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20 de Octubre del 2020
Historias
Lectura: 11 minutos
20 de Octubre del 2020
Susana Morán
Pueblos no contactados: el largo camino por su derecho a existir
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El avance de la frontera petrolera en el Yasuní pone en riesgo a los pueblos no contactados, según expertos y dirigentes waoranis. Foto: Ivan Kashinsky

 

El pasado 30 de septiembre, la CIDH presentó el caso de los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane en la Corte Interamericana de DDHH. Es el primero sobre este tema que llega a esa instancia internacional. Expertos advierten que su situación es peor a la del 2006, cuando se presentó la denuncia en la CIDH. Alicia Cahuiya, dirigente waorani, cuenta a Plan V qué ha pasado con esas poblaciones durante la pandemia.


Alicia Cahuiya atendió la llamada de Plan V, la semana pasada, mientras ella estaba en El Coca. Es una suerte encontrarla en la ciudad, pues vive en Nioneno, una alejada comunidad waorani, a 12 horas (seis por tierra y seis por río) de la capital de Orellana. Ella es fundadora y líder de la Asociación Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE). Se había quedado en la ciudad porque el paro de Dayuma (otra población rural que ha reclamado por décadas obras, pese a estar en el centro de la explotación petrolera) interrumpió el transporte.

Durante su espera y la entrevista, recordó su visita a la CIDH en el 2015, donde fue testigo en el ‘caso 12.979 Pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane’. Es un caso que acaba de pasar a la Corte Interamericana de DDHH, lo cual significa un gran avance en la búsqueda de protección de estos grupos. La CIDH lo presentó el pasado 30 de septiembre y es el primero relativo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la región que llega a la Corte. El Estado ecuatoriano es acusado por una serie de violaciones a los derechos de estos grupos y a sus territorios, así como en hechos relacionados con las muertes violentas de miembros de dichos pueblos en 2003, 2006 y 2013.


Alicia Cahuiya (tercera desde la izquierda) acudió varias veces a la CIDH para defender a los pueblos no contactados y a pedir que se pare la explotación petrolera en el Yasuní. 

Alicia ha sido la voz que ha defendido a los pueblos indígenas no aislados Tagaeri Taromenane. Fue testigo del caso porque Nioneno está muy cerca a los territorios por donde ellos transitan. Los llama hermanos, pues los waoranis también fueron como ellos: su primer contacto data de hace apenas 40 años. “Los waorani somos el contacto inicial, nosotros hemos vivido solitos, sin la ayuda del Gobierno, sin educación, sin desarrollo. Si hubiéramos estado sin contacto, como los hermanos Taromenane, habríamos estado mejor. Sin que nadie venga a dar desarrollo a cambio de petróleo”.

Alicia, en la audiencia de caso en el 2015, explicó por qué se dio una de las peores matanzas de Tagaeri y Taromenane. Ocurrió en marzo del 2013. Dos abuelos waoranis que decidieron vivir aislados tuvieron que adentrarse en territorio Taromenane debido al ingreso de una carretera para la industria petrolera. Estos últimos lo tomaron como una invasión a su territorio y los asesinaron. En venganza, los waoranis mataron al menos a 20 miembros Tagaeri Taromenane. En esos hechos, dos niñas Taromenane sobrevivieron y ahora la CIDH pide para ellas atención física y mental.

El avance de la frontera petrolera ha puesto presión a esos grupos que están obligados a buscar otras zonas selváticas. Alicia pidió, en el 2015, a la CIDH que se cuide la selva y se impida el ingreso de las petroleras y de las madereras porque esa selva es el único territorio que tienen para vivir libremente tanto los waoranis como los Taromenanes.

Así se refiere al Yasuní, la casa de estos pueblos, cuya defensa es una lucha conjunta. Por eso Alicia no tuvo reparo en ir a esa instancia internacional para reclamar contra la explotación de los Bloques 31 y 43. Ese territorio es altamente sensible pues allí viven estos pueblos nómadas. Fue declarada como zona intangible y allí se prohíben actividades petroleras. Pero un decreto de Lenín Moreno abrió la posibilidad del ingreso de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos en las zonas de amortiguamiento.

Ahora la dirigente waorani dice que los pueblos no contactados se están moviendo y acercando a las poblaciones wao. Eso se debe al ingreso de maquinaria pesada a los campos petroleros de los Bloques 31 y 43. “Entonces los Taromenane salen por el ruido”, afirma. Dice que se los ha visto en sectores de Pastaza, aledaña a Orellana. “Ellos están en riesgo y peligro porque están buscando un territorio donde no entre petroleras y no haya problemas con familias waorani”.

Cuenta que Wentaro, una comunidad waorani, está muy asustada porque han visto la presencia de Taromenanes. De lo que sabe Alicia, en Wentaro sus habitantes han cultivado plátano y yuca, y estos productos se estarían llevando los recién llegados. Eso revivió los recuerdos de la matanza de 2013. El temor, afirma la líder, es que aún puede haber venganza. Pero no solo el avance de las petroleras está provocando estas situaciones de riesgo, sino otros proyectos gubernamentales como Socio Bosque en la zona intangible, según la dirigente.

El coronavirus es otra amenaza. Alicia dice que han recurrido a los sabios de su pueblo para crear una medicina de su propia farmacia: la selva. A esos remedios se les atribuye que solo tres personas waoranis hayan fallecido en las tres provincias donde se encuentra esta nacionalidad: Orellana, Pastaza y Napo. La líder afirma que los contagios se dieron por los mismos médicos que llegaron a la zona y por los madereros que sacan madera balsa.

Pero esta preocupación se ha extendido a los pueblos no contactados. Es difícil saber si en estas poblaciones ha existido algún contagio, pero como protocolo las comunidades waoranis no botan plástico, ropa o saquillos porque los Tagaeri y Taromenane podrían tomarlos e infectarse. Cerca a la comunidad donde Alicia vive también han visto huellas de estos grupos cada vez que van a pescar o traer comida. “Hemos dicho que no tenemos que irnos a la selva, mejor estar en casa”.


El campo Tiputini es uno de los que está en plena operación y parte del Bloque 43. Foto: Petroamazonas

Una proceso de 14 años 

En esa audiencia del 2015, Carlos Espín, el funcionario que representó al Estado, tuvo un agrio interrogatorio a Alicia. Intentaba que la dirigente se reconociera en fotos y publicaciones de reuniones y convenios firmados con el Estado. Alicia dijo en un momento que recordaba la foto, pero que el documento no se lo habían entregado. Espín insistió con más fotografías. Pero Alicia le respondió: “Mientras se firma un documento, mañana el Estado manda a sacar petróleo en el pozo Armadillo”. En aquel momento, se pedía que se detenga la explotación del campo Armadillo, porque estaba ubicado muy cerca de los territorios de los no contactados.

Después de la audiencia del 2015, Alicia fue amenazada por dirigentes waoranis. Uno de ellos que acompañó a la delegación del Estado en esa audiencia se acercó a Alicia y le dijo: “yo te voy a matar a lo que regresemos a Ecuador”.

Tras esa participación, Alicia fue criticada también por adoptar algunas costumbres occidentales como tener cédula. “Los gobiernos me han obligado, pero sin darse cuenta que tengo mis nombres propios originarios”, les dijo. Le preguntaron por qué no quiere que los Tagaeri Taromenane tengan contacto con el mundo occidental. “No queremos que sufran como nosotros, estamos sufriendo a cambio del petróleo”, refutó. Si ellos quieren estar aislados, eso debe respetarse, porque estos pueblos tienen su propio autogobierno, dijo Alicia.

Eduardo Pichilingue, quien investiga sobre los pueblos no contactados desde hace 20 años, fue otro testigo en esa audiencia. Dice que este proceso nació de una preocupación muy grande por las masacres de los indígenas aislados. La del 2003 movió a muchas personas para proteger estos pueblos. El biólogo Fernando Ponce fue entonces el peticionario principal de las medidas cautelares a favor de estos pueblos en la CIDH y luego de una denuncia contra Ecuador, en 2006. La CIDH dictó esas medidas y un año después, el Estado presentó la primera política para la protección de estas poblaciones y se delimitó por primera vez la zona intangible.


La nacionalidad waorani es de reciente contacto: apenas desde hace 40 años. Foto: Amazon Frontlines

El Ministerio de Ambiente pasó a estar a cargo del plan para el cumplimiento de esas medidas cautelares. Mario Melo, abogado de la Conaie (una de las organizaciones peticionarias), recuerda que en algunas épocas el Estado fue muy activo y recogió mucha información sobre estos pueblos en el Yasuní. El plan pasó de Ambiente al Ministerio de Justicia. “Pero al final se fue desdibujando y terminó sin ninguna operación”. En esos años la protección efectiva decayó y en el 2013 se produjeron las matanzas.

Pero desde entonces uno de los retos ha sido lograr una delimitación de los territorios de los Tagaeri Taromenane. Esta es la primera recomendación que hizo la CIDH al Ecuador, en septiembre pasado. “Identificar y delimitar correctamente las tierras y territorios propiedad de los Tagaeri y Taromenane, otorgándoles un título registrable con características de pleno dominio”, solicita el organismo internacional.

Pichilingue explica que los indígenas aislados se mueven por un territorio más amplio que el de la zona intangible, que en la actualidad es de 818.501 hectáreas. “El territorio real por donde se mueven es de más de un millón y medio de hectáreas. Muchos territorios de los indígenas aislados están dentro de bloques petroleros, están en zonas donde nunca supimos de la existencia de ellos. Además ante las presiones de las empresas petroleras, ante las presiones de su choque con otros pueblos, ellos se ven en la obligación de ir a buscar los territorios donde vivieron los abuelos y se han ido moviendo hacia esos territorios que probablemente no ocupaban en los últimos 40 o 50 años”.

Para Melo, ahora la situación de los Tagaeri y Taromenane es tan grave y peligrosa como cuando se empezó el proceso en el 2006. De ahí la urgencia de que el Estado cumpla con las cuatro recomendaciones que ha hecho la CIDH, porque son de carácter obligatorio, dice el jurista. “Son tan obligatorias que al no ser cumplidas por el Estado ecuatoriano, ha llevado a la Comisión a que presente el caso ante la Corte”.

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