¿Cómo se puede describir el problema del lavado en Ecuador? Basta con recorrer el perfil costanero desde Manabí hasta Santa Elena para observar el resultado de grandes cantidades de lavado de activos, dijo a PlanV una fuente reservada que ha adelantado investigaciones sobre ese tema. “Hasta hace cinco años, eso era botado. Ahora los proyectos inmobiliarios que están ahí tienen como dueños a empresas. Pero es inversión extrajera”, afirmó. 

De acuerdo a la normativa ecuatoriana, los extranjeros no pueden comprar terrenos en zonas estratégicas como el perfil costanero que tiene salida al mar. Entonces estas firmas constituyen empresas nacionales, agregó la fuente. Según sus indagaciones, muchas de esas empresas son testaferros de narcotraficantes y de personas involucradas en casos de corrupción de gobiernos pasados. “Es dinero que está en Medio Oriente y que lo están repatriando a través de esos proyectos”, aseguró.

¿Por qué este dinero está en Medio Oriente? La fuente explicó que en esos países los controles son menores. Los capitales ilícitos han migrado a esa región porque paraísos fiscales como Panamá, Suiza, Bahamas o ciudades de baja imposición tributaria como Florida o Nevada, en EEUU, tienen en la actualidad más vigilancia.

Según su experiencia, después de tres a cinco años, los lavadores ecuatorianos traen de vuelta al país esos dineros producto de la malversación de fondos públicos o de actividades ilícitas. 

Adicional, dijo la fuente, los capitales que están en ese perfil costanero tienen como origen la corrupción en el Estado y el dinero del narcotráfico. Es decir, están enlazados. La fuente afirmó que es difícil establecer una línea divisora entre ambos orígenes.

La eliminación de la Base de Manta y la presencia de las disidencias en la frontera norte son factores que, en su opinión, han incentivado la búsqueda de sectores para el lavado de activos. Uno de ellos es la construcción.

“Los criminales han enterreado mucha plata en la tierra”, dijo en una reciente exposición Paul Radu, periodista y cofundador del Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés). Radu, quien ha liderado investigaciones internacionales de lavado de activos, usó esa analogía para asegurar que en las inversiones inmobiliarias hay cientos de billones de este dinero ilícito. El periodista cree que si hubiera un proyecto que uniera todas las bases de datos con los registros de quiénes son los dueños de la tierra, del agua, de los bosques y de los edificios, y se cruzara con las bases de nombres de políticos y criminales se podría eliminar el 20% de la corrupción global. 

En el caso del Ecuador, el desarrollo inmobiliario en esa zona costanera del país no está siendo controlado, según la fuente. En su última rendición de cuentas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que entre 2020 y 2021, hubo una reducción de las alertas de operaciones inusuales en ese sector. Los reportes de inmobiliarias y constructoras solo representan el 0,7% del total de sus registros. En el país, existen 27.733 empresas dedicadas a la construcción.

Otro motivo para repatriar el dinero es la facilidad para hacer las inversiones y las tasas de interés en el país. La fuente contó que, en otros países, como EEUU, hacer inversiones inmobiliarias es mucho más costoso y difícil. “Tener ese dinero en una cuenta de inversión fuera del país que casi no les pagan intereses (en EEUU el pago es del 1% al 2%) no es negocio (para ellos). Aquí les pagan más y pueden controlar las inversiones”.

Pero la construcción no es el único de sector donde hay lavado de activos.

Aumentan las alertas de lavado

En Ecuador, las alertas de posibles operaciones relacionadas con lavado de activos se han incrementado. Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificados (ROII) aumentaron en un 53% en el último año: pasaron de 2.246 en el 2020 a 3.450 en el 2021.

Los ROII son documentos que registran los movimientos económicos que no guardan relación con el perfil económico de una persona, y por lo tanto se consideran operaciones sospechosas que no pueden ser sustentadas. En el país, al menos 12 sectores económicos han enviado estos reportes y existe un notable incremento.

El sector que más alertas ha registrado es el financiero. La banca nacional envió 2.591 reportes a la UAFE en 2021, lo que significa un incremento del 95% en relación al 2020. Francisco Estupiñán, experto en prevención en lavado de activos, manifestó que en el sistema financiero hay muchos controles en las transferencias de montos altos.

El problema surge en las fachadas que se usan para el lavado de activos, según este experto. Es decir, el lavador se acerca a empresas que tienen un pasado crediticio y reputación importante y les ofrece dinero de origen ilícito. Estas transacciones pueden darse a través de facturas, cobros y créditos ficticios. Entonces estas operaciones no levantan una alerta para el banco. De su experiencia, el dinero del lavado circula sobre todo en créditos que están justificados con pagarés que nunca se cumplen. 

Lo mismo sucede en la repatriación de capitales. La misma fuente reservada que ha adelantado investigaciones sobre las inversiones en el perfil costanero afirmó que los bancos al registrar grandes cantidades de dinero del extranjero en las cuentas de sus clientes, emiten reportes de operaciones sospechosas. Pero estas alertas dependen del perfil de la empresa. Si una compañía abre una cuenta con $2 millones y no supera esa inversión, no hay alertas. Pero sí se pasa de ese monto, el banco le solicita una justificación. Si lo hace, queda como operación inusual, pero no se envía a la UAFE.

La UAFE tiene la obligación de controlar a las personas naturales y jurídicas que no tienen un órgano de control y que podrían llegar a los 20.000, dice Catalina Carpio, abogada y experta en la prevención de este delito. “Pero la UAFE no tiene personal para hacer inspecciones, aunque las puede delegar a las superintendencias”. Por la pandemia, estas inspecciones se frenaron y recién se estarían retomando, según Carpio. PlanV solicitó una entrevista con Carla Mera, directora de la UAFE, a la que se negó y envió en una carta enlaces a documentos publicados en el sitio web de la institución.

Catalina Carpio, abogada y experta en la prevención de lavado de activos, considera que en el sector de los seguros los controles deben ser más exhaustivos. 

Otra institución de control es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). PlanV solicitó una entrevista con Marco López Narváez, actual superintendente, pero su equipo de Comunicación aseguró que no estaba disponible para dar entrevistas. La institución prefirió responder las inquietudes por correo electrónico. La SCVS debe controlar a escala nacional 188.068 empresas. Tiene una Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, que es la encargada de supervisarlas. Una de sus acciones es calificar y registrar oficiales de cumplimiento, que son las personas encargadas de hacer los controles y análisis a los clientes de una empresa para detectar operaciones sospechosas.

A la pregunta sobre cuáles son los sectores empresariales donde más operaciones inusuales han registrado, la SCVS aseguró que “no mantiene un sistema de registro de las operaciones inusuales o sospechosas de los sujetos obligados”, pues esta información solo la tiene la UAFE, afirmó. Sin embargo, aseguró que sí han encontrado este tipo de operaciones y que han sido reportadas a la UAFE. Estas cifras, para institución, son reservadas.

Pero el sector donde más han crecido las alertas son las notarías. Según los registros de las UAFE, entre 2020 y 2021, hubo un incremento del 315% en los reportes de operaciones inusuales. Asimismo, en las cooperativas de ahorro reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hubo un aumento del 74%.

Otros sectores que deben observar más las autoridades

Los expertos y fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que “los grandes atracos” relacionados con la corrupción y el lavado de activos están en el mercado de valores y en las inversiones virtuales. El mercado de valores es el espacio (real o virtual) donde se compran y venden los títulos de renta fija y renta variable, fondos de inversión, etc.

¿Cómo funciona? Primero se constituyen empresas que pueden cotizar en la bolsa de valores. Para ello, los narcotraficantes se asesoran de expertos y lobistas. Estos, por lo general, son los grandes bufetes de abogados, que no siempre saben que sus clientes tienen nexos con el narcotráfico, afirmó Carpio. Para estas nuevas compañías, podrían usar a empresarios que necesiten dinero por la crisis o estén muy endeudados.

“Uno de los sectores donde más se lava son las inversiones virtuales. Por más extinción de dominio, ni jueces ni fiscales podrán recuperar estos activos”, agregó la experta y sostuvo que esta podría ser el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). La Fiscalía investiga una supuesta participación de funcionarios del Isspol, de instituciones de casas de valores y compañías internacionales en la compra-venta de bonos ecuatorianos de deuda interna y externa, que se encontraban dentro del portafolio del Isspol por un valor aproximado de $693 millones.

El monto de la estafa en el caso Isspol ascendería a $693 millones.

“Es bien difícil seguir la pista de las inversiones que son anónimas. ¿Quién tiene los bonos? No sabemos”, cuestionó Carpio. Consideró que la Superintendencia de Compañías tiene responsabilidad en este caso porque es la encargada de controlar el mercado de valores. “La Superintendencia se ha pasado fastidiando a sujetos obligados honestos en vez de controlar el mercado de valores. Ahí realmente no solo hay una estafa masiva, sino que se lava dinero del narcotráfico”.

Francisco Estupiñán, también experto en prevención en lavado de activos, coincide en que los seguros es un sector de riesgo. Este está copado por empresas de México y Colombia que crean, por ejemplo, Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Según este experto, para el lavado de activos solo se necesita un abogado y un contador. Por eso, la UAFE incluyó a estos profesionales en la lista de sujetos obligados a reportar a esa institución en caso de ofrecer servicios societarios, de compra y venta de inmuebles, de administración de dinero, etc. Esta resolución rige desde el pasado 8 de abril.

Los estudios jurídicos deben tener un control según las recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “(Los abogados) deben conocer quién es su cliente y a quién asesoran para crear fideicomisos. Constituir fideicomisos no tiene nada que ver con el secreto profesional sino ser un servidor de la delincuencia al crear fideicomisos y empresas para el lavado de dinero”, opinó este experto.

Pero otro sector donde el lavado ha crecido en los últimos años son las criptomonedas. Estupiñán cree que este delito ha migrado sobre todo a entornos virtuales. “Están lavando cantidades sumamente altas de dinero que ni el FBI ha logrado un cálculo de cuánto dinero circula en esas plataformas. En Ecuador hay una cantidad inmensa de personas que están invirtiendo en esas aplicaciones”.

En febrero pasado, EEUU informó sobre una de sus operaciones más grandes en ese sector. Una pareja fue arrestada en ese mes por lavar $4.500 millones en criptomonedas robadas. Los esposos, que vivían en Manhattan, habían conspirado para lavar las ganancias de 119.754 bitcoins que fueron robados de la plataforma de Bitfinex después de que un hacker violara los sistemas de seguridad de esa plataforma e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas.

Estupiñán ha recibido llamadas de clientes que han sido estafadas con criptomonedas, pero también el lavado de activos es frecuente. Las pirámides, por ejemplo, después de captar el dinero de las personas, su siguiente paso es el lavado de activos a través de esas plataformas, sostuvo el abogado.

El oro, un sector millonario de lavado

Otra modalidad importante para el lavado de dinero es a través del intercambio de mercancías como, por ejemplo, el oro. Una fuente reservada, que investigó un caso en 2016, aseguró a PlanV que los involucrados en Ecuador movieron más de $1.000 millones en oro. Lo hicieron a través de tres empresas que se dedicaban a la exportación de este metal hacia EEUU. Pero el valor de la mercadería que declaraban a su salida era menor al pago que recibieron desde Norteamérica. Eso significa subvalorar el producto, dijo la fuente. De esa manera, las empresas lograban justificar el envío del oro, pero a estas llegaban pagos que representaban 10 veces más la cifra que les correspondería. El oro, dijo la fuente, es uno de los sectores donde más dinero se lava.

La UAFE, en su el documento Tipologías del Lavado de Activos, explica cómo funciona esta modalidad. Afirma que, en estas transacciones, las empresas exportadoras -que tienen poco tiempo de constitución- reciben los pagos desde paraísos fiscales. Además, los accionistas de las exportadoras ecuatorianas coinciden con los administradores de las compañías importadoras en el extranjero.

Pero estos exportadores utilizan a personas naturales de zonas vulnerables, para que éstas obtengan el RUC o el RISE “como pequeños artesanos proveedores de oro para la emisión de comprobantes de venta; con la finalidad de que los exportadores logren justificar el origen y compra de oro, y así efectuar sus operaciones de comercio exterior con normalidad”.

Luego, los exportadores reciben transferencias por altas sumas de dinero de compañías de reconocida trayectoria del sector minero, según la UAFE. “Inmediatamente después de acreditados los fondos en las cuentas del sistema financiero nacional, los exportadores transfieren altos montos de dinero a compañías de transporte de valores en Ecuador, las cuales tienen relaciones comerciales con personas del entorno familiar de los administradores de las compañías exportadoras. El dinero acreditado en las cuentas de las compañías de seguridad es transportado en efectivo mediante vehículos blindados con dirección a las zonas fronterizas del país”, agrega el documento. Este dinero en efectivo lo reciben, a través de los vehículos blindados, personas que no poseen vinculación comercial con los exportadores.

Otro camino para el envío de dinero es a través de cheques. Los exportadores giran altas sumas dinero a personas que no tienen una actividad comercial. Los exportadores y las compañías extranjeras importadoras de oro transfieren dinero a diversas personas naturales (incluido el entorno familiar de los administradores), sociedades civiles y compañías que no presentan nexo alguno con producción, explotación o comercialización de oro. Estas transferencias pueden llegar a cuentas localizadas en paraísos fiscales. Este dinero es inmediatamente retirado de las cuentas beneficiarias.

Finalmente, las personas vinculadas registran la compra de bienes inmuebles y muebles, como vehículos y mercancías de lujo.