El pasado 7 de julio, el Departamento de Justicia de EEUU confirmó que el abogado litigante Alexander J. Kramer estará al frente del proceso del excontralor ecuatoriano, Carlos Pólit, cuyo juicio iniciará en mayo de 2023. Kramer ha acusado a más de una decena de exfuncionarios o empresarios latinoamericanos -sobre todo, ecuatorianos, colombianos y venezolanos- relacionados con sobornos y lavado de dinero en EEUU.

Kramer fue jurista de la firma Foley & Lardner, una de las más antiguas de EEUU y que entre sus asociados ha estado el expresidente norteamericano Barak Obama. En el bufete, fue asesor principal en los llamados casos de cuello blanco, entre 2008 y 2016.

En ese último año se incorporó al Departamento de Justicia de EEUU. Allí ha detectado fraudes relacionados con los precios de metales preciosos y en el sector salud. Por ejemplo, en 2017, fue parte del equipo de abogados que litigó uno de los fraudes en atención médica más grandes hallados por el Departamento de Justicia, que involucró a 412 acusados.

Desde el 2020 es el jefe adjunto de la Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta unidad pertenece la Sección de Fraude, de la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU.

En 2020, Kramer arrancó sus labores en esa área justamente con un caso ecuatoriano. Se trata del esquema de soborno y lavado de dinero de Seguros Sucre. Según el Departamento de Justicia, el expresidente de la empresa estatal de seguros, Juan Ribas Domenech, y otros acusados ​​participaron en un plan multimillonario para adjudicar contratos a cambio de sobornos que luego se lavaron a través de cuentas bancarias estadounidenses.

Los documentos judiciales del caso afirman que, entre 2013 y 2017, Ribas aceptó aproximadamente USD 5 millones en sobornos de sus cómplices a cambio de usar su cargo oficial para permitir que tres corredores de reaseguros con sede en el Reino Unido obtuvieran y mantuvieran contratos con Seguros Sucre. Estos sobornos se pagaron a través de varios intermediarios, incluidas dos empresas introductorias de reaseguros. Una parte de los sobornos fueron lavados a través de EEUU.

Kramer, junto a las abogadas Katherine Raut y La’Nese Clarke, estuvo a cargo de la acusación que terminó en una sentencia de 51 meses para Ribas Domenech, el 23 de marzo de 2021.

En ese mismo mes, Kramer ya estaba con otro caso de dos ecuatorianos. John Luzuriaga Aguinaga, de 52 años, y Jorge Chérrez Miño, de 46, fueron acusados ​​también por lavado de dinero. Luzuriaga, exdirector de riesgos del fondo de pensiones de la Policía Nacional (ISSPOL), fue arrestado el 26 de febrero de 2021; mientras que Chérrez, un asesor de inversiones, se creía que estaba en ese momento en México.

La acusación contra estos ecuatorianos afirma que, entre aproximadamente 2014 y 2020, Chérrez pagó más de USD 2,6 millones en sobornos a funcionarios del ISSPOL, incluyendo USD 1,3 a Luzuriaga para para obtener y retener negocios de inversión de ISSPOL. Chérrez supuestamente obtuvo aproximadamente USD 65 millones en ganancias.

Según la denuncia, Chérrez recibió pagos del negocio de inversión ISSPOL en una cuenta de EEUU, usó compañías y cuentas bancarias con sede en Florida. Hasta el momento es considerado un fugitivo de la justicia. Luzuriaga, en cambio, se declaró culpable por haber recibido sobornos de Chérrez, el 2 de febrero pasado.

El nombre de Kramer además coincide en algunos casos de alto revuelo que han involucrado a funcionarios venezolanos. Tiene en sus manos, al menos, cinco procesos relacionados con las empresas estatales Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), Fiscalía, etc. Una de las acusaciones es contra Natalino D'Amato, un empresario ítalo venezolano, que ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos para ofrecer bienes y servicios a las empresas filiales de PDVSA.

El espinoso caso Saab

Kramer también asumió el caso de Álex Saab, junto al fiscal federal adjunto Kurt K. Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida, desde el 18 de octubre de 2021. Ese día, Saab, de nacionalidad colombiana, compareció ante una Corte de Miami, después de haber sido extraditado desde Cabo Verde. Saab fue acusado junto con Álvaro Pulido Vargas, también colombiano, por lavado de dinero.

La acusación formal alega que, a partir de noviembre de 2011 hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en EEUU. Saab y Pulido transfirieron aproximadamente USD 350 millones fuera de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.

Álex Saab, conocido como el  testaferro de Nicolás Maduro, es investigado por exportaciones ficticias a Venezuela a través del mecanismo del SUCRE. Foto: Reuters

Saab es considerado como el “testaferro de Nicolás Maduro” y también operó en Ecuador a través de exportaciones ficticias con el uso del SUCRE, un sistema de compensación. En 2012, creó la empresa Foglocons para la exportación a ese país de casas prefabricadas e insumos de construcción para los programas de vivienda popular. Sus accionistas principales en Ecuador fueron Pulido y el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez. Este último era hermano de Jaime Francisco, quien fue parte del círculo de seguridad más cercano de Rafael Correa, según publicó el periodista colombiano Gerardo Reyes en su libro Álex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro.

Kramer estuvo en la última audiencia a la que Saab asistió en su caso. El pasado 15 de julio, el colombiano apareció en la Corte de Florida esposado y con un uniforme beige. En esa diligencia se conoció que faltaba documentación de las agencias FBI y CIA, al igual que de los departamentos de Estado y de Justicia para continuar con el proceso. Para su defensa, Saab contrató 10 abogados. Por EEUU, además de Kramer, están otros siete juristas.

El juicio de Pólit para el 2023

En la última audiencia que hubo en el caso de Pólit, Kramer ya actuó como abogado por EEUU. Estuvo junto a los fiscales que han llevado los primeros trámites del caso: Peter A. Laserna, Michael N. Berger y Jill Simon. Con Berger coincide en algunos procesos contra funcionarios venezolanos.

En esa diligencia se definieron nuevas fechas para el proceso del exfuncionario ecuatoriano. Inicialmente el ‘calendar call’ o ‘llamada de calendario’ se fijó para el pasado 12 de julio y el inicio del juicio después del 18 de julio. El ‘calendar call’ es una reunión previa al juicio, donde están presentes el juez y los abogados de ambas partes para programar la fecha del juicio y arreglar algunos otros detalles previos a esa audiencia.

Pero ambas partes acordaron solicitar a la jueza un plazo mayor hasta finales de la primavera de 2023 “dado el alcance del descubrimiento y las alegaciones en la acusación”. Es decir, el Gobierno de EEUU tiene más pruebas sobre el caso, que se encuentran en ocho memorias USB y discos duros con registros voluminosos que incluyen documentos producidos por Google, Panamá, Curasao, Odebrecht, Microsoft, Inc., Merrill Lynch, CitiBank, Barclays, American Express, entre otros.

El 27 de mayo pasado, Carlos Pólit se declaró no culpable ante la jueza Jacqueline Becerra, en Miami. Captura de Video de Galo Arellano

Los fiscales proporcionaron esos elementos a la defensa de Pólit el pasado 20 de junio, dentro de periodo llamado descubrimiento.  Este es un periodo de tiempo en el que ambas partes -acusador y acusado- intercambian información sobre los hechos del caso. Estos nuevos indicios aún no se han procesado ni cargado en una plataforma de revisión, sostuvieron las partes.

La jueza Kathleen M. Williams aceptó el pedido de postergar el juicio para el 2023. Según su resolución del pasado 7 de julio, la magistrada estableció el ‘calendar call’ para el 16 de mayo de 2023 y el juicio con jurado para el 22 de mayo de 2023. Así lo confirmó también Howard Srebnick, abogado de Pólit, a PlanV. La fecha límite para presentar mociones previas al juicio es el 18 de noviembre.

La Corte consideró “que los fines de la justicia que se sirven al conceder este aplazamiento superan los intereses del acusado y del público en un juicio rápido”. Un día después de la audiencia con Williams y mediante un escrito, Pólit renunció a un juicio rápido y dijo estar de acuerdo con la prórroga.

El proceso de Pólit inició el pasado 27 de mayo por una acusación formal por el delito de lavado de dinero. Las conspiraciones alegadas abarcan siete años, desde 2010 hasta 2017.

Otro caso ecuatoriano para Kramer

Kramer también estará a cargo del proceso contra Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, de Miami; y de los ecuatorianos Christian Patricio Pintado García y Luis Lenin Maldonado Matute, quienes residen en Costa Rica. Según la acusación, los tres presuntamente conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte para obtener negocios para ellos mismos, una empresa intermediaria y clientes de reaseguros.

Según la acusación, los tres lavaron fondos relacionados con los sobornos hacia y desde cuentas bancarias en Florida y usaron las ganancias para su beneficio personal. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena total máxima de 60 años de prisión.

Este martes, 19 de julio, Merlo compareció ante la Corte del Distrito Sur de Florida. Según documentos de la misma, Merlo obtuvo una fianza por USD 1,5 millones, de los cuales canceló el 10% (USD 150.000), ese mismo día, a las 15:00.

Entre las condiciones de la fianza está que solo puede moverse dentro del estado de Florida y solo podrá viajar para un partido de fútbol de su hijo con una autorización. También le retiraron su pasaporte y tiene prohibido el consumo de alcohol o drogas. Asimismo, no puede vender o transferir propiedades. Tiene el mismo abogado que Pólit: Howard Srebnick.

Pintado y Maldonado está prófugos.