Ecuador. Apenas 870 millones de dólares al año, explica Acosta. Por lo menos cinco mil millones de toneladas de material deberán ser removidos en los próximos 50 años, lo que dejará "una naturaleza destruida y grandes problemas sociales". Sobre cuánto empleo podrían generar estos proyectos, Acosta dice que no serán más de 40 mil puestos de trabajo, una cantidad mínima de la población económicamente activa.
El ex ministro llamó a Lasso a ser "más responsable" y a hablar con seriedad sobre el impacto de la minería. Solo el proyecto Mirador dejará tres lagos de San Pablo en diques con lodos tóxicos y se requiere al día la misma cantidad de agua que actualmente consume la ciudad de Ibarra. "No hay análisis serios y sustentados para la extracción del petróleo", finalizó Acosta.
Evitando otro octubre
Gabriel Hidalgo cree que falta gestión política en el Gobierno.
Para el analista Gabriel Hidalgo, es evidente un escenario de heterogeneidad en las posiciones políticas, algo que en su opinión no está recordando el presidente Guillermo Lasso. El Gobierno debe encontrar una salida mediada para evitar protestas más severas que puedan afectar la gobernabilidad. Hidalgo destaca que en las protestas de la semana pasada estuvieron la Conaie y todas las organizaciones satélites, los maestros, los estudiantes, los transportistas pesados, y otros sectores con una gran capacidad de movilización, similar a la de octubre de 2019. Hidalgo teme que el presidente Lasso no se da cuenta de ese riesgo para su Gobierno, aunque no debe someterse tampoco a las presiones de los movilizados.
Hidalgo cree que el Gobierno debe nombrar voceros para un diálogo frontal y público, porque algunos sectores podrían coincidir bajo el "liderazgo violentista" de Leonidas Iza, quien en su opinión, tiene una formación confrontacional. "Las declaraciones de Iza tienen un trasfondo violento", explica Hidalgo, quien destaca que Iza lideró las protestas de octubre de 2019 con una postura confrontacional.
Gabriel Hidalgo cree que el Gobierno debe nombrar voceros para un diálogo frontal y público, porque algunos sectores podrían coincidir bajo el "liderazgo violentista" de Leonidas Iza, quien en su opinión, tiene una formación confrontacional.
Para el columnista de PLANV, Moreno recibió en octubre de 2019 informes de los órganos de la seguridad del Estado sobre las movilizaciones de octubre, pero sus ministros los subestimaron, lo que les llevó a la salida represiva como única medida. Hidalgo cree que Lasso debe anticiparse a una situación de violencia y promover un diálogo con esos sectores descontentos. Una nueva situación de violencia podría provocar el fracaso del Gobierno y abrir el camino para sectores como el correísmo, interesados en recuperar el poder.
"El Gobierno debe tomar contacto con Iza, que puede ser la cara visible de una eventual violencia. Iza tiene el apoyo de la Conaie y de Pachakutik, y puede ser reclutado por los recursos y la organización del correísmo, lo que podría llevar a Iza a ser el siguiente Rafael Correa", advierte Gabriel Hidalgo.
El problema actual no es solamente de financiamiento del Estado, sino que el Gobierno debe entender que no hay una identidad nacional que participe de las decisiones públicas y eso puede provocar nuevos conflictos. "El Gobierno puede tener visión gerencial, económica, financiera, pero no tiene visión política ni comunicacional", anticipa Hidalgo.
Natalia Sierra anticipa protestaa globales post pandemia
Por su parte, Natalia Sierra, catedrática universitaria, asegura que es necesario evaluar el impacto de la pandemia en la movilización social. Las protestas contra Moreno en 2019 fueron anteriores a la pandemia, mientras ahora hay una situación sanitaria distinta. Sierra dice que hay una transformación del capitalismo global que consiste en atacar el trabajo asalariado y promover que haya más gente en la informalidad. En ese marco, el aumento del precio del combustible afecta toda la dinámica social y no solamente un problema de los usuarios de vehículos.
"Habrá una fuerte reacción de la gente no solamente aquí sino en todo el mundo del malestar social. Aumentará la inconformidad y la protesta social", advierte Sierra, quien no descarta que Lasso también recurra a la depresión como ocurre con el gobierno anterior.
"Este gobierno es uno de línea neoliberal, pero la nueva agenda global es un tanto extraña. Quieren separarse de ciertas posturas del neoliberalismo y promover una agenda verde-digital. No tengo claro en ese contexto dónde se posesiona el señor Lasso", dice la catedrática.
"Habrá una fuerte reacción de la gente no solamente aquí sino en todo el mundo del malestar social. Aumentará la inconformidad y la protesta social", advierte Natalia Sierra.
"Biden tiene ahora una impresión de dinero keynesiana, hay una nueva línea en el Gobierno del Perú, el mundo ha cambiado y no sé a qué lado se va a ir este Gobierno", precisa Sierra, quien sostiene que el Gobierno de Lasso es "débil" frente a la propia sociedad y no parece entenderlo con claridad. "Sino entran en el diálogo pueden haber momentos complicados que otras fuerzas pueden aprovechar", finaliza Sierra.
[RELA CIONA DAS]





NUBE DE ETIQUETAS
[CO MEN TA RIOS]
[LEA TAM BIÉN]



[MÁS LEÍ DAS]


