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16 de Abril del 2024
Historias
Lectura: 18 minutos
16 de Abril del 2024
Redacción Plan V
¿Qué destruyó el radar de Montecristi y por qué aún no pagan el seguro?
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Solo 11 días duró la operación del radar antiaéreo en el Cerro Montecristi, en el litoral manabita. Una explosión le dejó inservible. Foto: Cortesía Ministerio de Defensa

 

La justicia manabita llamó a juicio a diez militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que supuestamente custodiaban un radar para el control de vuelos irregulares en la cima del cerro Montecristi, destruido por una misteriosa explosión el 7 de noviembre de 2021. La compañía Interoceánica aún no paga el seguro.

El intento del gobierno de Guillermo Lasso de controlar los cielos sobre las planicies costeras, en donde pequeñas avionetas vinculadas al narcotráfico aterrizan llevando drogas, armas y miembros de la mafia, terminó la madrugada del 7 de noviembre de 2021. Ese día, una misteriosa explosión, supuestamente provocada con algún tipo de explosivo plástico de uso militar, destruyó la maquinaria de un radar antiaéreo de la marca española Indra, que el Gobierno había ordenado colocar en la cúspide del cerro Montecristi (443 metros de altura) desde donde se puede dominar el litoral manabita, así como las cercanas poblaciones de Manta y Jaramijó. 

El radar era operado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y era parte del sistema de defensa aérea nacional, y el día del incidente, por lo menos 14 efectivos de la FAE habían establecido un campamento en la cúspide del cerro, en torno a donde operaba el aparato, avaluado en más de 11 millones de dólares. El operativo de vigilancia duró apenas 11 días. 

Unos pocos días antes, el gobierno de Lasso, parte de cuya narrativa consistía en denunciar la inacción de los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno frente a los narcotraficantes, había anunciado que colocar el costoso aparato en la cima del cerro manabita sería la clave para enfrentar a las flotillas de avionetas del narco, que operan en remotos parajes de las planicies costeras, en especial en la costa sur, donde la vegetación más seca les permite aterrizar en pequeñas pistas. Pero el intento duraría solo unos pocos días.

¿Qué fue lo que destruyó el radar?

El caso se ventila en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Montecristi, ubicado en las faldas del cerro, en la localidad en donde nació el ex presidente Eloy Alfaro en 1842. La causa, signada con el número 13U05202202334 es actualmente un proceso por sabotaje, según lo tipificado en el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal  (COIP). El proceso se inició contra 14 efectivos de la Fuerza Aérea, que supuestamente custodiaban el cerro el día que ocurrió el incidente, pero el pasado 25 de marzo, el juez que instruye la causa ha llamado a juicio a 10 de los uniformados, acusados de sabotaje en grado de omisión, al no poder precisar que hayan sido ellos mismos quienes colocaron lo que, al parecer, fue una bomba conformada por algún explosivo plástico en la maquinaria del aparato.

Hay un detalle clave en el juicio: no tienen indicios de quién o cómo colocó la bomba que evidentemente destruyó el aparato, por lo que se han enfocado en procesar a la tropa de la Fuerza Aérea que supuestamente debía custodiar el cerro las 24 horas. 

Según cuatro informes que se conocieron durante el proceso penal en el juzgado de Montecristi, que ha dictado medidas sustitutivas contra los uniformados, los indicios que se encontraron descartaron una falla mecánica del radar, cuyo principal eje de movimiento fue destruido por una deflagración, que fue atribuida a explosivos plásticos. En este criterio coincidieron expertos de Estados Unidos, de la compañía constructora del aparato, llamada Indra, del Ministerio de Defensa y la Junta Investigadora de Accidentes de la Fuerza Aérea.

Todos revisaron el aparato y determinaron que algún tipo de explosión externa fue lo que destruyó el eje principal de la maquinaria que gira la antena del equipo, dejándolo inservible. Luego de realizarse las pruebas pertinentes, el radar fue desarmado y llevado hacia la Base Aérea Cotopaxi, en Latacunga, donde las piezas aún están guardadas. 

De ahí que el juez de la causa, en providencia del 25 de marzo de este año, en la cual llamó a juicio a diez de los procesados, declaró que los uniformados tenían el deber jurídico de impedir la destrucción del radar, aunque no los responsabiliza por el ataque en sí. Quiénes y cómo lograron la destrucción del radar sigue siendo un misterio. 

La mayoría de los acusados se ha limitado a decir que simplemente escucharon un estruendo en la zona donde se encontraba el aparato, en la madrugada de ese día, mientras sus abogados enfatizan que el radar fue colocado en la cúspide del cerro apresuradamente por órdenes del Gobierno sin ningún tipo de cerco de seguridad, cámaras o protecciones que impidan que alguien se acerque al sistema y atente contra él, como en efecto ocurrió. Con esto, apuntan también contra los generales de la Fuerza Aérea cuya única medida de seguridad habría sido colocar  en el sitio al pequeño piquete de uniformados que fallaron en la misión de proteger la instalación.  

La explosión fue de tal magnitud que provocó daños estimados en más de siete millones en el mecanismo del radar.  Fotos: Código Vidrio

¿Qué pruebas hay en el proceso penal del radar de Montecristi?

Según el auto de llamamiento a juicio, en el proceso contra los diez militares que supuestamente custodiaban la cima del cerro Montecristi, donde se encontraba el radar atacado, se han presentado, entre otras, las siguientes pruebas:

1.- Informe Técnico de Evidencias

2.- Informe Preliminar de ubicación del Radar y ubicación de cada uno de los procesados;

3.- Informe Pericial Ocular Técnico; Ampliación del Informe Pericial Inspección Técnica Ocular;

4.- Informe Pericial de Reconocimiento de Evidencias

5.- Informe Pericial sobre las causas del accidente o explosión del Radar que señala que “no fue por causas del aparato sino que fue provocada la explosión”

6.- Informe de la Junta Investigadora de accidentes que realizo al Radar determinado como información reservada

7.- Información dada por persona con identidad reservada que señalo que existía un pago u oferta de pago para proceder a explotar el aparato del sistema radar lo cual esta como información reservada;

8.- Información reservada al Ministro de Defensa Nacional indicándole que existían denuncias sobre el Sabotaje al Radar

9.- Fichas de Identidad de cada uno de los procesados

10.- Informe Institucional de Cooperación Internacional

11.- Informe del Reconocimiento del Lugar de los Hechos;

12.- Informe Técnico de Audios Videos y Afines; Informe del accidente terrestre y base radar;

13.- Informe de Análisis Técnico del accidente de Montecristi;

14.- Informe Investigativo de los hechos ocurridos

15.- Versiones de testigos y ampliaciones de versiones de testigos

Varios de estos indicios tienen el carácter de "reservado" por haber sido emitidos por autoridades militares sobre un asunto que compromete la seguridad nacional. Los diez llamados a juicio arriesgan una pena de hasta 10 años. 

El seguro en veremos: el forcejeo entre la FAE e Interoceánica

La póliza del seguro del radar de Montecristi fue emitida por la compañía Interoceánica. Se trata de una póliza que cubre equipos electrónicos del sistema integrado de Defensa Aérea, que maneja la Fuerza Aérea, y también los equipos electrónicos y el sistema de tierra de los drones tipo UAV que tiene la Armada del Ecuador. La póliza, con un monto total de cerca de 91 millones de dólares, está signada con el código MTRX-0000003592-1 y tenía vigencia de un año, habiendo sido firmada el 17 de septiembre de 2021, es decir,pocos meses antes del ataque al radar en el cerro. 

Aunque  la aseguradora había propuesto pagar cinco millones de dólares por la cobertura del aparato de la FAE, pues había alegado como causa probable al sabotaje del equipo, la FAE recurrió ante la Intendencia de Seguros, alegando que el pago debía ser mayor: no menos de $7,2 millones. Este valor sale de una proforma enviada por la empresa española Indra de cuánto costaría reparar la antena del equipo y las partes afectadas por la explosión. 

Recién el 24 de febrero de 2023, la FAE presentó ante la Superintendencia de Compañías un reclamo administrativo, pidiendo el pago de esa suma, bastante mayor que la pretende pagar la aseguradora.

Para el 2 de mayo, la Intendencia Nacional de Compañías aceptó el reclamo de la FAE y la dispuso el pago a la aseguradora, que apeló ante la Superintendencia. Para junio, la Superintendencia dio la razón a la aseguradora, y fijó el monto de la indemnización en solo cinco millones de dólares.

La disputa continúo en la Superintendencia, entre julio y septiembre de 2023, cuando la entidad le dio nuevamente la razón a Interoceánica, ratificando que lo que deben reembolsar a la Fuerza Aérea son solo cinco millones de dólares. Como es habitual en estos tiempos, la FAE presentó una acción de protección, que recayó en un juzgado de familia de Quito, que la negó. Esa acción se encuentra en apelación en la Corte Provincial de Pichincha. 

La empresa aseguradora había planteado reconocer la cobertura en su políza por los $5 millones, alegando que habían indicios de "asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo", en la destrucción del aparato militar.

El "caso fortuito" que alega la Fuerza Aérea sobre la destrucción del radar 

Pero los reclamos militares no quedaron ahí. Sabiendo que la aseguradora podría alegar el sabotaje como causa probable, el gobierno de Lasso y su ministro de Defensa evitaron aceptar que se había tratado de un atentado, dejando entrever que aún se podía hablar de un fallo mecánico o de otro tipo, que les permita una cobertura mayor.

De ahí que, inclusive, se negaron a hablar de un atentado contra el radar, desde las primeras horas del ataque, pues aquello reduciría considerablemente la cantidad que la aseguradora pagaría, además de dejar en ridículo el intento militar de frenar al narco. En todas sus alegaciones ante la Superintendencia de Compañías, la FAE ha dicho que hubo un "caso fortuito" en la explosión del radar, descartando que haya ocurrido un atentado terrorista o un acto de sabotaje. También ha minimizado el hecho de que la denuncia por un posible sabotaje fue presentada por uno de los generales de la FAE, Antonio Puga, alegando que el jefe militar carece de conocimientos sobre explosivos, como para ser fuente confiable de qué pudo ocurrir con el radar. 

Este era el aspecto del campamento instalado en la cima del cerro Montecristi en torno al radar. Archivo Diario Expreso

Pero el llamamiento a juicio de los diez militares, por un sabotaje, podría favorecer la postura de la aseguradora, que hasta la fecha no desembolsa nada por la destrucción del sistema de vigilancia aérea. Así, la estrategia militar se encuentra en apuros. 

Según estimaciones, el radar tiene un valor cercano a los 11 millones de dólares, y al recuperar solo cinco, el atentado la estaría costando a la Fuerza Aérea casi seis millones de dólares. 

La Fuerza Aérea ha hecho otros reclamos dentro de la póliza, como el pedido de que se paguen por parte de la aseguradora  dos millones de dólares para el arrendamiento de un radar sustituto del destruido en el presunto sabotaje, algo que fue aceptado por la Superintendencia de Bancos y Seguros y que, por medio de una acción de protección concedida por la justicia de Guayaquil en diciembre del año pasado, fue anulado.

El argumento de la FAE fue apelar a una claúsula de la póliza que cubre los gastos en los que incurra el asegurado al usar "un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente al asegurado".  Según destacó la FAE, la aseguradora se negó a aceptarles el aviso del siniestro durante 15 meses, solicitando documentos que eran necesarios. 

En junio de 2023, la Fuerza Aérea ingresó ese nuevo reclamo en la Superintendencia de Compañías, alegando que tenía derecho a que la aseguradora le pague la cobertura denominada "incremento en el costo de operación", que según la interpretación de los militares, significa que les debían pagar dos millones de dólares para rentar un nuevo radar, hasta que el Gobierno compre uno nuevo.

Para agosto de 2023, la Intendencia de Seguros aceptó el pedido, y ordenó a la aseguradora el pago, con lo que los reclamos de la FAE en el marco de la póliza alcanzaron los $9.2 millones. En septiembre de ese año, la aseguradora apeló ante la Superintendencia, pero esta vez no logró revertir la decisión, que fue ratificada. Inmediatamente, la empresa pidió y obtuvo una accion de protección en la justicia de Guayaquil, que dejó sin efecto cualquier pago. 

Según un documento del Ministerio de Defensa al que tuvimos acceso, la FAE espera que el caso de la acción de protección negada en Quito le sea concedida por la Corte Provincial de Pichincha, que hasta la semana pasada aún no avocaba conocimiento de su apelación, con la esperanza de que se ordene el pago de los $ 7.2 millones, para poder pagar a Indra la reparación del radar dañado. 

Una estrategia similar se prepara para la justicia de Guayaquil, pues la FAE concurrirá recién en julio de 2024 a la audiencia de apelación en la Corte Provincial de Guayas, con la intención de que la aseguradora pague los $2 millones por el alquiler del radar. 

La estrategia de Seguros Interoceánica en el caso del radar 

Este medio digital busco conocer el pronunciamiento actual de la aseguradora Seguros Interoceánica sobre el pago de la póliza del radar, pero no obtuvo respuesta. Se nos indicó que el presidente de la aseguradora, Francisco Rivadeneira, estaba fuera del país. Sin embargo, en entrevistas anteriores concedidas a otros medios, el gerente de la empresa, Geovanny Montenegro, había señalado que la póliza era "todo riesgo" pero que la cobertura varía dentro de una amplia gama de sucesos que pueden estar relacionados con la destrucción del radar.

Entre las exclusiones que ha mencionado Montenegro, están por ejemplo la garantía de fábrica en caso de equipos nuevos, pero sostuvo que mucha de la información que había del caso estaba en reserva, debido a la indagatoria penal que realiza la Fiscalía. La aseguradora, sin embargo, sí pudo acceder a la cima del cerro Montecristi y tomó fotos del estado del aparato luego de la deflagración. 

En sus alegaciones ante la Superintendencia de Compañías, a las que tuvo acceso este portal, Montenegro ha sostenido que, por ejemplo, el reclamo de los $2 millones para el arrendamiento de otro radar fue presentado de manera extemporánea, pues recién se presentó el 5 de mayo de 2023, más de un año del ataque al cerro Montecristi. 

La empresa declaró, de manera unilateral, en enero de 2023 que la explosión del radar era producto de un sabotaje, cuyo monto máximo en la póliza es de cinco millones, postura que ha mantenido sin variaciones. 

Al momento, la firma se mantiene en su postura de pagar solamente los cinco millones por el radar destruido, alegando que hay un proceso con indicios fuertes sobre un sabotaje, aunque no queda claro quiénes realmente lo realizaron. Al momento, el caso ha pasado del ámbito administrativo al judicial, y ambas partes están a la espera de la decisión de recursos de apelación que han sido presentados en las Cortes Provinciales en Quito y Guayaquil. 

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