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27 de Abril del 2020
Historias
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27 de Abril del 2020
Redacción Plan V
Los pecados de Correa, según los jueces del caso Sobornos, y otras curiosidades de la sentencia
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Fotomontaje: PlanV

 

El Tribunal de la Corte Nacional calificó a la trama Sobornos como un “entablado de corruptela”. Para este, la conducta de Rafael Correa de ninguna manera fue ‘neutra’ en el caso por su forma ‘autocrática’ de ejercer el poder. El domingo fue publicada la sentencia de los jueces que condenaron a 20 procesados. A 18 de ellos, entre los que está Correa, les impuso ocho años de cárcel. Pidieron una indemnización de USD 14,7 millones, el doble del monto de las coimas.


¿Párrafos faltantes? La sentencia publicada tanto en el sistema Satje de la Función Judicial, como el enviado por la Corte Nacional tiene 413 páginas. Pero este último documento está numerado hasta la página 613. El área de Comunicación de la Corte explicó que el sistema refleja todas las actividades que tiene la causa Nro. 17721-2019-00029G,  tal es así que todas las actividades corren desde la foja 1 hasta la foja 613. La sentencia en mención que es una actividad que corre desde la foja 1 hasta la foja 412, el resto de páginas corresponden a las demás actividades que se han dado dentro del proceso como son: providencias, autos, escritos, entre otros. El análisis del tribunal corresponde a 59 de las 413 páginas de la sentencia. Le preceden la transcripción de los alegatos y pruebas documentales y testimoniales que se presentaron en la audiencia. En el documento, en la página 375, hay enunciados que faltan, por ejemplo, los relacionados con la pericia que determina los montos de los sobornos realizada por la perito financiera Johanna Bautista.

La conclusión de los jueces. Para ellos, la Fiscalía probó el delito de cohecho pasivo propio agravado tipificado. Para los jueces hubo una estructura de corrupción, donde los funcionarios procesados, instigados por Rafael Correa Delgado y Jorge Glas Espinel, pedían sobornos a los empresarios privados procesados y otros, a cambio de adjudicación de contratos de obra pública. Esos pagos se hacían en efectivo o mediante cruce de facturas, dinero que finalmente era usado para proselitismo, campaña política del movimiento Alianza País y beneficio propio. “La estructura de corrupción actuaba de forma tan precisa, como las manecillas de un reloj”, sostuvieron.

Dijeron que estos hechos fueron “acreditados” por los testimonios del delator José Santos Filho y de las procesadas Pamela Martínez, Laura Terán, Pedro Verduga y Christian Viteri. También por los testigos de los exfuncionarios Gustavo Bucaram y Pedro Espinosa, de la subteniente Doris Oviedo y de los peritajes de los policías Johanna Bautista (pericia financiera), Marco Pazmiño Montaluisa (materialización de los “archivos verdes”) y Milton Jaque  (materialización de los correos de Terán).

Los tres delitos extras que señalan los jueces. En la sentencia dicen lo siguiente:De la prueba documental practicada constan las facturas por los servicios prestados a favor del movimiento político Alianza País y que eran pagadas por los empresarios acusados, por tanto, allí se evidencia la intención de lavar el dinero, dando apariencia de licitud. Con los sobornos que recibía toda una estructura de corrupción, se aprecia que hubo enriquecimiento ilícito, tanto que ingresaban dineros indebidos que originaron un enriquecimiento no apegado al derecho; así mismo, para cometer el injusto de peculado en la medida en que se perjudica al Estado con adjudicación de contratos, sin ajustarse estrictamente al proceso contractual regido en la ley, pues es obvio entender que si se recibió sobornos, la adjudicación de contratos aún con apariencia de licitud, es ilegítima, por cuanto es el resultado del cohecho, por lo que se violaron disposiciones legales en la contratación pública”.

Correa y Glas, los instigadores. Para los jueces, la Fiscalía probó que los sobornos eran reportados a un nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas. “Estos actuaban a través de dos grupos de funcionarios, aquellos que recibían los pagos indebidos y otros que, desde sus diferentes cargos, otorgaban los contratos a quienes había realizado los pagos”. La Fiscalía los acusó como autores mediatos, pero para los jueces actuaron como instigadores del delito de cohecho. Pero explicaron que el COIP “también ubica a la instigación, como otra forma de autoría mediata”.

La contradicción de la perito Mantilla. Los jueces dijeron que era necesario subrayar una de las pruebas que presentó la Fiscalía contra los acusados. Corresponde al testimonio de la perito Alexandra Mantilla, quien examinó supuestos patrones de conducta criminal en los procesados. Para los jueces, su informe “resultó ajeno a los parámetros científicos y técnicos exigidos por el artículo 457 COIP (legalidad, autenticidad, cadena de custodia, etc)”. Según los magistrados, esta prueba fue “perceptiva” en la investigación, “Inclusive la propia perito afirmó que su pericia es “indiciaria, no probatoria”, y en una clara contradicción concluyó “Que existe la conformación de una estructura criminal para el caso Sobornos 2012 – 2016””, sostuvieron. Declararon el testimonio de la perita como subjetivo e impertinente y por ese motivo fue desestimada.

El Tribunal corrigió a la Fiscalía en el delito.  En su sentencia, los magistrados dijeron que no compartían la posición de la Fiscalía respecto a la norma a aplicarse en este caso. Este tema fue de permanente debate incluso desde la audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía acusó por el artículo 286 del anterior Código Penal (CP) con las agravantes del COIP. “Para este Tribunal de juicio corresponde aplicar lo preceptuado en el artículo 287 del CP, que con las agravantes probadas constantes en el mismo cuerpo normativo, la pena es de ocho años de privación de la libertad”. Los jueces citaron el principio jura novit curia, que confiere a los Jueces facultades de traer normas que un demandante o un demandado hubieran podido olvidar “y que el Juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una denegación de justicia.”.

El 286 dice: “ Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes, serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más del triple de lo que hayan percibido”.

Mientras que el 287 dice:  “El culpable será condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes por cometer, en el ejercicio de su cargo, un delito”.

Los pecados de Correa. Sobre el expresidente, los magistrados lo describen así: “ejerció sus funciones como Presidente Constitucional de la República del Ecuador (2007-2017), con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un ‘autócrata’, esto es controlando las cinco funciones del Estado ecuatoriano (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia), lo que se exacerbó hasta el punto de defraudar su rol de Presidente de la República, dentro de la sociedad, conculcando la institucionalidad misma del Gobierno ecuatoriano como tal; y, de esta manera, adecuando su conducta al delito de cohecho pasivo propio agravado”.

La forma ‘autocrática’ de ejercer el poder explica que la conducta de Correa de ninguna manera fue ‘neutra’, según el tribunal. “Resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza -mediante un influjo psíquico-, la resolución de realizar” el delito, dijeron los jueces. Para ellos, durante el juicio quedaron cuatro premisas probadas:

  1. Correa exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos, afirman los jueces. “Tan es así que, en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito de USD 6.000, en su cuenta personal”.
  2.  El expresidente, por intermedio Glas y Martínez, exigió dinero indebido a la empresa Odebrecht, lo que se acreditó con el testimonio anticipado de José Santos Filho, anunciaron los jueces.
  3. Correa, a través de Glas, Walter Solís, María Duarte y Vinicio Alvarado, solicitó USD  1 millón al empresario y procesado Pedro Verduga, lo que se verificó con el testimonio rendido por el propio Verduga.
  4. Correa tenía sus propios códigos: SP (Señor Presidente), RCD (Rafael Correa Delgado), RC (Rafael Correa) y A1, con el objetivo de celar su identidad, lo cual, se justificó con los testimonios anticipados de Martínez y Terán, los mismos que guardan armonía y sindéresis jurídica con las actuaciones y testimonios de los peritos Marco Pazmiño, Oscar Cifuentes, Milton Jaque, Henry Yépez y William Castro, según los jueces quienes calificaron esta trama como “entablado de corruptela”.

Los jueces fueron muy duros con la defensa de Correa. Calificó sus hipótesis como “hueras, embrolladas y caóticas, es decir que divagaron en asuntos insustanciales, carentes de probanza o inconexos”.

Jorge Glas y su relación con los empresarios. Sobre el exvicepresidente, los hechos “ciertos y probados” fueron: Glas gestionó la recepción de sobornos por parte de las empresas Odebrecht, SK, Sanrib, Azulec y Metco. Citaron el testimonio de Santos: “conoció de la empresa Nexo Global porque Jorge Glas le indicó que los pagos de las coimas debían ser realizados a través de dicha empresa y que para ello tenía que hablar con Pamela Martínez”. El vínculo que tuvo Glas con la empresa Equitesa se comprueba debido a que él, en conjunto con otros altos funcionarios, gestionó la recepción de USD 1 millón a Pedro Verduga, entre otros elementos.

Alexis Mera y su polémico asesor.  Sobre ex secretario Jurídico de la Presidencia, los jueces cuestionaron que pretenda desacreditar “la idoneidad y el prestigio del testigo Pedro Espinosa, llegando uno de ellos, a tildarlo de vicioso e inepto”. Dijeron que Espinosa gozaba de la plena confianza de Mera, pues fue uno de sus colaboradores que más tiempo permaneció en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, del año 2012 al 2016. Esto es mayor tiempo que todas las personas que testificaron a favor de tal procesado, observó el tribunal.

Bonilla, la ‘amoral’. Sobre la ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, los jueces dijeron que “su calidad de servidora pública poseía el deber de ejercer sus funciones con rectitud, más aún cuando sobre sus hombros descansaba el bienestar de una provincia entera”. “Por el contrario, se aprovechó del aparato estatal para exigir contribuciones a particulares con propósitos partidistas y al mismo tiempo fue beneficiaria de esos recursos, en su propio testimonio denota una actitud amoral, cuando con franco cinismo, deja entrever no le importaba el origen del dinero que financió su campaña electoral para la Alcaldía de Guayaquil, tal impudicia denigra el accionar de la clase política”, sostuvieron.

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