Cuando los policías llegaron al inmueble de Punta Blanca, en Santa Elena, donde Rubén Cherres fue asesinado, encontraron dos escenas. En la primera estaba el guardia,  quien había sido maniatado y asesinado a tiros. Él se encontraba en una habitación contigua a la casa donde Cherres —investigado por presunta corrupción en empresas públicas y narcotráfico— se había refugiado tras el escándalo que salpicó al círculo cercano del presidente Guillermo Lasso. En esa vivienda estaba la segunda escena: los cuerpos inertes de Cherres, su pareja y un amigo. En ese lugar, los agentes recogieron 13 vainas, calibre 9mm, el pasado 31 de marzo, un día después del crimen.

Cherres, amigo de Danilo Carrera, no alquiló esta casa de playa, sino el empresario guayaquileño Juan Carlos R.P., como lo reveló Plan V, la semana pasada. Él es uno de los 19 personajes que la Policía investigó por supuestos vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa. De eso trata el caso León de Troya. El padre de Juan Carlos R.P. también es un empresario que ha hecho negocios con el actual mandatario. En el crimen de Cherres, la Fiscalía llamó a Juan Carlos R.P. a rendir su versión el pasado 3 de abril, pero no asistió.

Pero hay nuevos detalles. Pese a que era el centro de una polémica nacional, Cherres no perdió su ritmo de vida mientras se ocultaba de las autoridades. Según un testimonio que recoge el expediente de este caso, la casa no solo sirvió de albergue para Cherres sino también para encuentros sociales. El fin de semana previo al asesinato, varios amigos lo visitaron. Antes de que su nombre se hiciera público, esos mismos amigos veían a Cherres cada 15 días en reuniones en la Urbanización Napoli, en Samborondón, donde vivía Joseline Rivadeneira, su novia, quien también fue asesinada. Además de Rivadeneira, Cherres fue acribillado junto a uno de sus amigos más cercanos, César Amador. Los tres viajaron a Santa Elena la noche del 30 de marzo, pero no regresaron.

En las dos escenas del crimen se hallaron celulares que dieron las primeras pistas de los presuntos autores del crimen. Pero esos dispositivos también se han convertido en el centro de una polémica.

El celular de Cherres

En el lugar donde fue acribillado Cherres, los agentes tomaron la huella de una botella en la cocina y levantaron un celular de color negro, marca Nokia, modelo TA-1049. Ese celular solo contenía tres contactos. De estos, el que más pistas dio a la investigación fue el que estaba bajo el nombre de primo. Ese número correspondía al del chofer que llevó a Cherres hasta Santa Elena. Ahora es uno de los procesados (ver apartado más adelante).

Imagen satelital del lugar donde ocurrió el crimen de Rubén Cherres, su pareja y un amigo, el pasado 30 de marzo (escena dos). En la escena uno fue hallado el guardia, quien también fue asesinado.

Pero en el inmueble donde fue asesinado el guardia había dos celulares más. Se trata de otro Nokia, que presentó humedad y no pudo ser encendido. Y el segundo, es un Iphone XR que, según un testimonio que recogió la Fiscalía, perteneció a Cherres y este le entregó al ciudador de la casa para que se lo guardara en su habitación. Este equipo —que apareció envuelto en papel— había sido usado por última vez el 9 de enero pasado, según la Fiscalía.

Tanto el Nokia TA-1049 como el Iphone XR fueron inspeccionados a pocas horas del crimen. Un informe del 2 de abril pasado, es decir a 48 de haberse hallado los cuerpos, detalla los contenidos que encontraron los agentes en esos dispositivos. El Nokia solo tiene el registro de llamadas y los tres contactos. El Iphone de Cherres, en cambio, tenía más de 7.000 archivos.

De acuerdo con la Fiscalía, los agentes usaron un software para recuperar esos contenidos, incluso los eliminados. El reporte tiene el siguiente detalle: 128 llamadas (de las cuales 89 habían sido eliminadas), 181 videos y 7.082 imágenes.

El perito encargado de ese examen extrajo esa información y la almacenó en una memoria, con capacidad de 64 gigas. Los móviles y esa memoria pasaron a las bodegas de la Policía en Guayaquil para su custodia. En esa ciudad se hicieron las primeras pericias a esos dispositivos, confirmó la Fiscalía. Luego estos aparatos electrónicos fueron trasladados a Quito. Pero en esa cadena de actores y lugares, el contenido del celular de Cherres se filtró. Y este fue el inicio de una controversia.

La Posta vs. la Fiscalía

Los resultados sobre los archivos de los celulares se encuentran en el Informe Técnico Pericial de Telemática Forense que lo realizaron agentes policiales, con fecha 2 de abril, como parte de las primeras diligencias del caso. El 19 de ese mes, dicho informe fue enviado a la Fiscalía, pero este llegó a Quito —a donde fue trasladada esta investigación— el 24 de abril, según consta en el expediente. Es decir, pasaron 22 días para que el informe de los teléfonos llegaran a la matriz de la Fiscalía General.

¿Por qué hubo esta demora? Existe la versión en la Fiscalía de que los peritos de Guayaquil, al no tener servicio de valija para la entrega segura de ese informe, esperaron a que uno de sus agentes saliera franco (que no están en servicio) hacia Quito para realizar la entrega formal del documento.

La siguiente diligencia que hubo sobre esos celulares ocurrió el pasado 10 de agosto. Fue una audiencia privada donde la defensa de los involucrados —dos personas que habían sido procesadas— y el agente fiscal Andrés Cuasapaz estuvieron presentes. El fiscal también autorizó el ingreso de dos periodistas de La Posta, por pedido de ellos.

En ese espacio, se revisaron las fotografías del Iphone. Al haber más de 7.000 imágenes, los peritos utilizaron una tecnología para seleccionar solo aquellas en las que aparecen personas. No hubo fotos que ayudaran a esclarecer el crimen de Cherres, pero sí surgieron imágenes de Anderson Boscán, fundador de la plataforma La Posta.

Esto fue lo que denunció Boscán el pasado 29 de agosto, en un programa titulado El Gobierno encubrió a quienes atentan contra la Posta. Boscán aseguró que peritos y fiscales supuestamente sabían sobre el contenido de los dispositivos desde la primera semana de abril, pero no informaron sobre el seguimiento que habían hecho al fundador del medio.

Boscán está en el exilio desde el pasado 23 de julio. Fuentes de “inteligencia extranjera”, publicó la ONG Fundamedios, informaron a Boscán que un grupo operativo de la mafia albanesa había llegado días previos con la orden de atentar contra su vida y la de su esposa, Mónica Velásquez. Esto motivó la salida de ambos con sus hijas.

Boscán relacionó esa advertencia con las fotos de un seguimiento detallado de él y de las actividades de su familia encontradas en el celular de Cherres. Esas fotos fueron borradas del dispositivo antes de que fuera hallado, pero recuperadas por los peritos. Sin embargo, los metadatos, es decir la fecha de creación y otros datos de esas fotografías, se perdieron durante la extracción.

Bocán criticó al fiscal Cuasapaz por no considerar esas fotografías como relevantes y no informar que la vida del comunicador y su familia estaban en riesgo. “No lo hicieron porque esperaban que unos mafiosos hicieran el trabajo sucio”, sentenció Boscán.

La Fiscalía tiene otra versión. Sostiene que los dispositivos permanecieron en cadena de custodia, incluida la memoria con los archivos del Iphone, hasta la audiencia del pasado 10 de agosto. Fue en esa audiencia donde se observaron las fotos, pues previamente solo existía el primer informe pericial donde está el detalle numérico de los archivos, según Fiscalía.

Tras el programa de La Posta, el Ministerio Público reaccionó en un comunicado donde expresó su preocupación por las declaraciones de Boscán a las que calificó de descontextualizadas, imprecisas e inexactas y que la información fue obtenida de “manera irregular”. Las audiencias privadas, agregó la institución, mantienen la reserva aunque el proceso sea público. La Fiscalía también negó que hubiera ocultado información.

#COMUNICADO | Respecto a las recientes declaraciones emitidas por el medio digital La Posta #FiscalíaEc informa a la ciudadanía.  pic.twitter.com/yFh6DiPL0l

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 29, 2023

#ATENCIÓN | No te dejes manipular, #FiscalíaEc inicia investigaciones de todos los hechos que legalmente llegan a su conocimiento. Infórmate por canales oficiales. pic.twitter.com/8LLTTrspoM

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 29, 2023

De lo que ha informado La Posta, al menos, desde el 14 de julio pasado se conocía sobre la existencia de esas fotos. En una rueda de prensa en la Policía, una periodista de esa plataforma preguntó al general Fausto Salinas, comandante de la Policía, si conocía sobre esos seguimientos. Como respuesta, Salinas y Juan Zapata, ministro del Interior, pidieron a la prensa que difunda solo información oficial. La rueda de prensa fue para anunciar la captura de los presuntos autores materiales del asesinato de Cherres.

“Es claro que el dispositivo estuvo todo el tiempo en manos de la Policía”, sostuvo una fuente cercana a la investigación.

Durante la investigación hubo otros allanamientos. Uno se dio en la casa de la pareja de Cherres, en la Urbanización Napoli, en Samborondón. De ese inmueble, según un testigo, salió Cherres el 30 de marzo, el día de su asesinato, con dirección a Santa Elena. En esa casa, los investigadores encontraron dos laptops y cuatro celulares más.

Los sospechosos

El pasado 14 de julio, Zapata anunció la captura de dos hombres como presuntos autores materiales del asesinato de Cherres. Se trata de José Z., quien tiene antecedentes por robo, tenencia y porte armas. Y Álex M., con antecedentes por extorsión, tenencia y porte de armas y tráfico de tierras. Un día antes de la rueda de prensa, la Fiscalía y la Policía detuvieron a los dos sospechosos en Guayaquil con fines investigativos. “Tenemos activada una línea investigativa, muy fuerte, muy potente para continuar con este procedimiento y dar con todos los autores, tanto materiales como intelectuales”, dijo Zapata.

El 13 de julio pasado, la Policía detuvo a dos hombres como presuntos sospechosos del asesinato de Rubén Cherres. Un día después, el Comandante de la Policía y el Ministro del Interior informaron de las capturas en rueda de prensa. Foto: Policía Nacional

Según los registros judiciales, el día del crimen, José Z. llevó a Cherres y Rivadeneira en una camioneta Ford 150 —con placas de otro automóvil— hasta Punta Blanca, en Santa Elena. Allí estuvo el segundo sospechoso, Alex M. El general Salinas aseguró que ambos habrían maniatado y disparado al guardia de seguridad y luego subieron a la vivienda para asesinar a las otras tres víctimas. Antes, durante y después del crimen, según las llamadas los dos procesados participaron, agregó Salinas.

Esa reconstrucción se hizo gracias a los dos teléfonos Nokia, por las señales que emitieron antes y después del crimen, y el registro de llamadas de uno de ellos, el TA-1049. La ruta técnica se levantó con la información que entregaron las operadoras, dijo la Fiscalía. “En ese marco de temporalidad en el que ocurrió el asesinato, hay una llamada antes y una llamada después, en la que participan los mismos interlocutores procesados”, sostuvo una fuente cercana a la investigación.

En esos registros consta, por ejemplo, una llamada del 30 de marzo (día del crimen) hacia aproximadamente las 20:00. A esa hora existió un cruce de llamadas entre José Z. y Cherres. El número de José Z. correspondía al contacto de nombre primo. Él los trasladó hacia Santa Elena. José Z. solía hacer carreras a Cherres, según versiones que recogió la Fiscalía.

El ministro Zapata aseguró que los indicios obtenidos hasta el momento no relacionan el crimen la mafia albanesa. “Había una relación directa entre las víctimas y los victimarios”, agregó Salinas. Pero coincidieron en que el asesinato fue planificado.