Lea la primera parte: ¿Quiénes integran el Galápagos Life Fund y cuál es su agenda?. Y la segunda parte: Daniel Ortega sobre el GLF: "no hay ningún regalo es un préstamo a 18,5 años"

La salida del ministerio de Relaciones Exteriores de Juan Carlos Holguín, a principios de abril de este, el segundo canciller de Guillermo Lasso, y su reemplazo por Gustavo Manrique, un ecologista que hasta ese momento había sido ministro del Ambiente, llamó la atención desde un principio. Para varios ex diplomáticos de carrera, la designación no parecía tener ningún sentido: ¿Qué haría Manrique, un hombre vinculado al ambientalismo, como jefe de la diplomacia ecuatoriana?

Pero la situación se vio más clara el 9 de mayo, cuando en un comunicado cuando menos pomposo, la Cancillería anunció una operación de canje de deuda que no dudó en declarar como “ la más importante en la historia de la humanidad”. Unas semanas antes, el 26 de abril, se había anunciado en Europa que el banco Credit Suisse compró en efectivo bonos de deuda ecuatoriana.

Tras la hipérbole del anuncio, fueron trascendiendo en los siguientes días los detalles de una operación que, sin ser el hito en la historia humana que pretende el Gobierno, era cuando menos novedosa. Una operación de canje de bonos de deuda externa del Ecuador, que tenían un fuerte castigo como consecuencia de la crisis económica, la crisis política y el riesgo país altísimo, por una especie de triangulación de recursos para financiar obras en Galápagos. Para algunos, algo  bueno debía salir de la crisis actual del país.

El canciller Gustavo Manrique reivindicó la operación de bonos como "la más grande en la historia de la humanidad".  Foto: EFE

A diferencia de otras operaciones político-diplomáticas del Gobierno, que resultaron un fracaso, como fue el caso de la supuesta decisión europea de quitarle a los ecuatorianos la obligación del visado, esta fue manejada con mucha más seriedad y se esperó hasta que todo estuviera oficializado antes de hacerlo público.

Los detalles del canje

Un grupo de académicos ecuatorianos y extranjeros analizaron con detalle el esquema económico planteado para la constitución del Galápagos Life Fund.

Originalmente publicado en inglés, el estudio fue realizado por Daniel Ortega, ex ministro de Ambiente del Ecuador, Iolanda Fresnillo, Gerente de Políticas e Incidencia  de  Eurodad, Patricia Miranda, directora de Incidencia Global y Directora del Área de Nueva Arquitectura Financiera de la organización Latindadd,  Rodolfo Bejarano, Analista de Financiamiento para el Desarrollo y Carola Mejía analista de financiamiento climático, de la misma organización.

Según el estudio publicado por estos expertos, a pesar del anuncio del régimen lassista de que se trataba de una hecho inédito en la historia humana, tiene antecedentes en operaciones similares realizadas en 2018 por Seychelles, en 2021 por Belice y en 2022 por Barbados, países que obtuvieron, sin embargo, condiciones más ventajosas.

“El canje de deuda extenderá la estructura de plazos del 1% de la deuda pública de Ecuador y respaldará el ahorro fiscal a mediano plazo sobre la base del valor presente neto (VAN), al tiempo que generará una lucrativa oportunidad comercial para quienes estructuran y aseguran el canje. Este canje se ha presentado como un gran avance, dado el nivel aparente de ahorro para Ecuador en la operación de recompra de deuda, pero cuando se analizan los detalles, el esquema genera preocupaciones importantes”, señala el estudio.

Una recompra con muchos actores

La operación crediticia es un tanto compleja. Si en tiempos de la recompra de deuda de 2009 simplemente ocurrió que el Estado del Ecuador volvió a comprar sus bonos de deuda externa a un precio más conveniente, en este caso hay una recompra, pero con características singulares.

En lugar de de los papeles de deuda externa que tenía el Ecuador en el mercado internacional, (que son como un pagaré de una deuda, que es susceptible de comprarse y venderse, aunque no siempre a su precio nominal por la influencia una serie de factores) se emitieron un nuevo tipo de bonos, por un valor de  $656 millones, al que se ha llamado bono azul. Estos bonos se emitieron el 15 de mayo de 2023 con el nombre de bono GPS Blue Financing con valor nominal $1.000 y con vencimiento el 9 de noviembre de 2041.

Una empresa privada con fines de lucro, llamada GPS Blue Financing Designated Activity Company, establecida en Irlanda en 2022, sirve como un vehículo para canalizar la operación. Es esta empresa privada la que ha financiado el canje, emitiendo $656 millones en bonos, en una venta organizada y respaldada por Credit Suisse, un banco privado con sede en Europa.

El mayor accionista de GPS Blue Financing Designated Activity Company es Waystone Corporate Services (Ie) Limited que es propiedad exclusiva de Waystone Centralised Services (Ie) Limited bajo una pirámide de sociedades holding. Se desconocen quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas.

Ahora bien, hasta aquí, eso significa que el Ecuador debe por lo menos $656 millones, en un nuevo bono, pero, ¿para qué se usa ese dinero?

Los expertos explican que el bono “se utilizó para financiar una recompra de deuda, intercambiando $1.628 millones de bonos internacionales de Ecuador por un préstamo de impacto de $656 millones con vencimiento en 2041”. Esto fue posible debido a que los bonos ecuatorianos habían perdido buena parte de su valor debido a la situación del país.

“Aprovechando la actual agitación política e inestabilidad del país, en el marco de la oferta pública de adquisición en efectivo a los bonistas existentes realizada por Credit Suisse, se compraron US$1.006,2 millones valor nominal del bono 2035 de Ecuador a un precio de 38,5 centavos por dólar, US$202 millones de una nota 2030 a 53,25 centavos por dólar y US$420 millones de un bono 2040 a 35,5 centavos por dólar. El ahorro total de la deuda asciende a US$1.126 millones a través de la reducción de los costos del servicio de la deuda”, se explica en el estudio.

El estudio precisa que la empresa irlandesa “prestó las ganancias de la venta del bono azul ($656 millones) a Ecuador, bajo condiciones parcialmente conocidas. En virtud de la transacción, Ecuador, como prestatario, celebró una línea de crédito a plazo de tasa fija con la prestamista, y The Bank of New York Mellon (BNYM), como agente de la línea de crédito, con vencimiento en 2041, con un período de gracia de 7 años para reembolsos de capital”.

Pero esa plata no se la queda la empresa en Irlanda, que es denominada técnicamente como Vehículo de Propósito Especial (Special Purpose Vehicle – SPV por sus siglas en inglés), sino que cuando el Ecuador le paga, a su vez aporta recursos al Galápagos Life Fund, cuya estructura de gobierno ha sido cuestionada por las mismas razones que cuando fracasó la iniciativa Yasuní ITT: porque en el directorio tienen mayoría no los funcionarios del Gobierno del Ecuador sino sectores privados y organizaciones internacionales.

El país, explican los expertos, “deberá realizar pagos trimestrales dedicados a la conservación y vinculados al canje de deuda de inicialmente US$ 4,5 millones (promedio de US$ 5,41 millones anuales) hasta 2041, que el prestamista a su vez se ha comprometido a aportar al Galápagos Life Fund (GLF), un fondo de dotación extranjero sin fines de lucro”. Otros $12,05 millones por año durante 18 años se destinarán al GLF.

Para el grupo de expertos, un factor clave aquí es la mejora crediticia que los bonos de esta operación tienen, a diferencia de otros papeles del Ecuador. Esto se debe a que “la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), entregó un seguro de riesgo político por un préstamo de $656 millones, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está entregando una garantía de $85 millones para cubrir los primeros seis cupones de interés trimestrales, en caso de incumplimiento, y para ciertos gastos legales y operativos”. Estos seguros significan que si en algún momento el Ecuador decide no pagar ni los bonos ni la sentencia de un laudo arbitral desfavorable, el dinero que están prestando los inversionistas no se perderá.

Pero, ¿qué ganan de todo esto los inversionistas internacionales? ¿O participan de puro altruismo? Los expertos señalan que “el préstamo a Ecuador tiene una tasa de 11,04% mientras que el bono azul se emitió a 5,4%. Esta es una diferencia de 5,50 puntos básicos de margen que genera unos 450 millones de dólares en 18 años. Los 450 millones se reparten entre costes de transacción, beneficio del SPV y recursos para la conservación. La mayor parte de los recursos se destina a los costos de transacción”.

Según el informe, Galápagos tiene desde 2020 un déficit de financiación de por lo menos $20 millones al año, a los que hay que sumar $9.5 millones que se deben invertir en el control y manejo de la reserva hermandad.. Si los recursos del GLF aportan los $18 millones al año que se estiman, aún faltan $11.5 millones para que se puedan financiar los proyectos en Galápagos y el control de la reserva Hermandad.

“Los agentes de búsqueda de rentas involucrados en los canjes de deuda no pueden considerarse filantropía. Se necesita un cuidadoso sistema de frenos y contrapesos para evitar riesgos de lavado verde. La biodiversidad no es una moneda de cambio. Según las constituciones ecuatorianas es un recurso estratégico. Como tal, la gestión de Galápagos no es compatible con los” activos trofeos” que motivan los “acuerdos de clubes”. El canje es insuficiente y amenaza la soberanía al comprometer la estabilidad fiscal y una gran parte de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas”, advierten los expertos.

Bonos “oscuros”, sostiene Marcelo Larrea

Para Marcelo Larrea, activista político y coordinador de Galápagos Vive, el decreto 735 emitido por Guillermo Lasso fue entregado a una entidad “fantasmagórica” protegida por un paraíso fiscal en Estados Unidos. “Delaware es conocido como un sistema de espejos, hace virtualmente imposible que se conozca quién es el beneficiario final de ese trust. El trust está protegido por la legislación de ese paraíso fiscal”, sostiene el también ex candidato a la presidencia de la República.

Marcelo Larrea es activista y político. Foto: El Universo

Larrea ha seguido de cerca el curso de la operación. Cuenta que el Credit Suisse Bank anunció que tenía $800 millones para comprar bonos Global de Ecuador. El anuncio tuvo un impacto en el mercado financiero mundial, asegura Larrea, y significó que la tendencia a la baja de todos los bonos ecuatorianos, en una época con el índice de riesgo país más alto de nuestra historia, revirtiera el curso y se convirtiera en un curso ascendente.

“Habría que ver cuál era la cotización de los bonos de la deuda ecuatoriana antes de ese anuncio. Esa compra se hizo a valores sobre el 50% y a un valor promedio del 40%. Pero los valores reales de los bonos estaban por debajo del 30%. Quienes vendieron esos papeles obtuvieron un beneficio, que no es para el país sino para quienes hicieron esa transacción”, dice Larrea.

“Nadie ha visto los llamados bonos azules. Yo hablo de bonos oscuros. Porque no los hace públicos el Gobierno? Yo quisiera pedirle al Canciller, que exhiba los bonos azules, porque si no me equivoco él declaró que los bonos fueron emitidos por la DFC. Si son una obligación de pago del Ecuador, a cuenta de que una entidad financiera extranjera emite bonos que generan una obligación al país?”, sostiene el activista.

El Gobierno ha señalado que el Estado ecuatoriano tendrá mayoría en el directorio del fondo. De los once miembros, cinco son representantes gubernamentales y cuatro son organizaciones privadas. Solo dos espacios están asignados a las dos organizaciones extranjeras detrás de la iniciativa. Pero Larrea afirma que hay una subordinación de los cinco funcionarios del Gobierno a una mayoría impuesta por un directorio privado. “Sus criterios pueden ser buenos, pero no puede ser que tomen decisiones a espaldas del pueblo ecuatoriano”.

El activista dice que la creación del CGREG es lesiva para la Constitución, “el delegado de la Presidencia es una especie de zar de Galápagos que hace lo que considere. Eliminaron la Prefectura en 2008, es una contradicción con la estructura del país, hay que devolverle la provincialización a las islas, no son una zona especial ni mucho menos”, concluye.

  ENTREVISTA  

“La autoridad no se ha modificado, Ecuador tiene mayoría en el directorio”: José Antonio Dávalos, Ministro de Ambiente

José Antonio Dávalos. Foto: Ministerio de Ambiente

Para el ministro de Ambiente, José Antonio Dávalos, la presencia de las organizaciones extranjeras en el GLF no representa una pérdida de soberanía. En entrevista con este portal, Dávalos explica cómo funcionará la administración de este canje de deuda.

¿La presencia de los organismos extranjeros puede influir en la soberanía nacional?

La soberanía es el ejercicio de la autoridad en un territorio. En Galápagos, la entidad que ejerce en materia ambiental es la Dirección del Parque Nacional, que actúa en nombre del Ministerio de Ambiente. En todas las demás materias ejerce el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos (CGREG). Eso no se modifica porque entre un ente privado a administrar una donación de fondos privados para proyectos de sostenibilidad haya pérdida de soberanía.

La autoridad no se está modificando. Lo que el fondo está decidiendo es, qué es lo que se va a hacer a partir de proyectos que se le presenten. Este fondo no va a dictar políticas públicas, no va emitir autorizaciones para el ejercicio de autoridades y no va a poder regular las actividades que se hacen en las islas así que no hay cambios en la soberanía.

¿Una decisión de tal importancia no debería ser consultada a la población?

La creación de la Reserva Hermandad y la Reserva del Parque Nacional Galápagos son políticas públicas que no pasan por el pueblo ecuatoriano, peor temas de manejos de deuda. Lo que sí ocurre es que se necesita una mejor comunicación para el Galápagos Life Fund (GLF) y los beneficios que representa para el pueblo ecuatoriano. En la última sesión del directorio se aprobó un plan de comunicación que será difundido en los próximos quince días para informar sobre lo que puede y no puede hacer el GLF.

¿Habrá un director ejecutivo y una oficina en Galápagos?

Por supuesto. Se aprobó la radicación de una compañía privada que se domicilie en Ecuador. La idea es contratar un director ejecutivo que sea de Galápagos y abrir una oficina allá. Hay un subcomité de contratación ad hoc, conformado por las entidades del Estado, CGREG, el representante de los pescadores y del turismo, y será el comité el que defina a quien se selecciona.

La idea es buscar alguien que viva en las islas. Estará por un periodo de dos años. Hay un perfil que debe acoplarse a las metas del GLF. El fondo no solo administra los $450 millones sino que también debe buscar nuevos financiamientos para continuar con la inversión en Galápagos.

Desde el sector académico se ha expresado la preocupación porque lo recomendable es hacer un canje de deuda entre Estados, y en este caso será un canje con tenedores privados…

Sabíamos que iba a haber un ahorro. Estos privados nos dieron buenas condiciones al extender el plazo de la deuda, que originalmente era 2030, 2035 y 2040, para ahora cobrarnos en 2041.

Lo simpático del caso es que de la deuda original de $1600 millones, a los privados les cuesta $600 millones y ellos no cobran la diferencia. Al ser un canje por naturaleza eso queda como beneficio para el país, en tanto se comprometa a la conservación de las dos reservas de Galápagos. Otro beneficio es que los privados destinan dinero de lo que le pagamos al fondo de conservación.

Si el dinero es de ellos ponen condiciones. Una de ellas es constituir el fondo en Delaware, que no es un paraíso fiscal. No lo decimos nosotros, no está en ningún listado de paraísos fiscales.Pprimero que los listados son por países y Delaware no es un país. No está en el listado que emite el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La segunda condición es dejar cinco miembros del Estado pero tienen que haber seis miembros privados, de los que tres son ecuatorianos. Esto porque siempre hay temas políticos que pueden inmiscuirse. Seguimos teniendo como país ocho miembros contra tres extranjeros.

La presidencia del directorio la tiene el Ministerio de Ambiente y el representante de la academia que en este caso es la Universidad San Francisco de Quito. Como país tenemos una mayoría absoluta de ocho a tres. Entonces esa condición tampoco es un problema.

¿El fondo es público o privado?

La respuesta corta es que es privado. Uno de los argumentos que se esgrime es que la plata sigue siendo pública. Pero por ejemplo, yo como funcionario público recibo dinero del Estado. Ese dinero viene de fondos públicos. Yo con eso hago mis pagos. A nadie se le ocurre decirle a los bancos que reciben dinero público porque yo pago ahí mis deudas. No, la plata dejó de ser pública el rato que entró a mi y yo ya le he devengado con trabajo.

Algo parecido es lo que pasa con el Fondo. Tenemos un acreedor. El Estado paga con dinero público, pero hay una obligación de por medio. Se devenga la deuda y en ese momento se convierte en dinero privado. Ellos deciden donar ese dinero al país para que se cumplan con las metas de conservación.

¿Cómo va a funcionar el directorio?

Al inicio tendremos reuniones mensuales para aprobar todos los documentos para su funcionamiento, como los estatutos, la políticas de ética y de conflicto de intereses, el perfil para el director ejecutivo y la instalación de la oficina en Ecuador.

Una vez resueltos estos temas operativos se abrirán los proyectos. Hay una cascada de proyectos, desde el cumplimiento del plan de manejo de las reservas, pesca sostenible, economía azul, turismo sostenible, también puede haber proyectos enfocados a la infraestructura pero deben tener un enfoque de sostenibilidad.

Habrá un comité asesor, que recibirá los proyectos y los evaluará. El comité está presidido por Ambiente, entre sus miembros está el CGREG, el Ministerio de Producción, CAPTURGAL y el representante pesquero. El comité luego pondrá a consideración del pleno del directorio.

Para la aprobación de los proyectos en el directorio se necesita mayoría simple, que es el 50% más uno. Hay ciertas cosas que se someten a votación donde el director especial, que será el ministro de Ambiente tiene un voto dirimente. En principio será la máxima autoridad de cada institución del Estado la que sea el representante en el directorio. Estimamos que el próximo año se puedan recibir propuestas de proyectos.