“Estamos a punto de regresar a 100 migrantes venezolanos a México bajo el Título 8”, anunciaba el pasado 12 de mayo la agente Gloria Chávez, de la Patrulla Fronteriza de EEUU, en el sector del Valle del Río Grande. La funcionaria advertía de esa manera la entrada en vigencia de la nueva norma, considerada por expertos y activistas como una ley anti migratoria más radical. En la puerta de entrada, de ese paso fronterizo, informaba que las personas indocumentadas serán regresadas a sus países o a México.

On location with Chief Chavez in Brownsville, Texas Port of Entry, speaking on the consequences under current Title 8 processing pathways. #usbp #cbp #immigration #RGV pic.twitter.com/9W1fQovgfw

— Chief Patrol Agent Gloria I. Chavez (@USBPChiefRGV) May 12, 2023

El Título 8 es un conjunto de normas migratorias que han estado vigentes durante años, pero que se interrumpieron en la pandemia. En la emergencia del covid, el entonces presidente norteamericano Donald Trump puso en vigencia el Título 42, que permitía hacer ‘deportaciones exprés’ después de que la persona no demostraba la necesidad de asilo. Pero no generaba registros ni consecuencias jurídicas futuras a las personas que intentaban cruzar esa frontera, explica Santiago González, director de DDHH del municipio de Ciudad Juárez.

Ahora, el Título 8 -que ya está vigente- permite también la expulsión rápida de los migrantes a México o a su país de origen, pero además no podrán volver a entrar a EEUU durante al menos cinco años, en caso de expulsión. Si la persona intenta ingresar de nuevo de manera ilegal enfrentará cargos penales. “Es más drástico pues es una disposición por seguridad, ya no por salud”, agrega el funcionario mexicano.

El cambio de normativa ha reducido el número de migrantes que han arribado en estas semanas a esa frontera, incluida la de ecuatorianos. González, en entrevista con Plan V, dijo que tras el fin del Título 42 se esperaba una llegada masiva de migrantes, pero pasó lo contrario. La mayor parte de varios miles de personas que se encontraba en esa ciudad aprovecharon las últimas horas para entregarse a las autoridades norteamericanas y pedir asilo bajo el Título 42. Ahora, los centros migratorios de EEUU son los que están llenos.

Mientras tanto, del lado mexicano, los albergues se encuentran ocupados en menos del 40%. Uno de los más grandes de Ciudad Juárez es el albergue municipal Kiki Romero, que ha acogido 198 ecuatorianos en los dos últimos años, según González. Hasta el martes 16 de mayo, 44 connacionales aún se encontraban refugiados en este lugar.

Entre 2020 y lo que va del 2023, la Patrulla Fronteriza de EEUU ha detenido a 200.200 ecuatorianos, siendo el 2021 el año con el mayor número de aprehendidos en los pasos fronterizos. Pero según las cifras de esta agencia, en los últimos meses del 2022 y el primer cuatrimestre del 2023, 9.000 ecuatorianos fueron detenidos mensualmente. Antes se registraban en promedio 2.000 capturas. 

Bajo el Título 42, que era una norma sobre todo sanitaria, 70.616 ecuatorianos fueron expulsados de EEUU, en ese mismo periodo. Mientras que 129.584 fueron considerados como inadmisibles por EEUU bajo el Título 8, que es un norma migratoria que se endureció bajo el gobierno de Joe Biden.

Por grupos migratorios, la mayoría de estos ecuatorianos son adultos hombres que viajan solos. Entre 2020 y los que va del 2023, 103.629 de estos adultos fueron detenidos. También 88.947 grupos familiares fueron hallados en esa frontera, y ocuparon un segundo lugar. También se ha registrado un incremento de los menores no acompañados, es decir que no viajan con sus padres. Un total de 4.245 niños, niñas y adolescentes han intentado cruzar esta frontera.

Los ecuatorianos no son las poblaciones migratorias más grandes, dice González. Las principales provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. A los ecuatorianos, este funcionario mexicano los describe como más discretos, pero que llegan con un plan para cumplir su objetivo. En general, hay expectativa sobre los efectos del Título 8.

Una aplicación y más trabas legales

“Es una aberración a los derechos humanos”, dice William Murillo, director ejecutivo de 1800migrante.com, en referencia al Título 8. Esta norma es más compleja porque da la facultad a los agentes de migración, sin pasar por un juez, de determinar si las personas que llegan a EEUU tienen un ‘miedo creíble’ para solicitar asilo e ingresar a este país. Cree que esta política va a tener problemas en las cortes porque ya existen algunas organizaciones que han presentado demandas contra la misma.

“Son mayores trabas burocráticas y ahora los migrantes deben solicitar asilo desde su país o en uno anterior a EEUU”, agrega. Por ejemplo, deberá ser tramitado desde los centros de procesamiento que están en Bogotá y Guatemala, dice Murillo. Ahí se revisarán las solicitudes de asilo de la región. Los migrantes tendrán que hacer una cita y presentar los documentos. Pero Murillo reclama porque aún no hay directrices para este nuevo procedimiento. Por ejemplo, no se conocen los costos ni el tiempo de respuesta. No se sabe tampoco si los documentos deben enviarlos a Colombia, y si estos van de manera virtual o física.

El gobierno de Biden ha dicho que establecerán 100 de estos centros en todo el continente. “EEUU ha expandido sus fronteras virtuales para que se hagan los trámites”, afirma el director de la organización de ayuda a migrantes.

Murillo manifiesta que ahora los ecuatorianos, al igual que el resto de nacionalidades, deben solicitar una cita para solicitar asilo a través de la aplicación CBP One. En la página web de la Patrulla Fronteriza se explica que, a través de esa plataforma, los migrantes pueden enviar información con anticipación y programar una cita para presentarse en los siguientes puertos de entrada terrestres: Arizona (Nogales); Texas (Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso); y California (Calexico y San Ysidro).

Pero esta aplicación ya registra problemas. Los venezolanos y haitianos se quejan porque dicen que hay apenas 1.000 cupos diarios para las decenas de miles que desean viajar. Esos cupos se acaban en 10 minutos, describe Murillo. “Esto se va a convertir en lo mismo que una solicitud de visa. Por ejemplo, todos los ecuatorianos que están en camino hacia EEUU, pudieron haber solicitado una visa. Pero, ¿por qué no lo hacen? Al final lo más seguro es que no les den la visa, perdieron tiempo y dinero. Igual va a pasar con esta solicitud de asilo”.

Tras la vigencia del Título 8, cientos de venezolanos fueron deportados. Foto: @CBP

La Universidad de Syracuse, de Nueva York, ha reportado en los últimos dos años que de  las 110.000 aplicaciones de asilo que se han presentado, solo 3.000 se han aprobado. Es decir, menos del 3%, refiere el director de la organización privada, quien también es ecuatoriano. Ahora, EEUU ha anunciado que resolverá una solicitud de asilo en días y no en meses. “Muy posiblemente estén en la cárcel, o en el Ecuador o en tránsito. Para sustentar un caso de asilo nosotros trabajamos entre 30 a 45 días para conseguir las pruebas necesarias y sustentar su caso. ¿Qué migrante tendrá las pruebas que necesita en dos o tres días?”, se pregunta.

Una migración más peligrosa

La migración, dice Murillo, no se va a detener por un trámite administrativo. “Es como poner un curita a algo que necesita una operación”, compara el director de esta organización e insiste en la necesidad de políticas que ataquen las causas de la migración como la violencia, la pobreza, la corrupción y falta de servicios básicos.

Ahora, los ecuatorianos y el resto de latinos no van a dejar de migrar, sino que recurrirán a las estrategias anteriores al Título 42. Es decir, cruzar desiertos y el río, advierte Murillo.

Uno de estos riesgos son los secuestros masivos. El 27 de abril pasado, las autoridades mexicanas rescataron a 63 migrantes secuestrados, de los cuales 43 eran ecuatorianos. Esto ocurrió mientras viajaban en un bus hacia la ciudad de Sonoyta, en Sonora, fronteriza con Arizona. Un grupo de armados detuvo al bus y se llevó a los migrantes. Uno de ellos se escondió y dio la alerta.

l 27 de abril pasado, 43 ecuatorianos fueron rescatados luego de que la Cancillería ecuatoriana interpusiera, una denuncia a la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora, en México.

“Muchas autoridades mexicanas están involucradas en el secuestro de migrantes y en el cobro de dineros ilegales. Hay pocas acciones en comparación a la magnitud del problema”, dice Murillo. Él ha registrado cómo operan los grupos de secuestradores. “Los migrantes compran un ticket de bus, pasan los controles fronterizos entre ciudades, los controles policiales y militares y al final se los llevan los carteles (de narcotráfico)”.

Murillo dice que tanto los choferes de los taxis o de buses venden a los migrantes. Estas redes solo hacen señales con las luces para informar que los están trasladando. Luego los extorsionan.

En el caso de abril pasado. Murillo dice que enviaron los nombres de los secuestrados a las autoridades de Ecuador, quienes pasaron esta información a su vez a sus pares mexicanos. “Los secuestradores llamaron a la familia a decir por qué habían dado esos datos. ¿Cómo los secuestradores se enteraron de eso? Obviamente hay infiltrados, gente del gobierno (mexicano) que trabaja con ellos. Se suponen que estaban trabajando entre autoridades y los secuestradores supieron inmediatamente lo que se estaba haciendo desde Nueva York”. 

Tras el Título 8, los riesgos aumentarán y el viaje para los migrantes será más costoso. “En este juego, los mayores beneficiados van a ser los coyoteros y los traficantes de migrantes. Seguirán los secuestros porque es gente desesperada por llega a EEUU que va a pagar lo que sea para terminar su viaje. Los casos que han registro solo representa el 10%”, dice.