Uno de los juicios más dilatados en los últimos meses, relacionado con narcotráfico, llegó a una resolución. El pasado jueves, 10 de julio, el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas decidió sentenciar a una fiscal y dejar libre a una jueza, acusadas por asociación ilícita. Ambas, de Manabí, fueron señaladas por supuestamente beneficiar a un grupo de narcotraficantes con nexos con el cartel de Sinaloa. Durante el proceso, fueron destituidas de sus cargos.

El 12 de diciembre del año pasado empezó el juicio, que ha sido suspendido y reanudado en varias ocasiones. Finalizó después de casi siete meses. Este proceso lleva más de dos años de disputas legales en los más altos tribunales del país. Solo para la audiencia preparatoria de juicio, los abogados retrasaron el proceso en una docena de ocasiones. Ni la Corte de Manabí ni la del Guayas querían hacerse cargo de este caso, considerado por agentes antinarcóticos como emblemático en el país por el involucramiento de funcionarias judiciales.

Finalmente, la Corte Provincial de Guayas debió asumirlo. Los jueces Richart Gaibor, Henry Morán y José Poveda anunciaron su decisión por videoconferencia. Aunque la audiencia es pública, ingresar a la sala de ‘zoom’ fue una tarea imposible. Por eso fue necesario esperar hasta este martes, 14 de abril, para que el resumen de la sentencia sea colgada en el sistema y así conocer la decisión de los magistrados. Ni siquiera la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, quiso informar a Plan V sobre la sentencia que fue entregada de forma oral el pasado jueves.

La exfiscal Angélica B. y la exjueza Ana P.R son dos de los siete procesados de este caso que se inició con el decomiso de una avioneta con un cargamento de 582 kilos de cocaína, en San Vicente (Manabí), el 2 diciembre del 2017. La Fiscalía las señaló por supuestamente recibir dinero para beneficiar al grupo de narcotraficantes detenido en ese operativo de 2017. Angélica B. se desempeñaba como fiscal del cantón San Vicente y asumió el caso. Ella cambió el delito, según la Fiscalía, para que los detenidos tengan penas mínimas. Primero los acusó de tráfico de drogas a gran escala (con penas entre 10 y 13 años) y luego por producción de drogas (con penas entre 7 y 10 años). Esa modificación les permitía a los detenidos acogerse al procedimiento abreviado y salir en 3 años de la cárcel.

Pero también al despacho de la exfiscal se presentó un testigo falso quien, en compañía de la abogada Johana del P., se echó la culpa y dijo que los nueve detenidos con la avioneta no sabían que lo que había allí era droga. La exfiscal lo vinculó al proceso para que cargara con toda la culpa. El testigo falso tenía cáncer y murió en la cárcel antes del juicio. La Fiscalía acusó a la exfiscal en calidad de autora directa en el delito de asociación ilícita. El tribunal concluyó que sin la actuación de la funcionaria, el delito no hubiese prosperado. Por eso la condenó a cinco años de cárcel y al pago de 10 salarios básicos unificados. Asimismo, como medida de reparación, tendrá que pedir disculpas públicas al Consejo de la Judicatura, en un medio nacional. Mientras que Johana del P. fue declarada inocente porque para el tribunal ella actuó en calidad de abogada en el libre ejercicio profesional.

Sobre Ana P.R., en su calidad de jueza encargada, convocó a la audiencia del proceso por narcotráfico un día antes de que su encargo terminara. Un apuro innecesario, según la Fiscalía, pues aún había tiempo para convocar a la audiencia con anticipación.  Además mantuvo en reserva el caso, un proceso donde no había necesidad de hacerlo. La Fiscalía presentó en el juicio el testimonio de la jueza principal del cantón Rocafuerte. Ella dijo que después de regresar de sus vacaciones encontró que en el expediente de narcotráfico la vinculación de Vicente Benítez (el testigo falso) y observó que la fiscal Angélica B. solicitó la audiencia de reformulación de cargos para un delito menos grave. Enseguida los procesados comenzaron a presentar solicitudes de procedimiento abreviado.

La Fiscalía acusó a la exjueza como coautora. Pero los jueces consideraron que ella ejerció su rol de jueza de Garantías Penales al ser requerida para que señale día y hora para la reformulación de cargos a petición de la Fiscalía. Con ese argumento, el tribunal la declaró inocente por no encontrar pruebas claras que la vinculen al delito.

La exjueza dijo en su intervención: “No tengo responsabilidad respecto al delito que se investigativa, se actuó apegada al derecho, a los tratados internacionales, se fijó las audiencias de acuerdo a los petitorios de la fiscalía, se convocó a una audiencia enmarcada dentro de la ley, no conozco a los demás abogados sino sólo a la fiscal que era la actuante dentro de mi jurisdicción”.

Una de las pruebas que presentó la Fiscalía fue el testimonio de un perito que analizó los mensajes de un celular Iphone, encontrado en poder de Robinson A.Y., el líder de la organización detenida con la avioneta llena de droga. Era investigado en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero. En una de las fotografías halladas en el celular se observó escritos que mencionaban grandes sumas de dinero: “$20.000 fiscal reformular, $50.000 juez para aceptar reformulación y aceptar cambio de delito, $50.000 tema de vinculaciones fiscal”.

Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, salió de la cárcel el pasado 6 de junio. Debe presentarse periódicamente en la cárcel del Rodero de Portoviejo. Foto: Extra

Una operación liderada desde la cárcel

Robinson A.Y. y Víctor E.H. son los otros sentenciados en este caso junto con la exfiscal. Fueron condenados a cinco años de cárcel como coautores del delito, al pago de 10 salarios básicos unificados y a realizar 300 horas de cursos dentro de la cárcel. El tribunal sostuvo que era evidente que ellos buscaban beneficiarse con una pena menor, pues fueron detenidos en los operativos que se ejecutaron entre 2017 y 2018. A ellos les correspondía penas entre 10 a 13 años, pero con la reformulación de la exfiscal a un delito menor podían aplicar al beneficio del procedimiento abreviado.

En el grupo de procesados también estuvo Xavier N.A. abogado de Robinson A.Y. La Fiscalía sostuvo que él, al ser el defensor del líder de la banda, era la persona encargada de coordinar y entregar el dinero para las funcionarias judiciales. Entre los elementos que tiene la Fiscalía está una conversación por WhatsApp con Robinson A.Y. y el jurista, quien le remite una serie de oficios firmados con la exfiscal Angélica B. En dicho pedido había una fecha para la audiencia de reformulación de cargos.

En la audiencia se presentó el testimonio de un perito quien confirmó que la voz de uno de los mensajes correspondía a Robinson A.Y. Asimismo por cotejamiento de voz se estableció que en esos audios hablaba su abogado Xavier N.A. Según la Fiscalía, Robinson A.Y., a pesar de estar privado de la libertad, fue una de las personas que coadyuvó a la ejecución del delito. Aseguró que él tuvo comunicación con un defensor para que se cambie el tipo penal con el que fue acusado inicialmente por narcotráfico. Robinson A.Y. en su testimonio ante los jueces afirmó que no conoce a los procesados. En el otro juicio que enfrentó por la avioneta con droga Robinson A.Y. fue condenado a 19 años por organización o financiamiento para la producción o tráfico de drogas, en abril de 2019.

Xavier N. A. afirmó ante el tribunal que nunca se reunió con la jueza o con la fiscal. Sobre él, los jueces afirmaron que “la prueba revela que hay voces que son autoría del abogado, sin embargo de aquello al ser presentados los peritos de la fiscalía no se supo indicar que las voces se referían a dicho ciudadano”. Por esa razón fue declarado inocente.

Plan V accedió a ese peritaje con número DCG191800030. Este informe narra que dos peritos realizaron el cotejamiento de voz y para ello usaron dos registros. Uno de ellos consistió en las voces registradas en la audiencia del 22 de diciembre de 2017, en la que Xavier N.A. participó como abogado de los procesados por la avioneta con droga. Este audio fue comparado con otro hallado en el WhatsApp de Robinson A.Y. El informe concluye que las voces corresponden a la misma persona. Pero su defensa afirmó que en los progresivos no estaba el nombre de su cliente. “La prueba que presenta la Fiscalía no tiene cadena de custodia”, dijo el abogado de Xavier N.A.

Xavier N.A. es sobrino del exjuez José Tamayo Arana, quien es procesado por prevaricato, cuya pena va entre tres y cinco años. Es acusado por reducir la sentencia de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, de 20 a 8 años. Ese hecho permitió que el líder del temido grupo de Los Choneros pueda obtener la prelibertad. El delito de Tamayo, según la Judicatura, fue cambiar una sentencia ejecutoriada y ahora es buscado por la justicia. Xavier N.A. también fue abogado de alias Rasquiña en un proceso por tenencia de armas y que lo asumió mientras él era procesado por asociación ilícita.

Los investigadores también encontraron conversaciones entre Robinson A.Y. y Víctor E.H., otro líder de la banda, donde hablan de pagos realizados a funcionarios públicos. “El perito señaló que en el progresivo 579 consta que hubo comunicación, se establece diálogo y señala que el abogado ha tranzado con la fiscal, ya esta semana cierra todo, el caso ahí está cerrado, hay una cosa que al chiquito le han pedido 20 para que entregue los papeles (...), pero obviamente el abogado también gana ahí”, es el testimonio que consta en los documentos judiciales de la audiencia. Víctor E.H. fue condenado a 5 años de cárcel.