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La doctrina del oportunismo y la sagacidad se convirtió en una práctica generalizada en el IESS. No es un asunto que involucre solo al HCAM. Decir que únicamente son dos o tres hospitales es caer en reduccionismos. Esto lo sabe bien la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), organismo independiente que presentó el 7 de noviembre del 2019 una denuncia pública por compras irregulares, bajo la figura de convenio de pago, al interior de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos. En ese entonces, en ambos hospitales, se habrían ejecutado un total de 244 convenios de pago que se traducen en USD 137 millones.

Según Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Anticorrupción, “el convenio de pago se debe utilizar de manera eventual para favorecer la adquisición de insumos, pero llegó un momento en que todo pagaban vía convenio de pago y ahí se producían convenios de pago a dedo ¿a quiénes? A aquellos grupos proveedores de insumos cuyos nombres hemos entregado, por un lado, en Fiscalía, en la Contraloría, al exministro Zevallos y ahora al vicepresidente de la República. De tal manera que esta fórmula de convenio de pago se ha extendido no solamente al IESS. Cuando se habla del asalto a la salud pública creo que hay que mirar el entorno, el contexto; es la salud pública en general, el propio Ministerio de Salud y su red hospitalaria”.

Uno de los principales hospitales del IESS en Guayaquil, donde se han denunciado grandes irregularidades en la adquisición de medicinas e insumos médicos. Foto: El Universo

Esto supone la existencia de una estructura criminal que funciona a partir del testaferrismo y la colusión entre funcionarios “de carrera” y quienes concursan para el suministro de insumos y medicamentos. “Lo más grave es que se sigue adquiriendo a ellos mismo debido a que, fraudulentamente en unos casos, en otros con la vivacidad propia del delincuente, cambian de nombre a la empresa o a las empresas, porque tienen cinco o seis empresas para moverse en los concursos. Les cambian de nombre, pero las personas responsables son las mismas. (…) Esto está ocurriendo en la estructura de salud pública de país en diversos lugares”, apuntó el coordinador del organismo.

La dilación de los procesos en las instituciones de control, el apoyo de quienes conocen el funcionamiento de los acuerdos de compra y un esquema rotativo en el que las empresas de abastecimiento permanecen en los hospitales de una provincia hasta que las alertas de las autoridades se activan, son tres de las causas principales que coadyuvan a la operatividad de esta red de compras dolosas.

“Es un grupo delincuencial organizado, que además tiene incidencia en las estructuras internas de los hospitales y de la seguridad y del Ministerio de Salud, porque hay funcionarios de carrera que están 10, 15 años, que saben cómo actuar e informarles respecto de los datos del trabajo inadecuado que hacen estas personas. Son aquellos que les entregan previamente los términos de referencia, son aquellos que hacen gestiones al interior de las instituciones para que ganen el concurso o para que obtengan el convenio de pago, o bien para que la subasta inversa sea conocida y puedan modificar los valores. Entonces es una red externa e interna; actos colusorios que se vienen realizando, insisto, no solo en los últimos meses, no fue solo en la pandemia, nuestras denuncias estuvieron antes de la pandemia (…) Esto tiene, por lo menos, 15 años de funcionamiento", explicó Rodas.

Esto significa que los actuales vientos de austeridad no han sobrevenido por un extravío reciente, sino por la premeditada acción de sectores políticos insertos en el Seguro Social durante años. “Hay varios responsables, es una acción fraudulenta que se ha ido institucionalizando en el tiempo, a propósito de regímenes que han permitido este comportamiento, dijo.

Quienes han resuelto denunciar las  irregularidades todavía esperan que la arena del reloj caiga junto a los responsables. Sin embargo, la demora en su atención hace que los plazos se venzan y los culpables se beneficien de su disolución. “Lo más grave es que muchas de ellas se han demorado tanto tiempo que pasó la pandemia y seguramente ya se repletaron de recursos, y en otros casos se hizo el escándalo de ir a recoger las máquinas, las computadoras para hacer las investigaciones, pero claro, oiga lo que le voy a decir, estaban advertidos que llegaban. Entonces se llevaron computadoras sin discos duros”, dijo Rodas.

Las alternativas para revertir el ineficaz tratamiento de los casos de corrupción es una de las prioridades en la agenda de la Comisión Nacional Anticorrupción. Así, el pasado 9 de septiembre los comisionados mantuvieron una reunión con el vicepresidente, Alfredo Borrero, a propósito de los múltiples ilícitos que terminan en perjuicio del Estado sin compensaciones a sus onerosas pérdidas. En ese encuentro, la Comisión entregó al vicepresidente el denominado Sistema Nacional Anticorrupción, que no es sino un conjunto de mecanismos y ejes de trabajo para enfrentar la corrupción. Entre otras cosas, la propuesta establece que el Estado deberá dotar a la Fiscalía y a la Corte Nacional de Justicia de los recursos suficientes para que estas instituciones cuenten con fiscales y jueces capacitados en el procesamiento de denuncias vinculadas a actos de corrupción y así evitar una sobrecarga de trabajo. 

No obstante, el quid de la reunión giró en torno a la entrega de un listado de nombres de proveedores de insumos médicos que han desarrollado estafas sistemáticas en el sector de la salud pública. “Le entregamos al vicepresidente un esquema que proviene de nuestra práctica y nuestra experiencia, que allí existen elementos vinculados a la corrupción, particularmente en el área de salud; proveedores de insumos médicos que han llevado adelante un gran asalto al país, de tal suerte que, esta información, creemos que es importante si es que hay voluntad de modificar la acción desde el campo del poder respecto de este tema puntual. ¿Qué significaba aquello? Significaba que no pueden seguir haciendo concursos para las mismas personas que les asaltan, les quitan el dinero, les roban. Los concursos tienen que ser, por lo menos, monitoreados adecuadamente”, resaltó Rodas.

Carlos Figueroa denuncia otros 160 casos de compras irregulares en el IESS

El médico cirujano y vocal alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Carlos Figueroa, presentó el pasado 29 de octubre una denuncia, de más de 100 páginas, en la Fiscalía General Estado. La documentación remitida corresponde a 160 casos de compras de medicinas con irregularidades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Al igual que la Comisión Nacional Anticorrupción, Figueroa asegura que el origen de las ilegalidades parte de un esquema de compras fraccionadas, es decir, adquisiciones de medicamentos e insumos en menor cuantía que cubren segmentos particulares. “Cuando se fracciona la forma de compra de los medicamentos, en cada una de las unidades de salud aparecen formas fraudulentas de comprar. Al inicio parecía una buena solución, pero después, incluso con este famoso y conocido reparto de hospitales en el gobierno anterior, se permitió que se creen grupos mafiosos alrededor de la adquisición de las medicinas, de los insumos y el equipamiento. Eso ha hecho que el Estado, en el caso del Ministerio de Salud y del IESS, pierda enormes cantidades de dinero”, explicó el médico.

Esto se traduce en una deliberada urdimbre de alternativas para lucrar a partir de un sistema de compras irregular. Figueroa envió también su denuncia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en dos ocasiones, para que su presidente, Fernando Villavicencio, inicie las investigaciones pertinentes. “Esta denuncia corresponde a aproximadamente unos 200 millones de dólares, pero solo corresponde a medicinas, óigase bien, solo a medicinas; no están insumos y no está tampoco equipamiento, que eso es una cantidad, un rubro enorme”, recalcó el cirujano.

Lo inextricable y enredado del esquema, Figueroa se encarga de simplificarlo. El método que encabeza la lista de las estratagemas son los estudios de mercado fraudulentos. “Las mismas empresas que le venden al Seguro realizan los estudios de mercado. Es decir, usan facturas de varias empresas allegadas a ellos y le dicen que los precios de los medicamentos son estos, desde luego son altos”, señaló, mientras ilustraba su explicación con las mímicas propias de un profesor.

Una segunda vía para manipular la compra de medicamentos es a través de la elaboración de pliegos con requisitos que se acoplan a los intereses de grupos determinados. Dicho de otro modo, se diseñan los documentos con arreglo a los beneficios que espera obtener las empresas que aprovisionan de medicamentos al IESS. De igual manera, se nombran comisiones cuya misión es descalificar a cualquier potencial proveedor de los medicamentos a menor precio. Es decir, se criba a los oferentes para que, de resultas del descarte, se seleccione a la empresa que vende los medicamentos al mayor precio.

Tampoco existe una puja real. “Como las empresas están relacionadas entre ellas, en la puja en la plataforma del Sercop lo único que hacen es ponerse de acuerdo para que la empresa que gane se baje el 1% en la puja, casi nunca es mayor al 1%. Entonces, si la puja corresponde a USD 500.000 dólares, imagínense que en esos USD 500.000 dólares solamente serán USD 5.000 dólares los que serán parte del “ahorro” para el Seguro Social o para el Estado”, señaló.

Para mayor inri, fruto de estas negociaciones se pueden comprar medicamentos sin registro sanitario o con un registro falsificado.

El deficiente control por parte del Sercop para la calificación de las empresas y sus obligaciones en el seguimiento de las contrataciones, es otro de los temas que Figueroa incluye en su demanda. “Lastimosamente el Sercop incluso, en el mes de mayo, publica un libro de autoevaluación en el cual dice que ellos no pueden garantizar que haya un proceso limpio y controlado y dicen que máximo pueden asegurar un control de hasta el 50%. Ellos mismos reconocen que la entidad llamada a velar porque se hagan las adquisiciones y las compras públicas de adecuada manera, se autocalifican y admiten que no pueden hacer un control adecuado”, lamentó.

Figueroa brinda una descripción detallada de la compra de medicinas con sobreprecio en cada hospital de la red del Seguro Social. Así, el precio de los medicamentos fluctúa en función de la unidad de salud que lo adquiere. “Nos dicen que está en los precios que las instituciones han puesto como precio máximo, pero lo que no nos dicen es que estos mismos productos han sido vendidos o comprados por la misma institución en otra provincia, pero a mucho menor precio”.

Es decir, las mismas empresas que venden sus medicamentos, a un determinado precio, aumentan el precio de sus productos en otras unidades de salud del mismo Seguro Social. No existe uniformidad en los precios, en su lugar se ejerce un incremento progresivo e injustificado. “El paracetamol es famoso aquí porque incluso puede llegar, en el hospital Baca Ortiz, a USD 1,95, en el hospital de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) compran a USD 2,49, pero en el hospital de Durán compran a USD 12,85. Es realmente una diferencia escandalosa".

Otro de los temas que la demanda de Figueroa aborda es el uso pesuntamente doloso del Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) que, a tenor de la documentación del médico, uno de los laboratorios farmaceúticos denunciado ha empleado para agenciarse la provisión de los medicamentos a un precio alto desde el 2018. El VAE facilita la descalificación de la competencia, aun cuando de un total de 50 ítems, la empresa solo fabrica ocho y a un precio más elevado. “Debido al puntaje ganado como Valor Agregado Ecuatoriano ellos son los únicos calificados y, en la puja, incluso llegan a descontar. De un valor de USD 400.000, llegan a ofrecer los otros laboratorios en 120.000 dólares, pero el Sercop termina calificando como única empresa que puede proveer estas medicinas”.

Figueroa lo explica de esta manera:

"El producto paracetamol líquido parenteral de 100 mg/ml x 100 ml equivalente a 100 grs vale, con un precio de compra en Instituciones, desde USD 1,09 —cuando se invita a todos los proveedores— hasta a un valor de venta de USD 7,77, como consta en una factura de una empresa registrada en el IESS de Manta. Según las investigaciones realizadas, este laboratorio está haciendo uso de su derecho malentendido e ilegal del VAE, ya que desde el 2028 se encuentra participando en procesos de contratación declarando  que es acreedor al VAE, y en los contratos revisados tenemos detalles de que esta empresa también entrega productos de otras empresas nacionales e internacionales. Es decir, no es fabricante,  presuntamente  no es productor  de varios productos de los procesos que ha sido adjudicado y los entrega a precios superiores a los del mercado, escudándose en un VAE que no le corresponde.

"Resulta por demás ilógico pensar que por un aparente VAE un laboratorio oferta un grupo de productos (50 items ) de los cuales produce 8 o 10 y con esos productos a precio techo logra calificar un % de VAE. En los procesos y pujas encontradas que han culminado en adjudicaciones a esta empresa se ha encontrado que procesos que han iniciado con referenciales de USD 400.000 y se han calificado a varias empresas que han pujado hasta el 70% hacia la baja del referencial, es decir hasta USD 120.000 , al final se ha adjudicado los contratos a la empresa mencionada por tener el VAE, y esta empresa a su vez empieza a comprar productos muchas veces a las empresas que pujaron en los procesos finalmente adjudicados".

Cabría colegir que el mecanismo bajo el que esta red de empresas proveedoras de medicamentos opera se basa en un esquema de rotación y calificación. Todas pertenecientes al mismo propietario, o al grupo que, actuando en connivencia con ciertos funcionarios administrativos de cada hospital, aseguran su selección para perpetuar su enriquecimiento. Del otro lado, en los procesos de la descalificación del resto de proveedores, se desarrolla un amedrentamiento sistemático. Estas amenazas se incorporan, dice Figueroa, al beneplácito del Sercop y el respaldo de la estructura interna de cada hospital. De esta manera se consolida una estructura cuyo funcionamiento es su medio y su fin, ya sea a través de contubernios o desde las intimidaciones. Según Figueroa existen varias personas y empresas que están dispuestas a testificar en Fiscalía y en la Asamblea a propósito de este tema.

“Termino yo diciéndo a la autoridad, a la Fiscalía y también a la Comisión de Fiscalización que deben investigar varios delitos que existen aquí, que nosotros, con mi abogado, estamos describiéndolos. Son: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, enriquecimiento privado no justificado, intimidación, extorsión y lavado de activos”, enlistó, con los dedos de sus manos por cada caso de corrupción.

Afortunadamente, los culpables tienen rostro y Figueroa no tiene reparos en señalarlos. Fotografías en reuniones sociales y copias de sus identificaciones constan en el apartado de los anexos presentados a las autoridades de la Fiscalía y de la Asamblea. “Yo mismo investigué quién es esta gente que tiene relación entre sí. Aquí, con fotos en color, números de cédula, fotos del dueño, de la esposa, de la empleada, del bodeguero, todos ellos tienen empresas con las cuales ofertan las medicinas para que esa oferta gane el ofrecimiento al Seguro Social”, afirmó mientras sus dedos apuntaban las caras de los responsables.

Son varios los casos que pormenorizan la descripción de los involucrados en cada proceso y los mecanismos de rotación y calificación con los que alternan su participación en el suministro de medicamentos. Un día es el dueño, al siguiente es el bodeguero y así sucesivamente. “Así es que estos documentos no van a poder perderlos en la Fiscalía y decir que no había pruebas. Entonces todo esto quiero enseñarles, quiero describirles a los asambleístas, a los fiscales y también pedirles a ellos que tomen en cuenta a la gente que tenía que hacer el control en cada uno de los hospitales. Tiene que pedir cuentas a los presidentes del Seguro Social, a los directores del Seguro Social, a los dos vocales adicionales que son de los empresarios y de los trabajadores, que no han hecho nada”.

El cariz del Seguro Social se torna especialmente beligerante por una presunta lucha de poderes al interior. Esta pugna por el control del IESS involucra a las dos representaciones que integran el Consejo Directivo; por una parte la vocería de los trabajadores, afiliados y jubilados del Seguro, frente a la delegación de los empresarios y empleadores. Según Figueroa, en el IESS, actualmente, manda “el señor César Rodríguez, con sus allegados, con una de sus amigas, quien es la que pone en este momento a todas las autoridades del Seguro Social, al personal administrativo. Eso no puede permitir la Asamblea ni la Fiscalía”.

Esto se patentizó hace poco tiempo, cuando en uno de los hospitales del IESS existía una vacante para nutricionista. Una persona postuló al cargo y presentó su currículum, pero, al poco tiempo y sin notificación de ningún tipo, en Talento Humano se había consignado la contratación de un nuevo médico vinculado a uno de estos bandos. “Ah, ¿usted le conoce al fulano de tal? Ya, ya muy bien, para usted si es el puesto. Ah, pero esa otra persona también está presentando su carpeta con amplia experiencia en la rama, pero como no viene de tal grupo entonces no es para usted el puesto”.

Las quejas sobre esto último han llegado al despacho de Guillermo Lasso en reiteradas ocasiones. En las misivas remitidas a la Presidencia, se pone en consideración una necesaria depuración administrativa en cada uno de los hospitales del Seguro Social. Sin embargo, la respuesta de Lasso ha sido escueta y poco precisa. “Al presidente Lasso se le ha pedido, por varios medios, que ponga énfasis en control del Seguro Social. Yo lo hecho todo este tiempo, pidiéndole que por favor bote a esa estructura correísta que sigue manejando el Ministerio de Salud y el Seguro Social, pero el presidente se atreve a decir, debido a su desconocimiento,  que no hay personal calificado dentro del Seguro, esa es una torpeza. Eso solo me hace saber a mí que el presidente no sabe nada de Salud ni del Seguro Social”, dijo Figueroa.

Primero en las provincias de la costa y más tarde hacia la sierra ecuatoriana, el esquema de compras de medicamentos con sobreprecio y comisiones se propagó como la respuesta evidente a los antojos de ciertos grupos políticos. “Ponen a otra gente, vinculada a ellos mismos, en los hospitales y algunos de ellos se vienen para acá. Se vienen, de gerentes, de directores médicos, incluso enfermeras que son del mismo grupo, yo le digo mafioso, para seguir haciendo lo que hacían en Guayaquil acá. Mucha de esta gente estuvo ya en el Ministerio de Salud y esta gente es la que reproduce, de manera ampulosa, la estructura inoperante del Ministerio de Salud y duplica el número de funcionarios en el Seguro Social”, afirmó Figueroa.

La diáspora administrativa y de coordinación, inequívocamente correísta, que proviene del Ministerio de salud, desborda las capacidades de cada dependencia en los hospitales del Seguro. Esto responde a una necesidad de “cubrirse y cubrir las espaldas de toda esta gente que está en el Seguro Social”, señala Figueroa. Algunos funcionarios creen que el exceso de personal administrativo solo le representa “plata a la institución”. Pero lo que los trabajadores exigen son dirigencias al mando de gente operativa y proactiva que saquen a la institución adelante. Están hartos de los controles arbitrarios y las conminaciones.

La historia de Rosita en la primera parte de este reportaje, una paciente del IESS con artritis reumatoidea que tiene grandes dificultades para acceder a su medicina biológica. Foto: Álvaro Espinosa

También los prestadores de servicios externos saltan a la palestra y su función presenta ciertas particularidades que también indican otro posible canal para delinquir subrepticiamente. “El oftalmólogo que hacía cirugía de retina ojo posterior fue sacado del Andrade Marín y todos esos pacientes que él atendía semanalmente, dentro del Andrade Marín, todos esos van a una clínica determinada de aquí de Quito, de un grupo que es muy conocido y donde pagan miles y miles de dólares, donde en el Andrade Marín realmente era un costo ínfimo, (…) pero ahora pagan 10 veces más caro, 20 veces más caro de lo que pagaban por la cirugía de ojo posterior y así con múltiples especialidades. Entonces eso habrá que investigar y saltarán sapos y culebras; donde ponemos el dedo sale pus”, comentó el denunciante.