En Ecuador, las investigaciones sobre lavado de activos van a paso lento. Entre 2020 y agosto de 2022, hubo 151 denuncias por este delito. Pero solo dos de esos casos, es decir el 1,3%, llegaron a una sentencia. Mientras tanto, la gran mayoría se mantiene en investigación previa, según cifras oficiales de la Fiscalía.

En Ecuador, este delito se sanciona con uno a tres años de cárcel si el monto del lavado es menor a $40.000; con cinco a siete años cuando la comisión del delito no presupone la asociación para delinquir; con siete a diez años cuando el monto del delito supera los $40.000, además del uso de instituciones del sistema financiero o públicas; y con 10 a 13 años cuando el monto de lavado supera los $80.000 e incluye el uso de sociedades y empresas o instituciones públicas.

Las investigaciones previas sobre lavado de activos, según la ley, pueden llegar a durar hasta dos años cuando los montos del lavado son altos e involucran empresas. Pero según fuentes consultadas, hay casos que han pasado en esa fase hasta cuatro años. Pichincha y Guayas son las provincias donde más denuncias de este tipo se han reportado.

Francisco Estupiñán, abogado ecuatoriano que trabajó en el FBI en casos relacionados con lavado de activos, asegura que este es uno de los delitos más complejos, cuyas pesquisas pueden durarae años. Por ejemplo, explica que la investigación de EEUU sobre el caso FIFAgate duró casi seis años y en el caso de Odebrecht fueron cinco años.

Investigar lavado de activos requiere equipos multidisciplinarios, sostiene Estupiñán. Él trabajó cinco años en la Fiscalía y luego laboró para el Gobierno de EEUU. Allí vio que las investigaciones “no son de papel”. En la actualidad, dice, la Fiscalía debe pedir mediante oficio a todas las instituciones bancarias para que informen sobre las cuentas que tiene un procesado. “¡Eso es una locura!”, exclama.  

En EEUU, todas las agencias que investigan lavado de activos tienen acceso a los reportes de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas (ROII) y a la información de investigaciones anteriores. Es decir, han reemplazado el papel con la tecnología para hacer los análisis. “No le toca al pobre fiscal disparar 80 o 100 oficios para tratar de ver dónde está el dinero, en qué cooperativa lo transfirieron. Luego la cooperativa responde en 200 hojas todas las transferencias. Y se debe volver a pedir en medio magnético”, detalla el experto la dinámica de la investigación de este delito en Ecuador. Otro ejemplo de ‘análisis en papel’ está en la Policía. El jurista cuestiona que aún los partes policiales se hagan en Word cuando estos deberían estar digitalizado en un sistema.

Para Estupiñán, este tipo de investigaciones requieren de inteligencia artificial. Esa tecnología se usó, por ejemplo, en el caso Odebrecht donde los investigadores tuvieron acceso a más de un millón de transacciones. Con inteligencia artificial, pudieron hacer búsquedas de esas transferencias por palabras claves y obtener diagramas inteligentes.

Con esas observaciones coincide la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), una de las instituciones que tiene una dirección para la prevención de lavado de activos. En una respuesta por correo electrónico, la SCVS afirmó que los principales retos que enfrentan para combatir ese delito tienen que ver con la falta de recursos económicos para “tener herramientas tecnológicas acordes para el análisis de datos”.

Otro inconveniente que tiene esta institución es el escaso personal para supervisar a más de 188.000 empresas que debe regular. También afirma que existe poca cultura de prevención y cumplimiento normativo. “En la actualidad nos encontramos con la misión de imponer un esquema de supervisión y revisión de todos los procesos y procedimientos internos con un enfoque basado en riesgos”, explicó sobre sus gestiones para prevenir este delito.

La Superintencia de Compañías regula más de 18.000 empresas. Reconoce que no tiene la suficiente tecnología y personal para prevenir el lavado de activos. Foto: El Universo

PlanV solicitó una entrevista con la directora de la Fiscalía de Antilavado de Activos, que se negó por fata de “espacio” en su agenda. También hizo el mismo pedido al director de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico, de la Policía. Esa institución respondió que la entrevista, no era procedente porque maneja información sensible y reservada. Aunque en el detalle de la solicitud, este medio no requirió información sobre ningún caso.

Lo mismo sucedió con Carla Mera, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quien argumentó -mediante un oficio- sobre la confidencialidad de la información y envió unos enlaces a la página web de la UAFE.

En ese sitio, está la rendición de cuentas del 2021. En ese año, la UAFE envió 15 reportes de operaciones inusuales o ROII a la Fiscalía, que podrían incurrir en 10 delitos: cohecho, actividad ilícita de recursos mineros, delitos contra la flora y fauna silvestre, trata de personas, defraudación tributaria, narcotráfico, captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo. Su avance es desconocido.

Los escasos procesos

‘Atardecer’ fue uno de los casos emblemáticos en Ecuador sobre lavado de activos. Se relaciona con la detención, en 2016, de los accionistas de las empresas Spartan y Clearprocess. Según la Fiscalía, dos años antes estas firmas captaron más del 50% de las ganancias que generó la venta de oro en Ecuador, que en 2014 fue de $752 millones.

Las indagaciones comenzaron cuando Spartan y Clearprocess reportaron exportaciones de oro a EEUU superiores a las recibidas en ese país. Por ejemplo, ambas empresas realizaron 217 exportaciones de oro a EEUU, un número superior a las 131 importaciones de ese metal que hizo ese país, entre el 2012 y junio del 2016.  Esa fue una alerta de posible lavado de activos.

Spartan y Clearprocess se convirtieron en poco tiempo en las mayores exportadoras ecuatorianas de oro a empresas estadounidenses como Mvp Imports Lls, Kaloti Metals and Logistics Llc y Republic Metals Corporation. El oro habría sido de la minería ilegal de Perú, según las autoridades.

Los investigadores determinaron que esas empresas aparentaban la legalidad de su comercio de oro con notas de compra y venta del metal a nombre de 230 personas registradas como contribuyentes RISE, como sus proveedores. Esas compañías supuestamente falsificaron identidades y documentos, según la información oficial del caso.

Aunque el Gobierno consideró a estas detenciones como “un golpe contra el crimen organizado”, en el que participaron las más altas autoridades relacionadas con la investigación de este delito, los procesados fueron declarados inocentes. Esa fue la decisión  un tribunal del Guayas en 2017. La Fiscalía apeló esa sentencia ante la Corte Provincial del Guayas y luego en la Corte Nacional de Justicia. Pero ambas instancias ratificaron la inocencia de los procesados, entre ellos los hermanos Jordi Alberto M. G. y Alberto Javier Antonio M.G.

Este caso tuvo la asistencia penal de EEUU. La mayor parte de las recientes investigaciones sobre lavado de activos que involucran a ecuatorianos y exfuncionarios han nacido en ese país. Uno de los últimos escándalos tiene que ver con Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, quien recibió aproximadamente $18 millones en sobornos, según la justicia norteamericana. Para lavar ese dinero ilícito usó sofisticados mecanismos junto con empresas intermediarias y comercializadoras de petróleo y sus derivados.

Estupiñán explica que en este delito hay la intervención de varios actores que transfieren el dinero a cuentas a otros países. Pero EEUU puede actuar por una razón. Por ejemplo, para una transferencia entre Ecuador y Colombia hay un banco corresponsal y el 98% de las transacciones pasan por EEUU. “Si un lavador manda dinero a Colombia, ese dinero entra a los EEUU y este país puede perseguir este delito”, explica.

Esto pasó en el caso de Arias, cuya trama involucró movimientos de dinero a Suiza, las Islas Caimán, Panamá y otros países. Muchas de esas transferencias se procesaron a través de bancos corresponsales de EEUU.

El lavado de activos, un delito desde 2005

En el país, este delito se reconoce como tal desde el 2005 cuando se promulgó Ley para Reprimir el Lavado de Activos. Con esa norma, el lavado pasado a ser un delito autónomo, que ya no requiere una condena previa por narcotráfico. En ese año, el narcotráfico ya no hace referencia únicamente al tráfico de sustancias prohibidas sino también a obras de arte, vehículos, órganos, trata de personas y armas, como lo apuntaron Mariela Arévalo y otros autores en el libro Riesgo de la lavado de activos: delito que atenta al sistema financiero y económico del país.

Pero en 2012, Ecuador ingresó a la lista de riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no cumplir con los estándares internacionales para combatir este delito y porque además en ese año “se percibió un cambio importante en los indicadores de transparencia y Estado de Derecho”, recuerdan los mismos autores. Un año después salió de esa lista y el gobierno de Rafael Correa aseguró que “completó satisfactoriamente su plan de acción a nivel técnico, para consolidar su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”.

Ahora, el presidente Guillermo Lasso considera el lavado de activos como una de las amenazas que vive el país en medio de la crecientes acciones del crimen organizado. En los anexos para las preguntas relacionadas con inseguridad, la Presidencia intentó hace un cálculo sobre cuánto dinero circula en Ecuador producto del lavado. Este medio revisó esas cifras y las fórmulas para llegar a determinar un monto de aproximadamente $3.500 millones anuales. Aunque en los expertos hay diversas opiniones sobre esa cifra.

PlanV conoció que aún hay presión del GAFI sobre Ecuador para combatir este delito. El país es parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En 2014, Ecuador se comprometió a cumplir las 40 recomendaciones que ha establecido el organismo para la lucha contra el lavado de activos.