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29 de Abril del 2019
Historias
Lectura: 21 minutos
29 de Abril del 2019
Alberto Acosta y John Cajas Guijarro / Economistas ecuatorianos
Petrobras, Odebrecht, OXY: Recordando un billar a tres bandas… en contra del país
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Foto: Diario La Hora

En la explotación petrolera se evidencia la falta de coherencia en el manejo de los recursos naturales del país. 

 

Hay un manejo autoritario y corrupto del poder político, el cual termina de siervo de esos grandes capitales transnacionales que -sobre todo vía extractivismos- succionan la riqueza de nuestro pueblo.

“Aceptar ese arbitraje (con la Oxy) es traición a la Patria y todos los que reconozcan un arbitraje inexistente, que Ecuador no ha aceptado y no tiene por qué aceptar, serán traidores a la Patria”.

Rafael Correa Delgado
Presidente Electo (2006)

Son tiempos complejos los que vive el Ecuador, en verdad. Tiempos en los cuales se marcha aceleradamente “al fondo” y a la “derecha”, y en donde el neoliberalismo ha vuelto en toda su magnitud. Y si bien abruman los casos de corrupción que día a día se develan y la arremetida neoliberal que nos golpea, una máxima merece la pena repetirse una y otra vez: “prohibido olvidar”. El desangre de recursos que afronta el Ecuador no es casualidad ni el mero manejo “ingenuo” de las finanzas públicas. Mucho de ese desangre emerge de un manejo autoritario y corrupto del poder político, el cual termina de siervo de esos grandes capitales transnacionales que -sobre todo vía extractivismos- succionan la riqueza de nuestro pueblo. Ejemplo de ello es una peculiar partida de “billar a tres bandas” en la cual el capital transnacional y el poder político confluyeron en perjuicio del estado ecuatoriano...

El campo petrolero que pasó de rojo a azul

A inicios del gobierno de Rafael Correa, el entonces ministro de Energía y Minas (y uno de los autores de estas líneas) conformó un grupo interdisciplinario -entre geólogos, geofísicos, ingenieros de perforación, economistas y abogados de prestigio- para investigar varias irregularidades sobre la actividad de la petrolera brasileña Petrobras. Allí participó el Director de Hidrocarburos, delegados de la Procuraduría, y contó con colaboración y asesoría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Esta Comisión se creó vía acuerdo ministerial.

La Comisión analizó integralmente la situación económica de dos contratos: Contrato de Participación del Bloque 18 (contrato principal) y el Convenio de Explotación Unificada del campo Palo Azul (contrato accesorio). Asimismo, la Comisión realizó por primera vez un estudio técnico de registros eléctricos, sísmicos, geológicos y de producción de cerca de 30 pozos perforados en el llamado campo Palo Azul, obteniendo múltiples resultados que develan un verdadero fraude al país dentro de un campo petrolero manejado múltiples veces por petroleras que han violado la Ley de Hidrocarburos, destacándose el caso de Petrobras. [2]


La cercana relación entre Rafael Correa y Lula Da Silva fue clave para las empresas brasileñas. 

En esos análisis se verificó que el Bloque 18 nunca fue comercial pues contaba con menos de 5 millones de barriles de petróleo. Por ello, según el Art 24 de la Ley de Hidrocarburos, el campo debía revertirse al Estado. En cambio, el campo Palo Azul (que en realidad era el campo Palo Rojo fuera del Bloque 18), sumado arbitrariamente al Bloque 18 en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano asumiéndolo como un campo unificado tenía más de 100 millones de barriles de crudo liviano. Aquí -para empezar- llamó la atención que, si el contrato principal no se justificaba, se haya autorizado el contrato accesorio que era el de campo unificado.

En el plano técnico el análisis confirmó aquello ya conocido por Petroecuador desde 1999, así como por la investigación de la Comisión Anticorrupción en 2001 y 2002: no había campo compartido o unificado. Esto debe quedar claro, lo que se conoce como campo Palo Azul era, en realidad, el campo Palo Rojo, descubierto por la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE)  en 1969. Para entender bien la cuestión cabe anotar que como el Bloque 18 no era comercial, sobre todo el grupo Isaías -accionista de la empresa Petromanabí, integrante del consorcio a cargo de la explotación- a esa época quería “demostrar” que el campo Palo Rojo era parte del Bloque 18 al ser el mismo yacimiento que Palo Azul.

A inicios del gobierno de Rafael Correa, el entonces ministro de Energía y Minas (y uno de los autores de estas líneas) conformó un grupo interdisciplinario -entre geólogos, geofísicos, ingenieros de perforación, economistas y abogados de prestigio- para investigar varias irregularidades sobre la actividad de la petrolera brasileña Petrobras.

La Contraloría, en su informe de gestión de 2003, exigió a las contratistas que perforen un pozo intermedio entre el denominado pozo Palo Azul 1 (dentro del Bloque 18) y el Palo Azul 2 (fuera del Bloque 18, al que se conocía como Palo Rojo) para definir si en realidad los dos pozos estaban unificados. En un segundo informe de 2004 la Contraloría observó que las contratistas incumplieron una disposición obligatoria al no perforar el citado pozo intermedio. Recién en septiembre de 2006 se perforó el pozo intermedio denominado Palo Azul 3, extrayéndose 97% de agua, por lo que se cerró en octubre del mismo año, probándose que los pozos no estaban unificados. El haber aceptado lo contrario configuraría uno de los mayores fraudes geológicos de la historia petrolera.

Así, se verificó que lo que se conoce como Palo Azul en el Boque 18 y Palo Rojo fuera del Bloque 18 no estaban unificados.

Teikoku, Petrobras… y Oxy a lo lejos

Además de Palo Azul, la Comisión impulsó la investigación histórica de una cadena de cesión de derechos y obligaciones entre empresas (¿de papel?) como Petromanabí, Cayman, Teikoku y Ecuadortlc. El 24 de enero de 2005, en Argentina, Petrobras matriz suscribió un acuerdo de venta y asociación con Teikoku matriz, transfiriendo el 40% de participaciones en el Bloque 18, Palo Azul y Bloque 31, sin autorización ministerial: causal de caducidad contractual según la Ley de Hidrocarburos de entonces.

Esto es importante, pues por una situación análoga se aplicó la caducidad de contrato a la compañía Occidental u Oxy que suscribió un acuerdo con Encana, sin autorización ministerial. La atención se centró en este debate resumido en la disyuntiva entre “caducidad o barbarie” (Alberto Acosta 2006):

“El incumplimiento de las leyes, por la razón que fuera, equivale a autorizar lo que se pretende prohibir o a marginar la aplicación de las normas establecidas. Ese es el meollo del asunto con la empresa petrolera Occidental, Oxy. En juego no está un reclamo por daños económicos. Tampoco interesa saber cuánto invirtió la Oxy en actividades petroleras o en su promoción social. Esta compañía no cumplió con la ley y el contrato en innumerables ocasiones; el que Oxy no haya reportado el traspaso del 40% de sus acciones a ENCANA es apenas uno de los atropellos jurídicos (Incluso su operación en los campos compartidos de Eden Yuturi y Limoncocha no se ajusta al marco legal). La caducidad de su contrato, apegada a lo que manda la ley, no es, entonces, una expropiación. Y si otras empresas han procedido de igual manera, lejos de ser un argumento a favor de la Oxy, como pretenden sus apoderados, es razón suficiente para revisar el resto de contratos... en juego está el imperio de la ley o la barbarie, situación que predomina en la actualidad y que no permite asegurar la tan reclamada seguridad jurídica. La caducidad es la única alternativa si realmente se pretende construir un verdadero Estado de Derecho, que asegure suficientes garantías hasta para las inversiones extranjeras”.

Esta irregularidad en la que incurrió Petrobras fue confirmada con el viaje de delegados de la Procuraduría a la Comisión de Valores de Buenos Aires y a la Securities and Exchange Commission (SEC) en Nueva York.

Luego, el Ministerio de Energía solicitó a Petrobras que presente el acuerdo suscrito con Teikoku en Argentina. Tres meses después, entregó una carta de intención, suscrita por Teikoku Oil Ecuador, empresa no registrada en el país, creada meses antes en las Islas Cayman. Esto constituye otra causal de caducidad, pues al no domiciliarse en Ecuador, no podía suscribir ningún documento público. Fue el presidente de Petroecuador de ese entonces, en el gobierno de Alfredo Palacio -Galo Chiriboga- quien calificó equivocadamente la idoneidad de Teikoku. Cabe agregar que en el año 2000 ya se había abierto un expediente en la Fiscalía.

Empieza la partida

Esta compleja situación, bien documentada, fue puesta en conocimiento del entonces presidente Correa por el ministro de Energía y Minas en junio de 2007, como una de sus últimas gestiones en esa cartera[3]. En la comunicación –fechada en junio 13 de 2007- entregada al primer mandatario, el ministro indicó la necesidad de iniciar de inmediato la caducidad, caso contrario se podía perder la demanda que Occidental planteó al Estado en el CIADI por trato discriminatorio; hecho que ya se veía venir y que terminó sucediendo años más tarde

El coordinador de la Comisión Especial remitió el informe a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría del Estado. El procurador de entonces, Xavier Garaicoa, solicitó en febrero de 2008 iniciar la caducidad bajo las mismas causales aplicadas a Occidental: “Suscripción de acuerdo previo y cesión de derechos y obligaciones sin autorización ministerial”.[4] El entonces presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, notificó a la compañía con el expediente de caducidad, pero cuando iba a firmar el documento pidiendo al ministro la caducidad, fue separado del cargo, y poco después el propio procurador renunció.

Luego, el entonces fiscal Washington Pesantez decidió reabrir el caso, que había sido cerrado por la fiscal Cecilia Armas en 2005, y que ya había sido denunciado por fraudulento ya en el año 2000. Pesantez pidió el inicio de juicio por peculado basado en la existencia de lo que podría ser un fraude técnico al calificar de compartido el campo Palo Azul (en realidad campo Palo Rojo) con el Bloque 18. Otra razón para la acción de Pesantez fue la contratación de la compañía norteamericana Gaffney & Cline, la que en apenas 15 días emitió un informe señalando que el campo era compartido; informe que, según la Fiscalía, carecería de independencia y legitimidad pues esa empresa trabajaba para Petrobras. Además, tal informe no tiene el carácter de vinculante, sino un simple valor referencial; sin embargo, las autoridades le dieron un peso vinculante.

El ex fiscal Pesantez pidió el inicio de juicio por peculado basado en la existencia de lo que podría ser un fraude técnico al calificar de compartido el campo Palo Azul (en realidad campo Palo Rojo) con el Bloque 18.

Posteriormente el siguiente fiscal -quien como vimos ya actuó como presidente de Petroecuador y como Ministro de Energía y Minas en este caso-, Galo Chiriboga pidió anular el caso, rompiendo el principio básico de la Fiscalía de defender los intereses del Estado. Así, sorprendentemente la Fiscalía en la práctica respaldaba a los presuntos implicados en un posible caso de perjuicio millonario en contra del país. Nótese que el perjuicio de Palo Azul sería enorme. En casi una década de explotación del campo se extrajeron alrededor de 78 millones de barriles de crudo, de los cuales casi un 50% benefició a las contratistas (si se calcula en un precio promedio -bajo- de 40 dólares por barril y se considera que la empresa se llevaba el 50%, el perjuicio superaría los 1.500 millones de dólares).

Sin duda el entonces fiscal Chiriboga, de participación directa en varios momentos  del caso, debió al menos excusarse de actuar. Cabe recordar que él fue presidente de Petroecuador cuando se dio la cesión de derechos antes del gobierno de Correa, fue ministro de Minas y Petróleos en 2007 luego de saberse los resultados de la investigación de la Comisión, cuando se pidió la caducidad, y siendo él ministro se contrató a Gaffney & Cline. Chiriboga adelantó criterios señalando que no había causales de caducidad contractual cuando era ministro y juez de la causa. Había un claro conflicto de intereses.

Entra Lula en la partida

En el caso de Petrobras también participó activamente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y por carambola a tres bandas, su intervención benefició a la petrolera norteamericana OXY. Sería ilustrativo saber los pormenores de dicho caso, el cual se complicó justo cuando Correa negoció con Lula el retorno de Odebrecht, juntamente con la salida protegida de Petrobras, empresa que hasta sacó una indemnización de 217 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Algún día Correa deberá explicar qué acordó con Lula para permitir la salida protegida de Petrobras (empresa que hasta planteó un par de reclamaciones arbitrales en contra del Ecuador).

Incluso ya antes se negoció para que el contrato de Petrobras se transforme en un contrato de Prestación de Servicios, como textualmente sostuvo Luis Jaramillo, presidente de Petroecuador, en la Revista Vanguardia, del 19 de agosto de 2008: “No hay proceso de caducidad. En eso quedamos y así se estableció cuando conversamos con el Presidente (Rafael Correa) y la gente de Petrobrás. (…) Con Petrobrás pasaremos directamente al contrato de prestación de servicios”. Pero Petrobras no estaba dispuesta a quedarse, quizá estimaba que el riesgo de la caducidad (por las razones expuestas anteriormente) era muy grande…

Con los cambios contractuales impulsados por el gobierno de Correa en 2010, Petrobras, que antes devolvió el poco atractivo bloque 31 -aledaño el 43 o ITT en el Yasuni- no renovó el contrato del Bloque 18, con el jugoso apéndice de “Palo Azul”, luego de explotarlo por años. Los cambios de los contratos petroleros, con “reformas con muy poca reforma”, “definitivamente incompletas y no necesariamente beneficiosas para el país”, no abordaron estas irregularidades aun cuando se insistió en ello. Petrobrás salió protegida y Odebrecht retornó beneficiada, como resultado de las conversaciones Lula-Correa.

En el caso de Petrobras también participó activamente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y por carambola a tres bandas, su intervención benefició a la petrolera norteamericana OXY.

Aquí cabe recordar que Correa expulsó a Odebrecht en 2008, por “corrupta y corruptora”. Refiriéndose a Odebrecht –como reseña Plan V- Correa dijo que los problemas “que hemos descubierto son terribles, no solo en San Francisco, (sino) en muchos otros proyectos donde siempre se quiere perjudicar al Estado… (Los contratos) son horrorosos”. Mencionó haber descubierto “que el contrato con Toachi-Pilatón, que lo hizo la Prefectura de Pichincha en este gobierno con esa Odebrecht tiene los mismos horrores que el contrato de San Francisco; así que lo mandamos a cortar”.

En suma, luego de negociar con Lula, Correa recibió nuevamente a la constructora brasilera entregándole múltiples contratos sin licitación, contratos plagados de irregularidades y envueltos en denuncias de corrupción. Desde octubre de 2011 Odebrecht retornó a la lista de empresas elegibles y consiguió millonarios contratos, incluso en tiempo récord: un túnel de la hidroeléctrica Pucará, el primer tramo de la Ruta VIVA, nivelación del suelo y preparación del área (rellenos) para la Refinería del Pacífico (área que, por cierto, hasta se vería involucrada en el tráfico de droga), la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, la construcción de la primera fase de ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, la construcción del Metro de Quito…

Entre esos múltiples beneficios que obtuvo Odebrecht cabe resaltar la participación con unos 662,48 millones de dólares de los 1.500 millones gastados en la refinería “invisible” del Pacífico, tanto por nivelación del suelo como por construcción de un acueducto para dicha refinería (solo el acueducto habría costado 294 millones). A eso se suma denuncias de sobornos y hasta campañas pagadas por Odebrecht, como el financiamiento del documental de Royal Tour para exaltar la imagen de Rafael Correa.

Un perjuicio a tres bandas

Como antecedente para entender la relación de Odebrecht con Petrobras y de las dos con Occidental, tengamos presente todo lo señalado. Bien sabemos cómo concluyó el caso de Occidental en el CIADI, en el cual Ecuador terminó pagando una indemnización millonaria a la transnacional, bajo el argumento expuesto anteriormente; es decir, no haber dispuesto la caducidad de Petrobras.

Tal laudo arbitral del CIADI obligaba al Ecuador pagar a Occidental, la suma de 2.300 millones de dólares, incluyendo 1.769 millones por indemnización y 531 millones de intereses; al final la cifra quedó en 980 millones. El arbitraje constituyó -como siempre- un atentado a la soberanía jurídica y económica del país. El fallo evidencia la absoluta parcialización del Tribunal tutelado por el Banco Mundial a favor de la compañía; a la vez, devela una defensa inconsistente, contradictoria e imprudente, por parte del Estado ecuatoriano, bajo responsabilidad de los gobiernos de Palacio y Correa.

el laudo arbitral del CIADI obligaba al Ecuador pagar a Occidental, la suma de 2.300 millones de dólares, incluyendo 1.769 millones por indemnización y 531 millones de intereses; al final la cifra quedó en 980 millones.

A eso se suma el perjuicio multimillonario con Petrobras. Y cierra el terceto la larga carpeta de arbitrariedades y corrupción que arrastra la contratación con Odebrecht.

Esta curiosa relación entre Odebrecht, Petrobras y Oxy es apenas uno de muchos otros casos, algunos que quizá serán públicos cuando se establezca por primera vez una justicia de verdad independiente y autónoma en el Ecuador. Penosamente el futuro no parece caminar para allá, pues luego de una década desperdiciada por el correísmo, con la arremetida neoliberal arrancada en el propio gobierno de Correa y continuada aceleradamente por el gobierno de Lenín Moreno, el país se apresta a reforzar cada vez los beneficios al capital transnacional. En particular, con la llegada de nuevos tratados bilaterales de inversión (como una pieza más de los Tratados de Libre Comercio), claramente aumenta el riesgo de que casos como la derrota contra la OXY ante el CIADI se repitan (junto con las millonarias indemnizaciones) a menos que el país decida entregar su soberanía de lleno a los intereses transnacionales...

Por eso el olvido no es aceptable. Solo desde la memoria histórica podremos seguir exigiendo que se devele quienes obtuvieron -y siguen obteniendo- beneficios del abuso corrupto e impune del poder político en beneficio del lucro privado.-



[1] Economistas ecuatorianos.

[2] Sobre este tema se puede consultar la entrevista a Alberto Acosta, entonces ministro de Energía y Minas: “Chiriboga rompe el principio básico de fiscalía, en Palo Azul’, La línea de fuego, mayo 10 de 2012.

[3] El ministro renunció para asumir la candidatura como asambleísta en la Asamblea Constituyente.

[4] La caducidad habría significado para el país recuperar el control sobre 100 millones de barriles de reservas, una producción diaria de entre 35 y 40 mil barriles, equivalentes entonces a 3,5 millones de dólares diarios.

 

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