“Como presidente del Ecuador, comandante en jefe de las FFAA y responsable de la Policía Nacional, yo siempre voy a estar del lado de los policías”. Con esa frase el presidente Guillermo Lasso empezó su respuesta sobre los hechos sucedidos el pasado 8 de marzo, durante la marcha de movimientos feministas que terminó en represión contra las participantes tanto en Quito como en Guayaquil.

ARRIBA. En estas imágenes capturadas por la agencia API se observa la agresión contra la periodista Viviana Erazo del medio Wambra por un policía hombre. ABAJO. Durante las manifestaciones del 8M, la Policía montana arremetió contra las asistencias, según varios testimonios. Capturas de Video de Agencia API

En el espacio semanal de entrevistas con periodistas, el Mandatario se refirió al veto a la ley del aborto por violación y a las marchas del 8M.

Ese día, por redes sociales, mujeres denunciaron haber sido agredidas por la Policía, que usó toletes, gases y hasta caballos para arremeter a las manifestantes. La mayor violencia sucedió en Quito, donde incluso la periodista Viviana Erazo, del medio digital Wambra fue una de las heridas. La editora del medio, Ana Acosta, confirmó que quien agredió a la periodista fue un policía hombre.

“En este caso particular, la ministra de Gobierno tomó precauciones, envió policías mujeres a una marcha feminista, todos los policías eran mujeres en esa tarde”, siguió su explicación sobre lo sucedido ese día Lasso, quien se pronunció por primera vez sobre esos hechos que incluso generaron un comunicado de la organización Human Rights Watch, que pidió al Gobierno investigar los abusos policiales durante la marcha.

“Me parece que hay un exceso de sensibilidad cuando la Policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a los riesgos. Pero se trató de una mujer policía que enfrentó a otra mujer cuyas pasiones se desbordaron y obviamente la fuerza pública tiene que actuar”, afirmó el Primer Mandatario sin precisar a qué caso se refería.

Un día después del 8M, PlanV el testimonio de Ana Benalcázar, ingeniera ambiental, quien estuvo en la marcha y fue parte del grupo que llevó las antorchas. Ellas estuvieron en la primera línea. En su relato confirmó que policías hombres agredieron a mujeres y ella, específicamente, uno de ellos le pateó en la espalda.

Human Rights Watch informó, el 16 de marzo, que verificó más de una docena de publicaciones de redes sociales y videos de Quito y Guayaquil difundidos en Twitter, Instagram y Youtube durante la protesta. “Algunos muestran el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta contra las mujeres que estaban manifestando, o a las manifestantes reaccionando ante el empleo de los mismos. Otros muestran a la policía usando líquido presurizado para dispersar a manifestantes. Algunos medios de comunicación publicaron señalamientos similares y reportaron que la policía golpeó a las manifestantes”.

La Comisión de Garantías Constitucionales convocó a la ministra de Gobierno Alexandra Vela; al comandante General de la Policía, Carlos Fernando Cabrera; y a la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, para que expliquen sobre los hechos del 8M. las tres autoridades se excusaron de asistir. De ellas, solo Ordóñez se había manifestado que pedirá investigaciones sobre la actuación de la Policía en esas manifestaciones. Mientras que la Policía emitió un comunicado donde reconoció que las protestas fueron pacíficas. “Sin embargo, en la noche un grupo de personas que participaban en las movilizaciones intentaron ingresar a zonas cuyo acceso estaba restringido”. Aseguró que actuó para precautelar el orden público.

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— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 9, 2022

En la sesión de la Comisión, se reprodujo un video de la agencia API donde se observa a policías hombres a pie y a caballo mientras lanzan gases a los asistentes y que forman los cercos, entre ellos la periodista Erazo. También Nadya Donoso, de Cepam-Guayaquil, expuso los hechos en Guayaquil donde también hubo denuncias de represión. La activista contó que notificaron a las autoridades de la ciudad sobre el recorrido de la marcha, pero ninguna coordinó con el movimiento. El 8M dijo que hubo represión y que hubo presencia desproporcionada de policías. En el primer bloque de la marcha había 50 menores de edad con tambores. Las madres los protegieron. Mencionó que más adelante un capitán de la Policía impidió el paso de la marcha y en ese momento uniformados lanzaron gas pimienta a las manifestantes.

En redes sociales, las declaraciones del presidente causaron el rechazo de activistas y organizaciones de mujeres. Por ejemplo, el Foro de la Mujer de Manabí publicó: “Gracias por dejar tan claro que no está del lado de nuestros derechos señor presidente. PD: la represión de parte de policías mujeres también es represión estatal”.

Lasso dice que estudió para emitir su veto

Sobre el veto presidencial a la ley del aborto por violación, Lasso volvió a insistir en que la Corte Constitucional lo despenalizó y, según él, ordenó a la Asamblea establecer plazos para la interrupción del embarazo. “La Asamblea excede la facultad que le otorga la Constitución, prácticamente establece unas condiciones que favorecen el aborto libre”, sostuvo en la entrevista.

Según Lasso, con su veto “puso en orden el desorden que hizo la Asamblea”. Afirmó que durante un mes estudió sobre el tema de los plazos e hizo consultas especialmente con científicos y médicos. “Usted puede llegar a detectar el embarazo de una mujer cinco días después de producido el acto sexual”, afirmó.

Agregó que, en el caso de una violación, “existe la posibilidad que una mujer violentada pueda hacerse un examen médico a los cinco días del acto de violación y usted puede conocer si se ha producido o no un embarazo. Por lo tanto, las 12 semanas es un plazo realmente en exceso”.

Esta afirmación fue duramente cuestionada en redes sociales. El médico y salubrista Esteban Ortiz refutó el argumento del Presidente. “En promedio y en la práctica la mayoría de embarazos se detectan a partir de las 6-8 semanas, las únicas que no lo pueden hacer son las más pobres”, explicó.

El experto informó que la detección se puede hacer a los 5 días en un laboratorio y a los 10 día con un test casero. En ambos casos, recordó, “estas pruebas no son gratuitas y no están disponibles en todos los centros de salud. Ni agua potable tienen muchas comunidades y mueren por enfermedades prevenibles”.

Manifestó que solo igualó los plazos que la Asamblea, afirmó, estableció. Pero en realidad el Legislativo estableció un mayor plazo para las menores de edad y las mujeres de la ruralidad hasta las 18 semanas.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han rechazado el veto de Lasso que lo consideran como intento para “restringir y obstaculizar al máximo el acceso al aborto por violación, ignorando la realidad de las sobrevivientes, imponiendo trabas infranqueables para las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas sobrevivientes de violación; e incumpliendo con la sentencia 34-19-IN y acumulados de la Corte Constitucional”.

El movimiento Organizadas por una Ley de Aborto Justa y Reparadora (OLA) han identificado cuatro puntos como sus principales preocupaciones respecto al veto presidencial. El primero tiene que ver con el plazo de 12 semanas para la interrupción del embarazo, la imposición de requisitos para acceder a ese procedimiento, el reconocimiento de la objeción de conciencia institucional y colectiva, y la modificación en el consentimiento en niñas y adolescentes que condiciona su acceso a la autorización de sus representantes legales o de autoridades específicas.

Estos artículos, dicen las organizaciones, “provocarán que el 95% de las sobrevivientes de violencia sexual no pueda acceder al aborto por violación (Surkuna, 2022). A pesar de que el veto se argumenta desde una supuesta inconstitucionalidad, el Presidente Lasso ha omitido intencionalmente su obligación de enviarlo a la Corte Constitucional (máximo intérprete de la Constitución y de sus propias sentencias); violando la norma constitucional y los procedimientos a los que el Ejecutivo está obligado, que vulneran la seguridad jurídica”.

El veto, dice la plataforma OLA, “incumple el mandato de la Corte Constitucional de ‘garantizar —dentro del marco de sus competencias— que sus actuaciones respeten y garanticen los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos’ y de elaborar esta Ley con base a ‘los estándares y parámetros recomendados por el derecho internacional, así como por las organizaciones internacionales como la OPS o la OMS, y organismos internacionales como el Comité de la CEDAW, el Comité DESC, entre otros’. El Presidente Guillermo Lasso, ha adecuado argumentos científicos, jurídicos y bioéticos conforme a sus dogmas religiosos y convicciones personales, abusando del poder político que su cargo le significa”.