En el inventario de las promesas y acciones sobre Furukawa, el Estado ecuatoriano poco o nada tiene que mostrar. Considerado como el peor caso de vulneración a los derechos humanos en el Ecuador hasta ahora registrado, Furukawa  -que es el nombre de una empresa dedicada a la exportación de abacá de capital japonés filipino- será presentado en instancias internacionales porque en el país la situación de las víctimas de lo que se denomina esclavitud moderna ha empeorado, según organizaciones y la Defensoría del Pueblo.

Esta última entidad hizo ese anuncio el pasado 23 de octubre ante la Comisión de Derechos Civiles del Legislativo. Su titular, Freddy Carrión, dijo en entrevista con Plan V que todas las instancias en Ecuador se habían agotado y que ahora el único camino es recorrer los más altos organismos de derechos humanos para que se pronuncien sobre el caso y se sancione al Estado por sus inacciones.

Ante ese pronunciamiento, vale la pena volver a ver qué ha hecho el Estado, después de que se hiciera la denuncia en febrero de 2019 por una investigación de Plan V y La Barra Espaciadora y por la misma Defensoría. El saldo se ha calculado en más de 1.000 víctimas que pudieron haber sido sometidas a diversas vulneraciones por más de cinco décadas por parte de esta compañía exportadora asentada en tres provincias del país.

En el 2018, el mismo Estado y varios ministerios empezaron las indagaciones después de recibir denuncias de los trabajadores de Furukawa. A finales de este año, seis ministerios y entidades públicas visitaron las haciendas que tiene la empresa e hicieron una serie de compromisos o propusieron acciones y sanciones a la compañía para mejorar la calidad de vida de los abacaleros.

Plan V recuperó esas ofertas cuyo estado es desconocido o simplemente nunca llegaron a ejecutarse. Estas fueron realizadas, entre noviembre de 2018 y febrero 2019, por los ministerios de Trabajo, Educación, Salud e Inclusión Económica y Social, el Registro Civil y la Secretaría de Gestión de la Política (ahora dentro del Ministerio de Gobierno).

De las 15 recomendaciones o acciones que Plan V logró identificar solo las relacionadas con el campo laboral se han concretado, aunque no todas. El Ministerio de Trabajo ha impuesto sanciones económicas por un total de USD 167.120 y una clausura anunciada el 19 de febrero de 2019 (dos meses Furukawa volvió a laborar). De esas sanciones, la más alta correspondió a USD 126.080 por intermediación laboral de 16 personas en la hacienda Malimpia, en el cantón Quinindé, en Esmeraldas, donde había la menor cantidad de abacaleros. La empresa impugnó estas multas.

Una imagen del archivo de Plan V sobre las condiciones precarias en las que vivían los abacaleros. 

Pero esa es solo es una de las 32 haciendas que tiene la compañía exportadora también en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos. En un informe de un inspector de Trabajo de Santo Domingo, del 20 de noviembre de 2018, también se recomendó una sanción por USD 277.920 por la intermediación laboral de 37 personas en los predios de la compañía ubicados a lo largo de la vía a Quevedo-Santo Domingo. Esa sanción nunca se llegó a dar, según los archivos revisados.

La intermediación laboral de la que es acusada Furukawa tiene sus particularidades. Algunos de sus trabajadores firmaban un contrato de arriendo. Es decir, los obreros arrendaban los predios para sembrar abacá y la vendían a Furukawa, exportadora de abacá. Através de contratos civiles (arrendamiento) se simuló una relación no laboral, según juristas expertos en la materia. El exgerente de la empresa, Marcelo Almedia, aseguró en una entrevista con Plan V y La Barra Espaciadora que los contratos de arrendamiento eran legales y legítimos.

Las otras sanciones correspondieron a faltas del empleador por no asegurar a los abacaleros al IESS, por no presentar contratos con personas con discapacidad, por no dotar de implementos de seguridad a los jornaleros y por trabajo infantil. En las haciendas se encontraron niños ayudando a sus padres para incrementar sus escasos ingresos.

Pero el 26 de junio, el ministro de Trabajo, Luis Poveda, compareció a la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea e informó que en una inspección en Malimpia nuevamente se encontraron trabajadores sin contratos de trabajo, sin afiliación al IESS, sin vacaciones, ni pago de utilidades, entre otras faltas.

Pero organizaciones sociales han cuestionado que el caso se quede únicamente en la esfera de lo laboral. Ese tipo de intermediación, sostienen, ha permitido una serie de vulneraciones a los derechos básicos de adultos y niños que viven o vivieron en estas haciendas. Y ese es el ámbito que más deuda queda.

De nuevo, en las 15 acciones que se propusieron, 10 corresponden al ámbito social. El Ministerio de Educación recomendó crear una escuela dentro de las haciendas para garantizar que los niños no se queden sin ir a la escuela o que se contrate transporte escolar para movilizar a los estudiantes que debía recorrer enormes distancias hasta la parroquia Patricia Pilar, donde están las instituciones educativas más cercanas. Ninguna recomendación se ejecutó. “Solo en los campamentos de la Hacienda Isabel, ubicada en el Km. 42 de la vía Quevedo - Santo Domingo, existen 23 niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 15 años que no asisten a ninguna escuela pública”, dijo el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más en un informe actualizado a varios relatores de DDHH de la ONU. 

El Registro Civil, en cambio, encontró 70 personas sin identidad. De ellas 59 eran niños que no tenían ningún registro y por lo tanto no existían para el Estado. Dijo que se encargaría de revertir esa situación. Hasta el momento ha hecho 45 renovaciones de cédulas gratuitas y 40 cédulas por primera vez; 15 inscripciones tardías a menores de edad; y 15 traslados de casos de mayores de edad sin inscripción. Sin embargo, aún 18 personas están sin identidad.

Varias inspecciones han encontrado niños trabajadores dentro de las haciendas de Furukawa. 

Otra ministerio que no ha reportado sus acciones es Salud. Esta cartera de Estado se comprometió a realizar brigadas de salud en los campamentos, a evaluar a pacientes con discapacidad para emitir carnets, atención prioritaria a adultos mayores y niños con discapacidad, capacitaciones para mejorar el estilo de vida de los abacaleros que incluyan manejo de agua segura -en los campamentos no hay agua potable sino de pozo o esteros- e intervenciones para disminuir la violencia. ¿Qué pasó con eso? Aún es desconocido. Solo hay el reporte de dos brigadas en enero de 2019. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reconoció el trabajo realizado entre los meses de febrero y marzo de 2019 por Salud Pública, en especial por la incorporación de los pacientes a su sistema de identificación y georreferenciación.

Mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha desaparecido de este escenario. Es el ente rector en materia de atención a grupos vulnerables, pero en Furukawa su intervención se ha limitado a la entrega de 65 kits alimenticios por la pandemia.

El 10 de abril, el exministro del MIES, Iván Granda, se comprometió con el Comité de Solidaridad de Furukawa incluir a los abacaleros en el Bono de Protección Familiar de 60 dólares que se entrega a los más vulnerables en la pandemia. Este fue un bono para los meses abril y mayo, pero nunca llegó a los abacaleros. Para ello, debían ser ingresados en la Unidad de Registro Social (URS). El objetivo consistía en que estos agricultores también recibieran bonos para personas con discapacidad y tercera edad. Nada de eso se logró.

Eso pese a que el mismo MIES, durante la administración de  Berenice Cordero, hizo un registro social que identificó a 238 familias (81%) que vivían dentro de las haciendas en situación de extrema pobreza; otras 50 familias (17%) en condición de pobreza; y que sólo 6 familias (2%) estarían por encima de la línea de pobreza.

Durante todo ese proceso, la Secretaría de la Gestión de la Política actuó como mediadora y convocó a los ministerios y entidades públicas durante el 2018. Pero su papel se fue diluyendo con el pasar de los meses. Una de sus tareas era crear una asociación de abacaleros para que pudieran exigir sus derechos de forma colectiva. La asociación se creó, pero fue desconocida por sus miembros. La razón: su impulsor, Walter Sánchez, dejó de representar los intereses de las víctimas, dijeron los mismos afectados. Esa Secretaría fue absorbida por el Ministerio de Gobierno desde agosto de 2019. ¿Quién lleva el caso Furukawa allí? Es otra pregunta sin respuesta.

Mientras en los escritorios del Ejecutivo quedaban pendientes, en las haciendas de Furukawa se registraron desalojos y destrucción de los campamentos de los trabajadores. No se ha logrado determinar cuántas de estas instalaciones han sido demolidas. La última demolición que el Comité registró fue la del 17 de enero de 2020 en la Hacienda Vilma C, donde vivían personas.

Una acción penal en ciernes y
ninguna reparación a la vista

El 28 de mayo pasado, Plan V reveló que el exviceministro del Ministerio de Agricultura, Byron Flores, es el nuevo gerente de Operaciones de Furukawa. Fue funcionario de esa cartera de Estado hasta febrero pasado y conoció sobre el caso. En una entrevista con este portal, dijo que no había conflicto de intereses al asumir la gerencia de la empresa que defendió como funcionario. Pero ahora la Defensoría analiza una posible denuncia penal en su contra.

Agricultura es un ministerio con un rol importante en este caso, sobre todo para la reparación de las víctimas. Fue la Secretaría de Gestión de la Política la primera en mencionar que la hacienda Malimpia, de Furukawa, iba a ser entregada a los trabajadores. El 6 de junio de 2019, la Defensoría elaboró un informe en donde señaló que podía ser una opción viable siempre y cuando se realice con acuerdo entre las partes.

El 17 de junio de 2019, Gestión de la Política (hoy Ministerio de Gobierno) convocó a la mesa de negociación en la que se debió tratar la visita a la localidad de Malimpia y conocer el informe técnico del Ministerio de Agricultura acerca del terreno visitado y la posibilidad de generar un proceso de expropiación por vulneraciones de derechos humanos. La empresa ofreció 50 hectáreas de tierra para más de 100 familias organizadas que pedían, al menos, cinco hectáreas por familia, dice el reporte del Comité.

Abacaleras llegaron a Quito para protestar por sus derechos durante el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasado. 

Sin embargo, Agricultura nunca presentó el informe, según la Defensoría. La empresa cambió de opinión y anunció un proceso de liquidación a los trabajadores de esa hacienda, que estuvo a cargo de Sharian Moreno, actualmente viceministra de Trabajo. La Defensoría del Pueblo refirió que varias familias aceptaron recibir dinero entre USD 300 a USD 2.000.

Desde junio pasado, los ministerios de Gobierno y Agricultura han guardado silencio. Agricultura no ha notificado sobre algún proceso correspondiente a trámites de expropiación. Su titular además se excusó de asistir a la comparecencia del 26 de junio pasado ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea. Y el Ministerio de Gobierno no ha informado sobre avances en relación a la reparación integral de los trabajadores.

Pero no son las únicas entidades que callan sobre este tema. El 2 de marzo de 2020, la Defensoría del Pueblo solicitó a 11 ministerios y entidades informes sobre las acciones para reparar a las víctimas. Solo dos instituciones contestaron.

En materia penal, la situación es la misma. Hay una investigación previa en la Fiscalía. Esta fue iniciada en Santo Domingo, pero luego trasladada a Quito. Al ser reservada, no se conocen mayores avances.

Mientras tanto, Carrión dijo que la institución está haciendo seguimiento de las medidas cautelares que varias organizaciones presentaron ante la justicia. Luego de eso, ya no hay más recursos a los que se pueda acudir, sostuvo. El Defensor informó que ha intentado entregar dos veces su informe final -publicado el pasado 30 de julio- al presidente Lenín Moreno, pero el mandatario no lo recibió y delegó a un funcionario.

Ahora, el siguiente paso son las instancias internacionales. El funcionario aseguró a Plan V que personalmente se encargará de que Furukawa sea sancionada por la Unión Europea porque parte de las exportaciones de la empresa se dirigen a esos países. Esto será parte de sus labores como presidente de las Instituciones Nacionales de DDHH a escala mundial. Informó que presentó el informe del caso al Comité de DDHH de las Naciones Unidas y lo mismo hará en la Comunidad Económica Europea.

  PUNTO DE VISTA  

“El Estado ha dejado que este sistema
de explotación se mantenga”

Gina Benavides, ex defensora del Pueblo 

Es uno de los casos más graves que se han registrado en materia de derechos humanos en los últimos años en el país. Cuando estuve en la Defensoría del Pueblo fue una situación que nos sorprendió. No podíamos creer que en pleno siglo XXI nos encontremos con este tipo de casos. Conlleva una serie de violacione sistemáticas por décadas por parte de esta empresa. Me llama la atención que no tengamos respuestas para estas familias que han vivido condiciones de explotación. Veo el grado de ineficacia del sistema nacional de protección de DDHH, de las respuestas que tienen que dar las autoridades. Todo esto se agudizó por la COVID. Esto debería ser de mucha preocupación para el país. Este caso se ha prolongado durante mucho tiempo. Este es un país que en su Constitución proclama una serie de garantías, pero frente a casos tan graves como este no hay respuestas. El Estado al no estar cumpliendo con la protección, no está cumpliendo con sus obligaciones. No puede decir que es un tema de particulares, entre una empresa y sus trabajadores. Ha dejado que este sistema de explotación se mantenga.