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2 de Septiembre del 2019
Historias
Lectura: 23 minutos
2 de Septiembre del 2019
Redacción Plan V
Cicig: memorias de una Guatemala capturada por las mafias de la corrupción
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Foto: Twitter CICIG

Por medio de una videoconferencia -pues no pudo volver al país por decisión del Gobierno, el ex fiscal colombiano Iván Velásquez se despidió de Guatemala.

 

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) termina esta semana su labor en el país centroamericano, luego de 12 años de gestión. El balance que los comisionados presentaron es, en general, positivo. Pero el experimento político y judicial, auspiciado por las Naciones Unidas, deja algunas lecciones para la región.

“Ay de quien abusen del poder, abusivos. Incluso de aquellos que vienen fuera de nuestro país y que quieren propasarse retorciendo nuestras leyes. Gracias a Dios los echamos y nunca más debemos esperar ni permitir que quieran venir a pisotearnos". Quien así agradeció al creador es el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien propició la salida de su país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución creada por un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala en 2007.

El Gobierno de Morales denunció el tratado que se había firmado para el funcionamiento de la Comisión, creada para investigar, en un principio, violaciones de derechos humanos cometidos por grupos de paramilitares, ex militares, ex policías y políticos durante la guerra civil que tuvo lugar en ese país. 

Iván Velásquez dirigió la CICIG hasta su cierre.

El presidente había justificado su decisión de pedir la terminación de la CICIG debido a que "es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito". Morales había cuestionado también al ex fiscal colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión, cuya imparcialidad puso en duda. "Estos señalamientos hechos por la vía diplomática de primera mano conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala". El mandatario denunció también la “injerencia en los asuntos internos” del grupo de abogados y fiscales extranjeros. 

Para el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, "Estos señalamientos conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala".

PDF Uno de los informes de la CICIG evidencia el control de mafias sobre el Estado de Guatemala. 

El objetivo original de la CICIG, debatido durante 2006, fue apoyar a la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y otras instituciones para investigar delitos de cuerpos ilegales de seguridad y desmantelarlos. En ese país, los crímenes cometidos durante los conflictos armados entre guerrillas izquierdistas y el Gobierno se mantenían en la impunidad. Pero luego, la CICIG se reenfocó en desarticular las redes mafiosas dentro del Estado, lo que puso en la mira ya no solo a ex militares, ex policías y otras personas que habían cometido delitos durante el conflicto armado, sino también a políticos y empresarios acusados de corrupción.

La CICIG, que contaba con la colaboración de la Fiscalía y la Policía de Guatemala, se enfocó en investigar casos de corrupción en el alto Gobierno, la justicia, la policía y varias entidades como municipios y gobiernos locales. 

La CICIG, que contaba con la colaboración de la Fiscalía y la Policía de Guatemala, se enfocó en investigar casos de corrupción en el alto Gobierno, la justicia, la policía y varias entidades como municipios y gobiernos locales.

PDF El balance que los comisionados hacen de su gestión en este documento. 

En el caso de La línea en 2015, logró la caída del ex presidente Otto Pérez Molina, así como el encarcelamiento de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y casi todos los miembros de su gabinete. Según las investigaciones de la CICIG, el Gobierno de Pérez Molina creó un esquema clientelar y caudillista con el que controlaba al Congreso y a la justicia de ese país y cometía varios delitos de enriquecimiento ilícito y, en especial, de fraudes aduaneros. Una red de 40 personas controladas desde el Palacio presidencial por la ex vicepresidenta y el propio ex presidente Pérez Molina habría fomentado la evasión de impuestos y el contrabando, al cobrar sobornos a los importadores. 

Las investigaciones provocaron la salida de la gente a las calles, en la llamada "primavera chapina" que produjo la renuncia del ex presidente. "Chapín" es el apoyo de los guatemaltecos, que a veces usan como un gentilicio. 

El conflicto con Morales

La Comisión apuntó también contra el entorno del actual presidente, el ex cómico de televisión y pastor protestante,  Jimmy Morales, que llevó a la detención de un hijo y un hermano del presidente, José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, acusados de participar en una red de fraudes, en el caso del Botín Registro de la Propiedad. La CICIG y la Fiscalía guatemalteca acusaron también a Morales de financimiento ilícito de su campaña electoral. Según infiormó la Comisión, el partido de Morales, el Frente de Convergencia Nacional no reportó  US 920.000 al Tribunal Supremo Electoral de gastos de campaña.

El Congreso, sin embargo, no autorizó el enjuiciamiento del presidente Morales. Morales respondió declarando persona non grata al jefe de la Cicig, el ex fiscal colombiano Iván Velásquez, quien fue expulsado del país y al final no pudo retornar, y luego declaró que la Comisión debía salir de Guatemala el 3 de septiembre de 2019, lo que fue aceptado por las Naciones Unidas. 

Jimmy Morales, un ex cómico de televisión y pastor protestante, gobierna el país centroamericano. 

Se estima que por lo menos 327 personas fueron sentenciadas por las acciones que empujó la Comisión, que también sugirió proyectos de reforma legal al Congreso de Guatemala, reorganizó la Fiscalía, y tuvo bajo su control a decenas de agentes de Policía que trabajaban en sus investigaciones. En sus doce años de gestión, los comisionados internacionales presentaron 128 juicios, desarticularon 54 estructuras que operaban en los distintos niveles del Estado e investigaron 199 casos. 

La Comisión precisó que, durante su investigación en el caso de La Línea, realizó 88.920 sesiones de intercepciones telefónicas, el secuestro judicial de 5.906 correos electrónicos, el examen de 175.000 documentos recuperados por extracciones forenses, 100 requerimientos de informes de instituciones, 17 allanamientos, la revisión de 650.000 folios, documentos encontrados en allanamientos, y de 2.814 declaraciones de mercancías, el análisis de desplegados telefónicos y agendas telefónicas, y el requerimiento de información financiera sobre al menos 100 personas y 22 empresas.

La CICIG explicó que "desde 2008 al 18 de julio de 2019, han sido sindicadas más de 1.540 personas en los casos MP-CICIG. Como resultado de las investigaciones conjuntas, a julio de 2019 más de 660 personas están procesadas".

Según el propio balance de la CICIG "desde 2008 al 18 de julio de 2019, han sido sindicadas más de 1.540 personas en los casos MP-CICIG. Como resultado de las investigaciones conjuntas, a julio de 2019 más de 660 personas están procesadas de las cuales aproximadamente el 70% goza de medidas sustitutivas. Es decir que la gran mayoría de los sindicados enfrentan sus procesos en libertad, naturalmente respetando los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con los estándares internacionales". "Se cuenta con más de 400 condenas. Se ha estimado que la tasa de eficiencia del trabajo conjunto FECI-CICIG, obtenida entre la presentación de imputaciones y la emisión de sentencias condenatorias, se acerca al 85%, lo cual supera ampliamente el promedio general de otras fiscalías nacionales", explicó la Comisión en su informe. 

Las lecciones que deja la CICIG

Pero el experimento político y judicial de Guatemala deja por lo menos cinco lecciones sobre cómo se hace política en la región, cómo grupos de personas sin escrúpulos pueden llegar al Estado para beneficiarse a sí mismos, a sus cónyuges o a sus parientes y socios, y cómo las instituciones que deberían asegurar el cumplimiento de la ley pueden terminar siendo infiltradas por cabilderos que las controlan a su antojo. 

Primera lección: cómo funciona la política de los grupúsculos 

Por lo menos dos voluminosos informes produjo la CICIG sobre sus actividades en Guatemala. En ellos describe cómo fijó su atención en lo que llama "Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad". En un primer momento, la definición hacía referencia a estructuras de policías o militares que habían participado en campañas de "limpieza social" y en represión de grupos guerrilleros y de insurgentes. Pero luego, la definición fue ampliada de tal forma que la permitió a la Comisión intervenir en prácticamente todos los ámbitos en donde se hubieran cometido delitos, desde un esquema de adopciones irregulares de niños hasta compras de medicamentos, pasando por la licitación de obras públicas, el manejo de los puertos y las aduanas, y las muy conocidas irregularidades cometidas por jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio.  La tesis de la CICIG fue que, luego de que en 1996 terminó el conflicto armado en Guatemala, los grupos de paramilitares que se dedicaban a una "guerra sucia" en el país centroamericano mutaron en algo que en nuestro país podríamos llamar más "poderes fácticos" o "grupos de presión". Los cuerpos ilegales, en los primeros años de la CICIG, se dedicaban según destacan en su informe a desaparecer personas o ocultar crímenes y asesinatos. Mencionan como ejemplo el secuestro y asesinato del empresario Edgar Pérez Porta, en donde tuvieron participación elementos de las propias Fuerzas Armadas que supuestamente participaban en la investigación del caso. Los crímenes cometidos por policías y militares eran corrientes en el pais, como el asesinato de tres diputados salvadoreños que estaban de visita en 2007. 


Varios sectores ciudadanos han apoyado la gestión de la Comisión contra la corrupción.  Foto: El Nuevo Herald

Los "Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad" fue redefinidos como "redes de poder político-económico ilícitas insertadas en la política o los negocios", que carecen de "orientación ideológica" y lo que buscan es el "enriquecimiento ilícito".

Pero para 2015, la CICIG había reenfocado los llamados grupos ilegales. Ya no buscaban solamente grupos infiltrados en las Fuerzas Armadas o la Policía interesados en cubrir sus crímenes durante el conflicto armado. Los "Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad" fue redefinidos como "redes de poder político-económico ilícitas insertadas en la política o los negocios", que carecen de "orientación ideológica" y lo que buscan es el "enriquecimiento ilícito", y que además "funcionan más bien bajo una lógica de oportunismo, flexibilidad y un continuo entre lo formal y lo informal más que como estructuras criminales permanentes", así como que "tienen la capacidad de generar una suerte de contrainteligencia judicial para procurarse impunidad".

La definición, ampliada de esta manera, permitió a la CICIG extender sus investigaciones a todos los ámbitos y a todos los niveles del Estado, no solamente en el Gobierno central o las Fuerzas Armadas, sino en las provincias y los municipios. La Comisión determinó así que cualquier grupo de personas que llegaran al Estado con una propuesta oportunista podría ser un foco de delitos. Y con esa lógica, empezó una serie de investigaciones que afectarían a buena parte de la clase política, a sus manejos clientelares, a sus redes de influencias y, sobre todo, a grupos de cabilderos interesados en beneficiarse de contratos con el Estado y del uso de los recursos públicos. 

La Comisión pudo determinar que, aunque en ocasiones es evidente que hay funcionarios públicos que representan a estos grupos, eso no ocurre siempre. "No es la vinculación formal de sus miembros al Estado lo que caracteriza a estos grupos, sino su nivel de influencia por medio de la corrupción, infiltración o cooptación de procesos de toma de decisión dentro del aparato del Estado".

Uno de los ejemplos que la CICIG formuló para sostener su tesis de que personas relacionadas con crímenes cometidos durante el conflicto armado mutaron luego en otro tipo de redes criminales es el caso de un ex capitán del Ejército, Byron Lima Oliva, quien asesinó a un obispo católico opositor. Desde la cárcel, Lima Oliva se convirtió en el zar de las prisiones, administrando los negocios de drogas y alcohol en el interior de las cárceles, hasta que fue asesinado por un rival. 

Segunda Lección: La forma en la que se produce el control del Estado

"Cohecho, fraude, peculado, malversación, tráfico de influencia, entre otras prácticas ilícitas, aparecen vinculadas al actuar de redes criminales enquistadas en el Estado, cuyos integrantes han accedido a puestos claves dentro de la administración pública con la finalidad de interferir en los sistemas de gestión, reorientándolos hacia la satisfacción de intereses particulares", explica la CICIG sobre el accionar de estas redes.

La Comisión pudo determinar el fenómeno que llama de cooptación del Estado, que consiste precisamente en que estos grupos designan funcionarios -ministros, diputados, jueces, fiscales- que les ayuden a cumplir sus objetivos y cubrir sus huellas. 

Tercera lección: Los ministerios clave para el reparto del botín 

La Comisión pudo determinar que en Guatemala los grupos de poder se reparten algunos sectores específicos del Estado, por lo que centró su investigación en algunos ministerios en particular. Así, los ministerios más apetecidos y en donde la CICIG encontró más casos de corrupción fueron los de Gobierno -por su control de la Policía, los servicios secretos y su vinculación con la justicia, la migración y las posibles redes de trata de personas-; el de Comunicaciones (Obras Públicas) en donde se descubrieron casos de sobornos, cobro de comisiones de hasta el 15%, cobros a los contratistas para adjudicarles obras o pagarles las planillas; y el de Salud, en donde los negociados en compra de medicamentos y reparaciones y construcciones de hospitales y otros servicios médicos del Estado estuvieron a la orden del día. La Comisión estableció también que estos grupos se enfocan en el control de la Fiscalía, y que cuentan con el apoyo de redes de policías, jueces, fiscales y otros operadores de justicia sin ninguna ética profesional, que se prestan para blindar todas sus operaciones ilícitas.

Los ministerios más apetecidos para el reparto político son los de Gobierno, Obras Públicas, Salud y la Administración Tributaria, así como las aduanas. 

El ex presidente Otto Pérez Molina renunció tras ser procesado por una investigación de la CICIG. 

Otra entidad sensible controlada por políticos corruptos fue la administración tributaria, como se evidenció en el caso de La Línea, que condujo a la caída del ex presidente Otto Pérez Molina. El interés del ex presidente en el control directo de las aduanas y del personal que las fiscalizaban fue uno de los indicios que llevó a encontrar elementos para acusarlo. La Comisión precisa también que, en cada cumpleaños de Pérez Molina, sus ministros hacían colectas para regalarle bienes y vehículos costosos. En el seno del Gabinete, se reunía dinero para comprarle casas, motos o helicópteros. 

Cuarta lección: la justicia corrupta no tiene límites

La Comisión encontró también varios casos de corrupción en el sistema judicial. Desde el control político de las altas cortes de justicia por parte del Gobierno de Pérez Molina y su Partido Patriota, hasta acciones ilegales de fiscales, jueces y policías. Que se montaran pruebas, que se ocultaran otras, que los jueces tomaran medidas que eran casi indistingibles del prevaricato, entre otros detalles, fueron la evidencia más clara de que la justicia corrompida era uno de los principales problemas de Guatemala. La Comisión destacó de manera especial el caso de bufettes jurídicos de abogados particulares que no ofrecían servicios legales serios, sino que promocionaban sus influencias y amistades entre jueces y fiscales para encubrir delitos. Estos mismos estudios jurídicos repartían sobornos entre los operadores de justicia, acomodaban sentencias y pruebas y cometían un sinnúmero de delitos. A la corrupción judicial se sumaron redes de notarios que regularizaban adopciones ilegales falsificando u omitiendo documentos, lo que configuraba que buena parte del gremio de abogados en libre ejercicio se convertían en focos de corrupción y en cómplices de los grupos de presión que la Comisión perseguía. La Comisión se enfocó en por lo menos 38 casos de adopciones irregulares, en las que redes de abogados y notarios sacaban del país niños para darlos en adopción en el extranjero. 

La Comisión destacó de manera especial el caso de bufettes jurídicos de abogados particulares que no ofrecían servicios legales serios, sino que promocionaban sus influencias y amistades entre jueces y fiscales para encubrir delitos.

La Comisión pudo identificar varios casos en los que jueces fueron acusados de tráfico de influencias, y desnudó la manera en la que pactaban con abogados y cabilderos para sacar sentencias bajo pedido. 

Quinta lección: Es necesario poner la lupa en el financiamiento electoral

La CICIG miró con atención el problema del financiamiento electoral. Y descubrió que, al igual que en casos como el de Arroz Verde, buena parte del financiamiento de las campañas en Guatemala no era declarado conforme a la ley. La CICIG pudo precisar sobre el Partido Patriota de Pérez Molina  que "desde antes de 2011, a través de empresas de cartón fueron destinadas sumas millonarias que provenían de comerciantes, grupos empresariales vinculados a medios de comunicación, empresarios de la construcción y banqueros, entre otros. Este dinero se destinó para pagar gastos de logística y publicidad de la campaña que llevó al Partido Patriota a la Presidencia de la República, sin ser declarados al Tribunal Supremo Electoral. Los registros contables del mismo grupo de empresas de cartón mostraron el sistema de facturación falsa generado para aparentar legalidad al ingreso de los recursos financieros".

En Guatemala, la Comisión pudo identificar por lo menos 450 contratos que fueron a manos de aportantes del partido político en el poder, que entregaron dinero para la campaña por medio de empresas de cartón que no fueron declarados al Tribunal Electoral. 

La Comisión concluyó que tras este flujo de dineros para la campaña política había el interés de obtener, luego, contratos o prebendas del Estado. Los aportantes fueron beneficiados por el Gobierno cuando llegó al poder, y la Comisión pudo determinar la existencia de por lo menos 450 contratos relacionados con empresas que aportaron a la campaña por medio de contratar servicios inexistentes a empresas de cartón o por medio de testaferros que triangulaban los fondos. La red no solo financió las campañas, sino que buena parte del dinero terminaba en manos de los políticos que manejaban las campañas, en forma de bienes personales. 

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien fue uno de los procesados por una denuncia de la CIGIG, por sospechas de corrupción en el manejo del sistema penitenciario -sufrió varios meses de prisión preventiva por esa causa penal- ha ratificado que apoya la salida de la CICIG, pero que buscará un mecanismo nacional para sustituirla.

¿Es aplicable al Ecuador?

El experimento guatemalteco de fortalecer la justicia y la Fiscalía con una misión extranjera ha llegado a su fin, mientras en el Ecuador, se analizan las atribuciones de una Comisión de Expertos que podría cumplir un rol similar. El modelo de funcionamiento sería parecido, con un acuerdo entre el Ecuador y las Naciones Unidas para que la Comisión opere en el país por cinco años. 

Para el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, la idea es cuestionable. "Me opongo a eso, las instancias nacionales tienen las competencias legales, pero hay que darles la oportunidad y el apoyo necesario. Hay que fortalecer nuestras instituciones, aceptar ese tipo de cosas sería considerar al Ecuador un Estado fallido y no lo somos. Tenemos las capacidades, la voluntad y el poder hacer esas cosas", dijo en una entrevista con este portal, en la que también criticó la presencia del Grupo de Apoyo de la CIDH que investigó el caso de los periodistas de El Comercio, y actuó con atribuciones similares. 

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