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3 de Abril del 2024
Historias
Lectura: 16 minutos
3 de Abril del 2024
Fundación Ciudadanía y Desarrollo  y Global Financial Integrity
Beneficiarios finales: la experiencia ecuatoriana
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El control de los beneficiarios finales de negocios con Estado es necesario para la transparencia.  Foto referencial. Tima Miroshnichenko / Pexels

 

Ponemos a su disposición elementos clave sobre el ecosistema de beneficiarios finales en Ecuador. Algunas de las interrogantes que abordaremos son: ¿Qué instituciones públicas tienen competencias en materia de beneficiarios finales en el país? ¿Dónde podemos encontrar la información de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas en Ecuador?

En artículos anteriores hemos abordado los conceptos básicos sobre beneficiarios finales, su importancia para la contratación pública, los estándares internacionales aplicables y la pertinencia de conocerlos para combatir los delitos financieros.

En esta oportunidad, ponemos a su disposición elementos clave sobre el ecosistema de beneficiarios finales en Ecuador. Algunas de las interrogantes que abordaremos son: ¿Qué instituciones públicas tienen competencias en materia de beneficiarios finales en el país? ¿Dónde podemos encontrar la información de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas en Ecuador? ¿Qué compromisos internacionales ha adquirido el país y cuáles son los avances? ¿Qué podría mejorar?

La institucionalidad y los registros

Diferentes instituciones públicas en Ecuador han trabajado para definir, registrar y/o transparentar a los beneficiarios finales. Si bien se han realizado acercamientos entre estas para coordinar esfuerzos, aún existen acciones con enfoque múltiple que deben ser atendidas y articuladas para lograr una gestión integral y efectiva. A continuación, revisaremos cuatro de las principales instituciones públicas con competencias y/o iniciativas de beneficiarios finales en el país.

1 • El Servicio de Rentas Internas (SRI)

El SRI tiene la obligación de compilar y mantener el Registro de Beneficiarios Finales como un registro de datos públicos (según lo establecido en la ley) cuya función es “recoger, archivar, procesar, distribuir, difundir y registrar la información que permita identificar a los beneficiarios finales e integrantes de la cadena de titularidad de las personas jurídicas y sociedades”. Esta información debe ser presentada por los sujetos obligados ante el SRI, y deberá ser actualizada anualmente de existir cambios en las condiciones por las que las personas naturales detrás de las empresas tienen condición de beneficiarios finales.       

En este marco, se ha emitido una Resolución con directrices para operativizar la recopilación de la información de los beneficiarios finales y la creación de este Registro. La resolución, expedida en septiembre de 2022, da al SRI un plazo de 24 meses para implementar el sistema de beneficiarios finales. A la fecha de elaboración de este artículo, este plazo sigue corriendo y no es posible verificar si el sistema ya se ha implementado de manera plena.

Se destaca que la resolución establece que “la información que se encuentre en el Registro de Beneficiarios Finales es de carácter reservada (…)” con posibilidades de intercambiar información con otros organismos del Estado ecuatoriano e internacionales bajo pedido expreso. Por otro lado, podría existir cierta confusión sobre su naturaleza pública o reservada si se analiza lo descrito en la ley y en esta resolución.

Esta reserva dificulta los ejercicios de evaluación del registro por parte de actores no estatales, así como limita el uso de la información a sociedad civil, oficiales de cumplimiento, periodistas y demás actores que podrían hacer uso de esta información en aras de la transparencia y el cumplimiento.      

2 • La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS)

La Ley de Compañías y el Código Orgánico Monetario y Financiero forman la base sobre la cual la SCVS desarrolló su portal de información de compañías. El Código otorga el carácter de público y gratuito a los datos recolectados y establece que deben estar permanentemente actualizados y ser de fácil consulta. Desde su creación, la plataforma de consulta se ha enfocado en los registros de accionistas, brindando información de mucha utilidad para la ciudadanía, pero sin llegar a los beneficiarios finales en estricto sentido. 

Recordemos que de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son varias las condiciones por las cuales una persona puede ser considerada beneficiario final. Si bien una de ellas es la participación accionaria, también puede ser por control de la compañía, derechos de participación y voto, entre otros. 

A partir de mayo de 2023, y a consecuencia de una reforma a la Ley de Compañías, la SCVS ha incluido en el portal un apartado de “beneficiario final de accionista/socios”, limitando esa categoría de información a accionistas y socios, por lo que se desconocen otros posibles beneficiarios finales.

Si bien dicho portal es un recurso valioso, podría contar con limitaciones respecto a información que no se encuentra propiamente en su sistema, como por ejemplo información de beneficiarios finales de fundaciones, partidos políticos, asociaciones, vehículos corporativos extranjeros, entre otros.

3 • El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

En septiembre de 2020, el SERCOP emitió una resolución de cumplimiento obligatorio que manda a los contratistas y subcontratistas del Estado a completar una declaración jurada de beneficiario final. La información declarada es de entera responsabilidad del proveedor y en caso de detectarse inconsistencias entre lo declarado y el beneficiario final comprobado, se prevé la aplicación de sanciones. Se destaca que la resolución emitida por SERCOP contempla la transparencia de la información declarada, con la finalidad de mejorar el control y detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. Para ellos el SERCOP desarrolló un sitio web en donde publica la información declarada, sin embargo, al momento de elaborar este artículo no se puede acceder al mismo por problemas técnicos.

Transparentar los beneficiarios finales de las contrataciones públicas mejora la gestión de los recursos, previene casos de corrupción y aporta a mejorar la competencia. Sin embargo, una limitante de este registro es que las estructuras jurídicas proveedoras del Estado son un universo reducido, por lo que enfocar esfuerzos en otras áreas es también indispensable. 

En el futuro, será de gran utilidad por ejemplo que el registro de beneficiarios finales del SRI pueda compartir y contrastar información relevante con los oficiales del SERCOP que hacen la debida diligencia de sus contratistas, esto con el fin de prevenir posibles hechos de corrupción, u otros delitos financieros asociados. 

4 • La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)

La UAFE es la entidad técnica responsable de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Los sujetos obligados a informar a la UAFE deben registrar a las personas beneficiarias finales mediante procesos de debida diligencia. La UAFE no cuenta con un registro propio de beneficiarios finales, pero puede solicitar a las entidades la información recolectada en cualquier momento para el ejercicio de sus funciones, convirtiéndose en una pieza clave para el ecosistema de beneficiarios finales en Ecuador.

Adicionalmente, será importante considerar los avances futuros del SRI en materia de intercambio de información de los beneficiarios finales con UAFE. Una vez esta información del registro pueda ser compartida, de acuerdo con los mejores parámetros de seguridad y protección de datos, será de gran utilidad para la UAFE dado que le permitirá acceder de forma directa a los datos obtenidos de forma oficial por el SRI, y comparar con los procesos de debida diligencia que de por sí ya lleva la entidad. 

Los compromisos internacionales y su evaluación

Ecuador ha adquirido compromisos internacionales en materia de beneficiarios finales orientados a mejorar las definiciones, los registros y la transparencia de la información. A continuación, se presentan los principales.

1 • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Las 40 recomendaciones de GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entre ellas, dos son           referentes respecto a los beneficiarios finales, las recomendaciones 24 y 25 que abordan la transparencia de los beneficiarios finales en las personas jurídicas y estructuras jurídicas. 

El último reporte de evaluación mutua a Ecuador muestra que, aunque estas recomendaciones son consideradas por GAFILAT como parcialmente cumplidas, en cada sector obligado existe una definición diferente de beneficiario final, lo que a su vez impacta de forma negativa en la efectividad. También destaca la necesidad de establecer plazos más específicos para el resguardo de la información cuando se disuelve una sociedad, mejorar la evaluación de riesgos y contar con sanciones proporcionales y disuasivas cuando no se cumplan los requisitos establecidos.

Adicionalmente, definir un solo umbral o porcentaje para determinar quiénes cumplen con la condición de beneficiarios finales es fundamental para articular los procesos y sobre todo para no desgastar a los sujetos obligados. Gran parte de las recomendaciones de quienes tienen que cumplir con el reporte es que existen muchos trámites diferentes y por ende alta carga en quienes tienen que identificar los beneficiarios finales y hacer los procesos de debida diligencia. Si el país avanza hacia una integración de la definición, condiciones y umbrales, será más fácil cumplir con el requisito. 

2 • Gobierno Abierto / Estado Abierto

Ecuador ingresó a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en 2018. En diciembre de 2022, se presentó el Segundo Plan de Acción de Estado Abierto 2022-2024, en el que se incluyó un compromiso orientado a promover la transparencia de los beneficiarios finales basado en el estándar de datos desarrollado por Open Ownership. Este compromiso consta de seis hitos y la institución responsable de su cumplimiento es el SRI. A la fecha se registran avances parciales en el primer hito, relacionado a la sensibilización y capacitación sobre beneficiarios finales.

3 • Open Extractives

En abril de 2023, Ecuador ingresó al programa Open Extractives desarrollado de manera conjunta por la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y Open Ownership. Este programa global busca catalizar la disponibilidad y el uso de datos de beneficiarios finales en las industrias extractivas, con la finalidad de mejorar la rendición de cuentas de este sector de alto riesgo de corrupción y reducir los flujos financieros ilícitos. La adhesión a esta iniciativa estuvo a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y, según el plan de Ecuador para 2024, se tiene previsto avanzar hacia un registro público de empresas vinculadas a actividades extractivas. 

4 • Compromiso de Lima 

En 2018, Ecuador suscribió el Compromiso de Lima en la VIII Cumbre de las Américas. Como parte del quinto eje del compromiso que incluye el combate al crimen organizado y al lavado de activos, los países se comprometieron a adoptar medidas efectivas para la identificación de beneficiarios finales.

5 • Grupo Egmont

La UAFE a través de su participación en el Grupo Egmont tiene por objetivo mejorar la inteligencia financiera a través del intercambio de información clave con sus pares a nivel internacional. Como parte de los esfuerzos para combatir delitos financieros como el lavado de activos o la corrupción, la información de los beneficiarios finales será clave para la investigación de este tipo de crímenes transnacionales.  

Algunas recomendaciones para mejorar el ecosistema de beneficiarios finales en Ecuador

Si bien Ecuador avanza firme en materia de beneficiarios finales, la evaluación continua siempre es necesaria en un contexto en el que los delitos financieros son cambiantes y requieren de resiliencia y adaptabilidad de la institucionalidad pública y de las herramientas existentes para combatirlos. Entre las acciones que podrían realizarse para mejorar se encuentran:

  • Promover que exista una sola definición de beneficiario final a nivel nacional y unificar los criterios de umbral y control de las diferentes autoridades, así como contar con criterios aplicables claros para identificar a los beneficiarios finales.     

  • Fortalecer la coordinación interinstitucional entre las entidades competentes en materia de beneficiarios finales, al igual que implementar controles cruzados con las instituciones que también obtienen información sobre los mismos. 

  • Identificar las competencias de cada entidad u agencia involucrada en identificar o supervisar los beneficiarios finales. Esto permitirá que no se crucen las funciones de verificación, investigación y sanción, así como un trabajo conjunto y articulado entre las mismas.      

  • Promover capacitaciones y espacios de intercambio de conocimiento para el personal de las instituciones que regulan la materia, así como incentivar capacitaciones a la sociedad civil y sujetos obligados, sobre la importancia de conocer y reportar los verdaderos beneficiarios finales. Es importante que el abordaje del tema sea de forma multisectorial y no solo desde una perspectiva del Estado. Optimizar los procesos y mecanismos para compartir e intercambiar la información de forma segura y oportuna, entre instituciones estatales y con otros países.

  • Mejorar el alcance de la normativa en materia de empresas y estructuras extranjeras. Es bien sabido que hay limitaciones a la hora de identificar los beneficiarios finales cuando las estructuras son complejas, o son vehículos corporativos. Por eso es necesario definir claramente cuáles deberán cumplir con el requerimiento de acuerdo al vínculo suficiente que demuestren con el país. 

  • Actualizar la información de las listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) e integrar esta información con la de los beneficiarios finales.

  • Implementar medidas para asegurar la calidad de la información incluida en los registros de beneficiarios finales. Esto puede incluir la implementación de nuevas tecnologías que faciliten el monitoreo y verificación de los datos, así como la identificación de patrones y banderas rojas.  

  • Mejorar la eficiencia de los sistemas de sanciones por incumplimiento. 

  • Continuar con la implementación del compromiso del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, con miras a mejorar la transparencia de los beneficiarios finales y la estructuración de los datos en formatos que faciliten su intercambio y análisis. 

 

Continuar trabajando en el fortalecimiento de la transparencia de los beneficiarios finales es clave para generar ecosistemas de integridad y anticorrupción en Ecuador. 

Artículo realizado con el apoyo de la Embajada Británica en Quito

[RELA CIONA DAS]

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