A mediados de año, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a reducir las tasas de interés, mejorar las condiciones y extender los plazos. Los intereses para microcréditos y consumo son los más altos en el país, en promedio han estado por sobre el 20%, más aún si se los compara con el resto de los rubros crediticios como educativos, de vivienda o inmobiliarios que rondan el 10%. 

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— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 2, 2021

Según la Red de Instituciones Financieras del Desarrollo (RIFD) en 2021 un 80% de los créditos corresponde a microcréditos y créditos de consumo. Es decir, gran parte de las transacciones crediticias involucra a pequeños y medianos montos. 

A esto se suman los montos que deben pagar los clientes en las renegociaciones de sus transacciones crediticias. Como es el caso de un empleado privado que, para contar a Plan V su situación, decidió mantenerse anónimo. En el 2009 tenía una deuda en una tarjeta de crédito de una entidad bancaria estatal. Ese año quedó en el desempleo por lo que no pudo solventarla a tiempo.

Al poco tiempo empezaron a llamarlo cobradores del banco; le hacían llegar cartas con sellos de pago urgente, le enviaban cartas y correos electrónicos constantemente. A través de los años el banco contrató un estudio jurídico para hacer los cobros. El estudio tenía sus datos de filiación, sus direcciones, los datos de sus familiares, algunos de los cuales fueron contactados sin su autorización. “Llamaron a una pariente, de la cual ni yo tengo el número, a alarmarle y amenazarle”, sostiene. 

Un marco legal que no se aplica

Ser deudor es tener que sufrir un problema en silencio. A nadie le gusta salir al público a contar que tiene deudas. Pero es un caso más común de lo que parece en el país. Una emprendedora que mantuvo el anonimato llegó hace seis años a una provincia costera del país con las ganas de salir adelante. Como todo nuevo emprendimiento, contaba con recursos limitados así que tuvo que recurrir a un crédito bancario estatal.

El terremoto del 2016 fue un episodio que devastó su emprendimiento. Perdió practicante toda la producción que venía cosechando desde hace años. Su edificio se vino abajo. Tuvo que empezar de cero. Volvió a acudir al crédito, esta vez a la banca privada. Siempre fue buena cliente, tenía una excelente calificación crediticia y un buen record. Tenía disponibilidad de crédito inmediata, sin buscarlo recibía llamadas de la banca con distintas ofertas. Su calificación crediticia bordeaba los 1000 puntos.

La pandemia hizo que el negocio nuevamente vuelva a ser lastimado ya que su emprendimiento depende del consumo internacional. El precio de su producto bajó drásticamente. Así que cayó en mora. “Gracias a los decretos emitidos por el gobierno se detuvo el pago de alrededor de 2 y hasta 3 meses, pero eso no era suficiente” recordó. Las resoluciones 569 y 582 emitidas por la Junta de Política Monetaria impedían los cobros por concepto de intereses, atrasos o gestiones de cobranza en el marco de la emergencia sanitaria. “Yo sí fui víctima de que me cobren, en algunos casos tuve la devolución y lo hice a través del Defensor del Cliente. Presenté mis quejas y en algunos casos se me devolvió el dinero, pero qué pasó con todos esos clientes que nunca conocieron de estas resoluciones” agregó.

En abril del 2020 la enviaron a la central de riesgos por un retraso en un sobregiro. Actualmente su récord crediticio ha caído alrededor de 800 puntos y ya no es sujeto de crédito para poder solventar las deudas que tiene. Está atrapada, “como voy a lograr salir de la deuda si de parte del Estado no hay esa flexibilidad” dijo.

En el marco de la pandemia se abrieron caminos legales para aliviar a los clientes. El artículo 26 de la Ley Humanitaria aprobada a mediados del 2020 se refiere al Concordato Preventivo Excepcional. Dicho artículo abre la posibilidad de que el cliente bancario pueda llamar a todos sus acreedores, ya sean bancarios o de otro tipo, y pueda hacer una propuesta de pago. Bajo ciertas condiciones como declaraciones juramentadas, proyecciones y plazos de pago se podía pedir la condonación de intereses o aplazar los pagos para llegar a acuerdos.

La fuente testimonial de Plan V hizo uso de este artículo, pero se llevó una sorpresa. Invitó a todos sus acreedores para tener un primer acercamiento en un centro de mediación, solamente una institución se presentó. Las otras dos ni si quiera abrieron la posibilidad al diálogo. La mediación era una instancia voluntaria, así que tuvo que presentar una demanda para que se atienda su caso. “Estábamos conscientes de que la banca no iba a querer porque una de las cosas del concordato preventivo decía que si el 51% de los acreedores aceptaba la propuesta del cliente el resto de los acreedores estaba obligado a aceptar la propuesta”, aseguró.

“Me di cuenta que ni siquiera el Consejo de la Judicatura sabía lo que era el concordato preventivo que estaba expresado en la Ley”, comentó. Dirigió una carta a las oficinas en Quito, y tampoco se conocía del artículo en mención. “Dijeron que ya iban a capacitar al personal, pero quisiera saber cuantos concordatos se han resuelto, porque es realmente dudoso”, agregó.

El carácter de excepcional del concordato preventivo permitía que tanto personas naturales como jurídicas pudieran declararse en bancarrota en procesos excepcionales, particularmente en procesos de pandemia. “Esto hasta el día de hoy no ha sido ejecutado. A través de todas estas instancias, los que fuimos perjudicados tratamos de instrumentalizar este artículo para que las personas en lugar de perder sus bienes se declaren en bancarrota con este carácter excepcional”, aseguró Tania Barba de la Unión de Afectados por la Banca.

“Tanto el Consejo de la Judicatura, así como los centros de mediación en donde se gestiona la primera parte administrativa fueron totalmente inoperantes. Generaron procesos nuevamente engorrosos en donde la persona más perjudicada es el usuario financiero”, dijo Barba, que también afirmó que el tiempo de vigencia del concordato es de un año más, pero que hasta ahora no se lo ha visto en operación.

Otro de los reclamos de la fuente reservada se relaciona con el artículo 12 de la Ley Humanitaria. El artículo en cuestión dispone que un nuevo estado de excepción debía llevar una reprogramación de pagos. “Si no estoy mal, existieron cinco estados de excepción y solamente una vez se restructuró la deuda a los clientes. No fue solo lo del concordato, las resoluciones que emitió la Junta Monetaria a favor de los clientes tampoco se cumplieron”, dijo.

El ciudadano aseguró que al refinanciar las deudas, una de las condiciones que puso la banca fue hacer un abono previo y luego firmar una documentación, sin saber cuales serían las condiciones de la nueva deuda. Entre las tres instituciones acreedoras debía hacer un pago al contado de USD 10 mil para que acepten la reestructuración, y recién a partir de ahí iniciar la reestructuración de pago. En una de las instituciones hizo un crédito por USD 45 mil, ya pagó USD 52 mil, pero el banco le comunicó que todavía debe USD 24 mil en intereses.

En otra de las entidades acreedoras, la fuente aseguró que se vendió su cartera vencida a un consorcio jurídico sin previo aviso. “Los bancos privados tienen la obligación de notificar a los clientes cuando venden una cartera, lo cual me parece todavía un abuso”, aseguró. “La banca vende una deuda a un costó menor del original, Pero este tercero me va a cobrar a mí a más de lo que compró al banco y aumenta conforme va pasando el tiempo”.

En su momento la banca fue de ayuda para esta emprendedora. Ahora se siente utilizada porque fue una cliente muy bien calificada, pero ante las dificultades no recibió compensación alguna. Hoy las deudas que tiene no son producto de la inversión, solo de los intereses. “No se puede realmente surgir cuando hablamos de este tema, a eso súmale los cargos judiciales y la presión psicológica, la presión de saber que te van a notificar y aparte tener que buscar un abogado que te defienda. No se tiene dinero a veces ni para comer y necesito buscar un abogado que no te va a cobrar menos de USD 5000 para defenderte”.

Según las tasas de morosidad que ha publicado la Superintendencia de Bancos en la pandemia la tasa llegó a pasar el 4% mientras que ya en 2021 se estabilizó cerca del 2%. Pero para la vocera de la Unión de Afectados por la Banca Tania Barba esta cifra está lejos de la realidad. “Las entidades, para poder reducir su tasa de morosidad, vendieron las carteras por vencer hacia empresas de cobranzas que ya no son reguladas en su totalidad por la Superintendencia de Bancos sino por Superintendencia de Compañías, que son negocios privados en donde ejercen un tipo de extorsión hacia las personas que se encuentran en dificultades de poder cumplir”, aseguró Barba.

“Si bien es cierto uno de los indicadores que la banca y el sistema financiero toman como referencia para gestionar sus políticas es el de morosidad, nosotros pudimos evidenciar que realmente lo que a ellos les empujaba a tergiversar y malinterpretar las leyes era realmente el volumen de la cartera por vencer”, afirmó Tania Barba. Según la vocera de esta unión, para la aprobación de la Ley Humanitaria existía una cartera por vencer que superaba los USD 55 mil millones gestionados a través de refinanciamientos y reestructuraciones de deuda.

La Unión de Afectados por la Banca tiene alrededor de 300 miembros activos a escala nacional. En agosto del 2020 impusieron una demanda contra la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a través de la Defensoría del Pueblo. La demanda buscaba el cumplimiento de las resoluciones de diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias y la suspensión de cobros por refinanciamiento en el marco de la pandemia. “Somos dos millones de afectados, fueron las cifras que recaudó la Defensoría del Pueblo”, afirmó Barba. La vocera dijo que en una audiencia pública en la Superintendencia de Bancos la cifra de dos millones de afectados fue reducida a una cifra de alrededor mil casos atendidos por la Superintendencia. “La diferencia corresponde más bien a procesos engorrosos que ellos mismos imponen para poder desestimar”, dijo Barba.

Las medidas de amparo impuestas en la demanda fueron negadas en un Corte Civil de Iñaquito. Impugnaron la sentencia en la Corte Provincial, en donde fue ratificada la negativa del pedido. Solicitaron a través de la Defensoría del Pueblo revisar la sentencia en la Corte Constitucional en donde de nuevo fue negado el proceso. Hoy han apelado a cortes internacionales y están llevando un proceso a través de la Naciones Unidas.

“Hay una similitud que tiene este proceso de sobreendeudamiento de las economías familiares con el endeudamiento que tenemos los ecuatorianos con el gran capital extranjero. El mismo proceso que tenemos a través de la deuda externa es muy similar al proceso que enfrentamos los hogares. Es parte de este proceso de financiarización, el gran capital y los organismos multilaterales de crédito prestan recursos financieros no particularmente para poder fomentar la inversión”, es la tesis que presentó Barba en relación a los casos que ha venido llevando desde la Unión de Afectados por la Banca.

Según Barba para EE.UU. el crédito se da inclusive a quienes no pueden cumplir el sobreendeudamiento, “es una práctica muy natural de esa economía para Latinoamérica. Para los ecuatorianos la forma en que nosotros accedemos a ese crédito es simplemente para quebrarnos”.

Montos que se disparan

Un informe de la RIFD analizó las tendencias de las tasas de microcréditos y créditos de consumo desde 2008. Las tasas de microcréditos se redujeron mientras que las de consumo fueron variables. Lo que se redujo también fue el monto de las operaciones. En 2008 hubo 1.2 millones, en 2019 ya estaba solo sobre los 800 mil y en 2020 llegó a su punto más bajo con 648 mil operaciones. La pandemia influenció sin duda en el último año, pero la tendencia de operaciones ha ido a la baja. 

Otro deudor que habló con Plan V a concidicón de anonimato  contó que lo que había comenzado con una deuda de USD 2100 había crecido con los años en un 300% según los cálculos del banco. “Nunca entregaron un detalle sobre la deuda. Pedí respaldos de la deuda, solo tenían un cuadro del capital con los intereses. Les pregunté cómo consiguieron mis datos, me dijeron que tenían carpetas con los datos que las empresas les daban”.

Finalmente, una parte de la deuda fue condonada “como gran favor”, pero igualmente esta persona terminó pagando el triple del monto. “Hay una opacidad y una violación de la privacidad con la que actúan”. En su testimonio, la fuente reveló que recibió amenazas de embargo, ya que este banco, como entidad bancaria estatal, cuenta con su propio juzgado coactivo. 

Otra fuente, con las mismas condiciones de reserva, contó sobre un crédito en el IECE, cuya cartera de cobros pasó a un entidad bancaria estatal. Un crédito con un valor de USD 10.000 para una maestría donde ha ido pagando cuotas a tiempo mensualmente. La tasa de amortizaciones le reflejó intereses de USD 6.000 en diez años. 

A pesar de que ha querido abonar por adelantado, no le han permitido refinanciar la deuda ni hacer abonos. “Tienes que esperar a que te toque la fecha y pagar una cuota. O pagas el total o haces abonos en las fechas que te asignan”, dijo. 

Otro crédito de consumo en un banco privado le ha presentado trabas. Hizo un crédito por tres años antes de la pandemia. Iba pagando las cuotas sin problema, pero en la pandemia tuvo que refinanciar a cinco años. A pesar de que las cuotas disminuyeron, en vez de pagar un total de USD 12 mil terminó pagando USD 21 mil, casi el doble. 

Los testimonios consultados por este portal han decidido mantenerse en el anonimato por temor a que sus casos sean idenfiticados y se puedan ver afectados. Imagen referencial. PlanV

La perspectiva de los bancos

Según la Asociación de Bancos la tasa de morosidad llegó a ser del 4% en septiembre de 2020. En septiembre de este año la tasa de morosidad ya bajó a un 2,4%. En agosto de 2021 se registraron tasas de morosidad de 4,7 en cooperativas y mutualistas. Ya en octubre de este año la morosidad se ubica en 2,4%. Lo que representa una cartera improductiva de $765 millones frente a un total de créditos concedidos de $32.506 millones.

Según el vicepresidente de ASOBANCA, Marco Rodríguez, el cliente ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. “El carácter de pago no es lo mismo que la capacidad de pago. Hay clientes que, pese a tener buen carácter de pago, por distintas situaciones ven afectada su capacidad para honrar sus deudas”, dijo Rodríguez.

Según ASOBANCA, durante la pandemia la banca privada otorgó alrededor de USD 10.000 millones en alivios financieros, lo que representó el 36% de la cartera total de crédito, para 2,3 millones de clientes. Por su parte, la banca mejoró su rentabilidad en este año. Según el indicador de rentabilidad ROE, se registró un aumento desde septiembre de 2020 a septiembre de 2021 de más de 2 puntos porcentuales. 

La justicia rechazó una acción de protección contra el abuso bancario

La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo de Apoyo al Usuario y al Consumidor, ha dado 725 asesorías este año sobre presuntas vulneraciones relativas a instituciones financieras. El organismo sancionatorio y regulador es la Superintendencia de Bancos, que no ha dado una respuesta a nuestras inquietudes hasta la publicación de este reportaje. 

El vocero del Mecanismo de Apoyo al Usuario de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, dijo que en marzo del 2020, en plena pandemia “se emitió un pronunciamiento hacia la Junta Monetaria para que establezca políticas en los cuales no se permita a las entidades financieras el débito automático en relación a las deudas”. En agosto del mismo mes se interpuso una medida cautelar en contra de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Esta medida cautelar, tenía el objetivo de que se suspendieran inmediatamente todos los cobros que se dieron por reestructuraciones, refinanciamientos o renovaciones. “Algunas instituciones financieras empezaron a cobrar intereses sobre intereses, cobraron gastos administrativos por generar otro crédito, que era realmente una renovación del crédito, una reestructuración del crédito, en algunos casos también se cobraron recargos y multas en otros casos incluso se incluyeron seguros no solicitados por los clientes, como seguros de Covid, seguros de incendio” aseguró Varela.

“La jueza finalmente terminó rechazando esta acción de protección y después la Corte del Provincial también falló en el mismo sentido rechazando esta acción de protección” dijo. Según Varela, se argumentó que se trataba de derechos patrimoniales que podían ser atendidos por otras vías y que no se habían vulnerado derechos. 

De acuerdo a Rodrigo Varela, la normativa del Código Orgánico Monetario establece que las superintendencias pueden actuar de oficio, es decir que no requieren de la solicitud de las personas para iniciar acciones de protección de los derechos de las personas consumidoras. Este año la Defensoría del Pueblo presentó un escrito de solicitud de selección de sentencia ante la Corte Constitucional. “Se busca que se establezca una regla jurisprudencial que permita realmente evidenciar la omisión en este caso de los órganos de control”, aseguró Varela.

Bancos, créditos y riesgo país

Tras la elección presidencial del 11 abril el riesgo país tuvo una abrupta caída de 1169 a 824 puntos. Fue un hito si se toma en cuenta que el índice en el país no había estado por debajo de los 1000 puntos desde enero del 2020. Según el Observatorio de Gasto Público, el riesgo país es un indicador que mide las probabilidades de que un país incumpla con sus obligaciones financieras.

Los mercados internacionales utilizan el índice para medir la confianza en las naciones. El análisis histórico del Observatorio evidencia cómo los sucesos políticos del Ecuador han tenido influencia en el riesgo país. Así por ejemplo la pandemia, las medidas austeras frente a la misma o las protestas de Octubre 2019 han incrementado la curva del riesgo significativamente.

A pesar de la mejora en el ranking, los últimos meses ya han reportado un incremento. Ecuador tiene actualmente 854 puntos, que todavía lo ubica dentro de los últimos países en Latinoamérica solo por delante de Argentina y Venezuela. 

Según datos del asambleísta, la tasa de microcrédito es casi el doble que la de créditos productivos y 2.7 veces más que la de crédito corporativo. “Tenemos este comportamiento de apretar mucho con intereses a los pequeños productores que, por ejemplo, en este momento son los grandes generadores de empleo” aseguró Muñoz.

En los inicios de la pandemia, Muñoz presentó en la Asamblea una iniciativa de disminución y congelamiento de tasas de interés. “Moreno jamás tuvo ni siquiera la predisposición de escuchar, de debatir cosas que él presumía. Cuando digo Moreno me refiero también desde sus representantes aquí en el parlamento”. Además, agregó “Moreno reinició el corporativismo en el Estado ecuatoriano. Eso significa influencia de grupos de interés en la toma de decisiones públicas y la banca estuvo presente en eso”.

El mercado negro de datos sigue robusto y sin control

Más allá del funcionamiento de techos de intereses hay otro aspecto que es difícil conocer con claridad: de dónde obtienen las entidades bancarias los datos de la gente. Las llamadas que reciben de call centers o para ofertar una nueva tarjeta siguen sucediendo a pesar de que la venta de bases de datos sin consentimiento está penalizada en el país. 

Un caso que refleja que el manejo de datos privados y masivos tiene relación con el Estado es el escandalo de GEA. Una empresa de seguros que descontaba, algunas veces sin autorización, a través de cuentas bancarias una cuota mensual. “El dueño de GEA era Eduardo Jurado, que era nada más y nada menos que el secretario de Lenin Moreno”, recordó el asambleísta Muñoz.

Según el parlamentario, la banca estaba ganando una comisión del 7% por estas operaciones. “Por qué este seguro tenía tus datos, por qué te llamaron y no fueron cuidadosos de grabar tu llamada para saber si tú habías digamos confirmado o no confirmado el débito”, se preguntó Muñoz. Según información del asambleísta, se determinó que el negocio rondaba por los USD 500 millones. 

El portal ecuatoriano Usuarios Digitales replicó un reporte de BleepingComputer que aseguraba que lo ocurrido con este banco podría haber sido un ciberataque. Según Alejandro Varas, especialista digital y asesor de la Ley de Protección de Datos aprobada este año, la inseguridad de los datos de los ecuatorianos se ha hecho evidente desde los últimos años. “Desde 2018 se han visto los casos de fugas masivas de información de entidades públicas y privadas que han trabajado para grandes empresas que manejan grandes volúmenes de información”.

Varas señaló casos como los ataques al Registro Civil o al SRI donde no solo se habrían fugado los números de cédula, sino que todos los datos asociados. No se sabe con claridad cómo obtienen datos los operadores. Ante esto Varas dijo que “dentro de la ley que ya está vigente en el Ecuador, empresas que almacenen datos de las personas que interactúan o hacen uso de sus servicios con su consentimiento tienen la oportunidad de poder hacer una transferencia de datos solo entre sus propias unidades”.

Ante los casos de llamadas de cobros o para vender un servicio, Varas es escéptico. “Han conseguido tu información ya sea por el discurso que dicen por tu excelente historial crediticio o porque fuiste referido por ser usuario de una tarjeta de crédito. Lo que usualmente es un discurso porque a los mismos operadores les cuesta justificar cómo obtuvieron tus datos, porque es un listado que les entregan y que les dicen, por favor necesito que llames y necesito que cumplas con una serie de llamadas para que consigas un sí”.

“Esa percepción o esa sensación de persecución que solemos tener a la hora de navegar por internet puede ser en parte cierta, pero es porque nosotros estamos dejando un rastro digital por donde navegamos. Recordemos que también somos demografía, somos intereses y también somos hábitos de búsqueda”, analizó Varas, que aboga por la protección  de datos. 

Para tratar de entender de donde se obtienen los datos de los ecuatorianos basta con analizar un nuevo aspecto: el reconocimiento facial. Tanto las aplicaciones de los bancos, los desbloqueos en algunos teléfonos pero también aplicaciones lúdicas la piden. Para reconocer el rostro estas aplicaciones hacen un registro de quienes la usan. Ingresar a las aplicaciones implica aceptar los términos y condiciones, que son un contrato que muchas veces es aceptado sin revisar. 

En 2019 una investigación de un medio norteamericano encontró que el sistema de cámaras de reconocimiento facial del ECU 911 era administrado también por la agencia de inteligencia nacional. “Las cámaras de los 911 de Quito estaban espejadas con la SENAIN. Al gobierno de Moreno no le tocó más que admitir que si tenían una copia de las cámaras”, recordó Rafael Bonifaz, coordinador tecnológico de derechos digitales.

Novaestrat y Databook, casos que quedaron en la impunidad

A fines de 2019 se conocieron dos casos que dejaron al descubierto la seguridad de los ecuatorianos en la red digital. Las empresas Novaestrat y Databook habrían estado manejando bases de datos nacionales para venderlas a distintas entidades. 

“Estas empresas le vendían información a almacenes, por ejemplo. Para eso tenían un link de una página web digamos secreto, entre comillas, y en ese link el almacén hacía consultas para aprobar crédito a las personas”, explicó Rafael Bonifaz.

En ese año Bonifaz tuvo acceso a ese link donde pudo constatar que sus propios datos estaban dentro de la red vulnerada. “Se va armando todo, integrando todos los datos se puede armar un árbol genealógico de las personas”, agregó el coordinador tecnológico, que además encontró que sus datos sobre salarios y aportaciones al IESS constaban en la base.

Rafael Bonifaz es coordinador tecnológico de derechos digitales, desde 2003 trabaja y promueve el uso de software libre en el Ecuador. 

“Cuánta gente no habrá podido descargar esos datos, los datos de todos los ecuatorianos sin tener ninguna seguridad, sin ninguna contraseña, sin ningún usuario. Entonces cuanta otra gente se bajó esa información y la maneja de forma más discreta”, se cuestionó Bonifaz. 

Alfredo Velazco, director de la organización Usuarios Digitales, expresó su preocupación. “La información de todos los ecuatorianos vivos y muertos estaban distribuidas en estas bases de datos. Simplemente se confirmó de que por un lado no solamente se comparten de instituciones financieras a otras o de instituciones comerciales a otras sino que de instituciones públicas”. 

El experto informático dijo que estas empresas ofertaban conocer mejor el perfil de las personas para por ejemplo dar referencias crediticias. Aunque los casos quedaron en la impunidad. “Vemos que la Fiscalía no hizo nada respecto a estos casos sonados, menos lo van a ser otro tipo de autoridades que de alguna manera no tienen un peso”, dijo Velazco. 

La venta de bases de datos que viole los acuerdos de privacidad está penada en el Código Integral Penal. Sin embargo, las llamadas de call centers siguen efectuándose. Esto a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Protección de datos este año. “Las instituciones públicas parece que desde adentro son las que están vendiendo, regalándose o filtrando los datos de todos los ecuatorianos a vista y paciencia de todos” dijo Velazco. Según el coordinador tecnológico Rafael Bonifaz la aplicación de la ley tomaría al menos dos años para su ejecución. En esa ley se obliga a las empresas a identificar las llamadas para los usuarios, algo que ocurre excepcionalmente para un banco, pero no para el resto.