Se espera que la economía caiga en al menos un 6,7% y que los avances en reducción de la pobreza, alcanzados en las dos últimas décadas, se pierdan. La predicción es un informe preliminar del Banco Mundial que llegó la primera semana de junio del 2020 a las principales autoridades del país.

La paralización de la economía por más de 70 días y su impacto en los más pobres del Ecuador (que a diciembre del 2019 era del 25% de la población) ya tiene cifras también preliminares. El Gobierno ecuatoriano ha hablado de un déficit fiscal de al menos USD 12 000 millones. Según datos del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, SRI, las ventas privadas cayeron en USD 6 271 millones solo en marzo y abril del 2020 y para mayo subió a USD 14.000 millones. Quito, la capital del Ecuador, y la ciudad con mayor crecimiento en índice de pobreza en los últimos años, fue la más afectada, con una caída de USD 4 378 millones en abril del 2020, comparado con el año anterior (USD 9 818 millones). El Banco Mundial estima que dos de cada tres empresas ecuatorianas dejarían de ser rentables en el mediano plazo.

Dos años antes de la pandemia, el Ecuador ya vivía un proceso de ralentización de la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. De acuerdo a datos del INEC, en diciembre del 2007 la pobreza por ingresos era de 36,7% y la pobreza extrema era el 16,5%. Para el 2017 la pobreza había bajado a su punto más bajo del período con un promedio del 22% y la pobreza extrema a un 7,7%. Esto ocurría en el 2017. Dos años después, la pobreza había subido al 25% y la pobreza extrema al 9% en promedio. En 12 años, la pobreza por ingresos en el Ecuador había bajado 12 puntos en promedio y la pobreza extrema a menos de la mitad.  Todo eso, según el Banco Mundial, se perderá por el impacto de la epidemia.

Las estimaciones del Banco Mundial son que hasta diciembre de este año, el índice de pobreza estará en un 35% de la población y el de extrema pobreza estará en un 15%, aunque en esta última cifra la extrema pobreza se ha situado en el 21% en mayo y junio, como efecto inmediato de la pandemia.
Sin embargo, el tema de la pobreza en el sector rural ecuatoriano es más dramático. En diciembre del 2019, la pobreza rural era de 41,8% y la extrema pobreza era 18,7%. En los últimos 12 años, este índice cayó desde el 61,3% y el 33,3% respectivamente.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, en el país andino casi el 55% de las unidades productivas agropecuarias, UPA, está en manos de la agricultura familiar campesina e indígena, que es la encargada de producir casi el 70% de los alimentos. Esta concentra el 20,77% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país y genera el 80% de los empleos agrícolas.

En los últimos doce años, las políticas públicas no cesaron de profundizar la desigualdad del sector de la agricultura. Entre los años 2007 y 2017 la reforma institucional del Estado en materia agropecuaria elaboró normativas que facilitaron la extranjerización de la tierra, la privatización del recurso hídrico, el ingreso de transgénicos, la firma de tratados de libre comercio, la flexibilización laboral de los trabajadores y trabajadoras rurales y, la reducción y devolución de impuestos al sector agroexportador.

El informe De quienes nos alimentan reporta que entre los años 2018 e inicios del 2020, la orientación de las estrategias del gobierno para la agricultura radicaliza la apuesta neoliberal. La “Política Agropecuaria 2020-2030” que propuso el Ministerio de Agricultura del Ecuador promovía la ampliación de la oferta exportable y la apertura comercial internacional, aumentando la presión sobre la tierra y el uso excesivo de agroquímicos. En esto se avanzó a pasos acelerados, se firmó un acuerdo comercial con el EFTA, otro con Gran Bretaña y aún se busca un acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica.

Según el estudio, ninguna de estas políticas mejoró la vida de los sectores rurales ni las economías campesinas. Los indicadores de pobreza en sectores rurales mostraron un crecimiento a diciembre de 2019: cuatro de cada diez personas eran extremadamente pobres por falta de ingresos. La pobreza multidimensional se ubicó en el 71,1%, y la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) mostraba que seis de cada diez pobladores rurales no contaban con las mínimas garantías para la subsistencia. Índices que aumentaron en las zonas donde las comunidades campesinas a pequeña escala están encadenadas a la agroindustria y la agroexportación.

El mapa de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, del Ecuador, elaborado por el INEC en el 2016, los diez cantones más pobres del Ecuador están en el sector rural y se reparten en cuatro cantones de la Amazonía, tres cantones de la Sierra y dos de la Costa. El cantón más pobre es Taisha, un enclave básicamente habitado por el pueblo shuar y colonos en el corazón de la provincia de Morona Santiago. Su índice de pobreza es del 91% de la población. Y en la misma provincia, están Huamboya y Twintza, con un índice de 85% y 82%, también una zona habitada por el pueblo shuar, pero que, paradójicamente, alberga la más importante riqueza minera del Ecuador.  En la Sierra, la provincia de Chimborazo alberga los cantones más pobres: Guamote (81%), Alausí (71%) y Colta (68%) y Pujilí (66%). También está el cantón Sigchos, en Cotopaxi, con 69% de pobreza. Todos cantones rurales, de población campesina indígena quichua, de economía familiar y de autoconsumo. En la Costa, los dos cantones más pobres están en Esmeraldas, y son Río Verde y Eloy Alfaro (65% cada uno).

Esteban Daza Cevallos, investigador de la ONG, Organización para el Cambio Rural, OCARU, dice que “las empresas agroindustriales trasladaron la crisis a los trabajadores. Entre el 70% y el 75% de sectores como el banano, el cacao y el café son pequeños productores, y el cierre de los mercados asiático y europeo generó una crisis que los grandes exportadores trasladaron a los pequeños productores”. Esto fue a través de los precios de sustentación. El caso del banano fue el de más impacto, porque durante la crisis del coronavirus los exportadores no pagaron el precio oficial de la caja de banano alegando una crisis de mercados. Las asociaciones de pequeños productores denunciaron que se quería pagar 2 dólares por caja, cuando estaba en más de 6 dólares. Lo que hicieron los pequeños productores fue donar el producto, para no tener que venderlo a ese precio.

El desempleo en la agroexportación florícola también ha generado pobreza. Según reporta el informe De quienes nos alimentan, en marzo del 2020 el sector florícola se declaró en crisis profunda, debido a la caída de las exportaciones. Según la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) se sufrió una reducción del 70% de sus ventas por cancelaciones de los pedidos y los cierres de fronteras. Esta crisis del sector llevó a que las empresas despidan masivamente a sus trabajadores y trabajadoras. El presidente de Expoflores anunció en el mes de mayo que se habían desvinculado alrededor de 8.000 personas del sector florícola durante la emergencia por la COVID-19, de un total de 55.000 trabajadores directos.

El desabastecimiento de alimentos fue el impacto central en las economías familiares, basadas en la soberanía alimentaria. La pandemia llegó al Ecuador en el momento en que había cosecha en el campo. Y el principal problema fue la distribución de esas cosechas, debido a las medidas sanitarias y a las draconianas restricciones de movilización. Se cerraron mercados de abasto y ferias al aire libre. 

Pero esta situación no hizo más que agravar lo que Daza llama “la contrarreforma agraria, implantada desde el gobierno de Rafael Correa”: la Ley de Tierras que permite la extranjerización, la Ley de Aguas que permite la privatización del servicio y de la infraestructura, al Ley de Semillas que limita la circulación de semillas campesinas a favor de semillas que son importadas o de laboratorio y que están en el marco del monopolio de las semillas, y la Ley Agroalimentaria que regula la actividad de los pequeños productores y deja vía libre a la industria agroalimentaria.

Con el gobierno de Moreno, la inestabilidad en el Ministerio de Agricultura abonó a la incertidumbre en el sector. Pero se entrega en este gobierno la política pública a las agendas del agronegocio y la agroexportación, y se privilegian los tratados comerciales, con la Unión Europea, Gran Bretaña y está en camino un acuerdo con Estados Unidos.

Con el impacto de la COVID-19, la pobreza en el campo, que ya era alta, va a incrementare, pronostica Daza. Los ingresos en el campo pobre del Ecuador se componen de las remesas que llegan de Estados Unidos y Europa. Hay una caída dramática de las remesas externas e internas: la gente de las comunidades y pequeños pueblos está regresando de las ciudades al campo porque han sido despedidos, lo cual es un ingreso menos. Luego están los efectos de la falta de comercialización y les toca vender los productos solo a través de un intermediario, que se lleva la mayor parte de la ganancia. Hay presión sobre la tierra también, porque al llegar la gente al sector rural necesita ver en qué trabaja. Hay también la expansión minera en Cotopaxi e Imbabura, que también afecta a las economías campesinas. A eso se suma el contrabando que ejerce presión sobre los precios, tampoco hay semillas para la producción y eso podría implicar una crisis alimentaria.

La enonomía familiar y campesina concentra en el Ecuador más de un millón de unidades productivas. 
Foto: AFP

El Comité Nacional de la Agricultura Familiar Campesina es una organización que busca representar a centenares de proyectos, asociaciones, unidades agrícolas. Esto es en la Sierra, y ahora están centrados en organizarse en torno al rechazo a la fusión de la Senagua con el Ministerio de Agricultura. En la Costa se está convocando a una gran asamblea nacional de organizaciones de base. Pero en el litoral está cruzado por el tema electoral. El tema agrario es también parte del debate del Parlamento de los Pueblos, organización que resurgió durante las protestas de octubre del 2019 y se busca generar para octubre del 2020 una propuesta agraria nacional.

El 71% del país es pobre multidimensional

En el impacto general por la COVID-19, el gran problema es el choque al mercado laboral que tuvo el aislamiento obligatorio. Eso va a tener una repercusión directa en lo que es la incidencia de la pobreza por ingresos y la pobreza por consumo, dice el ecuatoriano Sebastián Burgos, experto en econometría y consultor en temas de pobreza para el Banco Mundial y otros organismos bilaterales y multilaterales. Seguramente habrá un incremento de la desigualdad por ingresos. Lo que hizo el aislamiento obligatorio fue cambiar coyunturalmente los esquemas de ingresos de los hogares. Hay afectaciones fuertes en hogares que tienen perceptores de ingresos vinculados al sector informal de la economía. Ellos viven del día a día y sus ingresos son del día a día. La epidemia está pegando en los estratos socioeconómicos más deprimidos de la sociedad.

Burgos, un reconocido técnico en la materia, define a la pobreza como la privación de un estado … y tiene distintos enfoques. Una persona puede tener ingresos suficientes que le permitan adquirir bienes de una canasta en un mercado, pero no tener conexión de agua potable en su vivienda. Hay las medidas unidimensionales de la pobreza, que son las pobrezas por consumo y por ingresos, y las multidimensionales, que en Ecuador son la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, y la pobreza multidimensional.

En la pobreza por  ingresos, se suman todos los ingresos que tienen todos los miembros de un hogar, que son individuos que viven bajo el mismo techo y comen de la misma olla. En los ingresos pueden ser remuneraciones, jubilaciones, bonos, remesas… Esos ingresos se suman y se dividen para el total de personas del hogar. Porque en un hogar hay individuos que reciben ingresos y otros no. Los individuos que reportan un ingreso per cápita mensual menor a 84,83 (a diciembre del 2019) dólares son los considerados pobres por ingresos en el Ecuador. En esta condición están 1 de cada 4 personas en el Ecuador. Este monto no es fijo y se ajusta de acuerdo a la canasta básica que garantiza un mínimo de alimentación para una persona. Esta canasta se la creó en una encuesta de condiciones de vida en el 2006 y contiene alimentos y servicios como transporte, arriendo, servicios básicos.

Es lo mismo en cuanto a la extrema pobreza: individuos que tienen un ingreso per cápita inferior a los 47,80 dólares. Burgos señala que hay siempre una confusión al considerar que si un hogar recibe un salario básico de remuneración ya no es pobre. Pero lo que se debe hacer, dice es sumar ese y otros ingresos y dividir para le número de individuos del hogar. Así, si una familia de cinco miembros tiene como único ingreso el salario básico, es un hogar de cinco personas pobres.

La pobreza en el Ecuador tiene un tinte rural, confirma el experto. Hay concentraciones en la Sierra centro del país, de población indígena; la Amazonía es una zona que tiene una incidencia de pobreza muy por encima del promedio nacional, al igual que la zona rural de Manabí, las zonas agrícolas de Guayas, y los cinturones de pobreza de las grandes ciudades.

El perfil de la pobreza en el Ecuador es el de una mujer campesina, sin escolaridad completa y con bajos ingresos de un mercado informal. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

La pobreza en el Ecuador es un fenómeno muy ligado a características sociodemocráficas: golpea más en mujeres, indígenas y en zonas rurales.

Si se quiere complejizar más el fenómeno, es necesario hablar de la pobreza multidimensional. En este tipo de medición entran factores como el acceso a los servicios básicos, y otros factores. El Boletín Técnico de Pobreza, del INEC, de diciembre del 2019 define algunos elementos de la pobreza multidimensional: acceso a la educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; hábitat, vivienda y ambiente sano. El índice de pobreza multidimensional en el sector rural ecuatoriano es del 71%.

Según el INEC, a escala nacional, la tasa de pobreza multidimensional a diciembre 2019 se ubicó en 38,1% en comparación al 37,9% reportado en diciembre 2018. En el área urbana, la tasa de pobreza multidimensional pasó de 23,9% en diciembre 2018 a 22,7%. En el área rural, la tasa de pobreza multidimensional pasó de 67,7% en diciembre 2018 a 71,1% en diciembre 2019, un incremento de 3,4 puntos.

A escala nacional, la tasa de pobreza extrema multidimensional a diciembre del 2019 se ubicó en 16,9%, en comparación al 16,7% reportado en diciembre 2018. A nivel urbano este indicador pasó de 5,8% en diciembre 2018 a 5,1% en diciembre 2019, mientras que a nivel rural pasó de 39,9% a 42,0%.

El perfil de una persona pobre en el Ecuador puede ser una mujer afro que vive en los barrios urbano marginales de Guayaquil, una mujer indígena que vive en la provincia de Cotopaxi, un hombre indígena que tiene un nivel de escolaridad menor a los diez años, son personas que en el Ecuador tienen una probabilidad mayor de sufrir una condición de pobreza.

El trabajo informal crecerá al menos en un 40% luego de la epidemia y la ola de despidos en el mercado informal. Una mujer vende tijeras en las desoladas calles de Quito durante la cuarentena. Foto: Luis Argüello / PlanV

Uno de los determinantes más fuertes en la pobreza por ingresos y por consumo, es el mercado laboral. La pobreza evoluciona de acuerdo a cómo evoluciona el mercado laboral. Ahora estamos en un mercado laboral que se está contrayendo, dice Burgos. La pandemia ha provocado despidos. Solo entre marzo y abril se calcula que 200 mil personas perdieron su empleo formal. Los informales tampoco han tenido el mismo nivel de ingresos de antes de la pandemia y todo eso va a provocar que el ingreso per cápita del hogar disminuya. Y sobre dónde va a pasar eso, los resultados están determinados por la estructura del mercado laboral en el país. Donde haya más informalidad, habrá más pobreza. El mercado laboral ecuatoriano se caracteriza por la precariedad y la informalidad. Los efectos a mediano plazo se van a dar en la desigualdad. La COVID-19 va a profundizar la desigualdad, porque la situación es, dice Burgos, que los empleos formales se quedan estancados o disminuyen sus ingresos, pero las actividades informales simplemente dejaron de tener ingresos.

La única salida es la pruducción y la industrialización

El problema que vive el país no empezó con la pandemia, dice el prefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez. Es la herencia del gobierno anterior la que más impacto ha causado, sostiene: un país endeudado, una economía destruida y con atracos a los fondos públicos. A esa herencia se suma la pandemia para agravar las cosas para el país. En Zamora Chinchipe hay 9 cantones y 29 parroquias. Una parte de la población es del sector estatal y de alguna manera ha podido alimentarse en esta crisis. Pero miles de familias en la provincia viven del día a día. Al igual que en otros sectores del país, en Zamora Chinchipe los sectores informales han sido atendidos con canastas alimenticias y de higiene. “Hemos puesto recursos propios, dejando de lado varias obras en la provincia para poder atender las necesidades de alimentación, dice Jiménez.

Pero al ser la mayor parte del sector rural, no se ha tenido mayor problema en eso, porque los campesinos, agricultores y ganaderos tenemos nuestras huertas, nuestra chacra donde fácilmente tenemos plátano, yuca o una gallina de campo. La provincia más sur oriental del Ecuador vive de la producción agrícola y ganadera, el turismo y la minería. No menos de diez mil familias viven de la minería artesanal (de una población total de 120 mil personas) y es la que mueve la economía de la provincia, dice Jiménez. Una gran parte de la población que vive del comercio es la más afectada por la pandemia. El comercio se movía gracias al sector ganadero y agrícola y al sector minero. Son sectores que hicieron inversiones y ahora tiene que pagar créditos, intereses, porque la banca no espera, dice el prefecto.

Para salir de esta situación hay una sola alternativa, dice Jiménez. Esto para Zamora Chinchipe y para todo el Ecuador: incentivar al sector productivo. Los recursos tienen que ser invertidos en la producción. Y no debemos quedarnos en la producción, tenemos que dar el salto a la industrialización de nuestros productos. Y el último paso es consolidar los mercados internos y externos. Producción, industrialización y comercialización son los únicos factores para crear fuentes de trabajo.  Para Jiménez, que fue asambleísta nacional y fue un perseguido político del gobierno de Correa, hay que cambiar el modelo de producción del Ecuador; hay que dejar de producir bienes primarios, dejar de depender del petróleo. En esta pandemia, recuerda, el petróleo llegó a valer menos que nada y eso complicó el panorama del Estado ecuatoriano. El bienestar del Estado depende de la venta de un solo producto y para cambiar esta historia debemos cambiar el modelo de desarrollo e invertir fuertemente en un modelo productivo y turístico.

¿Qué hacer?

Tras la caída del precio del crudo, principal rubro de exportación del Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió un slogan: El verdadero petróleo está en el campo. Con ello buscaba significar la necesidad de un cambio de modelo productivo-industrial, que se enfoque en la explotación de la tierra. Pero para las organizaciones campesinas del Ecuador, esta agenda solo contempla beneficios para los grandes capitales de los agronegocios, la agroindustria y la industria alimenticia transnacional. No toma en cuenta el más de un millón de unidades campesinas de producción, las pequeñas y medianas empresas y los centenares de miles de emprendimientos para servicios y seguridad alimentaria que se han expresado en esta crisis.

El problema de la pobreza, sobre todo en el sector rural, trasciende la coyuntura de la COVID-19, sostienen los colectivos campesinos. Se anuncian nuevos picos del coronavirus o nuevas pandemias, en el mediano y largo plazo. Se hace indispensable, por ello,  repensar las relaciones cada vez más importantes entre el campo y la ciudad en lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios y los circuitos solidarios.

La agenda del futuro, dicen los campesinos organizados,  debe promover prioritariamente la agroecología, la agricultura familiar campesina y comunitaria en las políticas agropecuarias del país, revertiendo la tendencia actual a favorecer el agronegocio.

Las iniciativas para afrontar la pobreza en el sector rural surgen de la sociedad civil organizada: cientos de organizaciones tejen una red solidaria para fomentar la producción y la soildaridad en función de la seguridad alimentaria.. Foto de la publicación La Pandemia y los derechos campesinos en Ecuador

Estas son algunas de sus propuestas:

Generar políticas de acción afirmativa para la economía comunitaria y fortalecer el riego comunitario. Que el Estado genere un régimen especial que permita a las comunas y comunidades, ser proveedores de los mecanismos de compras públicas para programas de alimentos y otros. Las compras públicas deben ampliar los mercados de la economía popular comunitaria y solidaria priorizando la adquisición de productos. 


Que los proyectos de PIT (Proyectos de Irrigación Tecnificada para pequeños y medianos productores y productoras) y del buen vivir rural que suman aproximadamente 100 millones de dólares sean direccionados a los pequeños productores de la soberanía alimentaria. 


Transformar el bono de desarrollo humano (y el bono de contingencia) en un bono productivo y comunitario, de mayor monto y atado al incentivo de que, quien lo recibe, emprenda en actividades productivas. Dicho bono se deberá incrementar en el caso de la compra de productos alimenticios de campesinos y pescadores artesanales.

La meta de las organizaciones campesinas es consolidar mercados populares que comercialicen productos de pequeños artesanos, campesinas y agricultores y demás, reduciendo el excesivo lastre de los intermediarios. En línea con lo anterior, generar la creación de centros de acopio populares y de políticas de sustentación de precios que garanticen a los campesinos y ganaderos un precio adecuado a sus productos, liberándose de la intermediación, la especulación y el control del contrabando; la administración de estos centros de acopio debe dejarse a cargo de las comunidades locales.

La Red de Guardianes de Semillas: 20 años cuidando el conocimiento ancestral

Rogelio Simbaña dirige, desde Tumbaco, oriente de Quito, una red de personas y asociaciones agrícolas, urbanas y campesinas, que se riega por 15 provincias del Ecuador. Esta red tiene un núcleo de unos cien llamados "guardianes", alrededor de los cuales se integran otros proyectos o personas en sus colectividades. La red trabaja ya unos 20 años en practicar la soberanía alimentaria, el rescate de la cultura alimenticia, de las semillas ancestrales y criollas, las prácticas culinarias ancestrales. Por ello es que la epidemia no les golpeó tanto. Para esta red fue más que todo la ratificación de lo que muchos miembros de las comunidades decían a Rogelio cuando les visitaba: miren cómo están las grandes ciudades, estudiados, preparados, pero no pueden comer de eso. Y nosotros, ignorantes pero tenemos comida suficiente y estamos produciendo comida. 

La sociedad, dice Simbaña, en las grandes ciudades, se ha desvinculado de la tierra, de la naturaleza, hemos salido de ese vínculo con la tierra. Seamos lo que seamos, somos parte de esa vida. Pero, las ciudades también respondieron frente a eso, dice. Así que no hubo un choque, un decaimiento. Hubo problemas, sobre todo en la distribución de alimentos, semillas e insumos, pero pudieron salir adelante. La respuesta de las ciudades hizo que los campesinos, que cargaban una decepción por el arduo trabajo, por la incomprensión a la agricultura orgánica, a la permacultura, se vieron recompensados por la gente de la ciudad que se apegó mucho a estas prácticas campesinas. Hubo respuesta.
Rogelio Simbaña en su huerta en el valle de Tumbaco. Foto: Luis Argüello / PlanV

Cuando llegó la pandemia, la Red llevaba años de organización. La organización central coordinó los tipos de alimentos, de semillas; fue el dios Mercurio que superó  los bloqueos. Simbaña viajó por todo el país, nunca se quedó quieto y desde su camioncito retiraba o entregaba alimentos y semillas y unía a las comunidades con las necesidades de las ciudades. 

Hay más de cien guardianes de semillas en todos los ecosistemas del país. Cada guardián aglutina comunidades. Por ejemplo, en Galápagos hay 20 familias integradas a la red, donde se hacen cursos, capacitación, producción, sistemas de comercialización de semillas y alimentos. Ser guardián, dice Simbaña es ser un custodio, una persona que cuida la valiosa riqueza del conocimiento y la cultura que los ancestros heredaron, la tecnología, la forma de vivir en armonía con la vida. "Ser guardián es proteger, cuidar y compartir el conocimiento. Es cuidar las semillas ancestrales que están en peligro de extinción y cuidar semillas y alimentos que son parte de la cultura". Así, cada guardián cumple protocolos de cultivos que es para cada uno y en cada ecosistema. 

No hay requisito específico para ser guardián de semillas. Hay personas que han dejado incluso sus profesiones para dedicarse a eso. Pero el tema es que en esta red, dice Simbaña, nunca terminas de aprender, siempre hay nuevas cosas que aprender y conocimientos que compartir. 

Rogelio Simbaña cree que frente a la pobreza rural es muy difícil que los gobiernos y las autoridades, e incluso la gente común de las ciudades, entiendan su dinámica. "Cuando llegamos a nuestras comunidades no vemos pobreza extrema, porque la pobreza aparece en un sistema del que todo el mundo quiere depender.  Si en las comunidades no se puede tener un televisor o un celular, entonces migran a la ciudad, buscan cualquier trabajo y de cualquir forma consiguen lo que buscan. Entonces abandonan sus campos, sus tierras y sobre todo sus conocimientos ancestrales. Nosotros hablamos de desde la educación, el conocimiento y la experiencia y esto no quiere decir que estemos fuera de este sistema; pero nos estamos dejando llevar y nosotros creemos que podemos estar en el sistema sin dejar de ser lo que somos. Hay un principio de la permacultura que dice que hay que plantar comida y evitar comprarla. Y eso que hemos venido haciendo ya mucho gente, en este pandemia mucha gente de la ciudad lo hizo, y lo sigue haciendo. El gran problema del mundo es y será la alimentación, y cuando se empiece a entender eso, se puede ver la pobreza de diferente manera".  

   TESTIMONIO  

"Por la epidemia subiremos
seis puntos en pobreza"

Iván Granda: ministro de Inclusión Social
 

"Antes de la COVID teníamos una situación de pobreza y pobreza extrema importante. Estaba entre el 25,7% en la pobreza y 7,6% en extrema pobreza de acuerdo a los multilaterales.

"Con la COVID hicimos dos estrategias: la implantación de protocolos a todos nuestros beneficiarios, especialmente niños en los centros de cuidado infantil, en albergues y en situación de desnutrición infantil. La primera fase fue para resistir. Y se decidió entregar kits alimenticios, aunque no podíamos hacerlo a toda la población, porque eso le correspondía a la Secretaría de Riesgos, que tenía kits demasiado altos. Iniciamos la campaña Dar una mano sin dar la mano, con la cual llegamos a 1 millón 111 mil personas con alimentación. Sumamos esfuerzos con las cámaras de comercio, de producción, que nos permitió atender la emergencia alimentaria. También creamos el bono de protección familiar, de 120 dólares, una pensión contributiva.

"El modelo fue exitoso en la región sobre la entrega de bonos, que hicimos a través de corresponsales no financieros. Partimos de 3200 puntos de entrega que teníamos antes de la emergencia a 10 200 puntos, con el aporte del Banco del Barrio, con Mi Banco y Mi Vecino, de los bancos Guayaquil, Pacífico y Pichincha respectivamente. Aún así tuvimos aglomeraciones, y por eso entregamos el bono en dos fases, los primeros 400 mil y luego 550 mil, 60 dólares en la primera fase y luego los 120 dólares completos. El Registro Social nos entregó 950 mil nombres, buscamos contacto con todos ellos a través de la telefonía móvil y con el número de cédula enviamos mensajes personalizados, lo cual permitió que todos cobren. Hicimos mensajes de cómo se debe cobrar y duplicamos la protección social en los meses de la emergencia. Pasamos de 1 millón 25 mil 147 personas que recibían un bono del Estado, a 1 millón 950 mil personas, es decir familias que tuvieron una protección de este tipo.

"Así fue la inclusión económica, pero la parte de la inclusión social fue donde más problemas hubo, porque los niños de 0 a 3 años, muchos con desnutrición infantil, dejaron de ir a los centros de desarrollo integral, CDI, de forma inmediata. Y ahí ellos tenían atención integral, cuatro comidas y podíamos ver lo que estaba pasando en la familia. El 80% de esas familias tiene jefas de hogar. Se pudo hacer los protocolos para su atención y la entrega de los alimentos para los niños a través de los centros educativos.

"Como experiencia creo que se debe garantizar el tejido social desde dos perspectivas. La una es la producción y el empleo adecuado. El acuerdo entre las partes debe funcionar y el Estado debe estar al lado de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador o empleado. Tenemos 12 meses continuos de crisis económica y social y el impacto es sobre las condiciones de empleo y el incremento de la pobreza y la exclusión. Creo que los más afectados por todo esto son las mujeres, jefas de hogar, los niños, las personas vulnerables, en situación de calle y los migrantes.  Creo que es urgente inyectar plata a la economía, tenemos expectativas de más de 1000 millones desde el sector productivo solo para proteger el empleo. Esta es una de las patas de la mesa. Significa esto que se conserven condiciones de productividad, y creo que aun así vamos a caer en 6 puntos en pobreza y 4 puntos en pobreza extrema.

"En el caso de la inclusión económica y social hay dos aristas. En inclusión social necesitaremos 300 millones de dólares adicionales hasta diciembre, porque tenemos que antes de la COVID entregábamos de 1 millón 30 mil beneficiarios de bonos que teníamos antes de la pandemia a 1 millón 530 mil. La crisis no ha acabado y tendremos una para productiva de al menos doce meses más. Necesitamos hacer un mapa social luego de la emergencia, porque si es que no, no vamos a tener datos. Soy usuario del Registro Social y este debe estar al día. Es un momento en el cual debemos hacer permanente la asistencia social y la inclusión económica, al menos para millón y medio de familias".