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11 de Enero del 2024
Historias
Lectura: 7 minutos
11 de Enero del 2024
Fundación Ciudadanía y Desarrollo  y Global Financial Integrity
¿Por qué es importante saber quién realmente está haciendo negocios con el Estado?
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Imagen referencial. Pixabay

 

Información clara, transparente y pública, permite que los mejores contratistas y el mejor valor lleguen a ganar los contratos con el Estado. En este sentido, conocer a los beneficiarios finales no es más que el primer paso hacia un proceso de adquisición que sea abierto, honesto y competitivo como se pretende según la ley.


La contratación pública es el proceso mediante el cual las entidades gubernamentales compran bienes, contratan servicios y desarrollan obras de particulares, utilizando recursos públicos que pertenecen a todos los ciudadanos. Así, es fundamental que los contratantes garanticen la transparencia y rindan cuentas sobre cómo se gastan estos fondos. Sin embargo, un obstáculo importante para la real transparencia es el uso de estructuras corporativas que dificultan conocer a los beneficiarios finales, es decir, los verdaderos propietarios de las empresas que presentan ofertas y obtienen contratos con el Estado.

En términos generales, el beneficiario final se refiere a la persona natural que, en última instancia, posee o controla una empresa u otra entidad jurídica. Quienes se benefician de contratos públicos se pueden esconder, por ejemplo, detrás de capas de empresas fantasmas, fideicomisos y accionistas nominales , ocultando sus identidades. Sin conocer quiénes se benefician realmente de los contratos públicos, es imposible determinar si hay conflictos de interés o signos de actividad ilegal.

Varios escándalos de corrupción de alto perfil en los últimos años han evidenciado estos riesgos, y la relación existente entre la falta de transparencia en los beneficiarios finales y la malversación de recursos. Existen distintos casos actuales donde se evidencian situaciones irregulares.

Un ejemplo de ello es el caso Odebrecht, que admitió un plan de sobornos de larga duración, que quedó al descubierto a través de una investigación internacional. Esta compañia pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurar contratos de obras públicas en países de América Latina y otras regiones del mundo, utilizando una red de empresas fantasma.

Otro ejemplo quedó en evidencia en el caso de los denominados “Pandora Papers”, en el que se reveló que, a través de una red compleja corporativa de compañías offshore , el ex presidente chileno Sebastián Piñera y su amigo de la infancia, Carlos Alberto Délano, se beneficiaron de la compraventa del proyecto minero Dominga . Estos casos evidenciaron los riesgos asociados a la falta de transparencia en la propiedad de las empresas, beneficiando a personas políticamente expuestas mediante la asignación de contratos y permisos gubernamentales.

No obstante, si hay la voluntad de los gobiernos de revelar la información de los verdaderos propietarios detrás de las empresas adjudicatarias de contratos públicos existe la posibilidad de que los riesgos de encubrimiento y actividad ilegal se reduzcan o mitiguen. Cada vez más, gobiernos alrededor del mundo establecen registros de beneficiarios finales para conocer con quién hace negocios el Estado. Con estas herramientas, los organismos de control pueden cumplir con su trabajo y la ciudadanía puede hacer un mejor control social, detectando más fácilmente cualquier influencia indebida que pueda comprometer el uso responsable de los recursos públicos.

Fuente: Open Ownership Elaboración: Propia 

¿Qué beneficios trae la transparencia de beneficiarios finales para la contratación pública?

Identificamos al menos tres beneficios que se explican a continuación.

1. Conocer qué personas y empresas han obtenido contratos públicos

Al vincular los datos sobre beneficiarios finales con los registros de contratos públicos, es posible rastrear a las personas a las que se ha adjudicado un contrato. La integración de los registros de propiedad con las adquisiciones públicas, permite obtener una  imagen más completa, como fotografías dispersas que forman un mosaico a través de los datos.

Por supuesto, no todas las contrataciones públicas merecen sospechas. Pero en una era de desconfianza en las instituciones, la ciudadanía requiere seguir el dinero público sobre todo si existen ciertos indicios de actividades irregulares. Hacer que la información previamente aislada se encuentre disponible para los ciudadanos, promete una poderosa herramienta para la rendición de cuentas y la supervisión.

2. Gestionar conflictos de interés y prevenir prácticas ilícitas

Consideremos este escenario.  Un funcionario público encargado de la toma de decisiones en el proceso de contratación tiene vínculos personales o financieros con una empresa que está compitiendo en el mismo. Hay entonces un conflicto de interés que podría afectar la imparcialidad y objetividad del funcionario a la hora de evaluar las propuestas y tomar decisiones sobre la adjudicación del contrato.

O imaginemos que una institución pública al revisar una oferta para un contrato, detecta que en la estructura de propiedad de la empresa ofertante, su mayor accionista y su gerente se encuentran en listas de sanciones de tres países diferentes por financiar grupos terroristas. Sin datos sobre los beneficiarios finales, un vínculo como este no podría identificarse.

Al identificar los beneficiarios de cada empresa, obtenemos información sobre posibles conflictos de intereses y podemos detectar personas sancionadas o personas políticamente expuestas que no deberían participar en negocios con el Estado. Conocer a las personas físicas involucradas, ayuda a supervisar el buen uso de los recursos públicos.

3. Promover la competencia en la contratación pública

Al ocultar la propiedad real a través de complejas redes de estructuras corporativas, las mismas empresas favorecidas de contratos públicos pueden superar repetidamente las ofertas de sus rivales. Esto concentra el mercado en muy pocas manos y desplaza la innovación que podría proporcionar mejores servicios y valor. La transparencia en la titularidad real de una empresa o entidad jurídica es clave para habilitar una competencia real. Al revelar quién se beneficia en última instancia de cada oferta, los gobiernos pueden prevenir que los mismos beneficiarios, ocultos bajo empresas de papel, presenten ofertas con nombres diferentes.

Información clara, transparente y pública, permite que los mejores contratistas y el mejor valor lleguen a ganar los contratos con el Estado. En este sentido, conocer a  los beneficiarios finales no es más que el primer paso hacia un proceso de adquisición que sea abierto, honesto y competitivo como se pretende según la ley.

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