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La basura se enredó en el cabello de Brigith Solange Tituaña Mugmal mientras su cuerpo pasaba dos días en el río San Pedro, en Sangolquí. Quizá unas ramas la sujetaron e hicieron que se acumularan desperdicios a su alrededor. Es lo que cree su madre, María del Carmen Mugmal quien –en medio de la cuarentena, el 9 de abril– fue a la morgue para reconocer a Sol, como la llamaba. Encontró a su hija, de 22 años, con el ojo izquierdo hinchado, un labio reventado y marcas de dedos en el cuello. La madre quiso limpiar el cabello de su hija, pero no se lo permitieron.

Por la pandemia, lo menos que le dieron fue tiempo. Era un viernes, 10:30, cuando le entregaron el cuerpo de Sol. En normalidad esa hora no hubiera significado nada. Pero en cuarentena y toque de queda, era una despedida menos. María del Carmen solo tuvo media hora para llegar al cementerio, que cerraba a las 11.00. La familia alcanzó a dejar el cuerpo en el nicho y salir. No hubo velación. Tampoco encontraron un sacerdote para ofrecer una misa. No había lugares para comprar flores.

Ese mismo día fue la formulación de cargos contra Wilmer Q., el esposo de Brigith Solange, acusado ahora de femicidio. Wilmer Q. confesó el delito después de que los investigadores, al realizarle una inspección física, le encontraran rasguños. La asfixió y arrojó al río San Pedro, que está a 50 metros de la casa donde vivían. El cuerpo fue encontrado a tres kilómetros de la vivienda.

Brigith Solange Tituaña Mugmal tenía 22 años cuando su pareja la asfixió y arrojó a un río. 

Wilmer Q., también de 22 años, era pintor. Desde el 17 de marzo que se impuso el confinamiento dejó de laborar y se quedó en su casa, pero mantuvo su sueldo. ‘Le voy a decir la verdad, lo que pasó con su hija’, le dijo a María del Carmen afuera de la Comandancia de Sangolquí. Un día antes, la madre se le arrodilló para que le contara dónde estaba Sol. Pero fueron interrumpidos por un policía. Él entró y María del Carmen no volvió a ver más al esposo de su hija. Él confesó y fue detenido. Pero el día del crimen intentó una coartada. Wilmer Q. quitó el pijama a Brigith Solange después de ultrajarla. La vistió con ropa de salida y le puso zapatos antes de arrojarla al río.

No era la primera vez que él intentaba asfixiarla y delante de sus hijos. Brigith Solange era madre de un niño de cinco años y una niña de tres. El mayor vio el crimen. Un día antes de que se hallara el cuerpo de la joven en el río, el niño contó que el papá pegaba a la mamá. Que la botó al suelo y que luego la vio recostada en la cama cobijada desde la cabeza. Después, ella ‘ya no tomó cafecito’, dijo el niño. En los juegos con sus primos, el menor confundía los abrazos con agresiones. Cuando se golpeaba, decía que tenía miedo a la sangre. Un día se tomó del cuello con sus dos manos y dijo: ‘así hacen cuando se van a morir’.

Las cifras que bajan y no cuentan toda la realidad

En lo que va de la emergencia, entre marzo y mayo, oficialmente se han registrado nueve femicidios. Una reducción significativa comparada con los 19 casos procesados en esos mismos meses en el 2019. Pero lo oficial, en Ecuador, no alcanza a contarlo todo. CEPAM Guayaquil, por ejemplo, advirtió que se han producido 34 femicidios desde enero, 12 de ellos durante la pandemia.

La diferencia ha sido histórica. Desde el 2014 –año en que se tipificó al femicidio como delito– las estadísticas de la Fiscalía cuentan 388 crímenes contra mujeres, de los cuales el 53% ha sido resuelto. Mientras que la Alianza para el Monitoreo de los femicidios en Ecuador, que incluye a seis organizaciones, habla de 748 femicidios en el mismo periodo.

Pero no son las únicas cifras oficiales que han disminuido durante la pandemia. La Fiscalía registró una baja de más del 80% en las denuncias de delitos sexuales y de violencia contra la mujer durante el confinamiento. Asimismo, las llamadas al ECU911 pasaron de más de 10.000, al mes, a 7.000 en abril del 2020. 

Pero hacia finales de abril hubo un repunte. En la semana del 20 al 26 de abril se registraron más de 300 denuncias sobre violencia contra la mujer, a diferencia de las 50 o 60 quejas que llegaron a la Fiscalía en semanas previas. La violencia no bajó, ni dio tregua. Solo estuvo más escondida.

La otra pandemia

Los primeros días del confinamiento, la Puerta Violeta no recibió llamadas, algo que nunca había pasado. Este es un centro de atención externa que abrió en 2019 la Casa Amiga, de Lago Agrio, que alberga a mujeres víctimas de violencia en la Amazonía. La Puerta habilitó un número telefónico para recibir denuncias y acompañar a las mujeres en riesgo durante la emergencia. Antes de la cuarentena, en promedio, llegaban hasta seis denuncias diarias, que simplemente se pararon. Era la demostración más clara de que las mujeres habían perdido la privacidad para llamar y pedir ayuda. Y que sus agresores las vigilaban.

Amparo Peñaherrera, coordinadora de Casa Amiga, contó que las mujeres a las que ayudan son de escasos recursos. En Lago Agrio, viven en casas con muchas habitaciones, de madera y pasillos estrechos, y suelen pedir a sus vecinos una llamada. Con todos adentro, sus opciones se anularon.

Pero a las pocas semanas, la situación cambió. Casa Amiga empezó a recibir más mujeres en situación de violencia. Tuvo que habilitar un espacio para el aislamiento de las recién llegadas. El lugar podía acoger a una sola mujer o madre/hijos. “Pero en la práctica, mientras una compañera estaba en aislamiento ya necesitábamos acoger a otra”, narró Amparo. Luego recibieron el apoyo de la cooperación alemana GIZ para obtener pruebas rápidas. 

El aislamiento es una medida sanitaria, que no toma en cuenta lo que eso puede significar para una mujer violentada. Amparo explicó que esas restricciones han sido muy duras para este grupo. Recibirlas, por ejemplo, desde la distancia y sin un abrazo para contenerlas les ha costado mucho, así como pedirles que se queden solas por 15 días o que recojan sus alimentos evitando el contacto físico.

Mientras tanto, la Policía en Lago Agrio tuvo complicaciones con los agresores. No quería sacarlos de sus casas porque no había un lugar donde tenerlos. Hubo un caso en el que la víctima se quedó con él en su casa, después de que ella puso la denuncia, en alto grado de vulnerabilidad. En una segunda llamada recién lo detuvieron. 

La emergencia sorprendió a las mujeres, que salieron de Casa Amiga, en sus procesos de autonomía. Con la pandemia llegó la depresión y la incertidumbre. Sin recursos para los estudios de los niños ni alimento, su estrés se disparó. La Puerta Violeta recibió llamadas de mujeres preocupadas por sus deudas con las tiendas o con los arriendos. Contaban que no tenían para comer o para el tanque de gas. Sus economías se sostienen de las ventas informales.

Las mujeres que mantuvieron su trabajo viven otras situaciones. En Guayaquil, una enfermera, que está en la primera línea, dejó a su hija al cuidado del padrastro. Un día volvió de improvisto a su casa porque olvidó algo y encontró a su pareja forzando a la niña y desvistiéndola. El hombre fue detenido, contó la fiscal de Género de Guayas, Yoli Pinillo.

En Cuenca, la Fundación María Amor conoció el caso de una señora que tuvo que dejar a sus hijas en la casa de su abuela para que no se quedaran solas, mientras ella trabajaba. A los 15 días la llamaron porque su niña, de 12 años, había sido abusada sexualmente por su tío. Las niñas regresaron a Cuenca y la madre dejó de trabajar. “Ser mujer y ser niña en este país es muy peligroso”, dijo Marlene Villavicencio, presidenta de la Fundación.

En la cuarentena, esta Fundación llegó al mayor número de mujeres acogidas en su historia: 17 mujeres y 30 niños, cuando su capacidad normal es de 14. Han llegado tres víctimas más, pero los espacios no pueden desocuparse porque las mujeres acogidas tampoco pueden salir a encontrar una casa o un trabajo.

Mientras tanto, otras mujeres esperan ir a la Fundación después de cumplir su aislamiento. Es el caso de una joven a quien su pareja la sacó de la casa con sus hijos a las 14:00, en pleno inicio del toque de queda. La Policía se le acercó porque estaba incumpliendo la medida y fue en ese momento que le ayudaron para que llamara a la línea de apoyo de la Fundación.

La pandemia ha obligado a las casas de acogida del país a tener otros presupuestos para implementos de bioseguridad o renovar su tecnología para dar ayuda online. ONG internacionales y municipios les han entregado canastas de alimentos y de limpieza. Pero están conscientes que un solo kit no cambiará la situación de las mujeres que lograron salir del círculo de violencia y que ahora tienen un futuro incierto. “¿Cómo generamos cierto optimismo si no hay nada claro?”, se preguntó Amparo. 

Un grupo de mujeres de Lago Agrio han mantenido sus bordados durante la pandemia. Es como un taller terapéutico para las víctimas de violencia, que a través de ellos cuentan sus historias. Fotos: Cortesía Casa Amiga

Pero las mujeres contienen a las mujeres. En la Puerta Violeta, antes de la crisis, una vez por semana se juntaban mujeres para bordar y contar sus historias. Una especie de taller terapéutico. Ahora lo hacen de modo virtual, a pesar de las limitaciones tecnológicas. Han bordado sobre violencia y confinamiento. Uno de esos bordados dice: “Me puedes romper la mano, pero nunca la voz”.

Durante la emergencia, las mujeres han usado aplicaciones como Zoom para mantener los talleres de bordados y acompañerse en estos tiempos difíciles. Foto: Cortesía Casa Amiga

Así llegamos a la pandemia, ¿cuánto nos tomará recuperarnos?

En violencia de género, Ecuador llegó con todos los indicadores en rojo a la pandemia. De 6 de cada 10 mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia al 2011 subió a 6.5 en el 2019. Lo confirmó la Encuesta Nacional sobre Violencia de Género, de noviembre pasado, del INEC. 

El estudio reveló que 4 de cada 10 mujeres han sufrido con su pareja; 2 de cada 10 vivieron violencia en el sistema educativo y en sus lugares de trabajo; 5 de cada 10 han pasado por lo menos por un hecho de violencia obstétrica en su vida. En la mayoría de violencias (física, psicológica, patrimonial y sexual) y en casi todas las circunstancias o ámbitos, entre el 80 y 90 por ciento de las mujeres no denunciaron.

Cuando los problemas sociales se agravan, la violencia contra las mujeres aumenta, según las expertas consultadas. El no pago del arriendo, por ejemplo, puede derivar en una situación así. En las condiciones actuales puede entrar en crisis el rol de los hombres como proveedores de la familia y toda esa violencia puede ir hacia las más vulnerables, agregaron.

Según la CEPAL, la crisis de la COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS), que incluye eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. El organismo afirma que el 73% de los indicadores analizados tendrán problemas para lograr los ODS hacia el año 2030.

En un estudio reciente de la CEPAL de los efectos sociales de la pandemia, aseguró que el contexto de confinamiento, cierre de escuelas y necesidad de cuidados ante la posible presencia de uno o más contagiados en el hogar, la carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como los casos de violencia hacia ellas, se incrementan significativamente.

Hace pocas semanas, en una reunión con ministras y secretarias de la mujer del continente estuvo Alicia Bárcena, titular de la CEPAL, quien aseguró que estos meses de emergencia ha significado un retroceso de derechos. “El ejercicio de derechos de hombres y mujeres en el mundo se ha reducido por lo menos tres años atrás. La CEPAL consideraba que si demoramos un mes o dos meses más (el confinamiento de) la pandemia implicaría 10 años de retroceso en el ejercicio de derechos”, citó Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, quien participó en esa reunión. 

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), adelantó que la pandemia afectará a los grupos más vulnerables como las mujeres y que los Estados necesitan pensar en políticas específicas para estos sectores.

Para el Ecuador, antes de la COVID ya había una situación económica y de gobernanza difíciles, que lo dejó en un escenario vulnerable a los impactos del virus y con recursos más ajustados, dijo Chacón a Plan V. “La CEPAL prevé una recesión mundial que hace que el cumplimiento de los ODS sea mucho más empedrado. Se necesitará una década adicional para equilibrar la balanza”, dijo. 

En relación a los recursos de la Secretaría de DDHH, ente rector en el país de las políticas de prevención contra la violencia, Chacón aseguró que el presupuesto para el 2020 es igual al del 2019. Cuentan con 2 millones 440.000 dólares para sostener a cinco casas de acogida y 16 centros de protección. Además hay un rubro de 876.000 para la prevención de violencia y sirve para contratación de personal en territorio, manifestó. Pero en esta emergencia, esos recursos tienen restricciones para consultorías, estudios y pautajes en medios. Sin embargo, dijo Chacón, ese monto será usado para la prevención en esta pandemia. 

Chacón dijo que para la Proforma de 2020, la Secretaría presentó una proyección presupuestaria que en el rubro de prevención llegaba a 5 millones para un plan ambicioso en esta rama, según la funcionaria. Pero el Estado repitió el valor de 876.000 para uno de los temas más preocupantes del país. Sostuvo que el trabajo de la Secretaría no ha tenido una reducción de presupuesto en esta emergencia y que solo en abril ha realizado más de 4.300 atenciones.

Sin embargo, para organizaciones y colectivos feminista, la violencia de género no es una prioridad. Consuelo Bowen Manzur, coordinadora del equipo legal de CEPAM Guayaquil, opinó que el Estado ha hecho un retroceso importante en las políticas públicas que tienen que ver con violencia y en los últimos tres años ha reducido el presupuesto para esta rama. 

Entre los hitos alcanzados, citó al Decreto Ejecutivo N. 620, de 2007, que declara  como política  de Estado  la erradicación  de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. En 2011 se hizo la primera Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, que fue actualizada en 2019. En 2011 empezó la implementación de Unidades Judiciales de violencia contra la mujer y la familia. Otras conquistas, mencionó Bowen, ha sido la revalorización del trabajo doméstico remunerado y no remunerado, los botones de pánico, las redes y casas de acogida y las campañas contra la violencia. 

Pero la pandemia exige medidas urgentes y creativas para este grupo vulnerable. Para Bowen, sin embargo, queda un camino: “Mejorar los indicadores está en nuestras manos, en la sociedad civil”. 

Líneas de ayuda para mujeres víctimas de violencia:

• Cuenca, Fundación María Amor: 2 832 817
• CEPAM, Guayaquil: 0991113526
• Lago Agrio, Casa Amiga: 0992071726
• Denuncia en línea en la Fiscalía