Lea la primera parte: ¿Quiénes integran el Galápagos Life Fund y cuál es su agenda? y la tercera parte: La letra chica del canje de deuda del Ecuador para el Galápagos Life Fund
 

El ex ministro del Ambiente durante la administración de Rafael Correa, Daniel Ortega, ha seguido, junto con otros catedráticos e investigadores nacionales y extranjeros, los detalles de la constitución del Galápagos Life Fund (GLF) un mecanismo que, al parecer, condicionará el manejo de proyectos en las Islas Encantadas durante los próximos 18 años. Fue ministro de Ambiente en 2015 y 2016 y miembro del Consejo del Fondo Mundial del Medio Ambiente, la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas y del Consejo Asesor de los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales.

Ortega es Licenciado en Ciencias Agronómicas de Universidad EARTH, y tiene una Maestría en Economía Aplicada de la Michigan State University, así como una Maestría de Negocios y un PhD en Políticas y Administración Pública por la Ohio State University de Estados Unidos. Es Co-Presidente del Panel de Expertos del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono y es miembro del UNPRME Grupo de Trabajo en Finanzas Sostenibles. Además, se desempeñó como director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la ESPOL en Guayaquil. 

Según destaca su hoja de vida, como observador del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU, está promoviendo oportunidades para el alivio de la deuda climática y el uso de créditos de carbono de alta calidad e integridad en el contexto de canjes de deuda por cambio climático. Conversamos con Ortega sobre algunos de los aspectos más polémicos de la constitución y operación del GLF en la región insular ecuatoriana. 

¿En qué otros casos se ha usado este mecanismo de convertir deuda externa del Ecuador en recursos que puedan ser utilizados para otros fines, como vemos en el Galápagos Life Fund?

El instrumento de canje de deuda es un instrumento que se ha utilizado por parte del país, hasta ahora de manera exitosa, pero en un esquema distinto, que es un esquema entre soberanos. El Ecuador ha realizado canjes con países como Alemania, Italia, España, sea para conservación o para educación.

Este tipo de canjes siguen normas internacionales que pueden incluir o no crear un fondo. En el caso de Alemania, el canje de deuda no se utilizó directamente para financiar un portafolio de proyectos, sino que se crearon fondos patrimoniales, que son administrados por una tercera instancia que invierte en proyectos productivos para que le den un retorno.

El país creó en su momento, para el canje con Alemania, el Fondo Ambiental Nacional, que era una figura de derecho privado, pero en 2016 se liquidó por no cumplir con normas constitucionales, pues se requería crear una comité de inversión presidido por personeros públicos, a pesar de que el fondo o fideicomiso tenga naturaleza privada.Un fondo de ese tipo puede ser privado, pero debe ser administrado por el Gobierno.

Foto: Archivo Ministerio de Ambiente

Eso no es necesariamente malo, es algo que debemos seguir explorando y potenciando, lo que se cuestiona en este caso es que a diferencia de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, ese canje no se ha canalizado por medio del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible que ya existe y administra fondos de canje de deuda previos y ha recibido recursos del Fondo Verde Climático sino de forma distinta.

Además, si no se podía usar ese fondo por pedido de los privados que están participando, había alternativas a crear un Fondo en Delaware. Eso no es necesariamente malo, lo importante es transparentar quién registró y quién es el propietario del Fondo. En el Ecuador, como en cualquier parte del mundo, hay que saber quién registra estas estructuras y quién es el posesionario. Podrían haber habido alternativas, como por ejemplo, el fondo multidonante que se creó para la iniciativa Yasuní ITT. Ese fondo fue creado en Nueva York y es administrado por el PNUD, y antes de ser inscrito se acordaron dos cosas con el PNUD: cuál iba a ser el costo administrativo y cómo pudiéramos tener una gobernanza que defienda los intereses nacionales. Por ejemplo, en ese directorio iban a participar países contribuyentes, así como otros estados, pero la mayoría simple recaía en personeros públicos por la responsabilidad de administración de esos fondos. En el caso del fondo de Yasuní también había fondos de privados, pero en la situación actual parece que es de propiedad de los privados. En el decreto del presidente Lasso no hay disposiciones, sino que se saluda la creación del Fondo y no se dispone que el Fondo tenga un comité de inversiones.

El Gobierno dice que no es dinero público, pero en su origen proviene de deuda externa que tenía que pagar el Ecuador. ¿Es o no es dinero público?

La naturaleza de los fondos públicos no cambia porque los administren privados, según la Constitución, la Ley de Finanzas Públicas y la Ley de la Contraloría. Si bien es cierto que la naturaleza de los bonos soberanos comprados por privados se debe extinguir, eso aún no se verifica. No sabemos si los bonos soberanos siguen en posesión de los privados. El BID ha concedido una garantía en este tema según la cual la naturaleza de los bonos debe extinguirse. Si es así, el Ecuador ha asumido otro préstamo a través de un banco de Nueva York que existe y debe ser pagado. Ese pago tiene que salir de los recursos públicos. El compromiso y la garantía involucran que además de pagar un préstamo, hay un compromiso del país de aportar en este fondo de dotación que se ha creado en Delaware, y hay un compromiso de que una vez que el país le pague a una organización que llamamos el vehículo especial de giro, esos recursos van a ser enviados al Fondo, lo que implica que el Ecuador debe presentar proyectos para financiamiento, tanto público y privado.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con la soberanía nacional. ¿Se van a imponer las políticas de conservación de Galápagos al país?

Hay que distinguir la soberanía territorial, de la que el elector transmite al gobierno de turno. La soberanía radica en el pueblo, que la transmite al Ejecutivo. La política pública debe ser elaborada por el Gobierno, es una de sus responsabilidades, encomendadas por el ciudadanía. El Gobierno debe consultar con la ciudadanía, en este caso de Galápagos, y el proceso no se puede limitar a preguntarle a dos empresas internacionales si están de acuerdo. Considero que aunque el mecanismo es innovador y novedoso, altera la posibilidad de cumplir con las demandas de la población y con las prioridades nacionales. Este es un monto de monitoreo y vigilancia sobre más del 80% de la Reserva Hermandad, si bien podrá movilizar los recursos. Aún no sabemos la política de inversión para saber qué van a hacer y luego vendrá un proceso de pujas entre el Gobierno y socios internacionales, que es una situación que va a afectar el proceso. Una política pública debe pasar por el Plan Nacional de Desarrollo, por los ministerios, por el Ejecutivo desconcentrado y eso no se va a poder hacer, porque se va llegar ante un fondito que decide qué hacer y qué no, es por eso que argumentamos que se debilita la soberanía en la administración de los recursos públicos y en la toma de decisiones.

Foto: Cortesía de Daniel Ortega

El presidente Lasso estuvo la semana pasada en Galápagos y mencionó inversiones para servicios básicos por medio de Oceans Finance Company. ¿El Gobierno va a seguir haciendo la infraestructura que tiene que hacer o todos los dineros de Galápagos se van a canalizar por medio del GLF?

Realmente solo puedo especular sobre eso. Lasso habló de una supuesta donación pero no conozco a fondo. Se trata de competencias de los gobiernos descentralizados, hay proyectos en Galápagos que no han sido atendidos por este ni por los gobiernos anteriores. Los municipios deberían hacer un diseño y un concurso para una obra, con participación ciudadana. No sabemos cómo se van a financiar los proyectos presentados por los municipios.

Esa supuesta donación podría venir para construir infraestructura, no le podría decir cómo se va a articular con el GLF, o con los gobiernos locales de las islas.

Este mecanismo tiene un "seguro político", ¿qué podría ocurrir si un nuevo gobierno decide desmontar el fondo?

El blindaje es realmente muy complejo y tiene tres elementos, pero el principal es el documento de préstamo que firmó el país. Se dice que nos están regalando dinero, pero no hay tal, es un préstamo del que hay que pagar el capital y los intereses. Que el privado al que le pagamos decida invertirlo en Galápagos luego, es otra cosa distinta, pero regalo no hay.

Hemos pagado $85 millones en una garantía. Hay que tomar en cuenta que se necesitaban $25 millones en embarcaciones para vigilar y monitorear esa zona, pero solo en la garantía ya hemos pagado 85 millones. Además, se van a pagar 18 millones de dólares en comisiones, lo que equivale a un año del presupuesto del Consejo de Gobierno de Galápagos. Entre ambas cosas ya se llega a cien millones de dólares. No hay regalo de dinero.

El segundo seguro se refiere a un laudo arbitral contra el Ecuador que no permite presentar un recurso. Los privados han contratado un seguro de riesgo político en Estados Unidos que si queremos pagar antes igual nos pueden llevar a un tribunal arbitral.

El tercer blindaje es la garantía firmada con el BID. Cualquier gobierno posterior deberá pensar seriamente lo que es un posible default, lo que perjudica nuestra calificación crediticia y las emisiones de bonos por incumplir los acuerdos del Gobierno actual, el Comité de Deuda y la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Finanzas.

Siguiente entrega: La explicación del complejo mecanismo financiero del GLF