El pasado 26 de junio, Ecuador cumplió 49 años de haber transportado por primera vez un barril de petróleo a través del Oleoducto Transecuatoriano. Desde entonces, la economía del país ha estado anclada a la producción petrolera. Pero también esa bonanza ha significado graves impactos ambientales. En Ecuador, durante el 2020, cada semana se produjeron en promedio casi dos derrames petroleros, según cifras oficiales del Ministerio de Ambiente a las que accedió PlanV.

En los últimos años la frecuencia de estos eventos ha aumentado. En 2013, esa misma cartera de Estado informó que la media de este tipo de accidentes entre 2000 y 2010 fue de casi 50 al año. En 2011, según datos del ministerio citados por el extinto diario Hoy y recogidos a su vez por la BBC, se reportaron 60 derrames de hidrocarburos en el país. Esa fue la última información oficial que se había publicado sobre este tema.

El 26 de junio de 1972, el crudo de la Amazonía viajó por el Oleoducto Transecuatoriano de Lago Agrio a Esmeraldas. Dos días después, hubo festejos en Quito y las autoridades colocaron el primer barril en un tanque de guerra para que desfilara por las calles del centro de la ciudad.

Ahora, Ambiente entregó cifras actualizadas. De su reporte se desprende que el peor año en cuanto a número de derrames fue el 2016: se registraron 248 o casi cinco derrames semanales. En lo que va del 2021, ya se han registrado 46 derrames, lo que mantiene la tendencia de 2020 de dos derrames semanales. En total, entre 2015 y junio de 2021 se han producido 899 eventos. ¿Cuánto petróleo se ha derramado y sus zonas de impacto? PlanV solicitó esa información, pero Ambiente no la entregó.

De hecho en un primer pedido que hiciera PlanV, la autoridad ambiental del país respondió que esa información debe ser solicitada a cada uno de las empresas privadas y estatal. En una consulta directa a una funcionaria del área de Comunicación del Ministerio sobre la existencia o no de esas bases de datos, dijo que esa información es “sensible” y por lo tanto debe ser requerida a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. PlanV hizo esa solicitud y así se obtuvo los datos que, en opinión de expertos, debieran ser públicos y de fácil acceso.

PlanV también consultó a Petroecuador sobre el número de derrames que ha registrado en su infraestructura petrolera en los últimos años, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Decenas de derrames en seis meses

Si algún lugar en el país sabe de continuos derrames petroleros esta es la comunidad 18 de Noviembre, en Shushufindi (Sucumbíos), uno de los campos que genera la mayor producción petrolera en Ecuador. Fernando Agila, presidente de la precooperativa 18 de Noviembre, explica que se encuentran en el Bloque 57, operado por Petroamazonas, empresa que fue absorbida por Petroecuador en los últimos meses. Las tuberías de la infraestructura petrolera en este lugar, en su opinión, ya han cumplido su tiempo de vida útil y están obsoletas. Sin embargo, siguen funcionando.

Por esa razón, el último semestre del año pasado en ese sector hubo 36 derrames en el perímetro de la comunidad, aseguró el dirigente en una entrevista con PlanV. Dos de ellos afectaron pantanos o esteros que se conectan al río Itaya. “Además de que estábamos en pandemia, eso fue como un bombardeo para la comunidad”. En el portal Agenciaecologista.info están noticias de siete de esos accidentes. Pero también están los registros de derrames en comunidades waoranis y kichwas de Orellana a lo largo del 2020. Solo en la comunidad Valle de los Aucas, de esa misma provincia, hubo cinco derrames en ese mismo lugar donde operaba Petroamazonas, hoy Petroecuador.

Agila dice que los informes oficiales han tratado de negar los impactos de estos derrames como la contaminación del agua y de las fincas dedicadas a la agricultura. Allí hay plantaciones de palma y cacao; y otros pobladores se dedican a la avicultura, piscicultura y ganadería.

Pero el impacto no solo está en la contaminación visible. Los productos de comunidades cercanas a la infraestructura petrolera pierden valor en el mercado por su origen. Si el consumidor sabe que el producto es de la Amazonía, prefiere no comprarlo porque “está contaminado”, afirma Agila.

Este dirigente también es secretario general de las 59 comunidades que conforman el Bloque 57 y dice que de forma colectiva han solicitado el cambio inmediato de las tuberías. “Esta es una bomba de tiempo”. Esta infraestructura pasa por medio de los pueblos o de las carreteras.

Agila cuenta que los reclamos de la población han tenido efecto. En los primeros derrames, dice, solo llamaron a la petrolera. Pero al volverse tan frecuentes, la comunidad hizo paros, por lo que llegó la Policía antimotines. “Antes de hablar con nosotros, mandaban a la fuerza pública”. Desde diciembre pasado no se han registrado nuevos derrames.

Esto se debe a los cambios de tubería que hizo Petroecuador en la zona. Así lo informó en la sesión del 7 de diciembre pasado en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, de la Asamblea Nacional, en la que compareció también el entonces ministro de Energía, René Ortiz. Sobre los derrames del 7 y 17 de noviembre del año pasado, dijo que ocurrieron dentro del “derecho de vía de Petroamazonas sin afectar a terceros”.

Estuvo acompañado por funcionarios del Ministerio y técnicos de la petrolera. Allí las autoridades explicaron que ese derecho de vía comprende 15 metros a cada lado del tubo y aseguraron que estos no afectaron los ríos. Los funcionarios mostraron un mapa con los lugares de los derrames, que señalaban una ubicación a 70 y 283 metros del río Itaya, y a 17 kilómetros del río Napo.

En diciembre pasado, asambleístas de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, de la Asamblea Nacional, llegaron a 18 de Noviembre para verificar los derrames que esa comunidad había denunciado. Fotos: Gobierno Municipal de Shushufindi

Foto: Facebook Radio Sucumbíos

La contaminación al agua de consumo humano ha ocasionado problemas en la salud de los habitantes, los mismos que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda.

Pero ese argumento fue replicado por Agila, quien también estuvo en esa sesión. Dijo que los sectores de los derrames están en pendientes y con la lluvia la contaminación llegó al río Itaya. La comunidad ha solicitado trabajos de reparación desde hace dos años por las permanentes fugas y la presencia de orificios. “Recién está semana están tapando esos huecos a pasos agigantados”, sostuvo el dirigente ante el Ministro y los asambleístas.

Los trabajos para el cambio de dos tuberías (un total 450 metros de longitud entre las dos, según Petroecuador) empezaron en noviembre pasado. En ese sector, el 100% de la tubería está enterrada. Un técnico explicó que se produjo un hueco en las tuberías porque el cubrimiento de estas se había desprendido. La causa, según ese mismo técnico, pudo ser el movimiento de la tierra generado por el paso de vehículos.

Mediante un correo electrónico, Petroecuador informó a Planv que los cambios o reparaciones de tubería se realizan en función de los informes de inspección del departamento de Integridad Mecánica de la estatal. En el Campo Shushufindi, entre junio de 2020 a junio de 2021, se han ejecutado 76 trabajos de cambios de tramos y reparaciones, de los cuales 18 corresponden al sector de la comunidad 18 de Noviembre.

Agila contó ante la Comisión que ha hecho tres análisis al agua de la planta que provee el líquido a la comunidad, las cuales dieron positivo para hidrocarburos. Esos resultados difieren de otros análisis que entregó Petroamazonas a la comunidad un año después de que tomó las muestras. Estos dieron negativo. Esto, dijo, es una violación de los derechos de 470 familias que consumen esa agua. Asambleísta de la Comisión llegaron hasta la comunidad en diciembre pasado, pero hasta el momento no hay un informe sobre esa visita.

Los reclamos de los comuneros no son recientes. El 10 de noviembre de 2018, hubo un derrame en esa comunidad que afectó el terreno de la señora Mayra Córdova. En una carta dirigida a Petroamazonas contó que crudo y aguas de formación contaminaron su finca y el dique que servía para que su ganado tome agua. Además dijo que los trabajadores habían recogido 20 tanques de 200 litros cada uno con esas aguas y dos después aún había restos de contaminación. Pero un informe del Ministerio de Ambiente aseguró que la cantidad derramada fue de 0,5 barriles aunque en sus anexos se observan fotografías de siete tanques. Petroamazonas le ofreció 234 dólares como indemnización. Ese derrame también se produjo por corrosión de la tubería y en el mismo sector, en el 2020, hubo otro derrame, dijo Agila.

En el informe del Ministerio de Ambiente se observan siete tanques que fueron utilizados para recoger el hidrocarburo que se derramó en la comunidad 18 de Noviembre a finales de 2018. Pero el reporte oficial mencionó que la cantidad derramada fue de medio barril. 

Los pequeños derrames también cuentan

Alexandra Almeida, miembro de Acción Ecológica quien ha seguido de cerca la contaminación petrolera desde hace casi dos décadas, recuerda que la organización hizo una campaña, entre 2002-2003, para evitar la construcción del Oleoducto de Crudo Pesados (OCP). La empresa que lo administra, que tiene el mismo nombre, es privada. Para entonces, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), operado por la estatal Petroamazonas y ahora Petroecuador, tenía una larga historia de derrames. Los ambientalistas creyeron que el nuevo oleoducto sería otro riesgo para la Naturaleza. Solo en la construcción del OCP hubo cinco derrames, uno de ellos fue de 20.000 barriles en la laguna de Papallacta en el 2003, dice Almeida.

Desde el 2009 se han registrado tres derrames de gran impacto. En ese año se produjo uno de 14.000 barriles del OCP, en el sector de Santa Rosa, en el cantón El Chaco, provincia del Napo. La zona del desastre se ubicó entre las áreas protegidas de Cayambe, Coca y Sumaco. Los ríos Salado, Quijos, Santa Rosa, Coca resultaron afectados.

Después en el 2013, un alud destruyó un tramo del SOTE en la zona del volcán Reventador, provincia de Sucumbíos, lo que ocasionó el derrame de 11.480 barriles de crudo. La contaminación llegó al río Quijos, de ahí al río Coca y por este al río Napo hasta Perú y generó alarma en Brasil. Ese año fue difícil por la contaminación petrolera. Un mes antes de ese derrame, 5.500 barriles también se derramaron en la zona campesina de Wínchele, en Esmeraldas, por la ruptura del OCP.

El siguiente derrame de gran impacto fue el de abril de 2020, en plena pandemia, cuando tuberías del OCP, del SOTE y del Poliducto se rompieron por efectos de la erosión regresiva que ya había colapsado meses antes la cascada de San Rafael. En esta ocasión se derramaron 15.800 barriles de crudo principalmente, pero también de gasolina, en los ríos Coca y Napo. Los impactos de ese derrame aún se cuentan en las comunidades afectadas que aún esperan atención a sus reclamos de reparación por la contaminación que ha afectado su alimentación y el agua que usan.

Pero según Petroecuador solo en dos de 83 sitios donde recogió muestras de suelo y agua se superaron los parámetros de la normativa actual vigente. Estos sitios fueron Dashiño y Playas del Coca y allí las tareas de limpieza y remediación concluyeron el pasado 21 de abril. El muestreo final en esos lugares estuvo previsto para el pasado 2 de julio en presencia de delegados de la autoridad ambiental, de las comunidades y de las operadoras.

Almeida destaca que esos han sido los derrames más visibles, pero en el Ecuador casi todos los días existe una fuga de hidrocarburos. Pero esos datos no son parte de las estadísticas oficiales, dice la experta, porque son casi imperceptibles como los goteos. Estos no son detectados por las válvulas que sirven para identificar un posible derrame por la baja de la presión en los oleoductos. Estos goteos forman charcos y, cuando llueve, estas sustancias van a los ríos, sostiene.

Eso se debe a que la infraestructura en la Amazonía está muy vieja y ha terminado casi su vida útil, agrega. “En algunos sitios todavía está la tubería colocada por Texaco, que ya se fue hace muchos años. Las que están al lado de la carretera con un piedrazo de un auto que pasa rápido pueden romperse”. Pero también existe tubería que es nueva como la de la comunidad 18 de Noviembre, que fue instalada en el 2013. “Ahí hay algún tema de corrupción al momento de comprar la tubería defectuosa, quizá por menos costo”. 

En el caso del 18 de Noviembre, no fueron volúmenes grandes, pero son suficientes para afectar los cuerpos de agua que sirven como fuentes de captación para el agua entubada de las comunidades, manifiesta Almeida.

Pero en Ecuador, hasta abril de 2020, la remediación de daños provocados por derrames menores a cinco barriles de crudo no tenían seguimiento por Ambiente. El artículo 16 del Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, que estuvo vigente hasta esa fecha, se refería a ese tema. Decía: “Los programas o proyectos de remediación sujetos a aprobación y seguimiento por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera serán la remediación de piscinas y/o suelos contaminados, así como la remediación después de accidentes mayores en los que se hayan derramado más de cinco barriles de crudo, combustible y otro producto”.

De ese artículo se valieron las petroleras. Almeida recuerda un derrame, de 2012, de aguas de formación en territorio waorani, dentro del Bloque 16, operado por la empresa Repsol. Líderes waoranis lo denunciaron a Acción Ecológica y esta organización publicó la noticia, agregando que ese derrame afectó a un afluente que llega al Yasuní. Repsol respondió que eso no era verdad. El líder waorani desmintió a la petrolera y publicó evidencias. “Para justificarse, la empresa dijo que ese derrame era de tres barriles, por lo tanto no tenía ninguna obligación de reportar a las autoridades de control”. Un derrame de ese tamaño en una fuente de agua de una comunidad, los arruina completamente, asegura Almeida.

Pero no solo la Amazonía ha sido afectada por la contaminación petrolera. Esmeraldas es otra gran damnificada. En el río Teaone, en 1998, el Fenómeno del Niño provocó un deslave de tierras que cayó encima del SOTE y del Poliducto. Los dos ductos se rompieron y el petróleo y el combustible bajaron por el río Teaone y de ahí hacia los barrios. En ese trayecto se incendió ese combustible, que quemó casas y dejó víctimas y desaparecidos. Uno de esos barrios, el Propicia 1, puso una demanda contra Petroecuador y en el 2003 ganaron el juicio en última instancia. La estatal debía pagar 11 millones de dólares en obras al barrio y tomar medidas para evitar nuevos percances. Almeida cree que solo un 40% de ese monto se ha invertido en el barrio con algunas obras como una maternidad y guarderías, pero que en la actualidad ya no funcionan. “Se ganó en papel nada más”.

PUNTO DE VISTA

‘En la Amazonía norte la contaminación petrolera es crónica y severa’

Jorge Celi, ecólogo

He estudiado más los ríos de la Amazonía norte. En el Cuyabeno, en los años 90, ya habían ocurrido algunos derrames de crudo en las lagunas. En las cabeceras de esa reserva es justamente donde hay mayor explotación petrolera. Allí, el manejo ha sido muy malo Las aguas de formación, que llegan mezcladas con el petróleo, en lugar de ser inyectadas al subsuelo las liberaban en los riachuelos y en los pantanos. Esas aguas no son completamente tratadas y tienen alta salinidad y muchos compuestos de hidrocarburos. Eso es muy tóxico. Esa agua contamina a la gente y a los animales. La gente nos contaba que encontraban acumulación de petróleo entre los músculos de las vacas, cuando estas morían. Los ríos que atraviesan la carretera, que va desde Lago Agrio hasta la frontera con Colombia, son los que más han sufrido contaminación. Una colega que hizo un estudio con colaboradores de Europa sobre peces en la región encontró muy pocas especies.

Cuando trabajé en el Cuyabeno, al tocar los sedimentos en algunos sectores de las lagunas aún había crudo. Como el crudo flota, este se va con el agua de los ríos o queda impregnado en la vegetación. Pero lo que se mezcla con los sedimentos, eso no se puede limpiar y se quedará allí hasta que se descomponga. Pero sus metales pesados no se descomponen, se acumulan. Estos ecosistemas han acumulado metales pesados y muchos animales comen esos sedimentos, que luego sirven de alimento para los humanos. La Amazonía norte, en particular, es una zona muy petrolera. Sectores como Limoncocha, Lago Agrio, el Coca, incluso el Yasuní, tienen una contaminación muy crónica y severa. No son solo los derrames provocados por accidentes sino aquellos que se producen por pozos petroleros mal hechos. Yo he visto cómo el crudo que limpiaban lo volvían a meter en huecos en las cabeceras del Cuyabeno. Hay miles de pasivos ambientales en la Amazonía norte desde la época de Texaco.