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1 de Septiembre del 2021
Historias
Lectura: 9 minutos
1 de Septiembre del 2021
Redacción Plan V
Crisis en Quito: la pugna en el Concejo en punto muerto
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El futuro político de Jorge Yunda podría decidirse en las cortes. 

 

Mientras los abogados especulan sobre un proceso judicial que durará por lo menos 40 días, las pugnas políticas en el Concejo se desfogan discutiendo sobre la demora en el Metro, de la que alcalde y concejales se echan mutuamente la culpa.


El retorno al cargo de alcalde de Quito de Jorge Yunda ha desencadenado una serie de procesos judiciales. Ante el empantanamiento del debate político, el conflicto ha pasado a manos de la justicia electoral y constitucional. Mientras tanto, alcalde y concejales se recriminan mutuamente por las demoras en la entrega del Metro de Quito.

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el alcalde Yunda tiene varias denuncias por una supuesta infracción electoral. Las tres denuncias fueron presentadas por Jessica Jaramillo y Sara Serrano, Santiago Guarderas y Fernando Morales por incumplimiento de la sentencia del Tribunal que ratificaba el proceso de remoción del alcalde. Según se argumenta ante el TCE, al retomar su cargo, Yunda habría incurrido en una “infracción electoral” que el TCE debería sancionar con la pérdida de derechos políticos. Pero desde el equipo jurídico de Yunda se precisa que sí acató la resolución del TCE, pero retomó su cargo en cumplimiento de otra decisión judicial.

Se estima que este caso en la justicia electoral se resuelva en no menos de 40 días, en este caso habrá una sentencia susceptible de apelación para ambas partes.

Paralelamente, la Corte Constitucional, aceptó a trámite y declaró prioritaria una acción de protección presentada por Guarderas. La acción de protección reclama en contra de la decisión de la Corte Provincial de Pichincha de restitución del cargo.

La Corte Constitucional aceptó a trámite y declaró prioritaria una acción de protección presentada por Guarderas. La acción de protección reclama en contra de la decisión de la Corte Provincial de Pichincha de restitución del cargo.

Ante estos procesos, la defensa de Yunda alega que se habrían violado los derechos constitucionales del alcalde al haberse tomado sus opositores la Alcaldía sin el debido proceso. Según el abogado constitucionalista André Benavides, la Corte puede declarar improcedente este argumento en procesos de remoción o acatarla al declarar una violación al derecho constitucional.

Juristas consultados por este portal concluyeron que, si se ratifica en la Corte Constitucional una violación a los derechos constitucionales, se anularía lo actuado por la Comisión de Mesa del Concejo, que inició este proceso administrativo. Según este veredicto se habría violado la imparcialidad e indefensión.

Los concejales, liderados por Santiago Guarderas, habrían tenido que esperar el pronunciamiento de la Corte ante la acción de protección. Al tomar posesión de la Alcaldía y repartir los cargos se habría cometido un error de juicio y consecuentemente una violación a los derechos del acusado.

Sobre la imparcialidad del proceso, Benavides tiene sus reparos. “En un juicio político no se permite el juez imparcial, no es lo mismo que un juicio penal” dijo el constitucionalista. De ratificarse la remoción del cargo, tras el cambio de cargos en el Concejo, no se sabe ahora si asumiría Santiago Guarderas, cuyo cargo actual es incierto, o Brith Vaca, actual vicealcaldesa.

La ruptura entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda afecta el funcionamiento del Municipio. Foto: Municipio de Quito

Incidentes en el TCE

La audiencia en el TCE se suspendió hasta el 9 de septiembre ya que la defensa de Yunda hizo una nueva apelación ante una recusación de un juez de la causa. El pleno del Tribunal deberá decidir sobre el recurso interpuesto hasta esa fecha.

Según el constitucionalista Benavides esta estrategia le da algo de tiempo al alcalde. El Tribunal deberá pronunciarse antes para que se pueda dar la audiencia. En ella, el alcalde podría perder sus derechos políticos.

Las denuncias presentadas por infracción electoral serán unificadas en un mismo proceso.
En general el proceso en relación con la remoción podría tomar más de 2 años. Existen numerosas instancias de apelación a la que podrían acudir las partes. Un proceso que podría terminar de resolverse incluso una vez terminada la Alcaldía de Yunda.

Según el constitucionalista Benavides esta estrategia le da algo de tiempo al alcalde. El Tribunal deberá pronunciarse antes para que se pueda dar la audiencia. En ella, el alcalde podría perder sus derechos políticos.

Siguen los allanamientos

El alcalde Yunda afronta otro proceso en la Fiscalía que investiga la adquisición de pruebas PCR que habrían tenido irregularidades en el proceso de contratación. En el marco de esas investigaciones la Fiscalía vinculó al hijo del alcalde por los chats encontrados en su celular que estarían relacionados a asuntos municipales.

La mañana de hoy la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de Geinco, las empresas municipales de Agua Potable y Seguridad, e inmuebles vinculados al caso. Geinco estaría presuntamente involucrada en un proceso irregular de contratación pública. La Contraloría General del Estado hizo un informe con indicios de responsabilidad penal ya que la EPMMOP no habría hecho una comparación de ofertas apropiada y otorgado el proyecto sin licitación

Alrededor de 18 allanamientos se dieron lugar simultaneamente en Quito y Guayaquil. Ya se han detenido a seis personas relacionadas con los chats extraídos del celular de Sebastián Yunda. Entre los detenidos está el ciudadano chino Wang Y. que habría mantenido conversaciones con el hijo del alcalde sobre algunos terrenos municipales. 

Otra de las detenidas es Cynthia Puga, que fue removida por Yunda luego de que los chats se hicieron públicos. La funcionaria trabajaba en el despacho del alcalde y habría coordinado procesos para su hijo que vinculaban al Municipio.

Los hechos ocurridos hoy aportarían más elementos de convicción en el proceso judicial en contra del alcalde. El proceso todavía se encuetra en la fase instrucción fiscal. Sin embargo, según el constitucionalista André Benavides son "hechos sobrevinientes", es decir hechos nuevos que no fueron motivo del proceso. 

La válvula de escape: demoras en el Metro 

Mientras el proceso judicial sigue su curso, el Concejo mantiene una relación tensa con el alcalde y el debate se centra en las demoras en la terminación del Metro, que sigue sin estar operativo y sin fecha para entrar en funcionamiento.

Santiago Guarderas ha emitido una serie de comunicados en sus redes sociales dirigidos a Yunda. Calificó de “lamentables y desesperadas” las declaraciones del alcalde sobre el retraso del Metro -sobre el que quiere responsabilizar a Guarderas- y aseguró que el proyecto “fue demasiado para él”.
La presentación del informe de la Empresa Pública del Metro que se presenta cada quince días en el Concejo trajo reclamos. Las concejalas Andrea Hidalgo y Luz Elena Coloma pidieron que se presente “algo nuevo” en los informes. Ésta última también pidió que se entregue una fecha concreta de entrega del proyecto.

El concejal Juan Carlos Fiallo se sumó y dijo que Yunda “no toma las acciones y maneja el Metro de forma irresponsable”. Eduardo del Pozo calificó el informe como “diminuto” y pidió que no se repita la presentación del informe si no hay avances. Bernardo Abad dijo que el informe era “casi copiado y no tenía nada”.

Ante los reclamos de los concejales Yunda dijo que es algo que viene de tres administraciones. Pidió disculpas por poner a Guarderas a dirigir la comisión del Metro y se defendió diciendo que “no hizo una sola sesión, no hizo absolutamente nada”. Guarderas respondió en un comunicado en sus redes sociales calificando de mentiroso al alcalde. Días después Yunda propuso que se aplica la tarifa 0 al Metro. A su vez Guarderas calificó la medida de “demagógica”.

 

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