El monstruo Alpala 

En una superficie de 230.000 metros cuadrados se encuentran las evidencias del yacimiento más rico en cobre y oro del Ecuador. Son miles de cilindros de roca extraídos del corazón de Alpala, el principal depósito descubierto en la concesión minera de Cascabel. Bajo galpones, cientos de cajas guardan la mitad de esos cilindros de roca rojiza, verde y blanca. La otra mitad es enviada a laboratorios en Lima que examinan la presencia o no de 48 elementos. En la jerga de la industria, esas evidencias se llaman “testigos”. Su nombre no es casualidad pues su recolección es la única prueba de lo que existe en un yacimiento. Y el de Cascabel es de magnitudes gigantescas.

Los taladros usan brocas huecas que recuperan cilindros de roca que luego son cortados por la mitad: una parte se almacena y la otr van a los laboratorios. Foto: Cortesía Solgold

Plan V entrevistó a las autoridades y expertos de la empresa concesionaria Solgold para dimensionar lo que oculta la geología del norte del país. Cascabel está ubicado entre las parroquias La Carolina y Lita, de la provincia de Imbabura. Están dentro del llamado Cinturón de Cobre Andino. La edad de sus rocas se estima en 39 millones de años. En noviembre de 2018, la australiana Solgold informó que Alpala contenía 11 millones de toneladas de cobre, 23 millones de onzas de oro y 100 millones de onzas de plata. Es decir, en oro es el depósito más grande hallado en los últimos 10 años: contiene el 10% de ese recurso disponible en el mundo. En cobre, en cambio, se ubica en el quinto lugar. Según expertos, es raro que en una sola mina exista cobre y oro en grandes cantidades. De ahí que Alpala está dentro de la categoría de clase mundial.

Imagen de las rocas que extrae el taladro de profundidades de que pasan los 2 km. Foto: Cortesía Solgold

Para llegar a ese descubrimiento fue necesario perforar pozos de más de 2.600 metros, los más profundos reportados en el Ecuador hasta el momento. De hecho, 17 pozos de Alpala están en el top 40 de las mejores intersecciones mineralizadas en el mundo. Eso quiere decir que a lo largo de más de 1 km existe roca mineralizada de forma continua. Hay pozos, como el N.12, que contiene minerales desde la superficie hasta más de 2 km de profundidad.

La historia de Cascabel arranca en 2007. En ese año fue concesionada a la empresa ecuatoriana Santa Bárbara Copper & Gold. En 2011, la compañía canadiense Cornerstone adquirió las acciones de Santa Bárbara. Cornerstone a su vez vendió el 85% de sus acciones a la firma australiana Solgold, que asumió el proyecto Cascabel bajo la subsidiaria ecuatoriana Exploraciones Novomining (ENSA).

Almacenamiento de las rocas que contiene Alpala. Foto: Cortesía Solgold

Solgold explora en 76 concesiones

“El cobre de hoy es el medio ambiente de mañana”, dijo Jason Ward, presidente de Solgold, en Ecuador durante la exposición que hiciera el pasado 29 de octubre. Ese día Plan V visitó el campamento Rocafuerte donde se encuentra el equipo que maneja los temas ambientales, sociales y técnicos de Cascabel. Ward, quien es australiano y viaja cada mes a su país, dijo que la carrera en la industria minera es sobre todo por el cobre. La tecnología y la búsqueda de energías limpias demandan cada vez más este recurso. Los principales yacimientos de cobre fueron descubiertos hace 100 años y desde el 2010 no se había encontrado importantes reservas hasta Cascabel. De cada 1.000 proyectos solo uno puede llegar a ser una mina, según la estadística mundial. En Ecuador hay 400 concesiones, pero las expectativas son superiores. Yard cree que en el país podría haber más de una mina por sus condiciones geográficas.

Jason Ward, presidente de Solgold, muestra los gastos y ganancias (líneas verdes) que generará la mina durante su vida útil. Foto: PlanV

De hecho, él tiene la expectativa de que en 12 de las 76 concesiones que tiene Solgold en Ecuador pueden hallarse una nueva Cascabel. Esas concesiones se ubican desde la frontera con Colombia hasta casi la frontera con Perú. La mayoría está en fase de exploración, es decir, en la búsqueda de indicios de yacimientos. Las 76 concesiones son administradas por cinco empresas locales concesionarias. “Estamos buscando para el país los yacimientos de gran tamaño que creemos que existen como los de Chile, Perú, Colombia y hasta Alaska”, dijo Andrew Taunton, vicepresidente de Solgold a Plan V.

Andrew Taunton, vicepresidente de Solgold, junto al mapa con las 76 concesiones mineras de la empresa en Ecuador. Foto: PlanV

Ese número la convierte en la principal empresa minera concesionaria en el país. Solgold opera sobre todo en Ecuador y en las islas Solomón del Norte en Australia. De sus 12 proyectos principales en el país, siete pueden tener oro y cinco, cobre. Ecuador, según Yard, es un territorio donde es posible encontrar mucho cobre. Según cifras oficiales, se estima que en el 2021 los ingresos por la minería lleguen al 4% del PIB, solo superado por el petróleo. Pero el empresario australiano sostiene que en el 2028 las ganancias por la minería superarán las del crudo.

Cascabel es una fuente de cifras astronómicas. En este se han invertido aproximadamente 140 millones hasta el momento. El proyecto se encuentra en fase de exploración avanzada. Es decir, se ha logrado determinar el tamaño y la forma del yacimiento. La siguiente etapa será la evaluación económica del depósito. La empresa australiana estima que esa fase terminará en el 2021 y a finales de ese mismo año prevé empezar la construcción de la mina. Para ese momento, estima que la inversión extranjera que se necesitará será 2.8 mil millones de dólares. Mientras que el capital para la infraestructura de la mina durante su vida útil será de 7.6 mil millones y los gastos operacionales de 25.9 mil millones.

“Los costos son muy caros porque se va a usar la mejor tecnología del mundo”, afirmó Yard. Cascabel será una mina subterránea y la firma australiana promete usar la tecnología ‘block caving’ que es un sistema de explotación por hundimiento de bloques. Países como Chile la usan. También podría usarse el ‘panel caving’ que es una tecnología que usa el mismo principio que la anterior. 

Durante los primeros cinco años, según Solgold, solo tendrán gastos. Pero cuando empiece la producción esperan recibir recursos por casi 1.000 millones de dólares en solo un año. En impuestos, según sus cálculos, pagarán 17.000 millones durante los 50 años de vida útil de la mina. Adicional a esos ingresos están las regalías para la zona de impacto que van entre el 3 y 8 % de producción de la mina. Esas regalías son recursos que van al Estado y regresan a las poblaciones en obras. Esto ocurrirá cuando empiece la fase de producción. “La prefectura de Imbabura tiene un presupuesto de 40 millones, las regalías durante la vida de la mina serán más de 1.000 millones”, explicó Taunton. Esperan emplear hasta 5.000 personas. Cascabel es una gran promesa.

No todo lo que brilla es oro

Cascabel se encuentra en la fase de exploración avanzada. El principal trabajo ha sido la perforación con taladros para extraer la roca mineralizada. Esta maquinaria usa brocas huecas que recupera cilindros de roca que son la evidencia de todo lo que hay en la profundidad. La empresa ha perforado más de 200 km desde varios ángulos a la masa rocosa para registrar la presencia de los minerales. Asegura que esta exploración es de muy bajo impacto ambiental. Pero la Contraloría no piensa lo mismo. En su informe final sobre el proyecto Cascabel observó a los ministerios de Energía, Ambiente, Senagua y a la compañía en seis temas, cuatro de ellos relacionados con el medio ambiente.

Solgold obtuvo el título minero en el 2010 y la licencia ambiental el 23 de agosto de 2013. Tiene dos autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua otorgados en 2013 y 2017, que le permite usar 13 puntos de captación del líquido tanto para actividades industriales -básicamente para las perforaciones- como para uso doméstico en los dos campamentos que están en la concesión, Rocafuerte y Alpala.

En el campamento Rocafuerte, sobre 230.000 metros, se almacenan las rocas extraídas del depósito Alpala. Las rocas tienen diferentes colores: verdes, rojas y blancas. 

Santiago Vaca, jefe del proyecto, muestra un cilindro de roca extraído con los taladros ubicados en Alpala. 

Cada pedazo de roca es almacenada en cajas y clasificada según el pozo del que es extraído. Fotos: PlanV

Según la Contraloría, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) no verificó si la empresa cumplió con los diseños y planos de las obras de captación y la reforestación del área de influencia de las fuentes hídricas, obligaciones que debe cumplir el concesionario. Solgold respondió que no se requería ninguna obra de captación. Sin embargo, para la Contraloría esa fue una obligación no cumplida.

Otro señalamiento que hizo el ente de control es que en la quebrada Parambas no había medidores que verifiquen el consumo del agua para las plataformas. La minera contestó con los informes respectivos, pero la Contraloría detectó daños en dos medidores. El ARCA fue cuestionado por no haber hecho las inspecciones respectivas. “La referida falta de control ocasionó que se desconozca el caudal de agua utilizado por el Concesionario minero ENSA, en las actividades de perforación”. Los medidores, dijo la firma, estaban siendo reemplazados y fueron instalados durante la inspección de la Contraloría, que además constató que el uso del caudal no superaba lo autorización de Senagua. En este punto el ARCA quedó mal parado frente al ente de control pues para defenderse incluso envió documentación sobre otro proyecto minero. El ARCA recién hizo una inspección el 18 de julio de 2018 y allí informó que Solgold captaba agua de dos puntos no autorizados.

Quizá una de las observaciones más fuertes tiene que ver con la descarga de aguas residuales sin cumplir la normativa ambiental. En los campamentos existen plantas de tratamientos, que después de ese proceso las aguas son descargadas al medio ambiente. En la visita que hizo Plan V a estas instalaciones, los expertos aseguraron que el agua que regresan a las quebradas sale incluso más limpia y es verificada por el Observatorio Ambiental en el que participan personas de las poblaciones aledañas que han sido entrenadas para leer los resultados de los análisis. La posible contaminación de las fuentes de agua ha sido una preocupación constante de las comunidades desde el inicio del proyecto. Magaly Arce, presidenta del Observatorio y de la comunidad Parambas, dijo que cada seis meses reciben los análisis de agua y de suelo y hasta el momento no han hallado ninguna irregularidad.

Plantas de tratamiento de aguas servidas que están en el campamento Rocafuerte. Foto: PlanV

La Contraloría recordó que desde en 2015 la compañía contó con un sistema de tratamiento de aguas negras y grises para los campamentos de la concesión. Este empezó a operar en julio de ese año. Pero en Alpala se registró la presencia elevada de aceites y grasas en las aguas tratadas, entre otros elementos. Las plantas actuales que usan cámaras de oxigenación entraron a funcionar en agosto de 2017. Pero la Contraloría halló que aún había sustancias que superaban los valores permitidos. La empresa contestó que tomó los correctivos, que fueron luego verificados. “Sin embargo, durante 1 año 8 meses las aguas residuales tratadas descargadas al ambiente no cumplieron con la normativa ambiental”, señaló la Contraloría.

Cascabel además tiene un sistema de recirculación de agua que le permite consumir la tercera parte de lo autorizado durante las perforaciones con los taladros, afirma la concesionaria. El líquido una vez que ingresa al subsuelo retorna a la superficie y pasa por un sistema de sedimentación en tinas. Por gravedad se asienta lo más grueso y de allí sale el fluido más líquido que pasa por una centrífuga que separa los sólidos finos y el fluido vuelve a ser utilizado en un 90%, según la minera. A esto se denomina ‘circuito de recirculación cerrado’. Un 10% es descartado y va a fosas. Esa fue la explicación de los expertos de la empresa.

Una vista panorámica del campamento Rocafuerte y su entorno. Foto: PlanV

Pero la Contraloría criticó, ahora, al Ministerio de Ambiente por no haber realizado un control a ese sistema de recirculación y tratamiento de efluentes -aguas servidas- en las perforaciones. Su explicación es más detallada sobre el sistema de recirculación: en la perforación se usan lodos formados por la mezcla de agua con productos químicos y ese el fluido inyectado al subsuelo, el mismo que regresa la superficie mezclado con arenas y otros materiales generados por el efecto del corte de la broca. La empresa, en su respuesta, dijo que la mezcla está compuesta de 99% de agua y 1% de aditivos.

En este proceso, la Contraloría identificó varios problemas como la falta de reportes que certifiquen que los fluidos que regresaron a la superficie no contaminaron el subsuelo. En las inspecciones que hizo la Contraloría encontró una fosa sin “algún proceso de tratamiento”, así como la falta de estudios a las aguas residuales. Esas observaciones generaron un ir venir de respuestas entre la Contraloría y la empresa. Esta se defendió y dijo que no se pueden hacer conclusiones con inspecciones de menos de un día en un pozo. La entidad, sin embargo, mantuvo que la concesionaria ni los informes de Ambiente anexaron documentación que respaldara el tratamiento y gestión de efluentes en algunos de sus pozos.

Finalmente, en temas ambientales, la Contraloría afirmó que se superó el tamaño de las áreas de desbroce de vegetación autorizadas. La entidad cuestionó una vez más a Ambiente por no hacer las respectivas verificaciones. La empresa informó que el 84% de las áreas intervenidas han sido reforestadas, es decir aproximadamente 10.000 metros cuadrados. De ahí que en la zona han creado viveros donde se cultivan las especies nativas de la zona que serán plantadas.

En los viveros del proyecto se cultivan plantas que luego servirán para reforestar las áreas intervenidas. Foto: PlanV

En entrevista con Plan V, el vicepresidente de Solgold, Andrew Taunton, manifestó que respondieron a las observaciones de la Contraloría con un informe de 56 páginas después de que se leyera el borrador el 20 de diciembre de 2018. Dijo que muchas de las quejas estuvieron relacionadas con leyes que no estaban vigentes al momento de la concesión. “Nosotros cuidamos el agua”, aseveró y agregó que han cumplido con todos los cambios de reglamentos de Senagua. “Como industria cumplimos más que cualquiera. Devolvemos el agua en mejor estado”. Aseguró que después de su respuesta “nunca más recibieron un documento formal”. Pero el informe final, publicado en abril de 2019 mantuvo las observaciones. Plan V pidió a la empresa ir a la zona donde operan los taladros y donde están las fosas, pero se argumentó la falta de tiempo para llegar a ese lugar al que se accede por una vía lastrada y luego a pie por un par de horas.

El equipo de auditoría de la Contraloría reportó también que no se hizo un proceso de consulta previa en las comunidades aledañas. Pero en esta observación, la Contraloría se equivocó completamente, según Tauton, porque ese proceso aplica con el asentamiento de pueblos ancestrales. “Además es una obligación del Estado”.

El empleo, el alivio 

Cascabel se asienta sobre las parroquias La Carolina y Lita dedicadas básicamente a la agricultura y ganadería, donde la falta de servicios básicos sobrepasa el 90%. En esta zona de la provincia de Imbabura, sus habitantes empiezan a trabajar desde edades muy tempranas y eso hace que dejen los estudios. Solo el 5% de la población es asalariada, es decir, tiene un trabajo fijo. La llegada de Solgold a este sector del país ha sido un alivio para la gente empobrecida afectada por la falta de empleo, pero también por otros problemas: la violencia y la cercanía con la frontera con Colombia, el conflicto armado, la minería ilegal y el abandono estatal de estas poblaciones atravesadas por un vía de primer orden, la Ibarra-San Lorenzo, por la que sacan sus productos. 

En la visita que hiciera Plan V al campamento Rocafuerte, la empresa convocó a cinco líderes comunitarios, la mayoría empleados de la empresa. Nelson Espinoza, presidente del GAD Parroquial de Lita, recordó que cuando llegó la minera hubo dudas y miedo a que se contaminen las fuentes del agua. Pero después la gente abrió las puertas de sus fincas a los empleados de la firma y aseguró que ahora ve cambios positivos. Puso como ejemplo a Santa Cecilia, una de las dos poblaciones que están dentro de la concesión. Según él, ese sector estuvo a punto de desaparecer. “Era una quebrada seca”. Ahora tiene una vía y dejó de ser un pueblo casi fantasma. Aseguró que sobre el medio ambiente no han tenido inconvenientes. Él mismo ha pedido exámenes a la Empresa Pública del Agua para verificar el estado de las afluentes y no ha registrado un daño.

Aunque Solgold ha dado trabajo a los habitantes del sector y comunidades aledañas -534 empleos se han abierto solo en Cascabel-, los presidentes de los GAD parroquiales siente la presión de su gente que les piden que gestionen en la empresa más oferta de trabajo. En el caso de Lita hay 16 comunidades y el empleo está centrado en la zona de influencia que básicamente son nueve comunidades. Josefa Espinoza, de Rocafuerte y con 63 años, trabajaba en uno de los viveros. Dijo que la mayoría de las 70 familias de su comunidad laboran en la empresa. Ella gana 418 dólares más los beneficios de ley.

Cachaco es otra comunidad de 60 familias que se dedican a la agricultura, ganadería y turismo. Rebeca Muñoz, presidenta del lugar, reiteró que las plazas laborales en la minera han salvado la economía de la zona. “Hasta aquí no se ve nada, pero toda la gente tiene un zoom de que algún rato pueda pasar alguna cosa”. Mientras que Marcelo Tobar, presidente de la comunidad El Carmen, vecina de Santa Cecilia, aseguró que toda la comunidad estuvo de acuerdo con el ingreso de la empresa. Ante la falta de empleo lo vieron como una oportunidad. En su experiencia no ha visto ninguna afectación al medio ambiente.

Plan V volvió días después de la visita al campamento y conversó con otros habitantes. La opinión en general de la empresa es positiva. Algunos guardan en sus teléfonos celulares las visitas que han hecho a los campamentos incluso hasta los taladros. Los visitantes deben vestir cascos, chalecos y botas industriales que la misma empresa les proporciona. También recuerdan la reacción de la empresa cuando hace algunos meses vieron que en una quebrada bajó los sedimentos posiblemente del desborde de algún sedimento que la gente no supo explicar. Los empleados, cuenta la gente, limpiaron hasta las rocas. Durante el 2019, la empresa ha recibido cuatro quejas, dos de ellas de tipo ambiental relacionadas con la limpieza de las plataformas.

La empresa los emplea para mano de obra básica: traslado de los equipos, cocineros o para los viveros. También ha impulsado una panadería que los habitantes la administran y proveen el pan en los campamentos. En Rocafuerte, Solgold ha iniciado un programa para capacitar a la población en destrezas técnicas que serán requeridas cuando empiece la construcción de la mina. “Queremos demostrar que la minería no arrasa todo”, agrega Taunton. 

Pero en otras concesiones se han registrado quejas contra la empresa como las publicadas por Plan V en los reportajes En Carchi se exige que la minería no dé la espalda a las comunidades y Los awá no quieren minería en su territorio. En Carchi, opera la concesión Blanca adjudicada también a Solgold y es la segunda más avanzada después de Cascabel. En la primera trabaja un taladro, en la segunda nueve. En Blanca, según Taunton, el principal conflicto es con la minería ilegal. Cuando se descubrió una beta de oro mientras se construía una carretera la fiebre por la minería convirtió al sector El Cielito, que está dentro de la concesión, en un hervidero de gente. La mina ilegal fue controlada. Para el ejecutivo de la empresa, las molestias se derivan porque aún un grupo de habitantes ha pedido al Estado que se le ceda 300 hectáreas de la concesión donde está la beta. 

Pero la comunidad también ha acusado a la empresa de supuestamente dividir a la gente. Solgold tiene otra explicación y esa pasa por la falta de empleo. En Blanca, la empresa ha dado trabajo a 34 personas donde las poblaciones de influencia alcanzan los 300 habitantes. Daysi Cueva, coordinadora regional del proyecto, explicó que la única forma que hallaron para distribuir los trabajos fue a través de un sorteo. Bajo esa modalidad participaron habitantes de El Cielito, Río Verde, La Florida, Praderas, Miravalle, Pénjamo y San Patricio. “La necesidad laboral es muy alta, en cada comunidad hay 30 propietarios y solo tuvimos tres cupos. Pusieron todos los nombres e hicimos un sorteo y en ese orden serán llamados”. 

La minera también ha encontrado resistencia por parte de los awá. La actual Federación de los Centros Awá de Ecuador ha sido enfática en no permitir el ingreso de la minería legal e ilegal. Pero durante la administración de Florencio Cantincús, la empresa ingresó a las comunidades awá de El Tigre, el Pailón y Chorreras de Gualpi para informar sobre el proyecto. En esa zona ha terminado las tareas de prospección, que consiste en la búsqueda de indicios minerales en la superficie. Tuvieron cuatro promotores awá que ayudaron a la traducción durante las socializaciones. Pero hasta el momento no hay acercamientos con el nuevo presidente de la Federación, Jairo Cantincús.

La minería en el norte del país aunque recién empieza avanza a pasos acelerados entre la expectativas de las poblaciones y de un Estado que busca más recursos.