Back to top
13 de Agosto del 2019
Historias
Lectura: 17 minutos
13 de Agosto del 2019
Susana Morán
Furukawa 6 meses después: Un ‘fact-check’ a la campaña ‘tus derechos se respetan’
0

Foto: Edu León

Imagen de los campamentos. Los abacaleros vivieron por décadas en construcciones precarias dentro de las haciendas de la empresa Furukawa. 

Este 18 de agosto se cumplen seis meses de haberse destapado uno de los peores casos de violación de derechos de cientos de personas en la empresa Furukawa. El Gobierno ha dicho que ha logrado “restituir sus derechos”. Los afectados y organizaciones de DDHH lo niegan completamente y temen que se cierre el caso. Este es un vistazo a las inconsistencias e informaciones a medias del Ejecutivo.

El pasado 10 de julio apareció una inesperada campaña por Twitter. Con el hashtag #TusDerechosSeRespetan, el Gobierno, sus ministerios y demás dependencias inundaron esa red con mensajes que exponían la supuesta labor hecha a favor de los trabajadores de Furukawa. Esa empresa dedicada a la exportación de abacá fue señala por organizaciones y por la Defensoría del Pueblo por tener a cientos de abacaleros en condiciones precarias desde hace décadas, sin ningún tipo de derechos. A esa situación, la Defensoría la llamó ‘esclavitud moderna’ cuando presentó su informe el 18 de febrero. Esa historia fue contada en un trabajo periodístico conjunto entre Plan V y La Barra Espaciadora ese mismo mes. Pero desde entonces, las respuestas del Estado a uno de los peores casos de derechos humanos registrados en el país va de tumbo en tumbo donde —al parecer— los únicos perdedores son los trabajadores. 

Tras el campanazo en redes sociales, el Ministerio del Interior —hoy Ministerio de Gobierno— a cargo de María Paula Romo lanzó un boletín de 10 párrafos que inicia así: “El Gobierno Nacional ha realizado una serie de acciones para dar una solución integral a la restitución de derechos de los extrabajadores de haciendas abacaleras pertenecientes a la empresa Furukawa, entre el 2018 y 2019”. En ese texto se registran las actividades que han cumplido cuatro dependencias: los ministerios de Trabajo, Inclusión Social y Salud, y el Registro Civil. Pero defensores de DDHH, publicaciones periodísticas y testimonios cuestionan cada uno de los puntos de esa campaña. 

Rigo Castillo, extrabajador de Furukawa, pide que no sean desalojadas las familias de las plantaciones. 

La semana pasada, en las oficinas de la CEDHU, organizaciones y afectados dejaron planteados cuestionamientos y demandas. En definitiva, desmienten esa supuesta restitución de derechos. Lo más grave, según sus denuncias, es la complicidad entre el Gobierno y Furukawa para que el caso se cierre, sin una reparación integral. El caso ha derivado en derrumbe de instalaciones y división entre los trabajadores. O como lo sintetiza Patricia Carrión, abogada de la CEDHU, lo que ha ocurrido en los últimos meses ha sido “negociar derechos” con el aval de la Secretaría de la Gestión de la Política. Esas conversaciones han fracasado y hasta el momento, por ejemplo, no se ha cumplido el ofrecimiento de la entrega de tierras. 


En la CEDHU se llevó a cabo la rueda de prensa donde se denunció la internción del Gobierno de cerrar el caso. 

El abacá o cáñamo de Manila es considerado una de las fibras del futuro. Ecuador es el segundo productor mundial de esa materia prima, después de Filipinas.

Mayra Valdez, secretaria de la Asociación de abacaleros del km 42.

Incluso se han registrado amenazas. Los afectados cuentan que estuvieron reunidos en el km 42 de la vía Quevedo-Santo Domingo y la Policía llegó a amenazarlos por supuestamente invadir propiedad privada. Unos 100 abacaleros se encontraban en la calle. Los uniformados acudieron con personal de la empresa. Testigos aseguraron que uno de ellos, que trabaja como guardia, les dijo que le ‘picaba tanto las manos para matar a dos negros’. Estuvieron seis horas vigilando a los trabajadores. “No pudimos tener una reunión en privado”. Para Carrión, ese acto violó el derecho a su reunión pacífica. 

Las organizaciones sociales creen que el Estado está lejos de dar una respuesta digna a esos humildes obreros. En el medio lo que ha ocurrido son versiones oficiales que han escondido lo que pasa en una de las zonas más productivas del país. Este es un repaso a las inconsistencias e informaciones a medias del Ejecutivo, seis meses después de conocerse públicamente la historia de los abacaleros de Furukawa. 


La cosecha del abacá exige un gran esfuerzo físico. Al menos tres generaciones han crecido en Furukawa.
Foto: Edu León

Los silencios del Ministerio de Trabajo y del Gobierno

El comunicado oficial dice: “En la fase de sanción se aplicaron penalidades y multas por USD 177.840 y dos órdenes de clausura por 60 días a la empresa Furukawa, medida levantada a los 90 días una vez que la empresa presentó un plan de trabajo, seguridad y salud que ha sido verificado por el Ministerio de Trabajo”.

Lo que no informó el Gobierno es el tipo de multas que puso a la empresa. Contra Furukawa, el Ministerio de Trabajo emitió tres resoluciones de sanción. Las dos primeras tienen como fecha el 15 y 16 de febrero —un día antes de las publicaciones periodísticas y del informe de la Defensoría del Pueblo— por un total de 42.880 dólares. Esos montos fueron impuestos por la reincidencia en la violación de cinco artículos del Código de Trabajo, entre ellos, el trabajo infantil, la falta de afiliación a la seguridad social, por pagos inferiores al salario básico, riesgos laborales, por no establecer escuelas para los hijos de los empleados y no proporcionar indumentaria adecuada. 

La tercera y última resolución de Trabajo contra Furukawa es del 6 de marzo pasado. Es una sanción por 134.900 dólares. Esa cantidad, a su vez, es la suma de una multa por 3.940 dólares por incumplir sus obligaciones laborales en las haciendas ubicadas en Malimpia, en Quinindé (Esmeraldas); de otra por 1.000 dólares por haberse encontrado un niño de 12 años trabajando en las plantaciones; otra por 3.940 dólares por no haber contratado a una persona con discapacidad; y finalmente 126.080 dólares por tener 16 trabajadores bajo intermediación laboral. 

Esta decisión ha indignado a defensores de derechos humanos y trabajadores. El documento de esa sanción fue revelado recién la semana pasada durante la rueda de prensa en la CEDHU. Fue obtenido tras varias insistencias a la cartera de Estado y llegó oscuro y borroso. La indignación es por varias razones. La primera porque una de las principales violaciones a los derechos de los abacaleros es la intermediación laboral. Ese mecanismo era simple: Furukawa usó la figura del arrendamiento para no tener una relación laboral directa con los obreros; estos a su vez vivían y cultivaban en los predios de la empresa y vendía el producto a la misma. Expertos laborales como Cristóbal Buendía consideraron a esta figura como una “aberración”. Esa intermediación no solo afectó los derechos laborales de los abacaleros sino que eso dio paso a sin número violaciones a la dignidad de esas personas, según la Defensoría. Dentro de las haciendas de Furukawa hubo trabajo infantil, generaciones de personas analfabetas y sin identidad, viviendas precarias sin servicios básicos, sueldos ínfimos, peligros por el uso de maquinaria de riesgo y afectaciones a su salud. El Ministerio de Trabajo, entonces, tomó la decisión más sencilla: sancionar por intermediación laboral por 16 abacaleros hallados en Malimpia. Ese fue otro motivo para los cuestionamientos. En Malimpia están las haciendas que tienen menos trabajadores. Mientras tanto, el Ministerio ha callado respecto a las haciendas ubicadas en Santo Domingo y Los Ríos, donde están (o estuvieron) cientos de abacaleros. 

Furukawa es una empresa de capital japonés establecida en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas hace 55 años, pero cuenta con 32 haciendas entre las provincias de Santoo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas.

Eso a pesar de la investigación de Trabajo. En el boletín oficial se menciona que la entidad “efectuó ocho inspecciones y visitas de verificación, desde julio de 2018 hasta marzo de 2019; tres intervenciones interinstitucionales en territorio, en septiembre y noviembre de 2018, y marzo de 2019; dos censos territoriales en los 25 campamentos y haciendas de la empresa Furukawa en septiembre de 2018 y marzo de 2019; además de seis mesas de trabajo interinstitucionales desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019”. Existen informes internos de Trabajo que pedían la sanción por intermediación, pero el Ministerio no ha explicado qué pasó con esa decisión. En sus archivos reposa desde el 10 de enero pasado el informe de Edison Naranjo, inspector de Trabajo, quien sugirió una multa de 20 remuneraciones por 36 trabajadores, lo que ascendía a 277.920 dólares. Pero solo la Defensoría llegó a identificar más de 200 afectados. En el mismo comunicado oficial, el Gobierno habla de 1.400 personas atendidas. 

Una parte texto del comunicado asegura: “A través de la gestión del MDT y la empresa Furukawa se suscribió un acuerdo entre trabajadores y la gerencia de la empresa, con la que se han regularizado 200 nuevos trabajadores, llegando a un total de 400 que hoy cuentan con todos los derechos de ley”. ¿Hay pruebas de ello? Entre los afectados dicen no saber quiénes ahora son parte de la empresa. En Trabajo informaron que son 421 los empleados con contrato laboral. Adrián Herrera Villena, abogado de Furukawa, dijo en la Asamblea que el dinero entregado a quienes han firmado el contrato de trabajo “han sido anticipo de sueldos”. Tras la rueda de prensa de la semana pasada, en el chat del Ministerio de Trabajo no hubo respuesta a las preguntas de los periodistas. Una funcionaria de Comunicación manifestó que se contestarían las preguntas enviadas por Plan V. 


Este es el ingreso a uno de los campamenos en el km 40 de la vía Santo Domingo-Quevedo. Foto: Luis Argüello

En otro apartado de la información oficial se dice que “como fruto de las mesas de mediación” se acordó “el reconocimiento de las obligaciones (bajo la estricta supervisión del MDT) a todos los extrabajadores de los exarrendatarios por el 100 por ciento de los años trabajados”. Pero existe el caso de un adulto mayor, que laboró 45 años en la empresa, que no estuvo contemplado en la entrega de "compensaciones" por su trabajo, según la denuncia del Comité de Solidaridad integrado por la CEDHU, CDES y CNC Eloy Alfaro. Esas “compensaciones” fueron el resultado de mediaciones reservadas. Ocurrió, por ejemplo, el 16 de julio pasado. “Sin ningún criterio técnico ni legal, se ofreció la entrega de una denominada ‘compensación’ a campesinos a quienes los empresarios siguen desconociendo como trabajadores directos de la empresa. Esto ratificaría la condición ilegal de intermediación laboral y reduciría un asunto de violación de derechos humanos con un conflicto laboral”, aseguran. Los montos llegaron hasta 5.000 dólares y los años de trabajo que se reconocen van desde el 2011. Su aceptación implicaba la salida de los trabajadores de la hacienda. “Es una burla”, dijo Carrión y contó que Trabajo convocó a los abacaleros al centro de mediación de esa cartera en Santo Domingo para que reciban la “compensación”. Esa figura, alega, no existe en el Código Laboral. 

Asimismo, las organizaciones conocieron que el 9 de julio el notario 4 de Santo Domingo, Oswaldo Infante, entregó cheques a los trabajadores de las plantaciones con montos entre 250 y 2.000 dólares. Según la denuncia, la empresa hizo firmar a los obreros —en su mayoría analfabetos— un documento que decía “no soy trabajador de Furukawa”, pero se les dijo que iban a ser contratados y que el dinero era una bonificación. La crónica de cómo se hizo pagos fuera de las oficinas de Trabajo fue escrita por Diego Cazar en La Barra Espaciadora. La CEDHU, CDES y CNC Eloy Alfaro creen que firmar los documentos en esas condiciones es coercitivo y vulnera derechos. 

La Defensoría del Pueblo y cuatro ministerios (Salud, Inclusión Social, Trabajo y Gestión de la Política) han corroborado que existen personas con discapacidad por accidentes laborales en las tierras de Furukawa.

A esto se suma un acuerdo de diálogo social, el 12 de julio pasado, entre el representante legal de Furukawa, Iván Segarra y el exrepresentante de los trabajadores, Walter Sánchez. Estuvieron presentes los mediadores Alex Cordovez y Michael Erazo, del Ministerio de Trabajo, así como Alexandra Achundia, delegada de la Defensoría del Pueblo. En ese documento Sánchez se comprometía a “persuadir” a la desocupación de los campamentos. Por esa razón Sánchez ha sido desconocido por los trabajadores, quienes han decidido formar una nueva organización llamada Asociación de abacaleros del km 42. 

El efecto real: los desalojos 

Mientras eso ocurre en papeles, en las haciendas la empresa ha empezado a demoler los campamentos donde cientos de abacaleros vivieron por décadas. Los afectados difundieron un video de una de esas demoliciones en el km 40 de la vía Quevedo-Santo Domingo. Un tractor destruyó la precaria casa hecha de bloque y cemento. Solo la semana pasada se registraron dos desalojos no violentos de familias completas. El lunes 5 de agosto por la noche fue sacada una familia con 5 hijos a Camarones, un sector de Esmeraldas, porque supuestamente no tenían documentos.  Mayra Valdez, secretaria de la Asociación de abacaleros del km 42, no le sorprende porque dice que esa es una práctica de la empresa. A su padre lo sacaron en el 2007 y le quitaron el motor y el techo. Rigo Castillo, extrabajador de Furukawa, pidió que no sean desalojadas las pocas personas que quedan en los km 40, 41 y 42, 30 y 33. Castillo es un exiliado de la empresa. En el 2018 no valió su labor de 40 años en Furukawa y tuvo que dejar la hacienda. Ahora pide su liquidación y apoya a los que aún siguen dentro porque pocos se atreven a hablar. Otro abacalero que llegó a Quito para la rueda de prensa pidió no ser grabado por las cámaras. Contó que por sus 30 años en Furukawa le ofrecieron 5.000 dólares. 


Imagen de una de las hojas de la resolución del Ministerio de Trabajo que contiene la sanción por intermediación laboral en las haciendas Malimpias de Esmeraldas. El documento llegó a las organizaciones borroso. 


Así quedó uno de los campamentos en el km 30 en Furukawa. Antes los abacaleros vivían en una precaria construcción. Foto: Cortesía

Los defensores de DDHH han informado que cientos de trabajadores no aceptaron esas “compensaciones” porque con aquello no se reparan sus derechos. Pero han recibido presiones como el hallazgo de una gallina muerta en uno de sus pozos de agua. Otros, en cambio, han aceptado el dinero por necesidad y por la pobreza en la que viven. El Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) entregó 451 kits alimenticios en febrero y en mayo pasado; 44 bonos para familias en extrema pobreza; seis pensiones para adultos mayores; y dos pensiones para personas con discapacidad.  A eso, el Estado llamó “restitución de derechos”. Desde entonces se desconocen si han llegado más ayudas. Pero según su versión oficial, el Gobierno ha garantizado los derechos de los trabajadores y el bienestar de sus familias. 

[RELA CIONA DAS]

Furukawa: se alarga la pesadilla de los abacaleros
Redacción Plan V
Vidas enteras a cambio de un pedazo de tierra
Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos: Martín Asturias, Edu León y Luis Argüello
Mujeres del abacá dicen no al olvido
Susana Morán
El largo camino de los trabajadores del abacá para exigir sus derechos
Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos: Luis Argüello y Edu León
Los esclavos invisibles del abacá
Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos y audiofotos: Edu León
GALERÍA
Furukawa 6 meses después: Un ‘fact-check’ a la campaña ‘tus derechos se respetan’
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Abacá: esclavitud moderna en los campos de Ecuador
Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos y videos: Luis Argüello
Los esclavos invisibles del abacá
Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos y audiofotos: Edu León
El largo camino de los trabajadores del abacá para exigir sus derechos
Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos: Luis Argüello y Edu León
Vidas enteras a cambio de un pedazo de tierra
Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos: Martín Asturias, Edu León y Luis Argüello

[MÁS LEÍ DAS]

El estudio que revela cómo el minero Proyecto Mirador afecta a la salud de los moradores
Redacción Plan V
Sobornos: Pugna entre la Fiscal y los abogados por el cohecho
Redacción Plan V
La crisis de los puertos ecuatorianos: pérdidas por USD 184 millones
Redacción Plan V
La OEA y su elección de Secretaría General
Adrian Bonilla