Un informe publicado por el grupo de investigación Orden, conflicto y violencia, de la Universidad Central del Ecuador, argumenta que para explicar la violencia criminal que por el momento se vive en el Ecuador, el factor crucial es el Estado. "No porque esté ausente, sino porque está involucrado en la reproducción social, económica y política del crimen organizado".

El Grupo, liderado por el académico Luis Córdova-Alarcón, sostiene que para contrarrestar la violencia criminal "el gobierno debe promover una depuración de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en el marco de una reforma del sector de la seguridad a gran escala. Caso contrario, los agentes estatales que coluden con el crimen organizado desde hace años continuarán operando y el gobierno seguirá mordiéndose la cola".

La investigación advierte de la existencia de una "zona gris" de que constituye una legalidad criminal, zona que se abre entre la acción (o inacción) del Estado, sus fuerzas del orden y funcionarios, y la acción del crimen organizado; zona en la cual estos dos actores en conflicto conviven y se benefician el uno al otro. Esta "zona gris" habría sido perfeccionada durante la llamada "revolución ciudadana", y ampliada por la inacción estratégica del gobierno de Lenín Moreno.

El núcleo de la hipótesis de esta investigación señala que "durante el gobierno de Rafael Correa, además de las políticas de seguridad ciudadana (...), se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger a ciertos grupos del crimen organizado. Así se garantizó una «paz mafiosa» que facilitó la expansión del narcotráfico".

Dos datos, para los investigadores "son elocuentes": el 6 de junio de 2016, en Washington, la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) condecoró al entonces ministro del Interior, José Serrano, por los “extraordinarios resultados” obtenidos con la política antinarcóticos del Ecuador. El comunicado oficial mencionaba 332 toneladas métricas capturadas desde el año 2010 y 305 bandas de narcotraficantes desarticuladas. La propaganda gubernamental no escatimó esfuerzos para celebrar el acto.

Diez meses después algo inesperado ocurrió. En abril de 2017, la policía de Colombia capturó a Washington Prado Álava, alias “Gerald”, conocido en el país vecino como el “Pablo Escobar ecuatoriano”.

Entonces se hizo pública su historia. “Gerald” se había iniciado como lanchero al servicio de la banda “Los Rastrojos”, en 2004. Para el 2010 la mayoría de los cabecillas habían sido capturados y “Gerald” tomó control de las rutas marítimas desde Manabí. Se alió con “Los Choneros” y lideró una organización criminal que logró traficar más de 250 toneladas métricas de droga desde el litoral ecuatoriano hacia los EE.UU., entre el 2013 y el 2017, a través de un sofisticado sistema de
trasborde marítimo, dice el informe.

En otras palabras, "en el mismo período que el gobierno de Rafael Correa lograba los “mejores resultados” en su lucha antinarcóticos – según la DEA–, la organización criminal de alias “Gerald” también logró expandirse y consolidarse hasta convertirse en el mayor narcotraficante ecuatoriano. El gobierno y el crimen organizado salieron ganando".

La “traición” política de Lenin Moreno, producida pocos meses después de asumir la presidencia, en 2017, desencadenó una ruptura progresiva de ese tejido mafioso. Así empieza una nueva espiral de violencia criminal, pues al perder la protección del Estado, los grupos del crimen organizado crean sus propias estructuras de seguridad o contratan por fuera con pandillas callejeras. Con ese propósito involucran a especialistas en violencia del Estado, quienes capacitan, entrenan y hasta lideran tales milicias privadas, como ocurrió con los “Zetas” en México, dice el informe.

La investigación también demuestra la relación directa entre el "pacto mafioso" que se dio durante el gobierno de Rafael Correa y la tasa de homicidios en el Ecuador. La evolución de la tasa de homicidios en Ecuador demostró una disminución excepcional entre el 2009 y el 2016, pasando de 18,7 a 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Pero desde el 2019 la tendencia se invierte. Por tanto, entre el 2017 y el 2018 hay un punto de inflexión que los investigadores atribuyen  a esa relación Estado-crimen organizado y a la existencia de una red extorsiva dentro del Estado.

"Lo primero es reconocer que durante el gobierno de Rafael Correa se implementaron políticas de seguridad ciudadana que combinaron estrategias punitivas con medidas de prevención social. Una investigación de Andrade, Ponce y Pontón evalúa positivamente el impacto de estas políticas en la reducción de la tasa de homicidios, no obstante, advierten que sus efectos no pueden generalizarse a todas las modalidades delictivas.

"Según su grado de organización se pueden distinguir tres tipos de criminalidad: criminalidad común, pandillas y grupos del crimen organizado, aunque en la práctica están interconectados. Las políticas punitivas y de prevención social pueden ser útiles para contrarrestar la criminalidad común, pero insuficientes ante los grupos del crimen organizado, que son estructuras empresariales que operan mercados ilícitos, con algún grado de protección informal del Estado".

"Cuando existen «redes extorsivas con apoyo estatal» los niveles de violencia en los mercados criminales son bajos. En cambio, cuando estas redes se rompen, a veces incluso como resultado de reformas bien intencionadas, la violencia puede incrementarse.

"Snyder y Durán Martínez definen estas redes como «instituciones informales a través de las cuales los funcionarios públicos se abstienen de hacer cumplir la ley o, de forma alternativa, la hacen cumplir selectivamente contra los rivales de una organización criminal, a cambio de una parte de los beneficios generados por la organización».

Con la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia, dice el informe, el curso de acción gubernamental ha cambiado muy poco. "Las principales líneas estratégicas se han profundizado. A consecuencia de esto, las fuerzas de seguridad siguen permeadas por los grupos del crimen organizado. Solo así se explica, por ejemplo, el ingreso de armas, motosierras y demás pertrechos letales al interior de las cárceles, a pesar de que los anillos de seguridad están a cargo de policías y militares".

Los investigadores ponen atención en el dato "más desconcertante y menos investigado" en esta coyuntura de violencia, y es el crecimiento del tráfico de armas en el Ecuador. "Si los militares son los encargados del control de armas a escala nacional desde 2011, ¿cuál ha sido su responsabilidad en esto? Además, custodian el mayor arsenal bélico en sus cuarteles, sin que la autoridad civil cuente con mecanismos idóneos para controlar y vigilar dicho arsenal. Ya en octubre de 2018, mediante la “Operación Camaleón”, se desarticuló una banda que contrabandeaba armas del ejército ecuatoriano a grupos criminales en la frontera Norte. Entonces cabe preguntar ¿quién vigila a los vigilantes?".

Para explicar la violencia criminal el factor crucial es el Estado, no porque esté ausente sino porque está inmiscuido en la reproducción social, económica y política del crimen organizado. Por todo esto el mayor desafío para el gobierno es casa adentro,  afirma la investigación.

Sobre el qué hacer para detener y revertir esta situación de violencia, el grupo de investigación propone tres escenarios a los que se ve abocado el Estado ecuatoriano el gobierno: depurar las fuerzas de seguridad, militar la seguridad pública y recostruir una paz mafiosa.

En la primera opción se argumenta que "lo urgente es desarticular la «zona gris de criminalidad» que sigue latente y operativa en varios ámbitos. Eso implica una depuración de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en un marco de reforma y rediseño institucional de gran escala. Este proceso debe estar encabezado por autoridades civiles –para evitar conflictos de intereses– y conocedoras de la temática, contando con el alto mando de ambas fuerzas".

El gobierno de Lasso optó por la militarización de la seguridad ciudadana. En la foto, infantes de Marina hacen operativos en el suburbio de Guayaquil tras el anuncio del estado de excepción a escala nacional. Foto: Diario El Universo

En la segunda opción, militarizar la seguridad pública, los investigadores sostienen que esa es la estrategia que aplica el presidente Guillermo Lasso, con el apoyo de Estados Unidos. "La militarización de la seguridad pública se produce por doble vía. Una, involucrando a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y ciudadana. Otra, creando unidades especializadas dentro de la Policía Nacional con claros rasgos militares a nivel operacional, doctrinario y organizacional. Ambas se han aplicado en Ecuador y América Latina, pero solo la primera suele captar la atención de la opinión pública", dice el informe.

Pero esta militarización tiene sus límites y consecuencias: "Aunque en el corto plazo puede generar una percepción de seguridad entre la ciudadanía, esta medida no ataca a la raíz de la violencia criminal. Al contrario, podría gatillar una carrera armamentística y tecnológica con los grupos del crimen organizado en una relación asimétrica, ya que el Estado tiene serias limitaciones económicas.

"Además, la forma en que se implemente esta medida puede desencadenar nuevos procesos violentos, por ejemplo, violencia política para contrarrestar protestas sociales y represión a pobladores en áreas de concesiones mineras". Finalmente, alertan sobre el hecho de que la violencia criminal también es un gran negocio que involucra la compra-venta de armas, municiones y recursos de guerra, y advierten la presencia de "proveedores" ávidos de que esto se dispare.

En cuanto a la concreción de un nuevo pacto mafioso, la investigación la considera un opción en manos del gobierno, y por el cual abogan varios grupos de interés, incluso mediáticos. "Construir un nuevo pacto mafioso con los grupos del crimen organizado siempre será una opción sobre la mesa para cualquier gobierno. Lo hizo recientemente el gobierno de Bukele, en El Salvador, para reducir los homicidios y lograr apoyo político. Sin embargo, más allá de la crítica moral y legal, hay una consecuencia política y social que debe considerarse seriamente: la gobernanza criminal en bastas zonas del país", dicen los investigadores, y agregan que "esta opción carece de legitimidad democrática, pero vale la pena mencionarla porque las redes extorsivas con apoyo estatal se configuran en todos los niveles de la administración pública y de múltiples formas".