La mesa tuvo cuatro ejes: impacto de los tratados de libre comercio en el sector agrícola, políticas de fomento a la agricultura familiar campesina, excesiva intermediación y estructura desigual de precios para el agro y control de precios sobre las regalías de producción de flores.

No se llegó a ningún acuerdo sobre el impacto de los tratados de libre comercio, en donde, según dicen desde el Ministerio de Agricultura, se impusieron visiones ideológicas, pero hubo algunos acuerdos en otros ámbitos. Para analistas del sector agropecuario, hubo temas que se quedaron pendientes en los diálogos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas, que deberían expresarse en políticas de largo plazo. En lo referente a los tratados de libre comercio que se negocian, por ejemplo, con China, se pone en evidencia que no hay suficiente participación de los productores en los diálogos.

La mesa de fomento productivo tuvo la participación de la CONAIE, FENOCIN y FEINE del lado del movimiento indígena y el Ministerio de Agricultura y el SENADI del lado del Gobierno.

El Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, la Confederación de Campesinos Agroecológicos del Ecuador fueron otras organizaciones que aportaron al diálogo.

Cada lado tuvo sus equipos técnicos con asesores, gente de la academia y de ONGs. En un primer momento se dio el diagnóstico con lecturas distintas del conflicto de cada lado. Luego el movimiento indígena hizo una lectura de las demandas que se entregó a la Conferencia Episcopal, quienes también recibieron las respuestas del Gobierno. Se hizo una gran matriz y con eso se volvieron a definir punto por punto los acuerdos.

El presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, declaró en rueda de prensa que “no podemos seguir subsidiando a las grandes cadenas de comercio. Necesitamos justicia para nuestros agricultores. No es posible que vendamos en 8 centavos la libra y en las grandes cadenas se venda a 70 centavos. Se necesita al menos recuperar la inversión”, dijo.

La mesa de diálogo de fomento productivo terminó con la firma de acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones. Captura de video cortesía del Ministerio de Agricultura.

El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, señaló que estos diálogos se han enfocado en buscar soluciones y proteger a los pequeños y medianos productores impulsando la Agricultura Familiar Campesina.

A pesar de los distintos enfoques entre Gobierno y organizaciones indígenas se lograron algunos acuerdos en los otros tres ejes.

Por ejemplo, sobre Políticas de fomento a la agricultura familiar campesina, se acordaron aspectos tales como  Implementar una línea de crédito de USD 5000 a USD 20000, con un plazo de hasta 10 años al 5% de interés, un Programa nacional para la agricultura familiar campesina, articular investigaciones con el INIAP para transiciones agroecológicas, la inversión para proyecto de formación agroecológica, la implementación de bio-fábricas para fertilizantes orgánicos y un Plan nacional de vialidad rural.

Sobre la excesiva intermediación y estructura desigual de precios para el agro, se acordaron precios referenciales para productores, una hoja de ruta para base de información de precios a nivel local. y una campaña de socialización de la política pública.

En lo referente al control de precios sobre las regalías de producción de flores, se analizaron aspectos como una norma técnica para revisión e inscripción de contratos de obtención vegetal, la publicación de datos de variedades vegetales, los talleres de propiedad intelectual para PYMES, becas de formación en derechos intelectuales para PYMES, asesorías gratuitas al sector floricultor de PYMES, mediación en procesos de conflicto entre floricultores y obtentores, fomento de uso de variedades vegetales en dominio público, incentivar investigación y desarrollo, un pProyecto de ley económica urgente. y aumentar la capacidad de exportación de las PYMES.

Ocaru: pensar el agro como un todo

El director del Observatorio del Cambio Rural (OCARU), Esteban Daza comentó las implicaciones de los acuerdos en esta mesa de diálogo. Según Daza, las movilizaciones del paro evidenciaron las transformaciones del agro. “No solo son unidades que producen alimentos, sino que están ligadas a la agroindustria y agroexportación”, afirma. “En segundo lugar, vemos que no hay una estrategia de fomento productivo, sino solo se piensa en medidas coyunturales”, agrega.

Otro punto que analiza Daza es el que a las organizaciones les haría falta sistematizar las expresiones sectoriales e integrarlas en un programa agropecuario. Según el sociólogo, cada sector trabaja por su lado y no se piensa al agro como un todo.

Daza afirma que no se necesitan proyectos de un año, como gran parte de las medidas alcanzadas en el acuerdo, sino políticas a largo plazo. “Se deberían implementar programas de distribución de tierra, políticas de riego, un fortalecimiento de la producción de semillas. Eso no existe, no hay presupuestos. El presupuesto para el sector agropecuario no llega al 1% del Presupuesto General del Estado”, argumenta.

Según OCARU, hay una brecha de 700 mil hectáreas entre el uso de la tierra para la producción y exportación y el uso para la soberanía alimentaria. “El sector campesino propone proteger la producción local, precios mínimos de sustentación, subsidio a los insumos químicos”, destaca Daza. La presión de las organizaciones tuvo un éxito a corto plazo que generó inversión del Estado, por ejemplo, en el subsidio a la urea.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la falta de participación

“El problema con los TLC es que no hay representaciones de productores en las negociaciones de esos tratados, ni siquiera del MAG para que defienda los derechos de los productores, solo están los ministerios de Producción y Relaciones Exteriores”, analiza Daza, con relación a la falta de un acuerdo sobre los tratados de libre comercio y sus implicaciones en el Ecuador.

Respetar los TLC implica que no habrá precios de sustentación porque sería un default para los mercados internacionales, según esa propuesta, los precios son controlados por el mercado. Habrá precios referenciales que se generarán con acuerdos ministeriales, pero serán solo sobre un techo y un mínimo.

“Lo único claro (de la propuesta del Gobierno) es el tema de los TLC que tiene que ver con mejorar la competitividad. El Gobierno fue a informar sus acciones en lugar de ir con una propuesta. Fueron con una rendición de cuentas”, agrega Daza.

Luego de sellados los acuerdos habrá una comisión con las organizaciones que estuvieron en el diálogo que velarán por el cumplimiento del diálogo. “Al conformar una comisión parecería que están legitimando los TLC, de organizaciones que históricamente se han negado a estos tratados. Eso podría traer problemas en las bases. Ahora bien, es una comisión veedora que velará por compensaciones al agro”, concluye Daza.

La participación comercial agropecuaria del Ecuador a escala mundial es apenas del 1%. Foto: El Universo

Ante la propuesta de los sectores sociales que participaron de la mesa de diálogo de Fomento Productivo, de excluir a todos los productos agrícolas, de las negociaciones de Acuerdos Comerciales, el Gobierno propuso la creación de una Comisión Agrícola permanente. Dicho estamento, compuesto por delegados técnicos de las organizaciones debería ayudar a identificar productos sensibles por cada negociación.

Según el Ministerio de Agricultura, no se puede excluir ni incluir a todos los productos agrícolas en todas las negociaciones de acuerdos comerciales. Desde el Gobierno se sostiene que cada acuerdo necesita de una estrategia particular. “Hubo delegados que dijeron públicamente que sí les interesaba participar en las negociaciones; pero se impusieron los criterios ideológicos, lo cual respetamos”, indica el Gobierno.

La agroecología

Uno de los conceptos propuestos en el acuerdo es el de impulsar los mecanismos de agroecología. Consultamos a la FoodFirst Information Information and Action Network (FIAN), la organización por el derecho a la alimentación, sobre su contenido y lo que implicaría para el agro nacional.

Alexander Naranjo, director de la FIAN en Ecuador, explica que la agroecología tiene que ver con prácticas asociadas a conocimientos ancestrales, tecnologías de bajo impacto y una nueva comprensión de ecosistemas campesinos. La agroecología se desliga de la agricultura tradicional y tiene una idea de menor uso de insumos internos, el no uso de agrotóxicos y un alcance más local. Es un modelo que tiene como marco los derechos de las personas.

Para Naranjo, el hecho de que se haya planteado la transición a la agroecología como un camino para garantizar la dignidad de la gente del campo es un avance obtenido en estos diálogos. “Hoy por hoy el Estado no habla sobre las intoxicaciones agudas en el país, solo hay subregistros, solo desde 2013 a 2018 se incrementó en un 900% el nivel de agrotóxicos en el país de productos que podrían llegar a nuestras mesas”, indica.

Según la agroecología la posibilidad de garantizar la fertilidad del suelo se logra con el uso de abonos orgánicos. “El cambio de modelo es un cambio de paradigma y quizá la única apuesta del Gobierno frente a la producción de alimentos. Pero la transición también significa crédito y tiempo para reparar el sistema natural del suelo”, agrega Naranjo.

El director de la FIAN cuenta que ya hay espacios agroecológicos en el Ecuador, como por ejemplo en el Centro Agrícola Cantonal de Quevedo. “Ellos producen insumos de bajo impacto, tratan de garantizar la producción sin dependencia. Lograron plantear una feria en Quevedo, también una movilización más cercana que les permitió cerrar el círculo. Justamente un ejemplo que está en el centro del agro nacional”, concluye Naranjo. 

El diálogo expresa los límites de la sociedad

Plan V conversó con el director del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Stalin Herrera, quien fue uno de los asesores externos del movimiento indígena y campesino en esta temática. Herrera contó para este portal que, si bien no se alcanzaron todos los acuerdos, puede verse como un interesante diálogo. “En varios aspectos hubo coincidencias, pero las formas de mirar a los problemas entre las organizaciones y el Gobierno son distintas”.

De acuerdo con Herrera, las lecturas de lo que implican los TLC son distintas para las organizaciones y el Gobierno. “Durante los últimos años han crecido las exportaciones de productos no petroleros, lo que no se ha traducido en beneficios para todos los sectores del país”, agrega.

“El Gobierno dice que las exportaciones se están democratizando. Lo cierto es que eso termina generando un mayor peso al ambiente como en el sector del camarón, o una falta de derechos laborales en la industria bananera. No son modelos que necesariamente se traducen en mayor bienestar de la sociedad”, declara Herrera.

El representante del IEE afirma que todavía hay grandes dudas porque la aplicación de los acuerdos están en manos del Gobierno. “Las organizaciones carecen de mecanismos para hacerlos respetar. Hasta el 12 de octubre se debería lograr un acuerdo sobre los precios de sustentación de la agricultura familiar campesina, planteamos una hoja de ruta para un Plan Nacional de agricultura familiar campesina, y una hoja de ruta en torno a un Plan Nacional para Bio-fabricas”, dice.

Todavía hay escepticismo respecto al cumplimiento de los acuerdos en el futuro. Herrera cuenta que el Estado ya firmó en el pasado un acuerdo internacional que tiene que ver con el decenio de la agricultura familiar campesina, en el que se comprometió a crear una estrategia para este sector. También se hizo una secretaría para promover la iniciativa en 2019, “pero después de eso todo es un gran relato sobre el cual no se ha avanzado en nada”, agrega Herrera.

Herrera analiza que el Gobierno y las organizaciones tienen distintas visiones de lo que es el fomento productivo. “Para el Gobierno pasa por un kit de bio-insumos, una carretilla y dos machetes. Para las organizaciones la subvención debería ser el reconocimiento de los pequeños productores en la producción de alimentos y una transferencia de recursos directos por el hecho de subvencionar la alimentación del país en su conjunto”.

Según el análisis de Herrera, el problema de los sectores de la agricultura vinculada a la exportación y agroindustria tiene que ver con hacer respetar los precios de sustentación. “Mientras que los pequeños agricultores que ya vienen creando iniciativas productivas sin el apoyo estatal, demandan precios de sustentación”, agrega.

“El diálogo es necesario para avanzar. Pero los diálogos también expresan un límite de la sociedad. Cómo es posible que debamos llegar a una movilización nacional para abrir espacios de comunicación entre las demandas de la sociedad y la acción gubernamental”, concluye Herrera.

La perspectiva del MAG

El Ministerio de Agricultura informó a Plan V que el agro es el segundo rubro de exportación nacional luego del petróleo y genera más de 2,5 millones de empleos, lo que representa casi el 30% de la población económicamente activa.

Parte de su política pública incluye la ejecución del Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO). Con una fase de levantamiento de información que ya finalizó en Galápagos, la metodología aplicada en las Islas servirá para realizar el RENAGRO en todo el país durante 2023. El registro permitirá priorizar las políticas de Estado, al identificar cuáles son los sectores que más necesitan atención, inversión y tecnificación.

El Ministerio de Agricultura inició el Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO) en las islas Galápagos. Los resultados finales se publicarán en noviembre. La metodología aplicada será replicada en todas las provincias del Ecuador continental. Foto: Twitter MAG

“Otra política es integrar los procesos: la producción, almacenamiento y comercialización. Debemos hacer una producción más limpia, por ello motivamos la transición de una producción convencional a una agroecológica, con respeto a la naturaleza. Tener una producción sostenible nos ayudará a posicionar nuestros productos en los mercados internacionales.

El 96% de los productos orgánicos que se producen en el país es para exportación. Foto: MAG

Entre los logros que destaca Agricultura está la entrega de 21.279 títulos de propiedad de tierras legalizados entre el 24 de mayo del año anterior y el 31 de agosto de este año. “Eso significa que 21.279 familias ya pueden producir con tranquilidad en sus predios rurales”, agrega el Ministerio.

Agricultura también sostiene que entre mayo de 2021 a agosto de 2022 se ha cubierto con riego parcelario 1.034,87 hectáreas, beneficiando a 881 familias. La inversión llega a USD 7.428.316,30.