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15 de Septiembre del 2020
Historias
Lectura: 21 minutos
15 de Septiembre del 2020
Susana Morán
420 toneladas de vegetación y suelo fueron afectadas por el derrame de crudo
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Diferentes comunidades de las riberas de los ríos Coca y Napo reportaron en las primeras horas numerosos destrozos en el ecosistema con fotos y vídeos de sus celulares, contó Telmo Ibarburu en una crónica publicada en Plan V, el 10 de abril. Foto: Telmo Ibarburu

 

A cinco meses del derrame de 15.000 barriles de crudo y combustible, las empresas petroleras aseguran que están por finalizar los trabajos de remediación y buscan informar a las comunidades de los resultados de los análisis para que le “pierdan miedo al río”. Mientras que los afectados sostienen que aún hay trazas de crudo, cuestionan cómo se hizo la limpieza y hablan de una falsa “remediación”. Las petroleras no han hecho público los resultados de las primeras muestras tomadas en los ríos Coca y Napo tras el derrame necesarias para comparar con los resultados actuales. Plan V pidió entrevistas a Petroecuador y OCP, pero solo esta última aceptó.


El derrame de crudo del pasado 7 de abril fue de tipo 3. Es decir es una emergencia ambiental que impacta “a los componentes físicos, bióticos o sociales”, según la legislación ecuatoriana. Es el más grave de su escala. Pero solo tras una acción de protección que plantearon las comunidades –que finalizó con una negativa el pasado 1 de septiembre– y pedidos de información de Plan V, se ha logrado obtener algunas luces sobre las afectaciones del peor derrame de los últimos años en el país.

Este portal tuvo acceso a las cifras exactas del número de barriles que fueron a dar a los ríos Coca y Napo después de que tres tuberías se rompieran. Del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) –operado por la empresa del mismo nombre– salieron 6.850 barriles de crudo; del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) –operado por Petroecuador–, 7.400 barriles; y del Poliducto Shushufindi-Quito –también manejado por Petroecuador– se vertieron 762,43 barriles de gasolina base. Es decir, 15.012,53 barriles.

Aunque es la cifra menor, los 762,43 barriles de gasolina base que cayeron a los ríos era una de las mayores preocupaciones de los grupos ambientalistas porque tienen sustancias mucho más tóxicas para el medioambiente. Consultado sobre los trabajos de recuperación de ese material, Petroecuador respondió por correo electrónico a Plan V lo siguiente: “Debido a la alta volatilidad de la gasolina y considerando las condiciones de velocidad, caudal y turbulencia del cuerpo hídrico donde ocurrió el derrame, gran parte de la gasolina se evaporó y una mínima parte se mezcló con el crudo derramado en los primeros kilómetros del sitio del derrame, por lo cual no se evidenciaron zonas de acumulación de gasolina específicamente, sino de la mezcla de crudo y gasolina, en las cuales se realizaron las actividades de limpieza y remediación, las cuales ya no existen a la actual fecha”. La estatal petrolera no dio paso a una entrevista con el Gerente General por motivos de agenda. Pero contextó un cuestionario enviado por esta redacción.

Para el ecólogo Jorge Celi si bien la gasolina es volátil, en los primeros momentos del derrame seguramente hubo un impacto agudo antes de que se evapore. Si alguna especie acuática se topó con esa gasolina debe haber muerto casi instantáneamente porque es muy tóxica, sostuvo en una entrevista con Plan V.  Celi es director del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua y de la cátedra UNESCO en Manejo de Aguas Dulces Tropicales, de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. Además duda en que la gasolina se haya evaporado con facilidad porque se movió mezclada con el río. “Es fácil decir que se evapora, pero no es lo mismo ponerla en un piso de cemento que a correr en un río”.


Según las petroleras, los trabajos de remediación ambiental en los ríos Coca y Napo concluirán la próxima semana. Foto: Twitter EP Petroecuador

Respecto al crudo recuperado durante las tareas de remediación, Petroecuador informó que no se recuperó crudo en estado líquido, sino aproximadamente 420 toneladas de vegetación impregnada con hidrocarburo y suelo contaminado. Eso significa 12 tractocamiones de plantas afectadas. Agregó que este material fue retirado y enviado a un gestor ambiental para que sean tratadas. Pero esa es otra cifra que se cuestiona. Natalia Bonilla, una de las abogadas del equipo jurídico de las comunidades del litigio contra las petroleras, dice que el Ministerio de Ambiente (MAE) exigió a las empresas presentar informes diarios de los trabajos en remediación donde conste el volumen de material recuperado. Plan V revisó los más de 100 reportes entregados al MAE, pero no estuvieron registradas estas cantidades.

Celi cree que es muy difícil remover el crudo de los sedimentos del suelo. “Los ríos son anchos y lo que ingrese a las zonas inundables del Napo, por ejemplo, no se puede remover porque están en el fondo de lagunas y de otros cuerpos de agua”. Explicó que los ríos tienen muchos afluentes que se conectan con el Napo y cuando el nivel del río sube, el agua se mete por esos tributarios e inunda zonas extensas de pantanos, bosques inundables y otros ríos. “Al meterse en esos ambientes es bien difícil que lo saquen a menos que deforesten más el hábitat que es peor”.

Una de las mayores controversias en la actualidad tiene que ver justamente con la remediación de los daños y sobre cómo se hizo la limpieza. Según las estimaciones oficiales, el impacto del derrame fue de alrededor de 240 hectáreas, de las cuales el 96,6% ha sido remediado, según Petroecuador. Tres empresas, contratadas por Petroecuador y OCP, se encargaron de esos trabajos. Arcoil limpió la zona norte hasta Puerto Madero; Corena, la zona central hasta Providencia; y el PECS-Ambiente, la parte sur hasta la frontera con Perú.


Algunos estragos que dejó el derrame de crudo a pocos días del hecho. Foto: Telmo Ibarburu

Plan V solicitó un detalle de las tareas ejecutadas y la estatal petrolera respondió que se han hecho nueve actividades: lavado de arena y suelo de las riberas del río; lavado de material pétreo; desbroce de maleza y material vegetal manchado; remoción de paredes del cauce del río manchadas; recolección del sedimento y remediación; recuperación de capas de crudo en agua; recolección de películas de petróleo en agua mediante uso de material absorbente; remediación del suelo; y monitoreo de la limpieza y remediación. OCP y Petroecuador prevén destinar 38 millones de dólares en la construcción de la variante para el oleoducto que se rompió, las tareas de contención, limpieza y remediación y las compensaciones para las comunidades (agua, alimentos). Y 12 millones de dólares adicionales para la construcción de una serie de ‘bypass’ para alejar al oleoducto de nuevos daños.  

Bonilla dijo que habitantes de las comunidades han visto que la limpieza se ha hecho de forma inadecuada. Por ejemplo, se han usado desengrasantes y se ha cortado la vegetación manchada. Las comunidades han contado que la limpieza se hace a presión y se envían los residuos nuevamente al río. “Esa limpieza es más agresiva que el derrame mismo, pues se usan más productos químicos”.

Un evento del 22 de junio pasado dejó serias dudas sobre los trabajos realizados. Ese día hubo alarma en las comunidades porque vieron bajar manchas de petróleo nuevamente por los ríos. Creyeron que era un nuevo derrame. Pero Petroecuador dijo que eran “trazas remanentes estancadas del evento del 07 de abril, en sitios inaccesibles por la geografía de San Rafael, que a consecuencia de las intensas lluvias, fueron removidas por la corriente del río”.

Para Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de Acción Ecológica, ese hecho “significa que gran cantidad de crudo quedó impregnado en las paredes y en los filos del río y no le toparon. Ya pasó por allí la remediación y como había muchas lluvias, la corriente del río lo desprendió y empezó a bajar”. La experta dice que no existe un método efectivo y remediar suelos es muy caro. “Por eso la mejor remediación es evitar. Las responsables de OCP y Petroecuador pudieron prevenir, pero no lo hicieron”.

El problema del agua para las comunidades

El pasado 4 de septiembre, las comunidades y organizaciones demandantes contra las petroleras afirmaron que había “presiones” para validar “una falsa remediación de los ríos Coca y Napo”. En un comunicado manifestaron que habían sido convocados a una reunión con las operadoras para socializar sobre el restablecimiento del agua. “Su intención es innegable, las petroleras buscan legitimar sus acciones con una supuesta “socialización y diálogo” con las comunidades afectadas”, cuestionaron.

El comunicado provenía de OCP. En una entrevista telefónica con Plan V, Santiago Sarasti, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa, confirmó esa convocatoria para informar a la comunidad los resultados de los análisis del agua. “La idea es que la comunidad pierda el miedo y de alguna manera retome el uso normal del río antes del evento”. Añadió que el agua de un río no es apta para el uso humano sin tratamiento. Es decir, las ciudades que tienen plantas de tratamiento ya pueden usar el agua del río como El Coca, agregó el presidente ejecutivo de la empresa, Andrés Mendizábal, en la misma entrevista.

En los análisis que hicieron las empresas encontraron además una elevada contaminación de coliformes fecales. “Pero por contaminación química de hidrocarburos ya no tenemos presencia en los ríos”, manifestó Sarasti, mientras que Mendizábal comentó: “Sabemos que hay comunidades que siempre han tomado el agua del río, si esas comunidades están acostumbradas con la cantidad de coliformes fecales que haya y eso está bien para ellos, entonces el agua está para el consumo”.

El derrame provocó que decenas de comunidades fueran afectadas porque de esas vertientes extraen su alimento como el pescado o usan el agua para su consumo diario.  Abel Jipa, de San Pablo, denunció en ese comunicado que desde julio no reciben agua, lo que ha llegado a su comunidad duraba poco tiempo y que lo utilizaban solo para lavar platos porque ingerirla les causaba problemas estomacales.

OCP y Petroecuador estimaron que el hidrocarburo se concentró en las playas y riberas de los ríos donde se asientan al menos 81 comunidades, que representan alrededor de 27.000 personas. Ambas petroleras, según informaron, entregaron 1,7 millones de litros de agua durante tres meses y 25.888 kits de alimentos. Es decir, cada persona recibió menos de un litro diario. “Siempre va a ser insuficiente. Pero en la pandemia hemos entregado toda el agua que pudimos entregar”, manifestó Mendizábal.

Otra preocupación de las comunidades, dice Bonilla, es que hasta el momento no han tenido acceso a los resultados de los primeros análisis de la contaminación que dejó el derrame. Esta línea base permitiría comparar con los resultados de muestras posteriores para saber si efectivamente hay una mejora en las zonas impactadas. “Sin ello no se puede determinar la afectación”.

En un artículo previo, Plan V publicó los resultados del laboratorio Anavanlab, que a pedido de OCP, hizo el análisis de muestras tomadas en las zonas de impacto y han sido los únicos que se hicieron públicos durante el litigio. Eran cuatro informes del pasado 10 de julio, es decir a tres meses del derrame.

La semana pasada, Plan V solicitó los resultados de los exámenes realizados hasta la fecha. Petroecuador afirmó que se realizó un muestreo de diagnóstico inicial que contempló un total de 154 muestras de agua y suelo. El segundo muestreo se hizo a partir del 6 de julio pasado para verificar la efectividad de los trabajos de limpieza y remediación. Esos resultados, según la Petrolera, “muestran que los parámetros están debajo de los límites permisibles”. Pero no mencionó los resultados del primer muestreo. Petroecuador y OCP tienen previsto hacer un muestreo final en los próximos días con delegados del Ministerio de Ambiente y representantes de las comunidades que se encuentran a lo largo de las riberas de los ríos Quijos, Coca y Napo.

OCP informó, por su parte, que en total 210 muestras fueron enviadas para análisis de laboratorios independientes. Dijo que esas muestras se tomaron en 189 puntos de intervención durante los primeros días del evento. Sobre los resultados afirmó lo siguiente: “Los resultados varían, sin embargo, todos concluyen que los cuerpos de agua se encuentran aptos para el uso que se tenía antes de que ocurriera el evento de fuerza mayor”. Y reiteraron que en as muestras había grandes cantidades de coliformes fecales, “que son elementos no atribuibles al evento de fuerza mayor”. Ninguna de las dos empresas acompañó su respuesta con documentos de los resultados.

Sarasti aseguró que los 218 puntos contaminados que encontraron ya fueron limpiados. Ahora se encuentra en una segunda fase que consiste en cuadrillas que hacen un repaso por las orillas del río para verificar si existe algún remanente de contaminación. En esta fase el avance es del 96%. “Estimamos terminar este proceso máximo la próxima semana”.

En los 4 informes del laboratorio revisados por Plan V, la presencia del cadmio era elevada. Pero el gerente Santigo Sarasti no lo atribuye al derrame. El ecólogo Jorge Celi dice que es necesario primero saber cuáles eran los valores antes del desastre ambiental para compararlos.

En los cuatro informes del laboratorio revisados por Plan V, la presencia del cadmio era elevada. Pero Sarasti no lo atribuye al derrame. “Es un compuesto natural que se encuentra principalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana, y de acuerdo a la bibliografía que nosotros disponemos, no es un remanente de contaminación de hidrocarburos. Se trata de un tipo de meteorización natural de rocas volcánicas y sedimentarias que al recorrer el río se van desgastando y liberando algunos metales pesados entre ellos el cadmio”.

El ecólogo Jorge Celi dice que es necesario primero saber cuáles eran los valores del cadmio en el río antes del derrame. Tampoco es lo mismo el agua –que fluye rápido– que los sedimentos. Según el experto, estos últimos seguirán contaminados y liberando compuestos tóxicos. Hay muchos organismos invertebrados acuáticos que son la base de alimentación de otras especies y estos, a su vez, los consumen los humanos. Cuestiona que no se tome en cuenta a la bioacumulación posterior en los sedimentos y recordó que la población de la Amazonía norte tiene problemas de salud por el petróleo y por esa bioacumulación.

Bonilla dijo que las comunidades exigen la restauración de los ciclos de la naturaleza y que se haga todo lo posible para devolver a los ríos a las circunstancias anteriores al daño. “Las operadoras dicen que no se han afectado los ciclos vitales de la naturaleza, porque casi la naturaleza se limpia sola, sin considerar los procesos de sedimentación del crudo que pueden permanecer por décadas en el suelo. La naturaleza se restaurará en miles de años, pero lo que debe hacer las operadoras es restaurarla en el menor tiempo posible”.

“Nadie lo vio y nadie nos alertó”

Las comunidades demandantes han sostenido durante cinco meses que el derrame de abril pasado pudo haberse prevenido. Para Bonilla, las medidas de prevención debieron tomarse desde el 2 de febrero pasado cuando colapsó la cascada de San Rafael por un proceso de erosión regresiva tanto en los bordes como en el lecho del río Coca. Ese fenómeno llegó hasta el sector por donde pasaban las tres tuberías, que transportaban el crudo y los combustibles. ¿Pudo haberse evitado?

Mendizábal afirmó que es cierto que en febrero se supo del problema en la cascada. “Como somos vecinos también nos llamó la atención. Lo que nosotros no supimos, lo que nadie supo y nadie fue capaz de decirnos (fue) que ese boquete se hubiera desarrollado en semejante erosión que empezó a caminar desde ese punto hacia aguas arriba al río. Esa parte que es la erosión que se generó a partir de la apertura del boquete lamentablemente no lo pudimos ver y nadie lo vio y nadie nos alertó de eso”.


Orellana. Familias indígenas de las comunidades afectadas por el derrame se reunieron para una conferencia de prensa virtual luego de la presentación de la demanda al Estado, el pasado 29 de abrilFoto:Telmo Ibarburu.

“Esa parte que es la erosión que se generó a partir de la apertura del boquete lamentablemente no lo pudimos ver y nadie lo vio y nadie nos alertó de eso”, Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP.

El representante de la compañía manifestó que en una de las inspecciones rutinarias que se hace al oleoducto, el sábado 4 de abril los trabajadores pudieron ver la erosión. “En esos cuatro días la velocidad de la erosión fue tal que llegó y pasó por el punto cercano al oleoducto”. Según la comunicación oficial de OCP enviada al Ministerio de Ambiente, el bombeo de crudo se suspendió a las 17:30 del 7 de abril, es decir tres días después de la alerta de los inspectores de la empresa. El derrame del OCP, según la empresa, se produjo el miércoles 8 en la madrugada y el día anterior se dio la ruptura del SOTE y el poliducto. “Sinceramente esperábamos que no se rompiera el oleoducto, pero sabíamos que eso podía pasar, suspendimos el bombeo y cerramos las válvulas y de esa manera reducimos el derrame”.

Mendizábal explicó que esta erosión tiene dos componentes. “Un componente principal que es la erosión que se produce a lo largo del río, en dirección del río. Y hay otro fenómeno secundario que es la erosión lateral, porque a medida que la erosión principal va ocurriendo el río se va profundizando. Y esa erosión hace que las paredes laterales empiecen a caer y producir erosión lateral. Pasó la erosión frente al oleoducto y la erosión lateral fue la que después terminó dañándolo”. Agregó que no tuvieron tiempo para crear una variante de la tubería.

Bonilla sostiene, en cambio, que ese fenómeno estaba en curso y era inminente que llegue a esta parte donde cruzan los tubos. “En ese cruce sobre el río era uno de los puntos más problemáticos porque está visible y está en una zona de mayor riesgo. Tenía que tomarse más preocupaciones. El proceso de erosión regresiva demoró dos meses hasta llegar a la zona y si uno ve las imágenes satelitales era más evidente que iba a pasar por esa zona”.

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