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28 de Septiembre del 2021
Historias
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28 de Septiembre del 2021
Redacción Plan V
Ecuador gasta 120 veces más en detención de personas relacionadas con drogas que en salud mental
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El presupuesto para la salud mental es mínimo en comparación a otros gastos relacionados con la lucha antidrogas. En la foto, un preso en la cárcel de Sucumbíos recibe tratamiento para susperar su adicción a las drogas. Foto Archivo SNAI

 

El país ha invertido en promedio apenas 1,4 millones anuales en servicios de salud mental y en centros de recuperación para adicciones. Eso implica apenas el 0,04% del presupuesto total del sector de la salud. Pero si se compara con otros rubros del Presupuesto General la brecha es aún mayor. Mientras tanto el consumo problemático de la H y del alcohol avanzan en Ecuador.


¿Cuánto invierte el Estado en la salud mental de los ecuatorianos? Según información enviada a este portal por el Ministerio de Salud, entre los años 2013 y 2019 se ha destinado un total de USD 9.9 millones, donde el 2013 fue el año que menos se invirtió y el 2017, el que más presupuesto tuvo para este tipo de atención. En promedio, 1,4 millones anuales ha destinado el Estado ecuatoriano para atender el Proyecto de Creación e Implementación de Servicios de la Red de Salud Mental Comunitaria y Centros Estatales de Recuperación de Adicciones.

Este, al ser un proyecto de inversión, tiene entre sus responsabilidades los servicios de atención a los problemas relacionados con trastornos mentales, uso y consumo de alcohol y otras drogas. El proyecto financia el fortalecimiento y adecuaciones de los 12 Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas (CETAD), los servicios de atención psicosocial en modalidad de ambulatorio intensivo y servicios de atención integral en salud mental, y la gestión, desarrollo y monitoreo de la implementación de centros especializados en tratamiento para personas con adicciones.

Salud no envió el detalle sobre estos montos en 2020 y 2021. Desde esos años, el presupuesto de salud mental está dentro del gasto corriente del Ministerio de Salud, dijo Ignacia Páez, responsable del Proyecto. El cambio se debe a que en 2019 los rubros para la atención en salud mental pasaron a ser una necesidad permanente. 

Pero estos montos representan una mínima fracción, por ejemplo, del presupuesto destinado a la salud. En 2019, se destinaron 2.899 millones y en 2020, 2.877 millones al sector salud. Si tomamos como base los 1,4 millones que se destinaron en promedio en siete años, este representa solo el 0,04% del presupuesto total del sector de la salud para este tipo de pacientes.

La brecha es mayor si se comparan los 1,4 millones con otros gastos del Presupuesto General de 2020. Por ejemplo, el presupuesto para pasajes al exterior fue seis veces mayor; para mantenimiento y reparación de vehículos, ocho veces superior; y para mudanzas e instalaciones fue el doble.

En política pública sobre drogas Ecuador gasta más en detención e investigación penal antes que en salud. Así lo reveló un grupo de investigadores de Parametria, un portal especializado en políticas públicas sobre drogas, que estimó los costos relacionados al proceso penal por los delitos de drogas. En diciembre de 2020, junto al Grupo Parlamentario de Prevención de Drogas de la Asamblea, presentó el libro Política Penal de Drogas en Ecuador.

“Los resultados estimados indican que el costo de la aplicación de la ley para el país en el año 2015 fue de USD 183.7 millones los mismos que se encuentran distribuidos en tres macroprocesos: Interdicción: 157 millones en el proceso de detención de personas relacionadas con delitos de drogas en 2015 (Policía Nacional); 22,6 millones destinados al sistema judicial y 3,1 millones para mantener a las personas privadas de la libertad por delitos relacionados con las drogas”, es uno de sus principales hallazgos.


En 2015, Ecuador gastó 157 millones en el proceso de detención de personas relacionadas con delitos de drogas, según el portal Parametria. Foto: DNA

Solo en el 2019, el costo fue de 168.8 millones. Es decir, solo en ese año, el país gastó 120 veces más en detenciones que en salud mental y en el tratamiento de adicciones si se compara con el costo promedio de 1,4 millones

Los investigadores lograron estimar también los costos promedios de esas acciones entre 2015 y 2019. Por ejemplo, Ecuador gastó 888,1 millones en el proceso de detención de personas relacionadas con delitos de drogas. Solo en el 2019, el costo fue de 168.8 millones. Es decir, solo en ese año, el país gastó 120 veces más en detenciones que en salud mental y en el tratamiento de adicciones si se compara con el costo promedio de 1,4 millones.

El documento también desveló que, entre 2015 y 2019, se gastaron 105,1 millones por concepto de mantener a las personas privadas de la libertad por delitos relacionados a drogas; y 277,3 millones en el proceso de resolución de causas por delitos de drogas.

El debate sobre el presupuesto y la política pública sobre drogas salió a flote después de que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunciara el pasado 31 de agosto que el Gobierno planeaba eliminar la tabla de consumo drogas ante la escalada del microtráfico y la violencia en las calles del país, especialmente en Guayas. “Cuando hay un fenómeno de narcotráfico y es constantemente un país de tránsito durante mucho tiempo, empieza a quedarse la droga en la sociedad ecuatoriana y eso incrementa el consumo, e incrementa el microtráfico”, dijo la funcionaria. Según sus cifras, en el país se consumen anualmente entre 84 y 200 toneladas de drogas, pero esa estadística ha sido puesta en duda por expertos.

PlanV publicó la semana pasada cómo Ecuador dejó de tener cifras sobre adicciones en la población general desde hace siete años y cómo el país carece de una política integral para enfrentar este problema. Páez coincidió en que no hay estadísticas claras en el país porque no se ha hecho un censo de consumo. Anunció que se hará un censo en la población mayor de 18 años, en coordinación con Universidad Técnica Particular de Loja. Aún no hay una fecha definida para su inicio.

“En consumos problemáticos debemos ampliar nuestra visión y no reducirla a quien ya requiere tratamiento. Ese es el ‘error país’”, manifiesta Páez. Dice que la mirada  no debe estar dirigida al número de atenciones sino a ver el ‘bosque’ completo y eso incluye saber dónde y qué se consume, cómo y quién enseña a consumir, etc. 

“El Ejecutivo está para investigar, para generar planes orgánicos”, afirmó la funcionaria para quien es importante diferenciar las competencias de cada entidad. Salud ofrece servicios en esta materia, pero el MIES también debe proveer servicios de inclusión para consumidores, para los que se están rehabilitando y para quienes viven en la calle, sostiene. Los gobiernos locales también son otros actores que deben actuar y reducir riesgos según sus competencias, afirma.

En octubre, la Red será evaluada y la Organización Panamericana de la Salud participará en ese proceso.

EL ministerio de Salud hará un censo en la población mayor de 18 años, en coordinación con Universidad Técnica Particular de Loja. Aún no hay una fecha definida para su inicio.

La H y el alcohol, las principales adicciones

La principal droga que nos debe importar como país es el alcohol, dice Páez. Este es el origen de los problemas en la calle, de la violencia intrafamiliar y de los accidentes de tránsito. La primera causa de muerte en Ecuador es por alcohol. “Somos adictos al alcohol y eso está golpeando a nuestra sociedad”. En la pandemia, se ha profundizado el nivel de alcoholismo en el país. En esta época la violencia se ha exacerbado porque el alcoholismo en las familias puede ser una realidad.

Sobre drogas ilegales, el mayor problema -dice la funcionaria- es que no se puede saber qué se vende a los consumidores. “No podemos tener un control de calidad porque está prohibido el consumo”. El problema de la calidad de la droga es el principal factor de sobredosis y de muerte en personas adictas. Esta situación también se repite en el alcohol, pero es más frecuente en las drogas ilegales porque no hay mecanismos de certificación sobre aquello que consumen las personas.

Las cifras de la Red de Salud Mental Comunitaria evidencia el avance del consumo de estas drogas. En 2019, hubo 110.970 consultas en sus ambulatorios o ambulatorios intensivos por trastornos ocasionados por el consumo problemático de sustancias. El primer motivo de consulta fue por el consumo de la H y el segundo por alcohol.

En 2020, en la pandemia se registraron menos atenciones. En ese año, hubo 64.631 atenciones, de las cuales las consultas por adicción a la H y al alcohol volvieron a ser los principales motivos. 

Por provincias, Guayas ocupó el primer lugar en este tipo de atenciones en 2020, le siguió Pichincha, Manabí y Azuay. En 2021, se mantiene esa tendencia. Las provincias que menos atenciones registraron fueron Galápagos y Zamora. 

Mientras que en los 12 CETAD, que son gratuitos, hubo 2.515 atenciones en el 2020.

Los servicios para la atención de salud mental

En la Red de Salud Mental está disponible el 171, opción 2, para que los ciudadanos soliciten una cita con psicología para iniciar un tratamiento ambulatorio y se entrega información. Por esa línea también reciben consejos a los padres y jóvenes sobre estos temas con el fin de que un consumo experimental no termine en un trastorno.

Pero si eso no es suficiente, el usuario puede ir a un ambulatorio intensivo, que ha sido usado por consumidores problemáticos. En este tipo de tratamiento se incluye a la familia porque su entorno cercano es fundamental para su mejoría.

“Según la evidencia, el mejor tratamiento es el que no te separa de la comunidad y que lo recibes de manera ambulatoria”, explica Páez. Reconoce que ha sido difícil que los profesionales de la salud como médicos y enfermeras traten sin estigmas a estos pacientes.

El siguiente nivel es el ingreso a un CETAD, que existen en el país y que son gratuitos. Esto es para un tratamiento residencial porque el consumidor no tiene una contención de la familia o está a punto de quedarse en la calle. Están ubicados en Otavalo, Esmeraldas, Puyo, Portoviejo, Gualaceo, Santa Rosa, Guayaquil y Quito.

De los 12, cinco atienden a adolescentes.  “Nos encontramos frente a una joven que no tuvo infancia, que se enfrentó a experiencias de incesto, padres violentos y consumidores de sustancias”. 

En la pandemia funcionó además una línea de crisis (en el 171, opción 6) que atendió a más de 300.000 personas. Inició en abril de 2020 y terminó en febrero de este año. El COE Nacional dispuso una mesa nacional de atención en salud mental donde se estableció un código verde para la difusión de información; un código amarillo que fue la línea de crisis; y un código rojo que consistía en la intervención de especialistas como sicólogos clínicos o psiquiatras en caso de una llamada urgente. Participaron estudiantes del último año de esas carreras de las universidades Central, UDLA, Técnica de Manabí, de Cuenca, UTPL, etc.

El estrés, el trastorno del humor y trastornos por el consumo de sustancias fueron los principales motivos de las llamadas. Hubo 7.000 llamadas por duelos. Según Páez, la línea volverá a estar disponible en quince días para una línea de atención permanente para salud mental. A través de esta vía, Salud también captará pacientes. 

También hay una red complementaria que incluye al ISSFA, ISSPOL y el IESS. En lo privado están las clínicas y centros especializados en adicciones que han sido regularizadas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud.

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