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20 de Marzo del 2023
Historias
Lectura: 21 minutos
20 de Marzo del 2023
Redacción Plan V
Luz verde del CAL al juicio político: ¿de qué se acusa al presidente Lasso?
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Fotos: Asamblea Nacional y Presidencia de la República

 

La acusación constitucional contra el presidente Guillermo Lasso hace referencia a varios posibles delitos de cohecho y peculado, en los que el presidente sería responsable político al no haber actuado a tiempo para impedirlos. Buena parte del sustento de la acusación son las transcripciones de grabaciones clandestinas que han sido filtradas por un medio digital, así como hay algunas alusiones al informe de Luis Verdesoto.


 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la tarde este 20 de marzo de 2023 el cumplimiento de los requisitos formales para el inicio de un proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El pedido se sustenta en el artículo 129 de la Constitución vigente, aprobada en 2008, que establece la posibilidad de un proceso político que podría conducir a la censura y destitución del primer mandatario. En caso de que eso ocurra, el presidente debería ser sucedido por el vicepresidente Alfredo Borrero, que debería concluir el periodo de Lasso hasta mayo de 2025. 

Tal como se había previsto, la mayoría opositora en el CAL, con cinco votos, aceptó a trámite el pedido de 59 legisladores. La iniciativa proviene del correísmo, que tiene 47 asambleístas, y de 12 legisladores más como ex PK y ex ID, que auspician el pedido de interpelar al presidente Lasso. 

Este es el texto completo de la acusación contra Lasso. Ver PDF

Entre las consideraciones que hizo el CAL, estuvo verificar si se había cumplido el número mínimo de apoyos (se requerían 46), equivalentes a un tercio de la Cámara, si se habían anunciado los posibles delitos de los que el presidente tendría responsabilidad política (la Constitución establece que para este proceso no se requiere ni investigación ni sentencia del Poder Judicial), si se han adjuntado las pruebas disponibles hasta el momento, así como el anuncio de nuevas pruebas.

El CAL consideró que se han cumplido con esas formalidades, y en un segundo momento de la verificación, envió el documento a la Corte Constitucional, que deberá emitir un informe de admisibilidad. Ese informe es considerado un segundo momento de la verificación de requisitos, pues la Corte deberá conocer el pedido y también las consideraciones que ha hecho el CAL en su resolución.

Si la Corte da luz verde al proceso, este regresará a la Asamblea, que debería concluirlo en máximo 72 horas. Para tomar una decisión, seis de los nueve jueces constitucionales deben votar a favor.

Pero, ¿de qué se acusa al presidente Guillermo Lasso? Aquí explicamos las claves para entender la acusación constitucional contra el mandatario.

El primer delito político: montar un esquema de concusión con Hernán Luque

El pasado 16 de marzo, a las 17:40, los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (Ex PK) y Rodrigo Fajardo (ID) entregaron en la ventanilla de gestión documental el pedido de juicio político. Se trata de un documento de 55 páginas que recibió 59 apoyos de legisladores. 

 Viviana Veloz, de UNES, encabezó la entrega del pedido de juicio político contra Lasso.  Foto: API / El Universo

Tras por lo menos cuatro apartados en donde se reflexiona sobre el juicio político como institución y se destacan antecedentes en nuestro país, así como el contexto mediático de la situación, los interpelantes entran en materia al detallar los elementos fundamentales de la acusación constitucional. En el apartado referido a la singularización de la infracción imputada, los legisladores citan el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere al delito de concusión. En la norma citada se precisa que los servidores públicos que abusando de su cargo pidan dineros de algún tipo, comenten ese delito, castigado con pena privativa de libertad de tras a cinco años.

En el pedido se explican los elementos de este delito: el sujeto que lo comete es el servidor público. La acción penada es exigir por medio de un tercero la entrega de contribuciones no debidas. La conexión es actuar en virtud de una potestad estatal. Finalmente, la intención es lograr un beneficio propio, o para un tercero. Los interpelantes recuerdan además, que, según el artículo 129.2 de la Constitución, el juicio político procede en casos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

Pero, ¿cómo habría cometido una concusión Guillermo Lasso desde su condición de presidente de la República? Los legisladores ofrecen probar, durante la interpelación, que Lasso fue partícipe de una estructura de corrupción para beneficio propio y de terceros.

Los hechos que dan indicios para la supuesta concusión se enumeran a continuación en el documento. El primero tiene que ver con un decreto ejecutivo firmado por Lasso el 18 de agosto de 2021, que modificó la conformación de los directorios de las empresas públicas, que constaba en el artículo 8 de la Ley de Empresas Públicas. El decreto dispuso que la coordinación de los directorios de esas empresas las realizará la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Antes de esa decisión, el 12 de julio de 2021, Lasso nombró como gerente de esa empresa a Hernán Luque Lecaro, un ex ejecutivo del Banco Guayaquil, una empresa de su propiedad antes de ser presidente. Otro indicio que toma en cuenta la acusación es que Luque, ya en su cargo, visitó el Palacio Nacional durante casi 40 ocasiones, para reunirse con Lasso.

Los legisladores toman como indicios dos conversaciones filtradas por un medio digital, en donde se habla de supuestos montos para la venta de cargos en las empresas públicas, que varían desde los 30 mil hasta los 150 mil, y donde participan Hernán Luque, un amigo suyo llamado Rubén Chérres y se menciona a Danilo Carrera, cuñado y mentor del presidente Lasso.

Se menciona también el oficio del vicealmirante (r) Jhonny Estupiñán, quien denunció una serie de irregularidades en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) sin que se tomaran correctivos. En marzo de 2022, Estupiñán fue destituido de su cargo, y aunque remitió una carta al presidente y pidió una audiencia, nunca fue atendido. Entre los hechos, se cita una publicación del medio Pichincha Universal, de la Prefectura de Pichincha y cercano al correísmo, en donde se denunció la influencia que tenía Hernán Luque en las empresas públicas.

Recién el 19 de diciembre de 2022, el presidente Lasso emitió un decreto aceptando la renuncia de Hernán Luque. Los legisladores destacan que Lasso, personalmente, nunca ha puesto ninguna denuncia contra Hernán Luque y su entorno.

Luego citan el informe de Luis Verdesoto, de enero de este año, en donde se destaca que Luque presidía 12 diferentes directorios, de acuerdo con la conformación que había dispuesto Lasso en su decreto, lo que significaba un potencial riesgo de conflictos de interés, tráfico de influencias o direccionamiento de contratos.

Luis Verdesoto renunció a la secretaría Anticorrupción luego de preparar un informe que es citado en la acusación. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

Tras citar estos hechos, los legisladores explican sus hipótesis. En primer lugar, les parece evidente la intención de Lasso de darle a Luque amplias atribuciones en el manejo de las empresas públicas, por lo que decretó su participación en todos los directorios, modificando una ley con un decreto ejecutivo. En segundo lugar, destacan el paso de Luque como ejecutivo del Banco Guayaquil, así como su cercanía y confianza con Lasso, y las constantes visitas del ex funcionario al Palacio Nacional. El tercer punto destaca que este ex funcionario, que gozaba de la confianza del presidente, solicitó favores económicos indebidos. El cuarto punto sostiene que a pesar de que se publicó en por lo menos dos medios y hubo comunicaciones de ex funcionarios sobre supuestos actos de corrupción de Luque, el presidente no tomó ninguna acción correctiva, sino hasta diciembre de 2022. Al respecto, los legisladores destacan que el presidente debía cumplir con su deber de resguardo de los bienes públicos, más aún cuando ya había publicaciones y cartas enviadas a la Presidencia de la República.

Para los interpelantes, el hecho de que Lasso no hubiera hecho nada tiene una explicación: Lasso era "parte directa" de las acciones cometidas por Luque, quien actuaba como el tercero que exigía contribuciones no debidas, según creen los asambleístas, por disposición de Lasso, a quien ubican como el sujeto de un delito de concusión.

En el documento se establece que el presidente consentía y participa en el esquema de concusión, del que Luque era solamente un agente, pues todas las condiciones legales fueron facilitadas por el propio Lasso.

El segundo delito político: la concusión que se habría cometido con los pagos de facturas en Petroecuador 

Citando exactamente el mismo análisis jurídico, los legisladores que han planteado el juicio político plantean un segundo cargo, también por concusión, esta vez en Petroecuador. La acusación relata el caso del ex gerente Ítalo Cedeño, quien admitió que su esposa lo "ayudaba" con designaciones en Petroecuador, y la posterior designación de Hugo Aguiar y un asesor suyo. Uno de los hechos que les hace presumir una nueva red de corrupción tiene relación con las llamadas, filtradas en un medio digital, de una abogada llamada María José Romo, prima de la ex ministra María Paula Romo, en donde esta solicitaba a un contratista un millón de dólares para agilitarle el pago de unas facturas que le debía Petroecuador. Romo supuestamente hacía las llamadas de parte de César Pazmiño, ex gerente de Explotación de la petrolera.

En el escrito, los legisladores responsabilizan a Lasso por la designación en la gerencia de Petroecuador de Cedeño primero y de Aguiar después, así como de Pazmiño, y de la propia María José Romo, por lo que los interpelantes sostienen que el presidente debe responder por sus acciones.

De hecho, los legisladores sostienen que el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo públicamente que el presidente Lasso intervenía directamente en la designación de los gerentes de las empresas públicas, como es el caso de Petroecuador. Según los interpelantes, tanto Aguiar como Cedeño pueden considerarse cercanos al presidente, por lo que la resposabilidad política de sus acciones le corresponde.

El tercer delito político: el peculado en la Flopec

El tercer cargo contra Lasso se refiere a hechos ocurridos en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) que, según estiman los legisladores, configurarían un delito de peculado. Los legisladores que presentan la acusación constitucional citan aquí el artículo 278 del COIP, que habla de distraer dineros públicos, con una pena de diez a trece años. 

La Contraloría había advertido que un contrato suscrito por la Flota para evitar que los barcos retornen vacíos era perjudicial para el Estado, pero el actual Gobierno lo ignoró.  Foto: Flopec

Según explican en su análisis, el sujeto de este delito es un funcionario público, cuya acción ilícita es distraer dineros o bienes públicos, con la intención de disponer arbitrariamente de ellos en beneficio propio o de terceros.

En esta ocasión, los hechos consultados se refieren a una contratación en la Flopec. La Flota, cuyos buques petroleros llevan el petróleo ecuatoriano hacia Estados Unidos, una vez que descargan el crudo nacional, deben encontrar otros cargamentos para evitar que las naves regresen vacías al Ecuador. Una empresa, llamada Amazonas Tanker, se debía encargar de ello, pero según denunció el ex gerente en algunos medios, en muchas ocasiones las naves petroleras de la Flota volvían vacías, mientras que Amazonas Tanker seguía cobrando su tarifa.

El ex gerente general de esa empresa, Jhonny Estupiñán había estado denunciando por lo menos desde febrero de 2022 esta serie de irregulares, sin ser atendido por el Gobierno o las autoridades de control.

El 9 de marzo, el directorio de la Empresa Coordinadora, bajo la dirección de Hernán Luque, lo destituyó, por intentar terminar un contrato con la empresa Amazonas Tanker.

Por lo menos desde 2018, es decir en el gobierno de Lenin Moreno, se había contratado a esa empresa para algunas operaciones de la Flopec, lo que en 2022 fue objetado por la Contraloría debido a los altos costos y las pérdidas que el esquema generaba para la empresa estatal.

Estupiñán, tras ser removido, logró volver al cargo con una acción de protección de la justicia de Esmeraldas, y relató haber recibido una llamada en la que Luque le increpaba por querer terminar el contrato, calificándolo como una "puñalada por la espalda". A pesar de los reparos de Estupiñán y del informe de la Contraloría, se volvió a contratar con la misma empresa en julio de 2022. Otro hecho que se menciona es que en el informe de Luis Verdesoto se señaló la amplia discresionalidad en el manejo de la Flopec, un monopolio del transporte del petróleo ecuatoriano. 

Hernán Luque Lecaro y el VALM (r)  Johnny Estupiñán Echeverría durante su designación. Luego tendrían un intenso conflicto.  Foto: Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana

Nuevamente, el argumento central de los legisladores es que Lasso, a pesar de que conocía por varias fuentes lo que ocurría en la Flopec, no hizo nada para impedirlo, y que inclusive se le impuso a Estupiñán asesores que aparecen mencionados en grabaciones clandestinas en las que habla Rubén Chérres, como Oswaldo Rosero. 

Los legisladores concluyen que se cometió un peculado, tanto por el presidente Lasso cuanto por Hernán Luque, al insistir en contratar a la empresa Amazonas Tanker, aunque la Contraloría ya había establecido el prejuicio que dicho contrato había ocasionado al Estado por lo menos desde 2020.

Aunque no forman parte de los cargos principales, en la acusación constitucional también se relata el caso de un informe de la Policía que investigaba en Manabí una presunta trama de narcotráfico y contactos con la mafia de Albania, que habría sido archivada por presiones del Gobierno, al aparecer involucrado Danilo Carrera.

En el documento se relata el contenido del informe, así como las grabaciones clandestinas de las conversaciones del alto mando de la Policía y de la ex comandante Tannya Varela, en donde supuestamente los jefes policiales conversan sobre el informe y cómo proceder a su archivo.

En este caso, no se habla de un delito en particular, pero se sostiene que los hechos del informe del caso León de Troya podrían significar un elemento adicional para cuestionar la confianza en el presidente Lasso durante el ejercicio de su cargo.

Un documento con errores

El abogado André Benavidez señaló que en el documento, que fue aprobado por el CAL, no se tomó en cuenta el texto actualizado de las normas penales citadas, sino que se rigieron por una versión anterior, de 2014, que la propia Asamblea reformó en 2021. El abogado no explicó si se cambió el tipo penal en dichas reformas de manera significativa, pero opinó que al estar mal citada la norma penal, la Corte Constitucional debería desechar el pedido de juicio político, por no cumplir con los requisitos formales. Sería el segundo error significativo que contiene el documento, luego de que por un supuesto error de transcripción se citaran mal los artículos pertinentes de la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales, lo que fue corregido por los interpelantes por medio de un alcance. 

Pero para el jurista Rafael Oyarte, habría algunos elementos que sí podrían configurar la responsabilidad política del presidente en posibles casos de peculado y concusión.

En entrevista con el periodista Freddy Paredes, Oyarte sostuvo que la acusación de concusión se podría configurar con la presencia de Hernán Luque en las empresas públicas y los pedidos de dinero para entregar nombramientos, debido a que el presidente Lasso no lo removió. Oyarte dice que al decir que no conocía a Luque, Lasso recuerda a Correa cuando desconocía a su hermano y a su primo cuando fueron denunciados. Oyarte cree que es imposible que Lasso no haya conocido cercanamente a Hernán Luque. 

Por otro lado, el supuesto peculado en la Flopec se había ya alertado por medio de la Contraloría, que ya emitió una serie de recomendaciones al respecto, que debían ser de obligatorio cumplimiento. Tanto el presidente cuanto Luque debieron actuar en el caso de Amazonas Tanker, lo que sería un argumento fuerte del documento presentado por los legisladores.

Oyarte precisó que hay una gran distancia entre el primer informe y la acusación constitucional, pero que no se puede descartar que la Corte Constitucional se ponga "exquisita" sobre algunas consideraciones en el documento presentado.

Explicó que no se trata de un proceso penal, sino de un proceso político, por lo que la Corte Constitucional no debe pronunciarse sobre si están probados los hechos o cual es la responsabilidad del jefe de Estado, lo que se debe determinar en el seno de la propia Asamblea Nacional en el marco del juicio político.

El jurista Oyarte dijo que en algunas ocasiones la Corte Constitucional es muy rigurosa y en otros muy laxa, por lo que es imposible adivinar cual será su criterio en esta ocasión.

Oyarte dijo que si la Corte actúa con corrección, debería dar el dictamen de admisibilidad, como ocurrió en los casos de Jorge Glas y Jorge Yunda, en donde se aplicaron criterios que debería retomarse. 

Oyarte recordó que el "informe mal hecho" logró 104 votos en la Asamblea, por que lo es probable que sí obtengan los votos suficientes para la censura y destitución si es que el caso llega al pleno del Legislativo.

 

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